TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2018-00468-02 (13-03-2025)

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Martha Lucía Ramírez Sandoval.

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicia l

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece(13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-011-2018-00468-02

Demandante: Martha Lucia Ramírez Sandoval

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial.

Tema: Bonificación Judicial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 31 de octubre del 2023, proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La Demanda. (Fls. 42 a 64, documento 01.011-2018-00468NyRdelDerecho.Pdf, expediente digital). La demandante por conducto de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección

La demandante por conducto de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (Fls. 45 a 50, documento 01.011-201800468NyRdelDerecho.Pdf, expediente digital).

Como pretensiones solicitó:

1. Declarar la nulidad del Oficio No. DESAJIBO17-4105 del 30 de octubre del 2017, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, denegó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contr a el Oficio Nro. DESAJIBO174105 del 30 de octubre de 2017.

A título de restablecimiento del derecho 1.Condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4° de 1992, consistente en el pago de lasSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prima de

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diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prima de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, bonificación por servicios prestados, cesantías y demás, por los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y años subsiguientes; suma que resulta de la diferencia de lo pagado actualmente y el aumento que se haga con base en la norma citada a partir de 1 de enero de 2013.

2.Que se declare la inaplicabilidad por excepción de inconstitucionalidad , respecto a los artículos 1 y 3 del Decreto 383 de 2013, en especial el aparte del artículo 1° en cuanto a la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por ser violatorio de algunas normas de carácter superior contenidas en el preámbulo y los artículos 4, 93 y 53 de la Constitución Nacional.

3. Se condene a reconocer, reliquidar y pagar las diferencias salaria les y prestacionales existentes entre lo pagad o y la inclusión del 100% de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, ajustada al incremento solicitado en la pretensión anterior para la liquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que desde 2013 hasta la fecha y al pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la condena, de acuerdo

prestaciones sociales y laborales que desde 2013 hasta la fecha y al pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la condena, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3° del artículo 192 del C. de P.A y de lo C.A.

Hechos. (Fls 42 a 45, documento 01.011-2018-00468NyRdelDerecho.Pdf, expediente digital). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. La demandante se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 1 de septiembre del 1991. • Desde el 1 de enero del 2013 hasta el 9 de marzo de 2017 en el cargo de

(Citador III del Centro de Servicios de los Juzgados Penales Municipales de Ibagué). • Desde el 29 de noviembre del 2017 hasta el 29 de diciembre del 2017, en el cargo de (Citador III del Centro de Servicios de los Juzgados Penales para Adolescentes de Ibagué).

2. Mediante el Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la R ama Judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en ese sentido, así se le ha reconocido.

3. El 25 de octubre del 2017 solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

4. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante

reconocido.

3. El 25 de octubre del 2017 solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

4. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio Nro. DESAJIBO17 -4105 del 30 de octubre del 2017, negó el reconocimiento solicitado; contra dicho acto interpuso recurso de apelación el 7 de noviembre del 2017, sin que a la fecha hubiere sido resuelto.

Normas violadas y concepto de la violación . (Fls. 50 a 62, documento 01.011-2018-Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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00468NyRdelDerecho.Pdf, expediente digital). Adujo como normas vulneradas los artículos 2, 13, 25, 53, 54, 84 y 209 de la Constitución Política; Ley 4 de 1992; Ley 270 de 1996; Decreto 383 de 213; Ley 1437 de 2011, artículos 138 y 161.

Como concepto de violación, indicó que la Bonificación Judicial se creó para nivelar los salarios de los servidores públicos de la Rama Judicial , y que desde la promulgación de la Ley 4 de 1992, se reconoció un derecho adquirido, según lo dispuesto en su artículo 2, literal a), que establece: "En ningún caso se podrá desmejorar

promulgación de la Ley 4 de 1992, se reconoció un derecho adquirido, según lo dispuesto en su artículo 2, literal a), que establece: "En ningún caso se podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales ", respetando los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los especiales. Sostuvo que los efectos de esta bonificación han alterado la base prestacional del demandante.

Alegó que el Decreto 383 de 2013 regula la Bonificación Judicial como un emolumento prestacional mensual, constituyendo factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad en Salud. Sin embargo, afirmó que esta normativa vulnera los derechos laborales y prestacionales, por cuanto la bonificación solo se tiene en cuenta para realizar los descuentos de salud y pensión, y no se incluye en la liquidación de la s demás prestaciones sociales y salariales.

Sostuvo que la Bonificación Judicial debe ser considerada un factor salarial, sin importar su denominación, porque es percibida mensualmente como contraprestación al trabajo habitual y ordinario del servidor público , es to es, se constituye en verdadero salario.

Finalmente, afirmó que los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por que son contrarios a los principios constitucionales en materia laboral, como el de favorabilidad, condición más beneficio sa, remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, primacía de la realidad sobre las formalidades, y al derecho al trabajo garantizado desde la Constitución Política.

Contestación de la demanda. Por auto de 15 de marzo de 2021, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada.

Contestación de la demanda. Por auto de 15 de marzo de 2021, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada. (documento 02.AutoAdmiteDemanda.Pdf, expediente Digital).

Surtida la notificación , la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad (documento 08.ContestaciónMarthaLuciaRamirezRad2018-468J11-Bj.Pdf, expediente Digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por conducto de apoderada judicial, la entidad contestó la demandada oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones; en relación con los hechos indicó que no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso.

Explicó que desde el 1 de enero de 1993 y por mandat o legal, coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: un régimen ordinario, denominado de los "No Acogidos", aplicable a los servidores judiciales vinculados antes de esa fecha que optaron por continuar bajo las disposiciones anteriores; y un régimen especial, denominado de los "Acogidos", dirigido a los empleados ySentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y

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funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y a quienes ingresaron a la Rama Judicial a partir del 1 de enero de 1993.

En re lación con el Decreto 383 de 2013 y normas concordantes, adujo que por mandato legal la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para calcular la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Indicó que respecto al carácter salarial de ciertos emolumentos derivados de la relación legal y reglamentaria de los servidores judiciales, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y en lo Contencioso Administrativo han ratificado, en distintas sentencias (sin especificarlas), la potestad del legislador según mandato constitucional para disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin tomar en cuenta el salario total del servidor público, sin que esto implique omisión o incorr ecto desarrollo de deberes legales. Al respecto, mencionó la sentencia C-279-96 expedida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la expresión “sin carácter salarial” como ajustada a la constitución.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y la ley, el legislador tiene libre configuración legislativa para determinar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, y por tanto, es posible que indique que determinados emolumentos no constituyan factor salarial para algunos salar io o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de 2013 es improcedente. Adicionalmente, adujo que la administración ha venido

emolumentos no constituyan factor salarial para algunos salar io o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de 2013 es improcedente. Adicionalmente, adujo que la administración ha venido aplicando el ordenamiento jurídico vigente, dándole estricto cumplimiento.

Propuso como excepciones las que denominó : i. Inexistencia de Perjuicios ; ii. De la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de la demandante; iii. Prescripción trienal y iv). Innominada o genérica.

La sentencia apelada . (Documento 5_730013333011201800468001SentenciaDePr20231031161602.Pdf, expediente digital). Es la proferida el 31 de octubre del 2023 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva que resolvió: i) Declarar no probada la excepción: i). Inexistencia de perjuicios; ii) De la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de la demandante; ii) Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 25 de octubre del 2014; iii). Inaplicar por inconstitucional e ilegal la palabra “Únicamente” contenida en la disposición norma tiva del inciso 1° del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales; iv). Declarar la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por la

por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales; iv). Declarar la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante el 7 de noviembre del 2017 contra el oficio DESAJIBO17-4105 del 30 de octubre del 2017; v) Declarar la nulidad de los actos administrativo s contenidos en el Oficio No. DESAJIBO17-4105 del 30 de octubre del 2017, y en el acto ficto negativo al no resolver la apelación interpuesta el 7 de noviembre del 2017; vi) Se ordena a la parte demandada, reliquidar y pagar a favor de la demandante desde el 1 de enero del 2013, en los periodos que efectivamente estuvo vinculada a la Rama Judicial, todas las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, con efectos fiscales a partir del 25 de octubre del 2014 (por pre scripción trienal) hasta el 29 de diciembre del 2017 (desvinculación ; Vii) Negar las demás pretensiones de la demanda; viii) Sin condena en costas.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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Para llegar a la anterior decisión, el juez concluyó que el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 que creó la bonificación judicial para los empleados de la Rama Judicial y

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Para llegar a la anterior decisión, el juez concluyó que el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 que creó la bonificación judicial para los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vulnera el principio de legalidad. Este principio exige que todas las actuaciones administrativas se ajusten al ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en este caso; el decreto restringió indebidamente el concepto de salario al limitarlo únicamente a las cotizaciones al Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, excluyéndolo para l a liquidación de otras prestaciones sociales y del mismo concepto de salario, en contravención de la Constitución, la ley, la jurisprudencia y las normas internacionales ratificadas por Colombia.

En el análisis fáctico del caso, consideró que, de acuerdo con los medios de prueba aportados al proceso, como las certificaciones laborales y el contenido del acto administrativo demandado, se acredita que desde el año 2013 , la entidad demandada no consideró la bonificación ju dicial como parte del salario de la demandante. La administración liquidó sus prestaciones sociales y salariales con un salario básico reducido al no incluir dicha bonificación como factor salarial, desconociendo así lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

Recurso de apelación – parte demandada. (Documento 25ApelaciónRama.Pdf, expediente digital). En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, el apoderado judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló l a sentencia, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló q ue el

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló l a sentencia, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló q ue el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no es posible extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administra ción Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3 ; por esta razón, se opone a dicha condena , porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente , con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo refe rencia nuevamente a la sentencia C-337 de 1993 proferidas por la Corte Constitucional relacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

hizo refe rencia nuevamente a la sentencia C-337 de 1993 proferidas por la Corte Constitucional relacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pr etensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibi ción contenida en el artículoSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería las reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización pre supuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el

disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido y solicitó analizar si el Juez de instancia pudo incurrir en un fallo extra petita, de ser así, que se negara todo derecho que no sea congruente con lo negado en el oficio por el cual se niega la reclamación administrativa, toda vez que en el numeral sexto se están reconociendo derechos futuros, mismo que no se habían solicitado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 21 de febrero de 2025 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Documento 21_Autoadmiterec_73001333301120180046_0_20250221104535777.Pdf, expediente digital).

Alegatos de conclusión.

Parte demandante: No presentó alegatos de conclusión.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad

No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar, si la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debeSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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tenerse en cuenta para liquidar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidor de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I. La Sala de Decisión estudia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2023 , proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los

Once Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1. Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración d e justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrat ivo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 2500 0-23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO

FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoz a, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-011-2018-00468-02

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Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa

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Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias con sideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista c ongruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten

Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibili dad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante