TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2019-00264-02 (27-02-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

Demandante: Arcesio Trujillo Pretel

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-003-2019-00264-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Arcesio Trujillo Pretel

APODERADO: Andrés Felipe Bernal Quintero

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

APODERADO: Juan Paulo Rivas Gamboa REFERENCIA: Apelación de sentencia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de abril de 202 3, proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, dentro del proceso promovido por Arcesio Trujillo Pretel en contra de la Nación – Rama Judicial.

ANTECEDENTES.

La demanda. El demandante por conducto de apoderad o judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (fls. 7 y 8 del documento A1.20190026400, expediente Samai) como pretensiones solicitó:

el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (fls. 7 y 8 del documento A1.20190026400, expediente Samai) como pretensiones solicitó: • Se declare la nulidad del Oficio DESAJIBO1 8-1353 del 2 7 de abril de 201 8 expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial dentro de la li quidación de las prestaciones sociales del señor Arcesio Trujillo Pretel. • Se declare la existencia del acto ficto o presunto dado a que no se dio respuesta al recurso de apelación interpuesto el 6 de junio de 2018 contra el acto administrativo DESAJIBO18-1353 del 27 de abril de 2018. • Se declare la nulidad del acto ficto o presunto debido a la no respuesta del recurso de apelación contra el acto administrativo DESAJIBO18-1353 del 27 de abril de 2018 • Se inaplique el articulo 1 del decreto 0383 de 2013, en lo que respecta al párrafo final que señala “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

Demandante: Arcesio Trujillo Pretel

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A título de restablecimiento del derecho. • Se reliquide las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de

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A título de restablecimiento del derecho. • Se reliquide las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vac aciones, prima de productividad y demás emolumentos laborales, incluyendo la bonificación judicial desde e l 1 de enero del 2013 hasta en tanto se haga efectivo el pago • Que las sumas que resulten a favor de l demandante sean ajustadas según señalado por el artículo 187 de la ley 1437 de 2011

Hechos (fls. 6 a 7 del documento A1.20190026400, expediente Samai) Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. El demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial ocupando el cargo de citador del Juzgado Promiscuo Municipal de Venadillo.

2. Se expide el decreto 0383 de 2013, mediante el cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, iniciando el pago de las mencionadas bonificaciones el 1 de enero de 2013, sin embargo, al demandante no se le han liquid ado las prestaciones con la inclusión de la aludida bonificación, salvo en lo que respecta a la seguridad social en materia de pensión y salud.

3. El demandante presentó reclamación administrativa el día 10 de abril de 2018 ante el director de la Rama Ejecutiva, con el propósito de que se reliquidaran todas sus prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial

4. La Rama Judicial emitió respuesta a la solicitud el día 27 de abril de 2018

ante el director de la Rama Ejecutiva, con el propósito de que se reliquidaran todas sus prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial

4. La Rama Judicial emitió respuesta a la solicitud el día 27 de abril de 2018 mediante el oficio DESAJIBO18 -1353 del 27 de abril de 2018, en donde dispuso negar lo pretendido.

5. Se interpuso recurso de apelación el día 6 de junio de 2018, sin embargo, el mismo no fue resuelto, operando así el silencio administrativo.

6. Se agoto el requisito de probabilidad, por la solicitud de conciliaci ón impetrada ante la procuraduría 26 judicial II para asuntos administrativos, en la cual los convocados no propusieron formula de arreglo, de manera, que se declaro fallida dicha diligencia.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 7 a 13 del documento 02Demanda, expediente Samai). Adujo como normas vulneradas el artículo 127 del código sustantivo del trabajo y el articulo 53 de la constitución política

Solicito que se tuviera en cuenta el fallo proferido por el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga de fecha de 18 de septiembre de 2017 con radicado 2015-00090-01, en el cual se incluyo dentro de las prestaciones sociales la bonificación judicial, como factor salarial.

Contestación de la demanda (Documento A3. 2019-00264, expediente samai) Guardo silenció

La sentencia apelada (documento C8. 2019-264 SENTENCIA, expediente Samai) En sentencia del 28 de abril de 2023, el Juzgado Once Administrativo Transitorio de

Guardo silenció

La sentencia apelada (documento C8. 2019-264 SENTENCIA, expediente Samai) En sentencia del 28 de abril de 2023, el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva resolvió: 1. Declarar probada de oficio parcialmente la excepción de cobro de lo no debido sobre las prestaciones reclamadas desde el 1° de enero de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva ; 2. probada de oficio parcialmente la excepción de presc ripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 10 de abril de 2015 ; 3. Inaplicar por inconstitucional la2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

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palabra “únicamente” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del Decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial; 4. Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio 18-1353 del 27 de abril de 2018 y el acto ficto negati vo al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 6 de junio de 2018 ; 5. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar a l demandante todas las prestaciones sociales desde el 1 de julio de 2014; incluyendo la bonificación

derecho, condenar a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar a l demandante todas las prestaciones sociales desde el 1 de julio de 2014; incluyendo la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 10 de abril de 2015 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la Rama Judicial. Desde luego, cancelando las diferencias que se ha yan generado como consecuencia de la reliquidación ; 6. De las sumas cuyo reconocimiento se ordena, deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo; 7. Denegar las demás pretensiones de la demanda y, 7. No condenar en costas a la entidad demandada.

Como fundamento de su decisión, expresó que, al analizar el marco normativo y en aplicación del precedente vertical, concluyó que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estableció una restricción al carácter prestacional de la bonificación judicial. Por tanto, el Decreto 383 de 2013 desbordó la facultad reglamentaria del Ejecutivo al excluir esta bonificación como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que afectó los derechos de los empleados judiciales.

La bonificación judicial fue creada con el propósito de nivelar los salarios de empleados y jueces en relación con los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, conforme a la Ley 4 de 1992. Sin embargo, al establecer que esta solo constituía un factor salarial para la base de cotización en pensiones y salud, se vulneraron derechos fundamentales y principios esenciales del derecho laboral.

En consecuencia, el juez declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad

factor salarial para la base de cotización en pensiones y salud, se vulneraron derechos fundamentales y principios esenciales del derecho laboral.

En consecuencia, el juez declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la palabra “únicamente” en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, ya que dicha disposición desconoció que la bonificación judicial es un factor salarial para la base de liquidación de prestaciones sociales.

Por lo anterior, se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, se reconoció la existencia del acto ficto por la omisión de respuesta al recurso de apelación del demandante y se ordenó a la entidad demandada reliquidar sus prestaciones sociales, incluyendo la bonifica ción judicial como factor salarial, a partir del 10 de abril de 2015.

La apelación

1. Nación – Rama Judicial (documento C9.APELACIÓN, expediente Samai).

El apelante argumenta que la normatividad aplicable al caso en cuestión está contenida en el régimen especial estipulado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y los que los han subrogado. Asimismo, señala que las disposiciones del Decreto 383 de 2012, modificado por el 1269 de 2015, establecen que la bonificación judicial c onstituye factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resalta que tanto el Decreto 383 de 2013 como el 1269 de 2015 prohíben la modificación del régimen salarial o prestacional establecido en dichas normas, conforme al artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

en Salud. Resalta que tanto el Decreto 383 de 2013 como el 1269 de 2015 prohíben la modificación del régimen salarial o prestacional establecido en dichas normas, conforme al artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

El apelante cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia C-279 de 1996, para sustentar que el legislador tiene potestad para definir qu é conceptos constituyen salario y que excluir ciertos factores salariales para efectos de2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

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liquidación de prestaciones no implica vulneración de derechos. En este sentido, argumenta que la Administración Judicial ha aplicado correctamente las disposiciones legales y que, por lo tanto, no existe fundamento para la condena impuesta en la sentencia recurrida. En consecuencia, solicita la revocatoria del fallo condenatorio, argumentando que la reliquidación de prestaciones sociales ordenada en la sentencia vulne ra la normatividad vigente. Finalmente, solicitó que no se impongan costas ni agencias en derecho en esta instancia.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 26 de mayo de 2023 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Archivo pdf. D1. CONCEDE APELACIÓ N, del expediente digital).

Alegatos de conclusión. Parte demandante Guardó silencio.

para proferir sentencia (Archivo pdf. D1. CONCEDE APELACIÓ N, del expediente digital).

Alegatos de conclusión. Parte demandante Guardó silencio.

Parte demandada Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Neiva – en cumplimiento al Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 – en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado, se centra en determinar, si el demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquidar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidora de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. Pasa la Sala de Decisión a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2023 , proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestion amientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes ; así lo ha

Once Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestion amientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes ; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra,2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda insta ncia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Ó rgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se

Aunado a lo anterior, el Máximo Ó rgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada d ecisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que d ecida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la adminis tración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Ad ministrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Ad ministrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación nú mero 25000-23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011 , Radicación número: 25000-23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

(19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de s eptiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci ón Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior /

Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

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entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco normativo y jurisprudencial De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 16, literal e) de la Constitución Política, el Congreso de la República a través de la Ley 4 de 1992 señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, entre otros.

En uso de las referidas atribuciones el Gobierno Nacional expidió el Decreto 057 de

19934. De ello se desprende que en la Rama Judicial coexisten dos regímenes salariales y prestacionales que regulan la situación laboral de sus trabajadores, a

saber5:

1. El régimen salarial y prestacional aplicable a los trabajadores vinculados a la Rama Judicial antes del primero de enero de 1993 y que no optaron por acogerse al nuevo régimen contenido en el Decreto 057 del mismo año. ii. El régimen salarial y prestacional adoptado a partir de la expedición del Decreto 057 de 199 3, el cual se aplica de manera obligatoria para quienes se

acogerse al nuevo régimen contenido en el Decreto 057 del mismo año. ii. El régimen salarial y prestacional adoptado a partir de la expedición del Decreto 057 de 199 3, el cual se aplica de manera obligatoria para quienes se vincularon a la Rama Judicial a partir del primero de enero de 1993, o para quienes habiendo ingresado antes de dicha fecha, decidieran acogerse al nuevo régimen.

Ahora, con la expedición del Decr eto 383 de 2013 se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, en los siguientes términos: “Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a qui enes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”

Por su parte, el artículo segundo de la misma disposición, establece: “ARTÍCULO 2°. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes,

1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empl eo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

4 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar…”.

5 Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado ponente: Luis Eduardo Collazos Olaya; Sentencia del 22 de julio de 2020, radicación número: 73001 -33-33-752-2015-00203-02, Demandante: Dilia Oviedo Gutiérrez y otros, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de la bonificación judicial contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

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Ahora bien, el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en

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Ahora bien, el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en diversos fallos judiciales6 se justificó porque cumple con los elementos constitutivos de salario al ser un pago habitual y permanente. En efecto, la bonificación fue creada por el Decreto 383 de 2013 para los empleados de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, estableciendo su pago mensual desde el 1 de enero de 2013. Aunque el decreto limitó su naturaleza salarial únicamente para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, esta disposición fue considerada contraria a la Constitución y a las leyes laborales, ya que desvirtúa el principio de que todo ingreso habitual forma parte del salario para efectos prestacionales.

De tal manera, argumentó que la exclusión de la bonificación judicial de las prestaciones sociales desconoce principios fundamentales como la igualdad y la protección de los derechos laborales; resaltó que esta bonificación es una retribución directa por el trabajo, lo que refuerza su carácter salarial. Asimismo, consideró ilegal que el decreto limite su reconocimiento únicamente a ciertos efectos, dado que su naturaleza habitual implica que debe ser incluida en la liquidación de prestaciones sociales, como p rimas, cesantías y demás emolumentos laborales. Por lo tanto, la restricción impuesta por el decreto no se ajusta a los principios de legalidad y favorabilidad establecidos en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, este Tribunal Administrativo7 en un caso similar al que nos ocupa ya

restricción impuesta por el decreto no se ajusta a los principios de legalidad y favorabilidad establecidos en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, este Tribunal Administrativo7 en un caso similar al que nos ocupa ya que se discutió la procedencia de la bonificación judicial, reiteró que a la fecha no existe una postura unificada sobre la controversia relativa a si esta bonificación constituye o no factor salarial para liquidar prestacio nes sociales; sin embargo, consideró que no existe un argumento fuerte para desestimar las pretensiones de la demanda. Aunado a ello, si bien el legislador goza de cierta libertad para determinar

6 Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, Conjuez Ponente: Carmenza Elvira Ramírez Cruz; Sentencia del 24 de octubre de 2024, Radicación número: 73001 -33-33-001-2020-00058-02, Demandante: Marleny Susa de Tocora, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué -Tolima, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de bonificación judicial.

Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, Conjuez Ponente: Benjamín Cárdenas Cruz; Sentencia del 6 de noviembre de 2024, Radicación número: 73001 -33-33-009-2019-00042-00, Demandante: Orlando Rozo Duarte, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué -Tolima, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de bonificación judicial.

Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, Juez ponente: Daniel Francisco Polo Paredes; Sentencia

-Tolima, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reconocimiento y pago de bonificación judicial.

Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, Juez ponente: Daniel Francisco Polo Paredes; Sentencia del 28 de abril de 2023, radicación número: 73001-33-33-002-2019-00054-00, Demandante: Luis Carlos García Aranda, Demandado: Nación -Rama Judicial, Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: Bonificación Judicial de que trata el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; Magistrada Ponente: María Eugenia Clavijo Aristizábal; Sentencia del 28 de septiembre de 2023, Radicación: 73001-33-33-008-2018-00167-01.

Tribunal Administrativo del Valle, Magistrado Ponente: Gonzalo Perdomo Cabrera; Sentencias del 17 de octubre de 2023, Radicaciones: 73001 -33-33-008-2018-00369-01; 73001-33-33-007-2018-00170-01; 7300133-33-008-2018-00002-01; y 73001-33-33-008-2020-00141-01.

Tribunal Administrativo del Valle, Magistrado Ponente: Diego León Gómez Martínez; Sentencias del 30 de octubre de 2023, Radicaciones:73001-33-33-008-2019-00027-01 y 73001-33-33-008-2019-00108-01.

7 Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado Ponente: José Aleth Ruiz Castro; Sentencia del 21 de febrero de 2021, Radicación número: 73001 -33-33-003-2016-00296-02 (0037 -2020), medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, Demandante: José Ignacio Barbosa Pérez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Asunto: reco nocimiento y pago de prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-003-2019-00264-02

Demandante: Arcesio Trujillo Pretel

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

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qué elementos constituyen el salario, tal libertad no es abs oluta, es decir, que la misma se encuentra restringida por los principios constitucionales generales y por unos elementos estructurales de la noción de salario que reposan en la Constitución.

De tal manera, avizoró que el Gobierno Nacional cercenó los ef ectos salariales a la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, limitando el factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema de seguridad social en pensiones y salud. Tal limitación contrasta directamente con el concepto d e salario desarrollado de manera concordante por la jurisprudencia de las altas cortes y el Convenio 95 de la OIT, pues estos han sido claros en manifestar que la naturaleza salarial de un emolumento se deriva del carácter retributivo o remuneratorio de