TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2016-00099-01 (08-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-004-2016-00099-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: William Alberto González Rodríguez

Apoderado: Sirley Jazmín Media Pama

Demandado: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

Apoderado: Juan Gustavo Coronado Ricardo

Demandado: Comisión Nacional De Servicio Civil

Apoderado: Marlon Galvis Aguirre

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC Apoderado: Jhon Elmer Rojas Otálvaro Tema: Admisión en proceso de selección

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública contra la sentencia del 16 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor William Alberto González Rodríguez1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de obtener el

nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de obtener el reconocimiento de las pretensiones que se detallan a continuación.

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio del 6 de octubre de 2015, expedido por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), actuando como entidad delegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Escuela Superior de Administración Pública readmitirlo en el proceso de selección de la Convocatoria 322 de 2014, ordenar la práctica de un nuevo examen médico de electroencefalograma y, en caso de obtener un resultado favorable y cumplir con los demás requisitos exigidos, inscribirlo en la lista de admitidos para realizar el curso de ascenso al cargo de inspector jefe.

1 A través de apoderado judicial.2

Se ordene a la Escuela Penitenciaria Nacional convocarlo para adelantar los estudios correspondientes al Curso de Ascenso de la Convocatoria 322 de 2014, dirigido a proveer definitivamente los empleos de inspector e inspector jefe del INPEC.

Se condene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Escuela Superior de Administración Pública al pago de una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de los perjuicios causados.

1.1.2. Hechos

Indicó que el señor William Alberto González Rodríguez se desempeña como

mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de los perjuicios causados.

1.1.2. Hechos

Indicó que el señor William Alberto González Rodríguez se desempeña como guardián del INPEC y se inscribió en la Convocatoria 322 de 2014, orientada a proveer de manera definitiva los cargos de inspector e inspector jefe, para el cargo de inspector.

Señaló que superó el procedimiento de inscripción, efectuó el pago de los derechos de participación por valor de $658.000 y presentó la prueba psicofísica.

Manifestó que, conforme a la publicación de resultados realizada el 21 de septiembre de 2015 en la página web de la entidad, fue calificado como no apto en la valoración médica.

Expuso que la entidad SIPLAS, encargada de practicar el examen de electroencefalograma, incurrió en un error al no informarle que debía mantener los ojos completamente cerrados durante su realización.

Adujo que, frente a la calificación publicada, presentó reclamación.

Precisó que, mediante comunicado del 6 de octubre de 2015, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), actuando como entidad delegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), negó la posibilidad de controvertir el resultado del examen practicado por la entidad contratada.

Afirmó que el hecho de haber mantenido los ojos abiertos durante la realización del electroencefalograma afectó de manera significativa el resultado de la prueba.

Indicó que un nuevo electroencefalograma practicado en IDIME, sede Ibagué, arrojó un resultado normal.

Sostuvo que cuenta con la aprobación de un curso básico administrativo de trabajo

Indicó que un nuevo electroencefalograma practicado en IDIME, sede Ibagué, arrojó un resultado normal.

Sostuvo que cuenta con la aprobación de un curso básico administrativo de trabajo en alturas, que su historia clínica no registra antecedentes de epilepsia, que durante su desempeño laboral no ha presentado situaciones anómalas y que se encuentra apto para la prestación del servicio.

Manifestó que, aunque en la publicación de resultados de la prueba psicológica obtuvo una valoración de ajustado, el acto administrativo demandado señaló de manera abrupta que su perfil de personalidad no resultaba adecuado para el empleo.

Explicó que, al momento de la presentación de la demanda, ya había sido publicado el listado de aspirantes admitidos al curso de capacitación para ascenso.

Afirmó que las actuaciones descritas le causaron un perjuicio.

Finalmente, indicó que presentó acción de tutela ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual fue resuelta mediante3

sentencia del 3 de noviembre de 2015, negándose las pretensiones al existir otro medio judicial de defensa.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Escuela Superior de Administración Pública

Expresó oposición a las pretensiones de la demanda. Señaló que el demandante busca la nulidad del oficio del 6 de octubre de 2015, mediante el cual la CNSC respondió una solicitud de modificación relacionada con un acto de trámite o preparatorio, el cual n o fue expedido por esta entidad, por lo que la demanda no debió dirigirse en su contra. En consecuencia, solicitó ser excluida del proceso por

respondió una solicitud de modificación relacionada con un acto de trámite o preparatorio, el cual n o fue expedido por esta entidad, por lo que la demanda no debió dirigirse en su contra. En consecuencia, solicitó ser excluida del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por otra parte, precisó que el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 establece que no procede recurso alguno contra los actos administrativos de carácter general, ni contra los actos de trámite o preparatorios, de modo que el demandante no tenía la posibilidad de interponer recurso contra el oficio del 6 de octubre de 2015, el cual constituye un acto preparatorio del resultado final del concurso de méritos correspondiente a la convocatoria.

Afirmó que, si bien podría pensarse que el demandante podría acudir a la jurisdicción contencioso -administrativa mediante la acción de nulidad, dicha posibilidad también se encuentra restringida, en tanto se trata de un acto preparatorio. En ese sentido, c itó el auto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 15 de mayo de 2014, dictado dentro del proceso radicado bajo el número 20001-23-33-000-2013-00005-01 (20295), en el que se estableció que los actos de trámite o preparatorios no son susceptibles de control judicial a través de dicha acción.

Manifestó que la convocatoria pública a concurso de méritos realizada por las entidades estatales constituye una invitación general a los ciudadanos que reúnan las calidades y requisitos previstos en el acto administrativo de convocatoria, para que participen bajo reglas claras y previamente definidas. En este contexto, adujo que no es posible que los participantes aleguen posteriormente una modificación de

las calidades y requisitos previstos en el acto administrativo de convocatoria, para que participen bajo reglas claras y previamente definidas. En este contexto, adujo que no es posible que los participantes aleguen posteriormente una modificación de las condiciones estab lecidas. Agregó que la sola inscripción en el concurso no genera derechos adquiridos para el concursante, pues este únicamente cuenta con una expectativa de acceder al cargo si logra superar los requisitos establecidos.

1.2.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Manifestó oposición a las pretensiones de la demanda. Indicó que, en primer lugar, debe advertirse que la censura promovida por el actor se dirige directamente contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–, entidades que adelantaron conjuntamente el proceso correspondiente a la Convocatoria 322 de 2011. Señaló que la ESAP contrató al Centro de Medicina Diagnóstica –SIPLAS–, entidad que practicó al actor, en su calidad de aspirante al cargo de Inspector del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC, Código 4137 – Grado 13, la prueba psicofísica en la que fue calificado como no apto.

Explicó que, conforme a lo anterior, el demandante William Alberto González Rodríguez sostiene que la entidad SIPLAS, al practicar irregularmente -y fuera de los protocolos científicos usuales - la prueba médica denominada “electroencefalograma”, incurrió en un error en el diagnóstico, al concluir que padecía de una actividad lenta focal y epileptiforme en regiones frontales y

los protocolos científicos usuales - la prueba médica denominada “electroencefalograma”, incurrió en un error en el diagnóstico, al concluir que padecía de una actividad lenta focal y epileptiforme en regiones frontales y frontocentrales izquierdas, es decir, una epilepsia de inicio focal que -según afirma-4

nunca ha padecido, ni siquiera durante el ejercicio de sus funciones como dragoneante del INPEC.

Mencionó que dicho resultado fue publicado en la página web de la CNSC, y aunque el actor interpuso el recurso de reclamación correspondiente y aportó por su cuenta un examen similar, practicado en la entidad IDIME, que desvirtuaba el resultado de SIPLAS, las entidades demandadas mantuvieron inalterada su decisión.

Sostuvo que no se advierte irregularidad alguna imputable al INPEC, dado que las actuaciones cuestionadas son competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– y de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP.

Agregó que las decisiones administrativas adoptadas en el marco de la Convocatoria Pública 322 de 2014 gozan de presunción de legalidad, y que, a la fecha de los hechos, no se configura ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, afirmó que, de conformidad con el material probatorio aportado por la parte actora, fue el Centro de Medicina Diagnóstica –SIPLAS– quien, al parecer, aplicó de manera errónea la prueba médica cuestionada, generando un resultado equivocado al diagnosticar una epilepsia de inicio focal que no ha sido confirmada en exámenes posteriores. Refirió que, como consecuencia de dicho diagnóstico, el

aplicó de manera errónea la prueba médica cuestionada, generando un resultado equivocado al diagnosticar una epilepsia de inicio focal que no ha sido confirmada en exámenes posteriores. Refirió que, como consecuencia de dicho diagnóstico, el actor fue calificado como no apto y excluido por la CNSC del proceso de selección dentro de la Convocatoria Pública 322 de 2014, a través de la cual aspiraba a ocupar un cargo vacante en el grado de suboficial del cuerpo jerarquizado del INPEC.

1.2.3. Comisión Nacional de Servicio Civil

Expresó oposición a las pretensiones de la demanda, aduciendo que, respecto de esta entidad, aquellas carecen de sustento jurídico y respaldo probatorio. Sostuvo que el libelo no contiene manifestación alguna que comprometa, directa o indirectamente, las competencias atribuidas a la CNSC, ni señala vicio imputable a esta entidad que permita sustentar la nulidad de los actos administrativos controvertidos mediante el presente medio de control, y mucho menos de aquellos proferidos directamente por la CNSC.

Alegó que no puede predicarse irregularidad alguna en el ejercicio legítimo de las competencias conferidas por la Constitución y la ley, cuando las reclamaciones del actor giran en torno a presuntos perjuicios derivados de valoraciones médicas, y no de vicios propios de los actos administrativos cuya nulidad se solicita —los cuales, dicho sea de paso, no fueron expedidos por la CNSC —. Indicó que lo cuestionado es la legalidad de actos adoptados con fundamento en valoraciones técnicas y médicas, revestidas d e la presunción de buena fe en virtud del principio constitucional consagrado en el artículo 83 de la Carta, aplicable también a las actuaciones de esta entidad.

médicas, revestidas d e la presunción de buena fe en virtud del principio constitucional consagrado en el artículo 83 de la Carta, aplicable también a las actuaciones de esta entidad.

Explicó que la CNSC emitió sus actos dentro del marco normativo aplicable, en estricto cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y demás normas concordantes, lo cual excluye cualquier vínculo con el objeto del litigio. Señaló que, en efecto, la decisión reprochada por el actor se sustentó en un criterio médico objetivo que ni la CNSC ni la ESAP podían desestimar, máxime cuando el artículo 38 del Acuerdo 526 de 2014 establece que los resultados de las pruebas psicofísicas tienen carácter definitivo para todos los e fectos legales. Afirmó que esta regla era conocida por el actor desde el momento mismo de su inscripción en la convocatoria, y que, a pesar de ello, intenta desconocerla en esta sede procesal, pese a que dicha disposición se ajusta al artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y resulta de obligatorio cumplimiento para todos los participantes en concursos de mérito.5

Adujo que la CNSC carece de competencia para modificar, desconocer o controvertir una prueba técnica o científica, como lo es el examen médico practicado al aspirante. Indicó que, en atención al principio de mérito y con el fin de garantizar objetividad, ecuanimidad e imparcialidad para todos los participantes, esta entidad ha establecido que no es posible refutar las valoraciones realizadas por la entidad médica contratada por el operador logístico. Añadió que esta directriz se encuentra en consonancia con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, se gún el

ha establecido que no es posible refutar las valoraciones realizadas por la entidad médica contratada por el operador logístico. Añadió que esta directriz se encuentra en consonancia con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, se gún el cual las reglas de la convocatoria son de obligatorio cumplimiento para todos los intervinientes, así como con el artículo 14 del Acuerdo 526 de 2014, que en su literal h) dispone que, al momento de la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en la convocatoria y en los reglamentos del proceso.

Precisó que, según los resultados de las pruebas psicofísicas practicadas al demandante, este no cumplía con los requisitos exigidos para el empleo al que aspiraba, conforme a lo establecido en la Resolución 003360 del 11 de agosto de 2011 y en la Resoluci ón 002769 del 21 de agosto de 2014, ambas del INPEC, mediante las cuales se adoptó el profesiograma, el perfil profesiográfico y el listado de inhabilidades médicas para los cargos de Inspector e Inspector Jefe del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC.

Aseguró que, de manera infundada, el actor pretende involucrar a la CNSC en un conflicto que atañe exclusivamente a la entidad médica contratada para la realización de la prueba psicofísica, lo cual pone de manifiesto la incongruencia entre los supuestos f ácticos expuestos y las pretensiones formuladas. En el supuesto negado de que existiera alguna falla, agregó, esta sería atribuible exclusivamente a dicha entidad médica, y no a la CNSC ni a las demás entidades codemandadas.

Anotó que basta con una revisión de las normas que regulan el sistema de carrera

exclusivamente a dicha entidad médica, y no a la CNSC ni a las demás entidades codemandadas.

Anotó que basta con una revisión de las normas que regulan el sistema de carrera administrativa y los concursos públicos de mérito para concluir que no existe ningún tipo de responsabilidad atribuible a la CNSC en los hechos ni en los actos administrativos cuestionados. Al respecto, destacó:

• Que el demandante no expone causal alguna de las previstas en el artículo 137 del CPACA que permita desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos expedidos por la CNSC.

• Que los actos emitidos por la CNSC se encuentran dentro de su marco de competencia y fueron proferidos con pleno respeto por los derechos fundamentales de los aspirantes.

• Que la CNSC actuó con sujeción al principio de buena fe, conforme al artículo 83 de la Constitución, al amparo de la información suministrada por la entidad médica SIPLAS, contratada para la aplicación de la prueba psicofísica, en los términos previstos en la convocatoria, particularmente en el parágrafo primero del artículo 38 del Acuerdo 526 de 2014.

Finalmente, afirmó que ha quedado demostrado que la CNSC ha actuado, actúa y actuará conforme a la Constitución y la ley, en observancia del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, el cual debe presumirse en todas las actuaciones adelantadas por las autoridades públicas, conforme a lo reiterado por la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos.

1.3. Sentencia de primera instancia6

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia

por la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos.

1.3. Sentencia de primera instancia6

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio SN del 6 de octubre de 2015, proferido por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Comisión Nacional de Servicio Civil, a la Escuela Nacional de Administración Pública y al INPEC, según sus competencias dentro del proceso concursal adelantado con ocasión de la Convocatoria No. 322 de 2014 INPEC, que procedan a practicarle al señor WILLIAM ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, un nuevo examen, con el cual determine si el aspirante se encuentra o no apto psicofísicamente, lo que deberá realizar, confrontando no solo los exámenes y valoraciones practicados al interior del concurso, sino también y especialmente, el electroencefalograma particular aportado junto con la reclamación administrativa. Si de los exámenes que se le realicen al señor GONZALEZ RODRIGUEZ, se determina que es apto para continuar con el proceso concursal, tales entidades deberán adoptar las medidas necesarias para incluirlo dentro del mismo, previa verificación de los demás requisitos establecidos para tal efecto; si de los exám enes se determina que no es apto para el servicio se mantendrá la declaración de desvinculación del proceso de selección.

demás requisitos establecidos para tal efecto; si de los exám enes se determina que no es apto para el servicio se mantendrá la declaración de desvinculación del proceso de selección.

TERCERO: SIN CONDENA en costas.

(…)”

La autoridad judicial sustentó sus decisiones en que, mediante el Acuerdo 526 del 25 de septiembre de 2014, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó al Concurso-Curso de Ascenso para proveer en forma definitiva los cargos de inspector e inspector je fe, pertenecientes al Régimen de Carrera Penitenciaria y Carcelaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, en el marco de la Convocatoria 322 de 2014.

Indicó que se encuentra acreditado que el señor William Alberto González Rodríguez se inscribió en dicha convocatoria para el cargo de inspector y fue declarado no apto en el examen médico, con base en alteraciones detectadas en el electroencefalograma pra cticado, y que, a nte ello, el actor presentó una reclamación, aduciendo que dicho resultado no correspondía con su estado real de salud, ya que un electroencefalograma particular, realizado el 19 de septiembre de 2015 en IDIME, arrojó resultados normales.

Señaló que, al resolver la reclamación, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–, como entidad delegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil en virtud del contrato 165 de 2015, informó al actor que el único resultado válido en el proceso de selección era el emitido por SIPLAS, entidad contratada por la ESAP para realizar la prueba, y que, conforme al artículo 38 del Acuerdo 526 de 2014, dicho resultado tendría carácter definitivo para efectos legales.

el proceso de selección era el emitido por SIPLAS, entidad contratada por la ESAP para realizar la prueba, y que, conforme al artículo 38 del Acuerdo 526 de 2014, dicho resultado tendría carácter definitivo para efectos legales.

Agregó que, mediante la Resolución 2769 de 2014, el INPEC adoptó el profesiograma y perfil profesiográfico para los cargos de inspector e inspector jefe, incluyendo expresamente entre los exámenes exigidos el electroencefalograma.

También señaló que se acreditó que el señor González Rodríguez interpuso acción de tutela contra el INPEC y otros, solicitando la protección de su derecho al debido7

proceso y su inclusión en el concurso, solicitud que fue denegada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 3 de noviembre de 2015, bajo el argumento de que existían otros mecanismos de defensa judicial.

Con base en lo anterior, concluyó que dentro del proceso concursal se certificó que el actor no era apto para el cargo de inspector, conforme al resultado del electroencefalograma practicado por SIPLAS. De ello dedujo que la exclusión del concurso fue adop tada con fundamento en la valoración médica de la entidad competente, de acuerdo con las reglas del proceso de selección y el profesiograma adoptado por el INPEC.

Indicó que los demandados argumentaron que no podían valorar exámenes externos aportados con las reclamaciones, pues solo se aceptaba el dictamen de la entidad contratista. No obstante, precisó que si bien el Acuerdo 526 de 2014 establece que el único resu ltado válido es el emitido por la entidad especializada contratada, ello no excluye la posibilidad de presentar reclamaciones acompañadas

entidad contratista. No obstante, precisó que si bien el Acuerdo 526 de 2014 establece que el único resu ltado válido es el emitido por la entidad especializada contratada, ello no excluye la posibilidad de presentar reclamaciones acompañadas de pruebas que permitan controvertir dichos resultados.

Sostuvo que el Decreto 760 de 2005 faculta a los concursantes para aportar elementos de juicio en sus reclamaciones, con el fin de desvirtuar las conclusiones de la entidad evaluadora. Dijo que u na interpretación contraria implicaría desconocer el derecho al debido proceso administrativo, al limitar el derecho de defensa y contradicción frente a las pruebas practicadas por la administración.

Afirmó que la entidad encargada del proceso no podía desestimar las pruebas allegadas por el aspirante, bajo el argumento de que solo el concepto de la entidad contratada era válido, pues ello vulnera el derecho al debido proceso, particularmente los derec hos de defensa y contradicción, máxime cuando los elementos probatorios presentados tenían la potencialidad de modificar la calificación inicial.

Precisó que, en este caso, el actor controvierte la legalidad del acto administrativo que rechazó su reclamación contra la declaratoria de no apto, decisión basada en la valoración médica efectuada en el concurso. Explicó que, conforme a su historia clínica, el electroencefalograma realizado el 19 de septiembre de 2015 no mostró alteraciones, y que el resultado de dicho examen, practicado en IDIME, fue presentado junto con la reclamación administrativa.

Destacó que la respuesta de la entidad demandada no constituyó un pronunciamiento de fondo, ya que se limitó a señalar que no podía tener en cuenta

presentado junto con la reclamación administrativa.

Destacó que la respuesta de la entidad demandada no constituyó un pronunciamiento de fondo, ya que se limitó a señalar que no podía tener en cuenta el examen médico particular, sin evaluar el caso concreto ni ofrecer justificación científica que permitiera entender por qué dicho resultado no desvirtuaba el emitido por SIPLAS.

Resaltó que el examen practicado en IDIME evidenció resultados normales, como lo afirmó el actor tanto en sede administrativa como judicial.

Advirtió que si bien dicho examen no es suficiente por sí solo para desvirtuar el dictamen inicial, sí genera una duda razonable sobre su validez, por lo que resulta necesario practicar un nuevo examen al actor para establecer con certeza su aptitud psicofísica, máxime cuando los resultados del nuevo examen contradicen los del anterior y restan certeza al diagnóstico inicial.

Aclaró que esta conclusión no parte de la afirmación del actor sobre supuestas irregularidades en la práctica del primer examen, como que se le solicitó mantener los ojos abiertos, afirmación que carece de sustento probatorio, sino de la existencia de dos exámenes con resultados contradictorios.8

Determinó, finalmente, que el nuevo examen fue aportado tanto en sede judicial como durante el trámite concursal, por lo que es dable concluir que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor, al no permitírsele ejercer adecuadamente su de recho de contradicción y defensa durante la etapa de reclamaciones contra los resultados médicos de la Convocatoria 322 de 2014, por lo que, debía ordenarse la práctica de un nuevo examen que establezca su aptitud

adecuadamente su de recho de contradicción y defensa durante la etapa de reclamaciones contra los resultados médicos de la Convocatoria 322 de 2014, por lo que, debía ordenarse la práctica de un nuevo examen que establezca su aptitud psicofísica, considerando tanto las valoraciones del concurso como, especialmente, el examen particular aportado.

1.4. Recuso de apelación

1.4.1. Comisión Nacional del Servicio Civil

Esta entidad manifestó que la sentencia impugnada adolece de graves defectos sustanciales, al incurrir en errores in iudicando que afectan de manera considerable la decisión recurrida. Afirmó que estos errores constituyen el núcleo del recurso, en tanto son evidentes los yerros fácticos en que incurrió el juez al momento de resolver de fondo el medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho promovido por el demandante. Señaló que, a partir de la valoración probatoria realizada en la sentencia, emergen premisas incorrectas que condujeron a conclusiones falaces, sobre las cuales se edificó una decisión que se aparta del criterio sostenido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.

Entre dichas premisas erróneas, indicó: que la única forma de atender la reclamación sobre el resultado de la prueba psicofísica era permitiendo a los participantes practicarse un nuevo examen con cualquier otra institución médica; que la CNSC no podía imp oner como único resultado válido el certificado por la entidad contratada por el operador logístico; y que la falta de pronunciamiento médico sobre el nuevo examen aportado vulneraba el derecho al debido proceso del participante. A juicio de la apelante, estos argumentos desconocen abiertamente

entidad contratada por el operador logístico; y que la falta de pronunciamiento médico sobre el nuevo examen aportado vulneraba el derecho al debido proceso del participante. A juicio de la apelante, estos argumentos desconocen abiertamente el precedente constitucional contenido en las sentencias SU -040 de 1995, SU-913 de 2009, SU -446 de 2011 y SU -354 de 2017, sin atender el rigor que exige su inaplicación, y sustentan la decisión en un análisis descont extualizado de fallos de tutela, que por su naturaleza intuito personae no resultan vinculantes ni pueden prevalecer sobre los precedentes que protegen las reglas de convocatoria en los concursos de méritos.

Cuestionó que, a pesar de lo anterior, la juez de primera instancia haya ordenado la práctica de un nuevo examen psicofísico al demandante y su valoración comparativa con el practicado por SIPLAS y el aportado por fuera del concurso, decisión que, además de ilegal, atentaría contra los principios rectores de la carrera administrativa y del mérito. Sostuvo que el fallo desconoce la realidad procedimental del concurso, particularmente al referirse a la supuesta reclamación del demandante sin considerar las reglas de la convocatoria, y atribuyendo a la ESAP y a la CNSC una vulneración del derecho de defensa y contradicción que, a su juicio, no se configura. Resaltó que existe prueba en el expediente de la respuesta legal y técnica emitida frente a la reclamació n presentada, lo cual evidencia que no era posible desconocer el resultado emitido por la entidad especializada contratada para la prueba, ni acoger uno expedido por una entidad ajena al proceso, conforme al

emitida frente a la reclamació n presentada, lo cual evidencia que no era posible desconocer el resultado emitido por la entidad especializada contratada para la prueba, ni acoger uno expedido por una entidad ajena al proceso, conforme al artículo 38 del Acuerdo de Convocatoria 322 de 2 014, que establece de manera expresa que el único resultado válido es el emitido por la entidad contratada para tal fin.

Afirmó que aceptar la tesis de la juez permitiría a cualquier participante presentar exámenes posterior