TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2019-00163-01 (27-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: GLADYS MARÍA BONILLA DE CARVAJAL

Apoderado: AIDE ALVIS PEDREROS

Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÈ

Apoderada: BETTY ESCOBAR VARÓN

TEMA: PRESCRIPCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demanda da contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el día 15 de diciembre de 2022 , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. PRETENSIONES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda en contra del municipio de Ibagué, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrat ivo contenido en el Auto No. 1034-02.267337 del 25 de septiembre de 2018, por medio del cual se negó la solicitud de prescripción del impuesto predial de 2008 a 2013.

Que a título de restablecimiento del derecho , se ordene al Municipio de Ibagué decretar la prescripción del impuesto predial de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Que a título de restablecimiento del derecho , se ordene al Municipio de Ibagué decretar la prescripción del impuesto predial de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Y que se condene en costas a la parte demandada, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 188 del C.P.A.C.A.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 La demandante es propietaria del bien inmueble ubicado en la carrera. 10 No . 1–23 barrio Augusto E. Medina de Ibagué, identificado con el número de matricula inmobiliaria 350–198174 y ficha catastral 01 –0117–0003–000; pero por su precaria situación económica omitió cancelar el valor del impuesto predial desde el año 2008.

2.2 El 19 de julio de 2018, la demandante radicó ante la Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué petición, mediante la cual solicitó la prescripción del impuesto predial de los años 2008 a 2013, de conformidad con lo establecido en el No. 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

2.3 Que la entidad territorial, guardó silencio, por lo que instauró acción de tutela para obtener la respectiva respuesta, y mediante Auto 1034 – 02 – 267337 del 25 de septiembre de 2018, se negó lo solicitado.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Relaciona como normas violadas las siguientes:

• Artículos 6 y 13 de la Constitución PolíticaExpediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Relaciona como normas violadas las siguientes:

• Artículos 6 y 13 de la Constitución PolíticaExpediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

Demandante: Gladys María Bonilla De Carvajal Demandado: Municipio de Ibagué Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2 - Artículo 86 del CPACA - Artículos 1 y 2 de la Ley 44 de 1990 - Artículos 86, 91 Y 138 del CPACA

Sostuvo que la entidad demandada no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial la sentencia del 16 de octubre de 2003, Rad. 2003 – 2399 – 01 (ACU), al considerar que lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario no se aplica para el impuesto predial unificado, en v irtud de los artículos 1 y 2 de la Ley 44 de 1990, por tratarse de un impuesto de orden municipal.

Que el artículo 86 del CPACA que modificó el artículo 817 del Estatuto Tributario, establece que el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de 5 años; y en ese sentido, existe vulneración del artículo 86 y 91 del CPACA, porque el proceso de cobro coactivo por las vigencias del año 2009 al 2011 fue notificado cuando ya estaban prescritas.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sostuvo que opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos demandados no se encuentran ajustados a derecho.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sostuvo que opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos demandados no se encuentran ajustados a derecho.

Indicó que era de su competencia exigir el pago de las obligaciones tributarias contenidas en títulos y/o mandamiento de pago emitidos en contra de la demandante, y el procedimiento administrativo adelantado se ajustó al ordenamiento, sin que se configure la prescripción de los títulos ejecutivos que contienen el valor del impuesto predial.

Que las obligaciones fiscales prescriben en el término de 5 años, a partir de la fecha de ejecutoría del respectivo acto administrativo de determinación o discusión, y en este caso, el fenómeno de prescripción fue interrumpido, ya que la administración realizó la notificación del mandamiento de pago No. 22264 del 26 de octubre de 2009, por el portal web de la Alcaldía Municipal el día 23 de octubre de 2013, tal y como consta en el Auto No. 1034–02 (267337) del 25 de septiembre de 2018

Que frente a la vigencia 2009–1 al 2011–4, la entidad territorial libró mandamiento de pago No. 148776 del 17 de julio de 2013, siendo notificado de la misma manera el 12 de septiembre de 2013, por lo que también existe interrupción del fenómeno de prescripción.

Propuso las excepciones de: No prescripción de la acción de cobro e inexistencia de prueba.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El día 15 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial

Propuso las excepciones de: No prescripción de la acción de cobro e inexistencia de prueba.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El día 15 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, accedió parcialmente a las pretensiones, tras considerar que el acto administrativo demandado, esto es, el auto No. 1034-02.267337 del 25 de septiembre de 2018, se encuentra viciado de nulidad al estar falsamente motivado y haber sido expedido con infracción de las normas en las que debía fundarse, al haber operado la prescripción de 5 años para el cobro del impuesto predial frente a las vigencias 2008 al 2013, respecto del inmueble ubicado en la Cra. 10 No. 1 – 23 barrio Augusto E. Medina de esta ciudad, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 350 – 198174 y ficha catastral Nro. 01 – 0117 – 0003 – 000, por lo cual se ha de declarar su nulidad.

Y que frente a las vigencias 2012 y 2013 del impuesto predial del referido inmueble, a la fecha no existe cobro coactivo por estos periodos, o al menos no lo demostró el Municipio de Ibagué, por lo que también se debe declarar la prescripción de la acción de cobro frente a los mismos.Expediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

Demandante: Gladys María Bonilla De Carvajal Demandado: Municipio de Ibagué Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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La a quo, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de no prescripción de

Demandado: Municipio de Ibagué Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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La a quo, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de no prescripción de la acción de cobro e Inexistencia de prueba propuestas por el Municipio de Ibagué, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del auto No. 1034 -02.267337 del 25 de septiembre de 2018, proferido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué, por el cual se negó por improcedente la solicitud de prescripción del impuesto predial unificado para las vigencias 2007 -1 al 2011-4 y ordenó seguir adelante con la ejecución adelantada contra la contribuyente; y se abstuvo de dar pronunciamiento a lguno frente las vigencias 2012 y 2013, por cuanto las mismas no se encontraban en proceso de cobro coactivo; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se declara la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial para los periodos 2008 al 2013

generados frente al inmueble ubicado en la carrera 10 # 1-23 del barrio Augusto

E. Medina de Ibagué, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 350198174 y ficha catastral Nro. 01 -0117-0003-000, de propiedad de la Gladys María Bonilla de Carvajal, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR en costas al Municipio de Ibagué. Conforme a lo

María Bonilla de Carvajal, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR en costas al Municipio de Ibagué. Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2 011, se fija la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000) por concepto de agencias en derecho a favor de la demandante, y se ordena que por Secretaría se realice la correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. (…)”

6. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, la parte demanda da interpuso recurso de apelación, y expresó que frente al término cumplido de exigibilidad de la obligación tributaria existe un conteo desde el plazo dado al contribuyente para el pago de la obligación que generó el bien, y otro asunto muy diferente es el inicio del conteo de la prescripción de la acción de cobro que se refiere a la extinción de la obligación.

Que existe una imprecisión al pretender utilizar el término de cumplimento de la obligación tributaria para iniciar el conteo de la prescripción de la acción de cobro, lo cual no se compadecería con el debido proceso accionado por la oficina de cobro coactivo y el cual se encuentra legalmente respaldado de conformidad con lo establecido en el artículo 817 Estatuto Tributario y el artículo 288 A. del Estatuto Tributario Municipal, las cuales indican que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Que e n materia tributaria y en el caso concreto del Impuesto Predial Unificado, los

que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Que e n materia tributaria y en el caso concreto del Impuesto Predial Unificado, los términos para el surgimiento del fenómeno de la prescripción se cuentan a partir de la firmeza de la constancia de ejecutoria del acto de liquidación oficial, la cual sirve como base de ejecución del proceso.

Que el término de prescripción establecido para las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una entidad territorial es de 5 años y la administración municipal cuenta con un término de 5 años para proferir resolución y/o liquidación oficial y además dejarlo en firme, so pena de perder competencia para emitir el acto administrativo respectivo el cuálExpediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

Demandante: Gladys María Bonilla De Carvajal Demandado: Municipio de Ibagué Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

4 servirá de titulo ejecutivo y sobre el cual se contabilizará el termino previsto en el Estatuto Tributario para la prescripción de la acción de cobro.

Que el t érmino para efectos de prescripción debe contarse a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que determina la obligación, el cual una vez ejecutoriado, dará lugar al conteo del término de 5 años, el cual podrá ser interrumpido si se llegaren a presentar alguna de las situaciones previstas en el artículo 818 del Estatuto Tributario.

Que aunque fueron indicadas las disposiciones constitucionales y legales que se consideran violadas con la expedición de los actos administrativos demandados, no se

se llegaren a presentar alguna de las situaciones previstas en el artículo 818 del Estatuto Tributario.

Que aunque fueron indicadas las disposiciones constitucionales y legales que se consideran violadas con la expedición de los actos administrativos demandados, no se plantea una exposición clara y específica de los motivos con base en hechos, situaciones o supuestos jurídicos concretos, por los cuales los actos administrativos presuntamente infringieron el ordenamiento jurídico, razón que permite advertir que la demanda impetrada no cumple a cabalidad con los requisitos mínimos que establece la normatividad.

Por todo lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones.

7. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El expediente fue radicado en esta Corporación el 22 de febrero de 2023 y mediante providencia del día 28 de ma rzo de 202 3, se admitió la apelación impetrada por la demandada.

El recurso de apelación se tramitó en los términos del numeral 5° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA

8.1 COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, es competente el Tribunal Administrativo de Tolima para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué.

8.2 PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Corresponde determinar si,

demandada en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué.

8.2 PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Corresponde determinar si, - En este asunto, el término de prescripción de la acción de cobro del impuesto predial, se contabiliza conforme a lo establecido en el numeral 4° del artículo 817 del Estatuto Tributario, o a partir de la causación del mencionado impuesto.

• Se encuentran prescritas las obligaciones relacionadas con el impuesto predial de las vigencias 2008 al 2013, o por el contrario, aun son exigibles al contribuyente. 8.3 TESIS DE LA SALA La Sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda.

Al respecto, se tiene que a partir del año 2003, el artículo 86 de la Ley 788 de diciembre de 2002 modificó las reglas para contabilizar el plazo de prescripción, (artículo 817 delExpediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

Demandante: Gladys María Bonilla De Carvajal Demandado: Municipio de Ibagué Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

5 E.T.)1 pero, tal y como lo asegura el Consejo de Estado, esa norma parte de l supuesto de que el contribuyente debía presentar declaración tributaria, siendo esta una de los dos modelos para el recaudo de impuestos (a cargo del contribuyente), por eso se establece que el término inicia a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, o la fecha en que se presentó la declaración extemporáneamente o la fecha en que la declaración se corrigió y a partir de la ejecutoria del acto administrativo de determinación

establece que el término inicia a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, o la fecha en que se presentó la declaración extemporáneamente o la fecha en que la declaración se corrigió y a partir de la ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión de impuestos.

Igualmente, el Consejo de Estado, ha definido que la otra modalidad para el recaudo de impuestos, es cuando la autoridad tributaria es la encargada de liquidar el tributo, que lo puede hacer a través de cuentas de cobro o facturas, como lo hizo en este cas o, o por cualquier otro medio, para conminar al contribuyente a pagar; en todo caso, en este supuesto no se aplica el numeral 4° del artículo 817 ET, el cual está previsto para los eventos en que le corresponda al contribuyente realizar la liquidación (dec laración privada-autoliquidación), sino que el término se contabiliza dentro de los 5 años siguientes a la causación del impuesto, pues, una interpretación diferente implicaría que la autoridad tributaria expida el acto de determinación del impuesto en cua lquier momento, sin consideración a su causación y exigibilidad.2

En este caso, conforme a las pruebas aportadas, se puede concluir que la acción de cobro por concepto de impuesto predial de los años 2008 al 2013, se encuentra prescrita, por transcurrir más de cinco años contados a partir de que la obligación se hizo exigible sin que operara la interrupción del término previsto en el artículo 818 ibídem.

8.4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO Para exigir el pago de un impuesto por parte de la administración, es necesario que la obligación tributaria sea clara, expresa y actualmente exigible, este último aspecto

8.4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO Para exigir el pago de un impuesto por parte de la administración, es necesario que la obligación tributaria sea clara, expresa y actualmente exigible, este último aspecto consiste en que sea incontrovertible.

Así es que, el artículo 828 ET enlista aquellos documentos que prestan mérito ejecutivo, de la siguiente manera: “ARTICULO 828. TÍTULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y c auciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la

1 Artículo 817 (Modificado L. 788/2002, art. 86. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para decla rar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 2 Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta; Consejero Ponente: Hugo Fernando

Bastidas Bárcenas, Bogotá D. C., Dos (2) De Marzo De Dos Mil Diecisiete (2017), Radicación Número: 05001-23-31000-2005-06567-01(20537).Expediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

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6 Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección

General de Impuestos Nacionales. PARAGRAFO. Para efectos de los n umerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación del Administrador de Impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente. (…)” en caso, que un contribuyente considere que la obligación no es exigible, puede proponer la prescripción de la acción de cobro como una excepción contra el mandamiento de pago librado dentro de un proces o administrativo de cobro coactivo, figura que se encuentra

en caso, que un contribuyente considere que la obligación no es exigible, puede proponer la prescripción de la acción de cobro como una excepción contra el mandamiento de pago librado dentro de un proces o administrativo de cobro coactivo, figura que se encuentra contemplada en el artículo 817 del estatuto tributario, norma que ha sido objeto de modificación. El artículo 817 del ET, hasta el año 2002, establecía lo siguiente: “ARTICULO 817. TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles . Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrat ivos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria. La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor”. (negrilla fuera de texto) Sin embargo, el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, modificó el artículo 817 del ET y estableció las fechas a partir de las que se debe contar el plazo de prescripción, así: “(…) ARTÍCULO 817. <Artículo modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de

2002. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. <Inciso 2o. modificado por el artículo 8 de la Ley 1066 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte. (…)”.Expediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

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7 Para aplicar la norma antes tra nscrita, es necesario tener en cuenta que existen dos modelos para pagar los impuestos, pues, el Consejo de Estado, así lo ha establecido en los siguientes términos3: “(…) Sea lo primero precisar que existen dos modelos para pagar impuestos: uno, el más usado y eficiente, es el de la declaración privada, esto es, el pago espontáneo en cumplimiento de una norma (ley, acuerdo, ordenanza) que imponga el tributo y las condiciones de liquidación y pago (hecho generador, sujeto pasivo, tarifa, base gravable, plaz os). En este modelo, la administración suministra formularios o papeles para facilitar la declaración y el pago del tributo. Y el otro modelo es el coercitivo: el Estado manda un cobro a cada

sujeto pasivo, tarifa, base gravable, plaz os). En este modelo, la administración suministra formularios o papeles para facilitar la declaración y el pago del tributo. Y el otro modelo es el coercitivo: el Estado manda un cobro a cada contribuyente, estipulando en el “recibo” o en la “factura”, no importa la denominación del documento, la liquidación y el plazo para el pago. El caso es que, en ambas actuaciones se gestan actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares y concretas pues, finalmente, bajo cualquier modelo, el contribuyente está conminado a cumplir el deber legal de contribuir a las cargas y finanzas públicas. El modelo más eficiente para el recaudo del impuesto es el de la autodeclaración y pago, pues establece a cargo del contribuyente la obligación de denunciar los hechos generadores del impuesto y los elementos necesarios para liquidarlo. En este modelo de la declaración privada, primero se paga y luego la administración revisa la declaración mediante requerimientos y liquidaciones oficiales que pueden ser controvertidas mediante el ejercicio de los recursos de ley. Una vez en firme la declaración del impuesto o las liquidaciones que las revisan, podrán ser cobradas coactivamente por la propia administración.

Ahora bien, cuando la autoridad trib utaria es la que se encarga de liquidar el impuesto puede utilizar múltiples formas. En este modelo es de común ocurrencia que las actuaciones administrativas de determinación del impuesto sean sencillas, pues, las autoridades tributarias pueden, simplemente, conminar al contribuyente a que se acerque a las oficinas de tesorería para enterarse de la liquidación del impuesto y para pagarlo, o pueden enviar al domicilio del

sean sencillas, pues, las autoridades tributarias pueden, simplemente, conminar al contribuyente a que se acerque a las oficinas de tesorería para enterarse de la liquidación del impuesto y para pagarlo, o pueden enviar al domicilio del contribuyente las cuentas de cobro, las facturas, los formularios diligenciados del im puesto, etc. La autoridad tributaria debe enterar de manera previa al contribuyente sobre el cobro del impuesto, de manera masiva o de manera individualizada, estableciendo plazos de pago y precisando lugares en donde se debe hacer el pago. Adicionalmente, debe informar las oportunidades, la forma y las autoridades ante las que se puede controvertir el impuesto. En estos casos, entonces, a diferencia del otro modelo, el recaudo del impuesto depende de la eficiencia de la autoridad que administra el impuesto, que tiene la obligación de exigir su pago inmediatamente se causa y, a más tardar, mientras no esté prescrita la obligación tributaria. Expedida la liquidación, podrá otorgar los recursos de ley para que pueda ser controvertida, en aras de garantizar el derecho de defensa y de contradicción. (…) Fíjese que hasta el año 2002, el plazo de prescripción se contaba a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles los impuestos, pero también decía que si fueron determinados mayores impuestos o las o bligaciones se determinaron en actos administrativos, el plazo se cuenta a partir de la ejecutoria de esos actos.

3 Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta; Consejero Ponente: Hugo Fernando

determinaron en actos administrativos, el plazo se cuenta a partir de la ejecutoria de esos actos.

3 Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo -Sección Cuarta; Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Bogotá D. C., Dos (2) De Marzo De Dos Mil Diecisiete (2017), Radicación Número: 05001-23-31000-2005-06567-01(20537).Expediente: 73001-33-33-003-2019-00163-01

Demandante: Gladys María Bonilla De Carvajal Demandado: Municipio de Ibagué Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

8 La ley 788 de 2002 modificó la norma para hacer más preciso el conteo del plazo pues consideró el hecho de que la obligación de determinar el tributo en los lugares y plazos establecidos en la ley puede estar regido por el sistema de auto declaración. En todo caso, se advierte que el numeral 4 del artículo 817 ET, vigente a partir del año 2013, también dispone que el plazo de prescripción se cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo. Esta norma se refiere a aquellos casos en que, siendo el contribuyente el obligado a declarar el impuesto, no lo hace y la administración, entonces, le formula una liquidación de af oro, que es un acto de determinación del impuesto. Para el efecto, la administración tributaria cuenta con cinco (5) años para imponer la sanción por no declarar y para expedir la liquidación de aforo, plazo que se cuenta a partir del vencimiento del término previsto para declarar. Una vez ejecutoriada esa liquidación de aforo, la administración tributaria cuenta

para imponer la sanción por no declarar y para expedir la liquidación de aforo, plazo que se cuenta a partir del vencimiento del término previsto para declarar. Una vez ejecutoriada esa liquidación de aforo, la administración tributaria cuenta con cinco (5) años más parar cobrarla. Estas reglas no se aplican del mismo modo cuando la normativa le impone a la autoridad tributaria el deber de liquidar el impuesto. Este deber legal implica que el impuesto se liquide y cobre dentro de los cinco (5) años siguientes a su causación, independientemente de que la autoridad tributaria expida facturas, cuentas de cobro y además, actos de determinación de impuestos. Una interpretación diferente implicaría que la autoridad tributaria expida el acto de determinación del impuesto en cualquier momento, sin consideración a su causación y exigibilidad, haciendo nugatorio el plazo de prescripción de la acción de cobro. (…)” (negrilla fuera de texto) Se logra inferir de lo anterior, que para efectos de la prescripción de la acción de cobro, es importante establecer a cargo de quien se encuentra la liquidación del impuesto, esto es, si es obligación del contribuyente a través de la declaración privada (autodeclaración y pago) o si la autoridad tributaria es la que se encarga de liquidar el impuesto, pues, en el primer supuesto se aplicaría para el término de la prescripción el numeral 4° del artículo 817 ET, que dispone el conteo del término a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto y, en el segundo supuesto sería dentro de los 5 años siguientes a su causación.

8.5. CASO CONCRETO

En el sub júdice, el demandante pretende la nulidad del acto administrativo contenido en

acto y, en el segundo supuesto sería dentro de los 5 años siguientes a su causación.

8.5. CASO CONCRETO

En el sub júdice, el demandante pretende la nulidad del acto administrativo contenido en el Auto No. 1034-02.267337 del 25 de septiembre de 2018, por medio del cual se negó la solicitud de prescripción del impuesto predial de 2008 a 2013; y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Municipio de Ibagué decretar la prescripción del impuesto predial de los año