TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2022-00264-01 (27-02-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-009-2022-00264-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandantes: Elicerio Ramírez Gómez

Apoderado: Yhoan Alberto Reyes Rosa

Demandado: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

Apoderado: Martín Orlando Méndez Amado (principal)

Isolina Gentil Mantilla (sustituto)

Demandado: Departamento del Tolima

Apoderado: Víctor Manuel Mejía Quesada

Tema: Reconocimiento pensional

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Noveno Administrat ivo Oral del Circuito de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Elicerio Ramírez Gómez 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación - el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima, solicitando las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 4269 del 24

Departamento del Tolima, solicitando las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 4269 del 24 de agosto de 2022 , mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, conforme al régimen dispuesto en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de 1985.

Se ordene, a título de restablecimiento del derecho, que las entidades demandadas reconozcan, liquiden y paguen la pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de 1985.

Se condene a las demandadas a reconocer y pagar las sumas dejadas de percibir por concepto de la pensión de jubilación, contadas desde la fecha de consolidación del derecho pensional (55 años de edad y 20 años de servicio), tomando como base de

1 Por medio de apoderado.2

liquidación el 75% del promedio devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo la totalidad de los factores salariales percibidos en dicho período.

Se reconozca la compatibilidad entre pensión y sueldo, aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Se condene a las demandadas a cumplir la sentencia conforme a lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del CPACA.

Se condene a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

Se ordene el ajuste del valor de las mesadas pensionales adeudadas, con base en el

Se condene a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

Se ordene el ajuste del valor de las mesadas pensionales adeudadas, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Se condene en costas a las demandadas.

1.1.2. Hechos

La parte actora indicó que Elicerio Ramírez Gómez prestó sus servicios como docente en el Municipio de Río Blanco desde el 1 de febrero de 1995 hasta el 1 de abril de 2005, de manera discontinua, y para el Departamento del Tolima desde el 20 de febrero de 2004 hasta el 17 de junio de 2005, así como a partir del 12 de julio de 2005 en adelante.

Señaló que, conforme al régimen pensional establecido en la Ley 91 de 1989, en concordancia con las Leyes 33 y 62 de 1985, Elicerio Ramírez Gómez cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación el 10 de diciembre de 2021 , al alcanzar los 55 años de edad y completar 20 años de servicio.

El demandante presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación ante el Fondo Nacion al de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la cual fue denegada mediante el acto demandado, con fundamento en que el régimen aplicable era el establecido en la Ley 100 de 1993, al haber sido vinculada al servicio docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento del Tolima

docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento del Tolima

Expreso oposición a las pretensiones de la demanda, argumentando que el accionante no tiene derecho a la aplicación de un régimen pensional distinto al previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, conforme a lo dispuesto en la Ley 812 de 2003, y que, en virtud de dicho régimen, aún no cumple los requisitos para acceder a la pensión. Además, señaló que esta entidad no es la llamada a responder por lo pretendido en el proceso, dado que la competencia exclusiva sobre las prestaciones sociales de los docentes oficiales recae en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.2.2. Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

Señaló oposición a las pretensiones de la demanda, argumentando que el actor no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación regulada en la Ley 33 de 1985, dado que su vinculación al FOMAG se produjo con posterioridad al 27 de junio de 2003, es decir, bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el régimen3

aplicable sería el previsto en la Ley 100 de 1993, específicamente en su artículo 33 y subsiguientes, en el cual el demandante aún no cumple los requisitos de edad y tiempo de servicio para tener derecho a pensión de vejez.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 8 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 8 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

La autoridad judicial señaló que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, el demandante ingresó al servicio docente bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 100 de 1993.

Asimismo, precisó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, no obra en el expediente ningún elemento probatorio que permita concluir que el demandante prestó sus servicios como docente a través de órdenes de prestación de servicios (OPS). Destacó que no se aportaron los documentos que acreditaran tales órdenes y que la constancia presentada, aunque contenía indicios mínimos, como la referencia al trabajador como “educador” y la categorización del tiempo de servicio en “primaria”, no era suficiente para generar certeza sobre la naturalez a de la vinculación ni sobre la continuidad de los servicios docentes durante el periodo certificado.

Finalmente, resaltó que, al contrastar la información contenida en la documentación emitida por COLPENSIONES con los periodos reportados como cotizados por el Municipio de Rioblanco, se evidencia una discrepancia que genera dudas razonables sobre la fidelidad de la información, el tipo de vinculación y el cargo desempeñado por el demandante en la entidad territorial.

1.4. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, argumentando que, dado que el demandante ingresó al servicio docente

desempeñado por el demandante en la entidad territorial.

1.4. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, argumentando que, dado que el demandante ingresó al servicio docente el 1 de febrero de 1995 con vinculación mediante OPS con el Municipio de Rioblanco, el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985, frente al cual ya tiene consolidado el derecho a la prestación por cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos. En consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a cada una de las pretensiones de la demanda.

1.5. Ministerio Público

No intervino en segunda instancia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.

Asimismo, esta Sala se ajustará a lo establecido en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, se realizará4

un pronunciamiento únicamente sobr e los argumentos expuestos por el apelante, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son

previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que es la que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

En atención a los argumentos presentados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, corre sponde a la Sala determinar el régimen pensional aplicable al demandante y si frente a este cumple requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda, dado que el demandante tiene derecho a la pensión de jubilación bajo el régimen establecido en la Ley 33 de 1985 y cumple con los requisitos exigidos para su reconocimiento.

Como se expondrá más adelante, el actor acreditó su vinculación al servicio docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que determina que su régimen pensional sea el previsto en la Ley 33 de 1985, la cual exige 55 años de edad y 20 años de servicio para acceder a la prestación. Di chos requisitos fueron cumplidos por el accionante el 10 de diciembre de 2021.

La modalidad bajo la cual el Municipio de Rioblanco vinculó laboralmente al demandante no se acreditó. Sin embargo, en caso de que haya sido mediante órdenes o contratos de pr estación de servicios, dicho tiempo es computable para pensión. El Consejo de Estado ha reconocido, en su desarrollo jurisprudencial, que

demandante no se acreditó. Sin embargo, en caso de que haya sido mediante órdenes o contratos de pr estación de servicios, dicho tiempo es computable para pensión. El Consejo de Estado ha reconocido, en su desarrollo jurisprudencial, que los periodos trabajados bajo esta modalidad pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubil ación, sin que sea necesario declarar la existencia de una relación laboral formal con los entes territoriales. En consecuencia, el tiempo durante el cual el demandante prestó sus servicios como docente bajo la modalidad de OPS debe ser computado para efectos pensionales.

Para la determinación del Ingreso Base de Liquidación (IBL), se considerarán los factores salariales sobre los cuales el demandante haya cotizado a pensión, conforme a lo dispuesto en la Ley 62 de 1985. En este sentido, se incluirán la asignación básica, las horas extras, la bonificación mensual docente y la bonificación pedagógica.

Finalmente, el régimen pensional aplicable también permite a la demandante devengar simultáneamente sueldo y pensión de jubilación, por lo que esta pretensión debe ser acogida.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Cómputo de tiempos laborados en la docencia oficial a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación5

En este caso, el demandante solicita el reconocimiento de su pensión con base en lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, incluyendo los períodos laborados mediante contratos u órdenes de prestación de servicios con el Municipio de Rioblanco entre los años 1995 y 2005.

En el Consejo de Estado existe una clara lín ea jurisprudencial 2 en la que se ha

mediante contratos u órdenes de prestación de servicios con el Municipio de Rioblanco entre los años 1995 y 2005.

En el Consejo de Estado existe una clara lín ea jurisprudencial 2 en la que se ha considerado que la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor, ni mucho menos es ajena al elemento de subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virt ud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

La misma Corporación, en sentencia del 06 de febrero de 2020 3, indicó que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes.

“(i) la primera es que en caso de que persiga la declaración de existencia de contrato con realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales debe darse previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad territorial con la

“(i) la primera es que en caso de que persiga la declaración de existencia de contrato con realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales debe darse previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad territorial con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento de la sentencia.

(ii) La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los perio dos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135» 4 permite la acumulación de

2 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado: 23001233300020130026001 (00882015). Recientemente, esta posición fue reiterad a por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de junio de 2023, dentro del proceso radicado con el número: 76001 -23-33-000-2015-00016-01 (2954-2022). Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ponencia de la magis trada Sandra Lisset Ibarra Vélez, fechada el 07 de julio de

2022, proceso con radicación 76001 -23-33-000-2015-00018-01. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ponencia de la magistrada Gabriel Valbuena Hernández, fechada el 31 de m arzo de 2022, proceso con radicación: 68001-23-33-000-2015-00874-01 (2250-2017). 3 Sección Segunda del Consejo de Estado, ponencia del consejero magistrado Gabriel Valbuena Hernández, dentro del proceso radicado con el número 54001 -23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015). 4 “ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.

1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requer ido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señala dos para el goce de la pensión.

2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio ofi cial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial emplead ora.

3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si tran scurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota6

tiempos de servicio con la posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo carg o esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.” (Negrilla fuera del texto).

En la providencia citada también se advirtió que el Consejo de Estado ha reconocido tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia dentro de un mismo proceso j udicial, tal como lo ha señalado la Subsección B de la Sección Segunda5 al expresar:

“(…) conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido recientemente esta corporación, se han validado esos períodos para que sean computados con el ejercido en propiedad, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, dado que esa situación

“(…) conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido recientemente esta corporación, se han validado esos períodos para que sean computados con el ejercido en propiedad, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, dado que esa situación particular desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, y porque los maestros vinculados bajo esa modalidad de contrataci ón cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, porque deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia6.”

Siguiendo con la misma providencia 7, también se mencionó que , en materia de aportes pensionales, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, del 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado bajo el número 23001233300020130026001 (00882015), indicó que las reclamaciones “de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripci ón extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA) 30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo”. Adicionalmente señaló:

en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo”. Adicionalmente señaló:

“Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado·

pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.” (Negrilla de la Sala). 5 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 15001 -23-31-000-2012-00276-01(2922-15). 6 En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección segunda, subsección B, sentencias (i) del 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014); (ii) del 1º de diciembre de 2016, radicación 15001-23-31-000-2010-01554-01 (3333-2015); y (iii) del 23 de febrero de 2017, radicación

7000123-33-000-2013-00205-01 (3183-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, ponencia del consejero magistrado Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 06 de febrero de 2020, dentro del proceso radicado con el número 54001 -23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015).7

que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condició n que prevé el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal tramite 31), en armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial”.

Finalmente, el proveído al que se viene haciendo referencia coligió lo siguiente:

“Establecido lo anterior y como en este caso nos encontramos en el segundo de los escenarios propuestos, donde se persigue el computo de los tiempos laborales únicamente para efectos pensionales, estima la Sala como válido que dicha pretensión se trámite de manera conjunta dentro del proceso de reconocimiento de pensional docente, toda vez su declaración solo tendrá incidencia en cuanto a los aportes pensionales frente a los cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y por cuanto la entidad o empresa a cuy o cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda.

Lo anterior no obsta para señalar que debe cumplirs e con la carga

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda.

Lo anterior no obsta para señalar que debe cumplirs e con la carga probatoria que encierra el contrato de prestación de servicios docente, a efectos de establecer con claridad el periodo de inicio y terminación de cada contrato, su objeto, la entidad con la cual se celebró el contrato y la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, para efectos de determinar la posibilidad de perseguir la cuota parte pensional y la entidad de previsión o ente responsable de ella.”8 (Negrilla fuera del texto).

2.4.2. Régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público

El Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 9, precisó que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos reg ímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, de la siguiente manera:

“I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se

para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, ponencia del consejero magistrado Gabriel Valbuena Hernández, sentencia de l 06 de febrero de 2020, dentro del proceso radicado con el número 54001 -23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015). 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Expediente: 680012333000201500569 -01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel Tolosa.8

previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.”

2.4.3. Postura unificada sobre IBL en pensión de jubilación y vejez de los docentes

En la misma sentencia de unificación referida en el apartado anterior, la SUJ -014CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910, se establecieron las reglas para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, de la siguiente manera:

“a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes

de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, de la siguiente manera:

“a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor difer ente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establec ido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decr eto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.”

Las reglas fijadas por la Corporación en comento, que tienen carácter vinculante y obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:

“51. En criterio de la Sala, los fact ores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los

“51. En criterio de la Sala, los fact ores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los n umerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 % equivalente al aporte de la Naci ón sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los

10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569 -01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel Tolosa.9

docentes”, respectivamente.

Expediente: 680012333000201500569 -01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel Tolosa.9

docentes”, respectivamente. (…)

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios const