TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2022-00221-01 (08-05-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-002-2022-00221-01

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: DANIEL MUÑOZ RANGEL Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAGDEPARTAMENTO DEL TOLIMA Referencia: Apelación de sentencia – Reconocimiento pensional

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sente ncia dictada por Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 24 de enero de 2024, mediante la cual decidió acceder a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

El señor DANIEL MUÑOZ RANGEL , obrando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN –

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAGy el DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA, solicitando:

I.1. DECLARACIONES Y CONDENAS

I.1.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2820 del 2 de junio del 2022 proferido por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima, mediante el cual se

proferido por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima, mediante el cual se niega el reconocimiento de una pensión.

I.1.2. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho se ordene a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar a la demandante la pensión de jubilación a la que tiene derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989 y Leyes 33 y 62 de 1985.

I.1.3. Que se condene a las demandadas a reconocer y pagar a la demandante, debidamente indexadas en su valor, las sumas que dejó de percibir por concepto de pensión de jubilación, desde el momento en que adquirió su estatus pensional (55 años y 20 de servicio), tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su status pensional, incluyendo la totalidad de los respectivos factores salariales devengados.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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I.1.4. Reconocer la compatibilidad entre pensión y sueldo que cobija los docentes con vinculación antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.

I.1.5. Condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

vinculación antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.

I.1.5. Condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que dé estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo disponen los artículos 189 y 192 del C.P.A.C.A.

I.1.6. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el artículo 192 del

C.P.A.C.A.

I.1.7. Condenar a las demandadas a reconocer sobre las mesadas adeudadas, los ajustes de valor de dichas sumas, conforme al índice de precios al consumidor.

I.1.8. Condenar en costas a la demandada, tal y como lo dispone el artículo 188 del

C.P.A.C.A.

I.2. HECHOS

Como hechos relevantes de la demanda se relacionaron los siguientes:

II.1. Que el demandante labora como docente al servicio público de educación del Departamento del Tolima, afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y ha venido prestando sus servicios así:

II.2. Que ingresó al servicio público de educación desde el 1º de febrero de 1999.

II.3. Que adquirió su status pensional el 12 de junio de 2019.

II.4. Que la entidad negó la pensión bajo los postulados de la Ley 100 de 1993, argumentando que su régimen pensional es el consagrado en la Ley 812 de 2003.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437

argumentando que su régimen pensional es el consagrado en la Ley 812 de 2003.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima contestaron la demanda, oponiéndose a las pretensiones, y además señalaron:MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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II.1. Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1

A través de apoderado judicial la entidad rechazó todas las pretensiones de la demanda, argumentando que no existen fundamentos legales para las solicitudes, ya que el acto administrativo impugnado (Resolución 2820 del 2 de junio de 2022) está dentro de la presunción de legalidad.

Señaló que el demandante no tiene derecho a solicitar la pensión de jubilación a los 55 años, según las normativas vigentes. A su juicio, la petición de pensión, indexación, pagos de ajustes de valor y otros conceptos subsidiarios es improcedente, pues el demandante no cumple con los requisitos establecidos para acceder a dichos beneficios.

Detalló las normativas que rigen las pensiones para los docentes, destacando que

improcedente, pues el demandante no cumple con los requisitos establecidos para acceder a dichos beneficios.

Detalló las normativas que rigen las pensiones para los docentes, destacando que los docentes que se vincularon después de la Ley 812 de 2003 deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a la pensión, y que la doble asignación de pensión y salario no es permitida.

Precisó que, si en gracia de discusión le asistiere derecho a la parte demandante a lo reclamado en este medio de control, lo cierto es que quien debe expedir el acto administrativo de reconocimiento es la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA (sic) y no el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ni mucho menos el Ministerio de Educación, pues el trámite implica la elaboración y expedición del acto administrativo de reconocimiento de la prestación para que el mismo sea remitido para pago, pues si bien conforme al precedente legal y jurisprudencial es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio quien debe asumir el pago de las prestaciones sociales, lo cier to es que dicho pago solo se surte una vez se expide y remite el acto administrativo conforme al trámite indicado en precedencia, razón por la que solicit ó, en caso de presentar sentencia en contra, condenar al ente territorial, quien es el llamado a responder a las presentes solicitudes.

Dentro del mismo escrito presentó la s excepciones que denominó “Legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad”, “ inexistencia de la obligación ”, “prescripción”, “sostenibilidad financiera”.

II.2. Departamento del Tolima2

los actos administrativos atacados de nulidad”, “ inexistencia de la obligación ”, “prescripción”, “sostenibilidad financiera”.

II.2. Departamento del Tolima2

A través de apoderada judicial el Departamento del Tolima acepta ciertos hechos relacionados con la fecha de vinculación del docente (30 de marzo de 2004) y la normativa aplicable. Sin embargo, rechaza otros hechos mencionados por el

1 Ver archivo 015 expediente Juzgado. 2 Archivo 018 expediente digital juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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demandante, como la aplicación de regímenes pensionales anteriores a la Ley 812 de 2003.

Insiste en que, debido a la vinculación del docente en 2004, se le debe aplicar el régimen pensional de la Ley 812 de 2003, que establece un régimen de prima media, en vez de los regímenes anteriores que, según la entidad territorial , no le corresponden al demandante.

Precisó que las normas relacionadas con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de 2005 y la Ley 812 de 2003, deben ser interpretadas de manera que se garantice el acceso a las pensiones solo a aquellos docent es que se vincularon bajo las condiciones de esas leyes.

2003, deben ser interpretadas de manera que se garantice el acceso a las pensiones solo a aquellos docent es que se vincularon bajo las condiciones de esas leyes. Además, menciona diversas sentencias que respaldan su postura.

Dentro del mismo escrito propuso las excepciones que denominó “incumplimiento de los requisitos para que se le aplique un régimen pensional anterior al de la Ley 812 de 2003”, y “prescripción”.

III. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 24 de enero de 2024, resolvió:

“PRIMERO. – DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, de legalidad de los actos, inexistencia de la obligación y prescripción, por parte del Fomag y la que el demandante no cumple con los requisitos de la Ley 812 de 2003 y prescripción por parte del Departamento del Tolima, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución 2820 del 2 de junio de 2022, proferido por la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, mediante el cual negó el reconocimiento de la pensión de jubila ción de la parte demandante, de conformidad con lo esgrimido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a que reconozca, liquide y pague a favor del docente DANIEL

restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a que reconozca, liquide y pague a favor del docente DANIEL MUÑOZ RANGEL, una pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989 y las Leyes 33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta el 75% de los factores sobre los cuales hizo aportes, y que se enlistan en Ley 62 de 1985, a partir del día siguiente a la adquisición del estatus pensional, es decir, a partir del 01 de septiembre de 2019.

CUARTO.- Reajustar los valores resultantes de la anterior condena en los términos del artículo 187 del CPACA y de conformidad con la fórmula señalada en la parte motiva de este fallo.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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QUINTO.- Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. De otra parte, por Secretaría efectúese la devolución de los dineros consignados por la actora por gastos de proceso, si los hubiere.

SEXTO.- Sin costas.

SEPTIMO.- ORDÉNASE que se expidan con destino a la parte actora copias de esta decisión con constancias de notificación y ejecutoria, en los términos del artículo

SEXTO.- Sin costas.

SEPTIMO.- ORDÉNASE que se expidan con destino a la parte actora copias de esta decisión con constancias de notificación y ejecutoria, en los términos del artículo 114 del C.G.P., fotocopias auténticas de los respectivos poderes con certificación de su vigencia, para efectos de obtener su pago.

OCTAVO.- Ejecutoriada esta providencia sino fuere apelada archívese el expediente, previas anotaciones de Ley.

(…)”

Para llegar a la anterior decisión, el a quo consideró lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que la discusión se centra en determinar cuál es el régimen aplicable a la demandante, si como lo afirma ella, el contemplado en la norma anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, la Ley 33 de 1985 como beneficiario del régimen de transición, o como lo plantea la demandada, por tratarse de un docente vinculado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, norma gobernada por el régimen general de pensiones - Ley 100 de 1993-, procede el Despacho al análisis probatorio, con el fin de determinar si cumple o no los requisitos para hacerse beneficiario del régimen contemplado en la Ley 33 de 1989 con los factores previsto en la Ley 62 de 1985.

De la cédula se acredita que nació el 3 de enero de 1962, el demandante, según se aprecia en las pruebas aportadas antes relacionadas; que laboró como docente a través de OPS en el municipio de Rioblanco - Tolima desde el 01 de febrero de 1999 hasta el 21 de septiembre

en las pruebas aportadas antes relacionadas; que laboró como docente a través de OPS en el municipio de Rioblanco - Tolima desde el 01 de febrero de 1999 hasta el 21 de septiembre de 2001, por un tiempo aproximado de 2 años 4 meses y 20 días y nombrado como docente en provisionalidad desde el 22 de septiembre hasta el16 de diciembre de 2003, 2 años y 2 meses , y nombrado mediante el Decreto 233 de del 26 de marzo de 2004, por el Gobernador del Tolima, en la misma Institución, y según la certificación del Fondo de Prestaciones de Servicio del Magisterio, folio 38 archivo 004 y el que obra en el archivo 040, el demandante se encuentra vinculado desde este nombramiento a partir del 30 de marzo de 2004, al 3 de febrero de 2022, que sumados los tiempos se contabilizan más de 20 años de servicios.

Frente al tiempo prestado por la docente a través de Ordenes de prestación de servicio, este despacho, la tendrá en cuenta como tiempo de vinculación, no solo porque proviene de una institución educativa del orden público, sino también porque conforme al criterio jurisprudencial, los tiempos de servicios laborados a través de órdenes de prestación de servicio son permitidos para efectos pensionales, y por ende no requiere previa declaración judicial, si y solo si, se relaciona co n el tema pensional, pues hay que destacar que este concepto no le aplica la figura de la prescripción. (…)

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se logró acreditar que el señor Daniel, se vinculó a la docencia el 01 de febrero de 1999, es claro que fue antes de la entrada en vigencia de la

(…)

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se logró acreditar que el señor Daniel, se vinculó a la docencia el 01 de febrero de 1999, es claro que fue antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y que si bien, su nombramiento no fue en propiedad, ello no es óbice paraMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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que desconozca el tiempo de servicio que ella prestó como docente en instituciones educativas oficiales. Dicho esto, es necesario determinar si el demandante cuenta con los requisitos preceptuados en la Ley 33 de 1985, esto es, los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial.

De la cédula se desprende que nació el 2 de enero de 1962, el señor Daniel Muñoz, es decir al momento de solicitar su pensión tenía 60 años de edad, cumpliendo así con el primero de los requisitos. El segundo el tiempo de servicio, se tiene que de acuerdo al tiempo acreditado en el proceso, así:

Del certificado de prestación de Servicios con el Municipio de Rioblanco , por los años 1999 a 2001, folios 21 y 28, expedida por el Coordinador educativo del Municipio de Rioblanco, de los cual se desprende que se acredita prestó los servicios del 1º de febrero de 1999 al 21 de septiembre de 2021, 2 años 4 meses 20 días; de la misma certificación se

Rioblanco, de los cual se desprende que se acredita prestó los servicios del 1º de febrero de 1999 al 21 de septiembre de 2021, 2 años 4 meses 20 días; de la misma certificación se desprende que fue nombrado el 21 de septiembre de 2021, que laboró todo el 2002 hasta el 16 de diciembre de 2003, que dan 2 años y 2 meses y que fue nombrado por el Gobernador mediante el Decreto 233 de marzo 26 de 2004 (folio 21 archivo 004 y folio 28 archivo 040) y de la historia laboral expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del TolimaFondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que se avizora que el señor DANIEL MUÑOZ, inició a prestar sus servicios el 30 de marzo de 2004 en la institución Agropecuaria San Rafael del Municipio de Rioblanco y luego en otros establecimientos hasta el 3 de febrero de 2022, que si bien, se indica allí un tiempo total laborado de más de 20 años 10 meses 17 días ( folios 38 a 46 Archivo 004 y archivo 40), haciendo la respectiva contabilidad desde la vinculación 30 de marzo del 2004 al 3 de febrero de 2022, daría 17 años 10 meses y 27 días, lo que sumados los servicios prestados por ordenes de prestación de servicios que serían 4 años 6 meses y 20 días, daría un total de 22 años 5 meses 7 días, cumpliendo con el segundo de los requisitos, ha de tenerse en cuenta, que las pruebas aportadas no fueron tachadas y por el contrario también las aportó el Departamento (archivo 040).

Entonces, de acuerdo a la tesis de la jurisprudencial y los argumentos expuestos,

aportadas no fueron tachadas y por el contrario también las aportó el Departamento (archivo 040).

Entonces, de acuerdo a la tesis de la jurisprudencial y los argumentos expuestos, soportados con tesis del Tribunal, el demandante, tiene derecho a que se le reconozca la pensión por haber ingresado al Magisterio antes de la vigencia de la Ley 812, que ten ía más de 60 años al momento de reclamar la pensión y de tiempo de servicio supera los 20 años, por lo que es evidente que el señor Muñoz, tiene derecho a que se le reconozca por parte de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, con sus modificaciones, por vía de transición de la Ley 100 de 1993.

Para la liquidación de esta pensión ordinaria de jubilación, la entidad deberá tener en cuenta la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, Radicación No. 680012333000201500569-01 (Exp. 0935 -2017), esto es, calcular el ingreso base de liquidación e n el 75% de los factores enlistados taxativamente en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, y respecto de los cuales la misma haya aportado, y devengado en el último año anterior al estatus.

Finalmente, y en lo que concierne a la compatibilidad entre salario y pensión, cabe resaltar que, si bien el artículo 28 de la Constitución establecido: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga

que, si bien el artículo 28 de la Constitución establecido: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria elMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas” la Ley 4 de 1992 instituyó unas excepciones a dicha reglas, dentro de las cuales se encuentra: “g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores públicos oficiales docentes pensionados. (…)

En ese sentido, y teniendo en cuenta que es compatible la pensión de jubilación con el salario, siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física5 , este Despacho ordena el pago de la misma a partir del 01 de septiembre de 2019, día siguiente a la adquisición de su estatus pensional y hasta la edad de su retiro forzoso o su deseo de laborar.”

IV. LA APELACIÓN

Oportunamente, la apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , interpuso recurso de apelación en

su deseo de laborar.”

IV. LA APELACIÓN

Oportunamente, la apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 31 de enero de 2023, señalando:

“ Sea lo primero en señalarse que no se considera la tesis planteada por el despacho en atención a la fecha de vinculación del demandante, esto teniendo en cuenta que no se evidencia que en los tiempos de prestación de servicios se hayan efectuados aportes al sistema de seguridad social en pensión, y a su vez la norma es clara al mencionar que quienes tendrán derecho son aquellos que ESTEN VINCULADOS LABORALMENTE AL SECTOR OFICIAL, es decir trabajador, y en ningún caso menciona al contratista, veamos:

Se considera que la noma aplicable al caso es La Ley 812 de 2003, mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 dispuso: (…)

De conformidad con lo anterior, es claro concluir que, el régimen prestacional de los docentes que se encontraran vinculados al servicio público educativo oficial, correspondería al establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la precitada ley, y que quienes se vincularan a partir de su entrada en vigencia, serian afiliados al FOMAG con los derechos pensionales del régimen de prima media señalado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión de vejez

pensionales del régimen de prima media señalado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión de vejez que sería de 57 años para hombres y mujeres, es decir la incorporación de este sector de servidores al sistema general de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.

De igual forma se debe traer a colación que de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigor de esta norma se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

En este punto, es preciso señalar que la Ley 100 de 1993, instauro un Sistema de Seguridad Social que derogo muchos de los regímenes que se encontraban vigentesMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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para su expedición, lo cual genero el cambio de requisitos de edad y semanas de cotización que debían cumplir las personas para adquirir su derecho pensional. Ahora bien, con la finalidad de lograr la mínima afectación de las expectativas legitimas, la Ley 100 de 1993 previo en su artículo 36 el régimen de transición (…)

Bajo esta coyuntura, el régimen de transición es aplicable respecto de la edad para

bien, con la finalidad de lograr la mínima afectación de las expectativas legitimas, la Ley 100 de 1993 previo en su artículo 36 el régimen de transición (…)

Bajo esta coyuntura, el régimen de transición es aplicable respecto de la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión previsto en el régimen anterior, siempre que al 01 de abril de 1994 (fecha en la cual entra en vigencia el sistema), el cotizante cuente con 35 años o más en el caso de las mujeres, o 40 años o más en el caso de los hombres, o 15 años o más de servicio cotizado.

Por otra parte, se tiene que la Ley 71 de 1988, crea la pensión por aportes, la cual básicamente consiste en la acumulación de los aportes efectuados a las entidades de Previsión Social del Sector Público y al ISS (…)

De lo anterior se colige que la pensión por aportes tiene como fin proteger al cotizante respecto del tiempo de servicios, cuando a este le hiciere falta tiempo para acceder a la pensión de jubilación, ya sea en el sector público o en el privado. (…)

Por lo que se considera que tal calidad no la ostenta el demandante, la norma es clara al establecer que tienen derecho aquellos que fueron vinculados laboralmente al sector oficial y para el caso se encuentran acreditados tiempos de servicios bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, por lo que se concluye que no se cumplen con los requisitos para acceder a dicha pensión, ya que esta modalidad de contratación se rige bajo las normas civiles.

No se comparte la tesis señalada por el despacho, pues se insiste en que el tiempo

los requisitos para acceder a dicha pensión, ya que esta modalidad de contratación se rige bajo las normas civiles.

No se comparte la tesis señalada por el despacho, pues se insiste en que el tiempo acreditado por la demandante no puede ser tenido en cuenta toda vez que es bajo la orden de prestación de servicios desde el año 1988, siendo un vínculo civil y no laboral, si bien es cierto el despacho se fundamenta en la primacía de la realidad, se considera que no se puede aplicar dado que NO existe proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinació n, remuneración, prestación directa del servicio entro otros, pues si fuera por aplicación en vía indirecta no existirían procesos denominados de contrato realidad.

Se considera que no se puede presumir del vínculo de trabajador que tenía el demandante con las entidades a las cuales prestaba sus servicios, pues se deben de tener en cuenta los elementos constitutivos del contrato de trabajo, dentro de los cuales se encuentra la DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR, ya que quien cotiza por este es el empleador y dicho esto no hay evidencia de aportes al sistema de seguridad social.

Por otra parte, la primacía de la realidad no puede generar un detrimento patrimonial a la entidad, pues se debe de tener certeza que efectivamente en los tiempos de OPS se hayan efectuado aportes al sistema de seguridad social en pensión, ya que no es dable condenar a la entidad al pago de sumas que nunca se cotizaron, y en caso de haberse efectuado aportes en estos tiempos quien debe responder por estos es la entidad a la cual se cotizó, y si bien es cierto como lo indica el despacho en repetir contra las

efectuado aportes en estos tiempos quien debe responder por estos es la entidad a la cual se cotizó, y si bien es cierto como lo indica el despacho en repetir contra las entidades que tuvieron que haber efectuado la cotización no es menos cierto que losMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DANIEL MUÑOZ RANGEL vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

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procesos por conceptos de aportes patronales sea dispendiosos en el tiempo y que significativamente representan un gasto más para la entidad y un desgaste para la administración de justicia. (…) En ese orden de ideas, solicito respetuosamente al Despacho se revoque la sentencia de primera instancia, toda vez que el acto administrativo acusado no se encuentra viciado por causal alguna de nulidad y el mismo fue proferido conforme a la ley y al contexto factico propio del docente, y no se cumplen con los requisitos señalados en la norma para acceder a la pensión de jubilación por aportes.

Igualmente se solicita al despacho se REVOQUE la condene en costas y agencias en derecho si se tiene en cuenta que la entidad ha obrado de buena fe, y a su vez no se comprobó por parte del accionante que se hayan causado, como tampoco fueron probadas tal como lo establece el numeral 9 del artículo 365 del c.g.p, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la ley 1437 de 2011”

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

probadas tal como lo establece el numeral 9 del artículo 365 del c.g.p, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la ley 1437 de 2011”

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por el extremo accionado fue admitido mediante providencia del 31 de mayo de 2024 3; luego de notificado al agente del Ministerio Público4, el 2 de julio de 20245 ingresó al Despacho para el correspondiente fallo.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Dentro del término conferido al representante del Ministerio Público delegado ante esta Corporación, guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

VII.1. Competencia del Tribunal

En primer lugar, es menester indicar que , de conformidad a la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en varios actos sujetos al derecho administrativo expedidos por una entidad pública.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada contra las sentencias proferidas por los Jueces Adminis