TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2015-00294-01 (13-02-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: No. 73001-33-33-004-2015-00294-01

Medio de control: REPARACION DIRECTA

Demandante: GILMA ROSA LOPEZ MURILLO Y OTROS Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Referencia: Apelación de sentencia.

I. OBJETO

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación promovido por el extremo demandado, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué el 26 de octubre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones demandatorias.

II. ANTECEDENTES

Los señores Gilma Rosa López Murillo, Alejando Ruiz López y Gloria Aide Ruiz López , a través de apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, solicitando las siguientes:

II.1. DECLARACIONES Y CONDENAS

II.1.1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a l Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por la muerte del señor Diego Fernando Rojas López en su condición de interno del Bloque 1 Pabellón 8 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué – Picaleña Coiba, ocurrida el 13 de abril de 2014.

Rojas López en su condición de interno del Bloque 1 Pabellón 8 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué – Picaleña Coiba, ocurrida el 13 de abril de 2014.

II.1.2. Que como consecuencia de lo anterior , se condene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC al pago a los demandantes de la totalidad de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales padecidos.

II.1.3. Que la demandada cumpla la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del C.P.A.C.A.

II.1.4. Que se condene por las costas y gastos del proceso.2

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II.2. HECHOS

Como sustento fáctico relevante la parte demandante señaló:

II.2.1. Que el señor Diego Fernando Rojas López se encontraba recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué – Picaleña Coiba en el Bloque I, Pabellón 8 purgando una pena impuesta por el Juzgado Segundo Especializado del Circuito de Armenia.

II.2.2. Que parte de su núcleo familiar eran su madre Rosa Gilma López Murillo y sus hermanos Alejandro Ruiz López y Gloria Aide Ruiz López.

II.2.3. Que el 13 de abril de 2014 en confusos hechos, perdió la vida Diego Fernando Rojas López, al caer desde el cuarto piso del Pabellón 8, del Bloque 1 del Coiba.

II.2.3. Que el 13 de abril de 2014 en confusos hechos, perdió la vida Diego Fernando Rojas López, al caer desde el cuarto piso del Pabellón 8, del Bloque 1 del Coiba.

II.2.4. Que Diego Fernando Rojas López fue remitido y atendido en el pabellón de urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué a donde arribó a las 3:15 am del 13 de abril de 2014 con tra uma cráneo encefálico severo y politraumatismos, y pese a la atención médica brindada, ese mismo día falleció a las 19:45.

II.2.5. Que en el informe pericial de necropsia se estableció como causa básica de muerte hipertensión endocraneana secundaria a hem orragia intracerebral y edema cerebral severo, producidos por mecanismo contundente al caer de gran altura.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro del término de traslado que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC contestó la demanda en los

siguientes términos: “(…)

(…)3

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(…)

(…)4

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(…)4

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Dentro del mismo escrito propuso las excepciones que denominó culpa exclusiva de la víctima y cobro de lo no debido.

IV. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, medi ante sentencia proferida el 26 de octubre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada de manera parcial la excepción de "Hecho exclusivo y determinante de la víctima" propuesta por el INPEC, conforme a lo considerado en esta providencia respecto a la concurrencia de culpas.

SEGUNDO: DECLARAR que el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC es responsable de los daños causados con ocasión al fallecimiento del señor DI EGO FERNANDO ROJAS LÓPEZ (q.e.p.d), en las circunstancias de tiempo modo y lugar que se consignaron en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) a pagar por concepto de perjuicios morales a los

demandantes las siguientes sumas:

Para GILMA ROSA LOPEZ MURILLO, madre del occiso, la suma equivalente a veinticinco (25) S.M.L.M.V.

Para GLORIA AIDE RUIZ LOPEZ y ALEJANDRO RUIZ LOPEZ, hermanos del occiso, la suma de doce y medio (12.5) S.M.L.M.V., para cada uno de ellos

Para GLORIA AIDE RUIZ LOPEZ y ALEJANDRO RUIZ LOPEZ, hermanos del occiso, la suma de doce y medio (12.5) S.M.L.M.V., para cada uno de ellos

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: ORDENAR la devolución de los remanentes que por gastos del proceso consignó la parte demandante.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: En firme ésta providencia, archívese el expediente, previas constancias de rigor y anotaciones en el Sistema Informático Justicia Siglo

XXI.”

Para llegar a la anterior decisión el a quo consideró:5

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“6. CASO CONCRETO

Efectuadas las anteriores precisiones y relacionado el material probatorio obrante en el expediente, corresponde al Despacho verificar si en el asunto sub examine se estructuran o no los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado, esto es, la 1) La existencia de un daño antijurídico; 2) Que le sea imputable al Estado (imputabilidad) y, 3) Que haya sido producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad).

6.1. La existencia de un daño

“(…)

Dentro del presente asunto, el daño se hace consistir en la muerte del señor DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ , la cual se encuentra debidamente acreditada con el registro de defunción correspondiente, así como también, con el protocolo de

Dentro del presente asunto, el daño se hace consistir en la muerte del señor DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ , la cual se encuentra debidamente acreditada con el registro de defunción correspondiente, así como también, con el protocolo de necropsia.

En consecuencia, se tiene que en el presente asunto se encuentra acreditada la existencia del daño antijurídico, por lo cual, pasa el Despacho a realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si el mismo es atribuible a la parte demandada, o si por el contrario, opera alguna de las causales eximentes de responsabilidad.

6.2. Imputabilidad del daño a la Entidad demandada - Nexo causal.

(…)

Establecida la existencia del daño, es necesario verificar si resulta antijurídico y, además, imputable jurídica o fácticamente al INPEC, toda vez que a su juicio, en este caso se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, bajo el entendido de que con su comportamiento, el señor ROJAS LOPEZ (Q.E.P.S.), transgredió la normativa interna de dicha institución, poniéndose el mismo en el riesgo que finalmente se materializó y condujo a su deceso, al movilizarse no solo por zonas y horarios prohibidos, sino valiéndose de estrategias sumamente peligrosas, como lo son la “escalada y/o trepamiento”, y además, al consumir bebidas y sustancias psicoactivas.

Al respecto, sea lo primero indicar que, a partir de los elementos probatorios obrantes al interior del cartulario es posible establecer que para el momento de los hechos, - 13

y sustancias psicoactivas.

Al respecto, sea lo primero indicar que, a partir de los elementos probatorios obrantes al interior del cartulario es posible establecer que para el momento de los hechos, - 13 de abril de 2014 -, el señor DANIEL FERNANDO ROJAS LOPEZ (Q.E.P.D.), se encontraba privado de la libertad en las instalaciones del centro penitenciario y carcelario COIBA de esta ciudad, purgando una pena intramural de 13 años y 4 meses al ser condenado por el delito de terrorismo y que, se encontraba recluido en el bloque 1 de dicho establecimiento.

Frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar e n que sucedieron los hechos, habrá de señalarse que se recepcionaron las entrevistas de varios internos, incluidas las de los señores HERMINSON DAVID GONZALEZ BONILLA y FABIO ANTONIO CARMONA MARIN, quienes además de afirmar encontrarse para el momento de l os hechos, con el señor DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ, fueron uniformes al señalar6

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GILMA ROSA LÓPEZ MURILLO Y OTROS Vs. INPEC RAD: 004-2015-00294-01 que desde la noche anterior al momento en que se verificó su lamentable caída, se encontraban departiendo en una celda, ubicada en el tercer piso del pabellón 8 del bloque 1, i ngiriendo chamber y consumiendo sustancias alucinógenas, y que en un momento de la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, en que el hoy fallecido se desplazaba por el pasillo del lugar, cayó al primer piso.

momento de la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, en que el hoy fallecido se desplazaba por el pasillo del lugar, cayó al primer piso.

Es de resaltar que tales entrevistados, posteriormente comparecieron a este proceso en calidad de testigos y ratificaron lo ya dicho al momento de la entrevista.

Aunado a lo anterior, ha de precisarse también, que se cuenta con las entrevistas rendidas por los señores JOSE DAVID VANEGAS SANCHEZ y HERLEY SALAVARRIETA OCAMPO, compañeros de reclusión del hoy occiso, quienes de manera uniforme y coherente manifestaron que para el día de los hechos, el señor DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ (Q.E.P.D), se encontraba en compañía de varios amigos en el tercer p iso del pabellón, tomando chamber y consumiendo drogas y que cuando intentó bajar del tercer piso al segundo, se resbaló y cayó al primer piso.

Así las cosas, no cabe duda de que todos los entrevistados, dos de los cuales como ya se dijo, ostentan la cali dad de testigos en este proceso, son coherentes y contundentes al manifestar la ingesta por parte del fallecido y sus demás acompañantes, desde la noche anterior, de chamber, que es una bebida embriagante de fabricación artesanal al interior de los establecimientos carcelarios, así como el empleo por parte del señor DIEGO FERNANDO y de ellos mismos, de la modalidad de desplazamiento por trepamiento o escalada para movilizarse entre piso y piso al interior del pabellón en horas de la noche el mismo día de lo s hechos y en ocasiones anteriores, cuando se cierran las rejas que permiten el uso de las escaleras para tal efecto, por parte del

horas de la noche el mismo día de lo s hechos y en ocasiones anteriores, cuando se cierran las rejas que permiten el uso de las escaleras para tal efecto, por parte del personal de custodios.

(…) Ahora bien, ello no obsta para que esta instancia, valorando de manera conjunta y al amparo de la sana crítica los diferentes elementos de convicción recaudados en relación con las circunstancias que rodearon tal suceso, concluya que su caída fue un accidente, que se originó cuando éste intentó bajar a su celda, ubicada en el segundo piso del pabellón y, al emplear la modalidad de trepamiento y/ o escalamiento para evadir el control de seguridad del comandante de patio, cayera al primer piso, luego de haber ingerido bebidas embriagantes y/o consumido sustancias psicoactivas que alteraron, como es lógico, su capacidad de locomoción, lo que por demás encuentra respaldo en los testimonios de quienes se encontraban minutos antes departiendo con él al interior de la celda del tercer piso.

En este punto, conviene resaltar que aunque según oficios remitidos por la Fiscalía 52 Seccional de Unidad de Vida de esta ciudad, así como por parte de Medicina Legal, al occiso DIEGO FERNANDO (Q.E.P.D), no se le tomaron muest ra de sangre para determinar la ingesta de sustancias psicoactivas, no puede desconocer el Despacho las versiones rendidas al respecto por los entrevistados, ni tampoco por los dragoneantes que atendieron de primera mano el accidente, puesto que como ya se vio, los primeros fueron enfáticos en señalar la ingesta del chamber, bebida embriagante de fabricación artesanal intracarcelaria y los segundos, al rendir testimonio al interior de esta

que atendieron de primera mano el accidente, puesto que como ya se vio, los primeros fueron enfáticos en señalar la ingesta del chamber, bebida embriagante de fabricación artesanal intracarcelaria y los segundos, al rendir testimonio al interior de esta actuación procesal, señalaron cómo, sintieron el olor a alcohol al a cercarse al hoy fallecido y brindarle la atención y traslado de urgencia requerido.7

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Puestas de presente así las cosas, para el Despacho se encuentra demostrada una concurrencia de culpas determinantes en la producción del daño; de un lado, el comportamiento antes descrito del hoy fallecido, señor DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ (Q.D.P.S.) quien se puso en peligro contrariando las normas que rigen al interior del establecimiento carcelario; de otro lado, la falla en el servicio de custodia y vigilancia por parte del INPEC y finalmente, la falla en la infraestructura del Complejo penitenciario en el que tuvieron lugar los hechos por los cuales hoy se demanda, específicamente, la ausencia de mallas de protección, que si bien, no puede serle endilgada al único ente aquí demandado, como quiera que ello desborda sus competencias, si será tenida en cuenta dentro del proceso causal que precedió al resultado dañoso y consecuencialmente, al momento de tasar los perjuicios ocasionados con el mismo al extremo demandante.

Ciertamente, el comportamiento del interno y hoy fallecido DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ (Q.E.P.S.) fue determinante en la causación de su deceso, puesto que

ocasionados con el mismo al extremo demandante.

Ciertamente, el comportamiento del interno y hoy fallecido DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ (Q.E.P.S.) fue determinante en la causación de su deceso, puesto que al transgredir la normativa que rige al interior de los establecimientos penitenciarios, se puso en riesgo él mismo, al haberse desplazado en horas de la noche al interior del Pabellón en el que se encontraba recluido entre piso y piso, a través de la modalidad de escalamiento, a sabiendas del peligro que ello representaba y de que se encontraba prohibido además, la permanencia en pisos diferentes al que se encontraba su celda en horas de la noche, puesto que si las celdas permanecían abiertas no era para permitir el libre tránsito por todo el pabellón de los reclusos, sino para garantizar el acceso a los servicios sanitarios en horas de la noche, debido a que al interior de las celdas no se contaba con el mismo, tal y como lo indicaron al unisonó internos y dragoneantes al testificar en este proceso.

Además, dicho comportamiento fue agravado con la ingesta del chamber y los supuestos alucinógenos, puesto que además de hallarse ello prohibido, afectó su capacidad de determinación y locomoción, como es lógico, más aún si se tiene en cuenta que ello fue durante varias horas seguidas y de manera previa al accidente.

A pesar de ello, no puede pasar por alto el Despacho, que se encuentra demostrada la falla en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad por parte del INPEC, lo cual, también incidió, aunque en menor medida, en la causación del daño aquí endilgado.

falla en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad por parte del INPEC, lo cual, también incidió, aunque en menor medida, en la causación del daño aquí endilgado.

(…) teniendo en cuenta la forma en cómo sucedieron los hechos, evidente resulta, que no hubo una debida vigilancia por parte del personal de INPEC, pues llama la atención del Despacho que sea posible que al interior del COIBA se hubiera podido ad elantar una celebración nocturna al interior de una de las celdas, en la que al menos 3 reclusos compartieron por más de 7 horas, escucharon música y además, ingirieron bebidas alcohólicas como el “chamber” y sustancias alucinógenas, sin que nadie hubiera detectado dicha anómala situación.

Finalmente, y tal y como se advirtiera párrafos atrás, habrá de señalar esta instancia que también incidió en el resultado dañoso, además de los dos factores ya esbozados, la ausencia de mallas de seguridad en medio de las barandas que existen en los pasillos del pabellón 8 del bloque 1 del COIBA, máxime si se tiene en cuenta que, de manera previa al deceso del señor ROJAS LOPEZ, ocurrido el 13 de abril de 2014, no solo se habían presentado sucesos similares -caídas de reclusos-, sino también, que por parte del personal del COIBA y del INPEC respectivamente, se había informado de dicha8

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GILMA ROSA LÓPEZ MURILLO Y OTROS Vs. INPEC RAD: 004-2015-00294-01 situación ante la entidad competente, esto es, la USPEC, a fin de que se adelantaran

GILMA ROSA LÓPEZ MURILLO Y OTROS Vs. INPEC RAD: 004-2015-00294-01 situación ante la entidad competente, esto es, la USPEC, a fin de que se adelantaran las labores pertinentes en relación con esas fallas de infraestructura, tal y como puede evidenciarse de la documental obrante al interior de la presente actuación procesal. (…)

Ahora bien, como se expuso antes, por la aludida falla estructural -ausencia de mallas de protecciónno resulta procedente jurídicamente efectuar reproche alguno al INPEC en este caso, toda vez que legalmente, dicha función -mantenimiento estructuralno se encuentra atribuida al INPEC sino a la USPEC, entidad que no fue convocada dentro de la presente actuación procesal, lo que no obsta para que sea tenida en cuenta como factor causal del resultado dañoso cuya reparación se pretende, incidiendo como es obvio, en la tasación de los perjuicios.

(…)

Por tanto, no resulta viable como ya se dijo, según la distribución legal de competencias y funciones antes anotada, endilgar responsabilidad alguna al INPEC, por la ausencia de las reseñadas mallas, toda vez que no era de su resorte, la implementación de las mismas.

Además de ello, acreditado se encuentra que el INPEC solicitó ante la USPEC, como era su deber legal, y, antes de que tuviera lugar la caída del señor DIEGO FERNANDO (Q.E.P.D), la instalación de las referidas mallas, pues se cuenta con el oficio del 28 de agosto de 2013, suscrito por la directora del COIBA y dirigido a la di rectora de la USPEC, a través del cual la primera de las mencionadas le solicitaba a la segunda la

agosto de 2013, suscrito por la directora del COIBA y dirigido a la di rectora de la USPEC, a través del cual la primera de las mencionadas le solicitaba a la segunda la instalación de mallas de seguridad en los pabellones del bloque 1, teniendo en cuenta que se evidenciaba para ese momento un serio problema de inseguridad pa ra los internos.

De hecho, y ante la falta de instalación de tales mallas por parte de la entidad competente, pese a que se hubiera solicitado con antelación a la ocurrencia de los hechos que ocupan la atención del despacho, se cuenta con prueba documental que acredita que el COIBA como medida provisional, implementó las mismas en los pabellones 6, 7 y 9 faltando en los 3 y 8 todo lo cual, fue respaldado con la declaración

de NANCY DEL SOCORRO PEREZ GONZALEZ.

Por tanto, y pese a que la USPEC no fuera demandada en este asu nto, su comportamiento omisivo sí incidió en la muerte del señor ROJAS LOPEZ (Q.E.P.D.), lo que determina sin dubitación alguna que, al amparo de la teoría de la concurrencia de culpas, un porcentaje de la indemnización de perjuicios le hubiere correspondi do, dada su participación en el proceso causal.

En consecuencia, al configurarse la concurrencia de culpas como ya se dijo, esta instancia atenderá que el actuar irregular y temerario del señor DIEGO FERNANDO ROJAS LÓPEZ (q.e.p.d.) contribuyó en un 50% a la generación del daño, pues como quedó evidenciado, fue su imprudencia y la inobservancia de los reglamentos la que

ROJAS LÓPEZ (q.e.p.d.) contribuyó en un 50% a la generación del daño, pues como quedó evidenciado, fue su imprudencia y la inobservancia de los reglamentos la que conllevó en gran medida a su trágico deceso; el INPEC en un 25%, determinado por su deficiente cumplimiento de su obligación de vigilancia y control del personal reclusorio y la USPEC, que aunque no fuera demandada sí tuvo injerencia en la producción del fatal desenlace que hoy nos convoca a este análisis, otro 25%, en razón a la omisión en9

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GILMA ROSA LÓPEZ MURILLO Y OTROS Vs. INPEC RAD: 004-2015-00294-01 que incurrió frente a la implementación de las malla s de seguridad ya tantas veces echadas de menos.

De acuerdo con ello, la indemnización de perjuicios a cargo del INPEC corresponderá a un 25% y así será tasada.”

V. RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia el apoderado judicial de l INPEC promovió recurso de apelación contra la anterior decisión, en los siguientes términos:

“Comparte mi representada la CONCURRENCIA DE CULPAS, por un lado, la conducta imprudente y reprochable que desplegó la fecha del insuceso mortal el señor privado de la libertad Diego Fernando Rojas López (q.e.p.d.), y a parte de encontrarse ingiriendo bebidas embriagantes de fabricación artesanal (chamber) y consumiendo sustancias psicoactivas (perico), como da cuenta la testimonial jurada de su compañ ero de presidio Fabio Antonio Carmona Marín, al estar

encontrarse ingiriendo bebidas embriagantes de fabricación artesanal (chamber) y consumiendo sustancias psicoactivas (perico), como da cuenta la testimonial jurada de su compañ ero de presidio Fabio Antonio Carmona Marín, al estar presente en el lugar de los hechos, debe indicarse y ello lo pasó desapercibido el despacho que la celebración orquestada por el acá occiso era por haber logrado coronar una llamada extorsiva denominada “La Tía”; luego entonces, es apenas obvio que aquél individuo estaba violando las reglas de obligatorio cumplimiento intramural, por la comisión de un reprochable delito y ello acarrea la culpa que ponderadamente le endilgó el despacho.

También está de acuerdo mi prohijada con aquella que se le imputó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, que valga recalcar, por omisión procesal imputada a la parte actora no vinculó al presente medio de control y ello acarrea las consecuencias vistas en la parte considerativa de la decisión adoptada por la falladora de instancia; en tanto que no solo por las obligaciones enlistadas en los artículos 4° y 5° del Decreto 4150 de 2011, como por las mismas pruebas documentales y testimoniales acercadas por nuestra entidad, logra acreditarse sin lugar a dudas que la Dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario “COIBA” le hicieron múltiples requerimientos para la instalación de mallas de entre piso y evitar este tipo de fatales acontecimientos.

No obstante, cabe advertir, que también el penal hizo sus propias intervenciones con material de reciclaje y que en todo caso la citada barrera tiene por objeto

evitar este tipo de fatales acontecimientos.

No obstante, cabe advertir, que también el penal hizo sus propias intervenciones con material de reciclaje y que en todo caso la citada barrera tiene por objeto evitar los homicidios que se hacían pasar por suicidios, porque la utilización de los elementos de protección como las barandas, por ejemplo, también eran una responsabilidad de los usuarios y en este caso de las personas privadas de la libertad.

En lo que se está en total desacuerdo, es en la concurrencia de culpa atribuida al INPEC por supuesta falla en el servicio de custodia y vigilancia, argumentos en los que se contradice la Juez A quo, dado que admite de las evidencias patentizadas al interior del expediente digital que logró probarse que las unidades de guardia solo podían ejercer en horas noctu rnas los deberes contemplados en el literal c) del artículo 44 de la Ley 65 de 1993, hasta las rejas de las rotondas de cada piso alto del pabellón por medidas de seguridad; porque en ese lapso de tiempo, los reclusos deambulaban para los baños colectivos tal como lo ha prohijado la misma10

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Honorable Corte Constitucional en sentencias que fueron citadas en las alegaciones de conclusión.

Por tanto, respetuosamente, también es especulativo cuando afirma la falladora que el reproche consiste en que el personal uniformado de servicio no advirtió durante el tiempo que aquellos individuos festejaban el citado delito como lo refirió el anterior testigo presencial (Llamada extorsiva), cuando es lo cierto que de las

que el reproche consiste en que el personal uniformado de servicio no advirtió durante el tiempo que aquellos individuos festejaban el citado delito como lo refirió el anterior testigo presencial (Llamada extorsiva), cuando es lo cierto que de las deposiciones no se advirtió que tanto ruido aquellos hicieron o si desde donde se realizaba tal vigilancia bajo la mentada limitación visual aquellos podían percibir una conducta trasgresora de las reglas intramurales.

De hecho, con las declaraciones juradas de los uniformados se logró demostrar intachable el buen servicio de seguridad a punto que acontecido el siniestro de manera inmediata estaban realizando las actuaciones de rigor frente a la víctima.

Bajo esa particularidad, no estaba demostrada la corresponsabilidad del INPEC y, en ese sentido debió absolverse de la condena impuesta por la demostrabilidad que se verifica de todas las pruebas en su conjunto al punto que el mismo despacho judicial aplaude la eficiencia con la que actuaron los agentes penitenciarios en su representación.

VI. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación promovido por el extremo demandante fue admitido mediante proveído fechado el 28 de febrero de 20231; luego de notificado al agente del Ministerio Público, el 17 de abril de 2023 ingresó al Despacho para el correspondiente fallo2.

VII. CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

Dentro del término conferido, el delegado del Ministerio Público ante esta Corporación no presentó concepto.

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

Dentro del término conferido, el delegado del Ministerio Público ante esta Corporación no presentó concepto.

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

VIII.1. Competencia

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad con la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en un hecho sujeto al derecho administrativo en el que está involucrada una entidad pública.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos

1 Ver índice 004 aplicativo Samai. 2 Ver índice 009 aplicativo Samai.11

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GILMA ROSA LÓPEZ MURILLO Y OTROS Vs. INPEC RAD: 004-2015-00294-01 emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

VIII.2. Definición del recurso

Se limitará a los puntos de inconformidad planteados por el extremo demand ado en

Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

VIII.2. Definición del recurso

Se limitará a los puntos de inconformidad planteados por el extremo demand ado en contra de la sentencia del 26 de octubre de 20 22 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, conforme a lo dispuesto en el inciso 1° de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En este sentido , el apoderado judicial de l extremo demanda do insiste en que los uniformados del centro penitenciario y carcelario, para el momento en que perdió la vida el señor Diego Fernando Rojas López, actuaron de acuerdo a los parámetros de seguridad y vigilancia que les resultaban exigibles, sin que se advierta la configuración de una falla que involucre la responsabilidad del INPEC, y más bien sí está probada la culpa exclusiva de la víctima, motivo por el cual la entidad debe ser exonerada de cualquier tipo de condena.

VIII.3. Problema jurídico

Consiste en determinar si en el presente caso, acertó el a quo al concluir que existió una falla del servicio y en consecuencia le asistía responsabilidad al INPEC por la muerte del señor Diego Fernando Rojas López ocurrida el 13 de abril de 2014 mientras se encontraba recluido en el establecimiento carcelario COIBA, o si por el contrario, según lo alega el recurrente, operó el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la ví