TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2017-00189-02 (27-02-2025)
Detalles
- Título
- TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2017-00189-02 (27-02-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Tolima
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez
Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicación Nº.: 73001-33-33-007-2017-00189-02
Número Interno: 659-2022
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Demandante: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
I. ASUNTO
Procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el pasado 24 de junio de 2022 , mediante la cual accedió parcialmen te a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
1. Pretensiones1
Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio EMP.013/2017 del 26 de enero de 2017, por medio del cual se niega el pago de los gastos de representación, los salarios, cesantías e intereses de cesantías del año 2014, las cesantías e intereses de las cesantías del año 2013 y la bonificación de servicios.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las siguientes acreencias laborales:
CONCEPTO VALOR Gastos de representación diciembre 2013 $748.000 Cesantías 2013 (saldo no consignado) $1.504.947 Intereses a las cesantías 2013 $183.105 Bonificación por servicios prestados $1.134.700 Salario enero 2014 $227.329
Cesantías 2013 (saldo no consignado) $1.504.947 Intereses a las cesantías 2013 $183.105 Bonificación por servicios prestados $1.134.700 Salario enero 2014 $227.329 Cesantías 2014 $22.130 Intereses a las cesantías 2014 $1.23
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N I: 659-2022
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DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE L ÉRIDA - EMPOLÉRIDA
Que se disp usiera el pago de intereses de mora sobre las sumas indicadas anteriormente, equivalentes al doble de interés bancario corriente vigente al momento de la fecha en que debía realizarse el pago y hasta cuando este se haga efectivo.
Que se ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno y adecuado de las cesantías de los años 2013 y 2014.
2. Fundamentos fácticos2:
Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos relevantes que se sintetizan así:
1. Que el señor Ricardo Bustos Arroyave laboró al servicio de EMPOL ÉRIDA en el cargo de Gerente desde el 02 de enero de 2012 hasta el 02 de enero de
2014.
2. Que a la terminación del vínculo laboral, la empresa EMPOLÉRIDA le
en el cargo de Gerente desde el 02 de enero de 2012 hasta el 02 de enero de 2014.
2. Que a la terminación del vínculo laboral, la empresa EMPOLÉRIDA le adeuda al demandante las siguientes acreencias: i) Salarios de noviembre y diciembre de 2013, ii) gastos de representación de diciembre de 2013, iii) cesantías de 2013, iv) intereses a las cesantías 2013, v) vacaciones 2013, vi) prima de vacaciones 2013, vii) bonificación por servicios prestados, viii) salario enero de 2014, ix) cesantías 2014 e intereses a las cesantías 2014.
3. Que el 14 de marzo de 2014, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, y el 10 de abril de 2014 la entidad emitió respuesta en la cual indicó: “la presente es con la finalidad se acerca (SIC) y coordinar con la empresa en la fecha que se señale de mutuo acuerdo para la entrega de la información que se encuentra pendiente y entregar el pago de su liquidación, no obstante, me permito informarle que el pago de sus cesantías fue consignado el día 14 de febrero de 2014, en el fondo por usted señalado”.
4. Que en cuanto a las cesantías del año 2013, la empresa consignó $2.459.361, suma inferior a la que c orrespondía, además no le pagaron las acreencias laborales y tampoco le consignaron las cesantías del año 2014.
5. Que el 4 de marzo de 2016, la parte actora remitió una nueva petición reiterando el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, a la que la
laborales y tampoco le consignaron las cesantías del año 2014.
5. Que el 4 de marzo de 2016, la parte actora remitió una nueva petición reiterando el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, a la que la parte demandada emitió respuesta el 01 de abril de 2016, en donde no negó ni reconoció expresamente el valor de las prestaciones, sino que se limitó a solicitar una información.
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DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE L ÉRIDA - EMPOLÉRIDA
6. Que el 03 de agosto de 2016, el demandante insistió nuevamente en el pago, y el 25 de agosto de 2016 la empresa informó lo siguiente: “una vez recibidos los documentos que soporten su petición entraremos a liquidar la misma y realizar el pago, esperamos que dichos documentos sean allegados dentro del mes siguiente al recibo de la presente comunicación”.
7. Que el 15 de noviembre de 2016 , el demandante insistió nuevamente en la solicitud de pago y precisando el concepto, valor y los días de mora, y el 06 de diciembre de 2016 la empresa requirió al señ or Bustos para que allegara los soportes de las acreencias reclamadas.
8. Que el 04 de enero de 2017, el demandante solicitó que se diera respuesta de fondo y efectiva a la solicitud de pago, manifestando que los soportes de
los soportes de las acreencias reclamadas.
8. Que el 04 de enero de 2017, el demandante solicitó que se diera respuesta de fondo y efectiva a la solicitud de pago, manifestando que los soportes de legalización de los gastos estaban en custodia de la entidad.
9. Que el 26 de enero de 2017, EMPOL ÉRIDA dio respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento y pago de los salarios.
10. Que el 10 de febrero de 2017 y el 25 de mayo de 2017, el demandante solicitó a la empresa: el certificado de tiempo de servicios y salarios devengados, copia auténtica del Oficio EMP 03 2017 con constancias de notificación y ejecutoria, copia del acta de junta que fijó las bonificaciones por servicios y los gastos de representación para el cargo de Gerente dur ante 2013 y 2014, sin obtener respuesta.
3. Normas violadas y concepto de violación
Señaló como normas violadas los artículos 42, 43 y 45 del Decreto 1042 de 1978, artículo 99 de la Ley 50 de 199 9, artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y artículo 88 de la Ley 1328 de 2009.
Como concepto de violación el apoderado judicial manifestó que se configuró una violación directa de la ley, pues los gastos de representación que fueron contemplados por el Gerente de la entidad los dejó de percibir en el mes de diciembre de 2013 , además consideró que al demandante no le correspondía aportar los documentos que soportasen los gastos dado que estos estaban establecidos en un monto fijo mensual.
diciembre de 2013 , además consideró que al demandante no le correspondía aportar los documentos que soportasen los gastos dado que estos estaban establecidos en un monto fijo mensual.
Respecto a las cesantías indicó que estas debían ser pagadas al trabajador, dado que el vínculo laboral culminó antes de la fecha de giro de estas al fondo de cesantías, y que para el año 2013 se consignó un valor menor al que correspondía, así mismo manifestó, que para el año 2014 no se efectuó el pagoPágina No. 4
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pese a tener derecho a ellas, así el demandante hubiese laborado 3 días durante ese año.
Ahora bien, indicó que la entidad demandada negó la bonificación por servicios porque según ellos no existió tal derecho en favor del solicitante, dado que no cumplió con los presupuestos estipulados en el artículo 10 del Decreto 199 de 2014, sin embargo, argumentó que dicha norma no le resulta aplicable al señor Bustos Arroyave en razón a que las pres taciones reclamadas se causaron con anterioridad a la norma invocada.
Por último, con relación a los intereses de mora, señal ó que transcurrieron cerca de tres años sin que se haya realizado el pago de las acreencias laborales, por lo que tiene derecho al reconocimiento del valor de los intereses moratorios.
4. - Contestación de la demanda3.
cerca de tres años sin que se haya realizado el pago de las acreencias laborales, por lo que tiene derecho al reconocimiento del valor de los intereses moratorios.
4. - Contestación de la demanda3.
4.1. Empresa de Servicios Públicos de Lérida - EMPOLÉRIDA
Mediante apoderado judicial la entidad accionada contestó oponiéndose a todas las pretensiones solicitadas, afirmando que las mismas no encuentran respaldo en la legalidad ni en la realidad de los hechos y probanzas, y propuso las siguientes excepciones de mérito:
- Pago: Manifestó que la entidad EMPOLÉRIDA en su momento, efectuó el pago total de todos los derechos laborales y/o prestacionales presuntamente a cargo del demandante, teniendo como prueba los soportes de liquidación y pago durante la relación laboral.
- Prescripción extintiva trienal y exigibilidad de emolumentos económicos temporales pretendido: Argumentó que la entidad pagó en debida forma todos los derechos laborales y, que el interesado no acudió oportunamente en abril de 2016 ante la jurisdicción para hacer efectivas las pretensiones, por lo que para la fecha de presentación de la demanda los derechos y/o acciones salariales y prestacionales ya est aban extintos por prescripción.
- Estricta aplicación del principio “nemo auditur propiam turpitudinem allegans”- incumplimiento de deberes funcionales propios del cargo de gerente – ordenador del gasto de la entidad desde los años 2012 al 01 de enero de 2014ausencia de elementos estructurales de responsabilidad: Manifestó que e l señor Bustos Arroyave efectuó en d ebida forma los
gerente – ordenador del gasto de la entidad desde los años 2012 al 01 de enero de 2014ausencia de elementos estructurales de responsabilidad: Manifestó que e l señor Bustos Arroyave efectuó en d ebida forma los
3 Índice 019 SAMAI - Primera InstanciaPágina No. 5
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pagos correspondientes del personal que integra la nómina, por lo que, si existieron presuntos saldos pendientes de pago por acreencias laborales, ello se derivó a que omitió sus deberes funcionales de preverlos dentro de los presupuestos anuales de la entidad.
Por lo tanto, consideró que e l presunto daño reclamado no es antijuridico, dado que fue su propia actuación culposa, negligente e imprudente la causa del mismo.
Además, se pronunció respecto a cada una de las acreencias laborales reclamadas por el demandante, e indicó lo siguiente:
a. A los Gastos de Representación: Consideró que el accionante presentó de manera extemporánea la demanda dado que esta se radicó el 23 de junio de 2017 y la relación laboral del demandante se terminó desde el 01 de enero de 2014, por tal motivo, argumentó que se configuró la prescripción extintiva de los derechos laborales.
b. Pago de las cesantías: Consideró que era incorrect o que el accionante
de 2014, por tal motivo, argumentó que se configuró la prescripción extintiva de los derechos laborales.
b. Pago de las cesantías: Consideró que era incorrect o que el accionante reclamara el pago de las cesantías, debido a que EMPOLÉRIDA E.S.P. pagó de manera oportuna y en debida forma las cesantías del demandante, tal y como lo demuestra el documento de consignación de las Cesantías de la nómina realizada por la entidad el 14 de febrero de 2014.
c. Sanción moratoria por no pago de cesantías: Reiteró que la entidad demandada efectuó de manera oportuna y en debida forma el correspondiente pago de las cesantías, por tanto, consideró que no hay lugar a dicha pretensión.
d. Bonificación por servicios: Argumentó que el sr. Bustos Arroyave debió prever dicho emolumento económico temporal y ej ecutarlo de manera oportuna en su momento, por tanto, la omisión de sus deberes funcionales las debe asumir única y exclusivamente la parte actora y no la empresa.
e. Intereses de Mora: Argumentó que como todos los emolumentos económicos temporales pretendidos por la parte actora fueron pagados de manera oportuna no hay lugar a reconocer los intereses de mora por ningún concepto.
4.2. Llamado en Garantía - Rubiel Tafur Villarreal
La apoderada se opuso a las pretensiones de la demanda , debido a que consideró que el demandante está actuando temerariamente, promoviendoPágina No. 6
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N I: 659-2022
consideró que el demandante está actuando temerariamente, promoviendoPágina No. 6
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DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
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pleitos sin justificación alguna, y al reclamar una sanción moratoria inaplicable, además indicó que la entidad demandada ha demostrado que actuó de buena fe.
Por consiguiente, propuso las siguientes excepciones de fondo:
- Pago: Argumentó que n o existió un monto a reclamar, pues como se probó en los documentos allegados, los pagos reclamados corresponden a emolumentos que nunca se causaron.
- Buena fe – improcedencia del cobro de sanciones: Expresó que los cobros que realizó el demandante ya fueron cancelados, por lo que de haber algún reproche depende exclusivamente de la relación contractual y no de la mala fe, pues siempre se le indicó al demandante la posibilidad de probar sus argumentos respecto a lo reclamado.
Además, indicó que l os actos fueron emitidos con presunción de legalidad y lo serán hasta tanto se demuestre lo contrario, la sanción moratoria por no pago de cesantías no opera de manera automática, sino que se debe analizar la buena fe a fin de determinar su procedencia.
- Presunción de legalidad – indebida elección del cargo y falta de prueba de la nulidad: Expresó que hasta que no se probar a una de las causales de nulidad estará frente a un acto válido, y la causal de violación directa
- Presunción de legalidad – indebida elección del cargo y falta de prueba de la nulidad: Expresó que hasta que no se probar a una de las causales de nulidad estará frente a un acto válido, y la causal de violación directa de la ley no ha sido debidamente elegida, pues no se ha utilizado una norma ajena al ordenamiento para emitir los actos administrativos, y no existe documento que pruebe la violación de las condici ones de las normas invocadas, e indicó que la causal que debió haber invocado el demandante correspondió a una posible falsa motivación, partiendo de que los hechos controvierten la actuación de la Gerencia, y que la entidad no tuvo en cuenta los hechos qu e para el demandante eran reales.
- Caducidad: Arguyó que el demandante había dejado pasar más de los 4 meses desde que le fue comunicada la contestación al derecho de petición, y si bien la demanda fue interpuesta con base en la respuesta Oficio No. 013 de 2017, lo cierto es que esta no es más que una reiteración de lo indicado en múltiples actos administrativos anteriores.
- Prescripción: Indicó que lo que se reclama incluye prestaciones de los años 2013 y 2014, las cuales a la fecha estarían prescritas, pues desde la fecha de consolidación de los derechos hasta la interposición d e la
demanda se habría vencido ostensiblemente el plazo de 3 años.Página No. 7
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4.- La Sentencia Apelada4.
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, a través de la sentencia del 24 de junio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda considerando , que no se configuró la sanción moratoria por no pago oportuno de las cesantías.
El a-quo profirió la decisión de la siguiente forma:
- Gastos de representación: Indicó que, los factores salariales previstos en el artículo 42 del Decreto 1048 de 1978, el Gobierno Nacional otorga a los empleados públicos del nivel territorial diversos auxilios y prestaciones, como transporte, alimentación, viáticos y prima de servicios , s in embargo, estos gastos solo se reconocen a gobernadores y alcaldes, y el del señor Bustos Arroyave, al haber sido gerente de una entidad descentralizada no tiene derecho a los gastos de representación conforme a la Ley 4 de 1992.
- Bonificación de servicios: Expresó que, el demandante no tenía derecho al reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, dado a que en el Decreto 1919 de 2002 extendió el régimen de prestaciones sociales a los empleados públicos del orden territorial , sin embargo, no existió sustento legal para reconocerlo dado que el Gobierno Nacional es el único competente para crear o extender prestaciones sociales o salariales al orden territorial.
los empleados públicos del orden territorial , sin embargo, no existió sustento legal para reconocerlo dado que el Gobierno Nacional es el único competente para crear o extender prestaciones sociales o salariales al orden territorial.
- Cesantías: El a-quo argumentó que las cesantías anualizadas son una prestación imprescriptible, por lo que la liquidación de las cesantías del año 2013 se debió realizar el 31 de diciembre de 2013, con un plazo máximo hasta el 14 de febrero de 2014 para la consignación al fondo, sin embargo, como el demandante se desvinculó el 03 de enero de 2014 no se puede considerar que las cesantías del año 2013 son anualizadas.
Indicó que, conforme a lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado , las cesantías son una prestación social de carácter especial constituyéndose como un ahorro forzado para el trabajador y, que dicha prestación debe ser pagada al empleado al finalizar su relación laboral , por lo que cuando un servidor público haya terminado su relación laboral se le debe pagar las cesantías que tiene derecho conforme a lo establecido en la Ley 244 de 1995.
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DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE L ÉRIDA - EMPOLÉRIDA
Por tanto, el auxilio de cesantía del año 2013 y la fracción del año 2014
DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE L ÉRIDA - EMPOLÉRIDA
Por tanto, el auxilio de cesantía del año 2013 y la fracción del año 2014 corresponden a unas cesantías definitivas , por lo que la entidad demandada tenía la obligación de realizar el reconocimiento y pago del auxilio de las cesantías al momento del retiro del señor Bustos Arroyave, que fue el 03 de enero de 2014, sin embargo, EMPOLÉRIDA no reconoció el auxilio de cesantías correspondiente a los años 2013 y 2014 al momento del retiro de la parte actora, por lo que el demandante radicó la solicitud de reconocimiento y pago d e su liquidación el 14 de marzo de 2014, por tanto la accionada contaba con 15 días hábiles para proferir el acto administrativo que era hasta el 17 de abril de 2014.
Determinó que la entidad demandada realizó el pago de las cesantías el 14 de febrero de 2014 por el valor de $2. 459.361, es decir que cumplió con el pago dentro del término otorgado para el pago de las cesantías definitivas, sin embargo, la parte actora indicó que el valor consignado no corresponde a lo que se debía consignar al considerar pendiente el saldo de $1.504.947.
Por lo que, para liquidar el auxilio de cesantía del año 2013 , EMPOLÉRIDA debía tomar como base el último sueldo, así como los factores salariales descritos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 , dado que el demandante percibía una asignación mensual de $2.494.000
EMPOLÉRIDA debía tomar como base el último sueldo, así como los factores salariales descritos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 , dado que el demandante percibía una asignación mensual de $2.494.000 dicha cifra se constató en la respuesta del 01 de abril de 2016 y las planillas de pago de nómin a aunque en la certificación laboral se mencionó un salario de $2.245.407, el a-quo tomó el primer valor dado, que este fue el pagado al demandante , as í mismo, indicó que el señor BUSTOS ARROYAVE percibió la prima de servicios semestral por el valor de 1.247.000 y prima navideña por $2.494.000.
En consecuencia, el a-quo concluyó que al demandante se le consignó un valor menor al salario percibido en el añ o 2013, adicionalmente se debía tener en cuenta las doceavas partes de las prestaciones anteriormente enunciadas y la porción correspondiente al año 2014, por lo que EMPOLÉRIDA efectuó el pago dentro del término, pero fue incompleto.
Indicó que no operó el fenómeno de la prescripción dado que el accionante elevó la solicitud de reconocimiento del auxilio de cesantías el 15 de noviembre de 2016, interrumpiendo el término prescriptivo que era hasta el 15 de noviembre del 2019, que la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 23 de febrero de 2017, que la certificación de agotamiento fue expedida el 16 de mayo de 2017 y acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa el 12 de junio de 2017.Página No. 9
23 de febrero de 2017, que la certificación de agotamiento fue expedida el 16 de mayo de 2017 y acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa el 12 de junio de 2017.Página No. 9
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- Intereses a las cesantías: Expresó que conforme a la Ley 50 de 1990 el empleador debe cancelar los intereses legales del 12 % anual o proporcionales por fracción, pagándolos a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su causación , sin embargo, en el material probatorio no se acreditó el pago de dichos intereses los cuales debían ser pagados hasta el 31 de enero de 2014, y la entidad demandada debía reconocer los que se causaron del año 2013 y la fracción correspondiente de los 2 días del año
2014.
- Salario del mes de enero de 2014: Indicó que el demandante laboró 2 días del mes de enero de 2014 al servicio de EMP OLÉRIDA, contrario a lo manifestado por la demandada , y recalcó que aun así la renuncia del señor BUSTOS ARROYAVE se hubiera radicado el 26 de diciembre de 2013, la certificación expedida por la misma entidad acreditó que su desvinculación fue a partir del 03 de enero de 2014, y si bien la demandada allegó un oficio este no se tomó como el acto administrativo que aceptó
2013, la certificación expedida por la misma entidad acreditó que su desvinculación fue a partir del 03 de enero de 2014, y si bien la demandada allegó un oficio este no se tomó como el acto administrativo que aceptó la renuncia, por lo que el a-quo tomó como fecha de retiro el 03 de enero de 2014 , es decir que el demandante laboró 2 días al servicio de EMPOLÉRIDA razón por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de ese periodo laborado.
- La sanción moratoria no pago oportuno de las cesantías: Argumentó que esta sanción no castiga los errores en los que puede caer una liquidación de pago de cesantías, sino el retraso del pago en su oportunidad legal , por lo que declaró la prosperidad únicamente de las pretensiones relacionadas con el pago faltante de las cesa ntías, intereses a las cesantías y el valor correspondiente a la fracción del salario del mes de enero de 2014 ; en consecuencia , declaró la nulidad parcial de l A cto Administrativo contenido en el Oficio EMP.013/207 del 26 de enero de 2017, expedido por EMPOLÉRIDA .
Además, ordenó pagar la indexación de los valores no percibidos por concepto de acreencias laborales del demandante, conforme lo previsto en el artículo 187 del C.P.A.C.A., y declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada denominadas: i) Pago y prescripción extintiva trienal y ii) Exigibilidad de emolumentos económicos temporales pretendidos , dado que se probó que la entidad demandada no realizó de mane ra adecuada la liquidación de las cesantías.
- Del llamamiento en garantía : Expresó que el llamamiento en garantía
Exigibilidad de emolumentos económicos temporales pretendidos , dado que se probó que la entidad demandada no realizó de mane ra adecuada la liquidación de las cesantías.
- Del llamamiento en garantía : Expresó que el llamamiento en garantía que se formuló en contra del señor RUBIEL TAFU R, fue sustentado en el hecho de que este en su condición de gerente de la Empresa de servicios, fue el encargado de atender las peticiones del demandante referentes al pago de las acreencias laborales del demandante a laPágina No. 10
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DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE L ÉRIDA - EMPOLÉRIDA
finalización de su vínculo laboral e indicó que dentro del material probatorio no se demostró que el señor RUBIEL obró con dolo o culpa grave.
Por lo anterior resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de “PAGO y PRESCRIPCION EXTINTIVA TRIENAL Y EXIGIBILIDAD DE EMOLUMENTOS ECONOMICOS TEMPORALES PRETENDIDOS” propuesta por la parte demandada, conforme a lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del oficio EMP.013/2017 de 26 de enero de 2017, por medio del cual se negó el pago del reajuste o la suma no pagada por concepto de cesantías de los años 2013 y 2014, el reconocimiento y pago de los
de 2017, por medio del cual se negó el pago del reajuste o la suma no pagada por concepto de cesantías de los años 2013 y 2014, el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías de los años 2013 y 2014, y el pago de la fracción correspondiente a los días laborados en el mes de enero de 2014.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad demandada EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA, reconocer y pagar las sumas adeudadas al demandante por concepto del pago inexacto de las cesantías de los años 2013 y 2014, los intereses a las cesantías de los años 2013 y 2014, y el salario correspondiente a los días laborados en el mes de enero de 2014, conforme a lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. Sumas que se ajustarán en los términos del artículo 187 de la ley 1437 de 2011.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Absolver al llamado en garantía.
SEXTO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA. Por secretaría procédase a su liquidación, para ello se fijan como agencias en derecho el equivalente al tres por ciento (3%) de la cuantía de las pretensiones de la demanda
SEPTIMO: En firme la presente sentencia, ARCHÍVESE la actuación”.
5.- El Recurso de Apelación5.
Oportunamente el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó la revocatoria del ordinal Cuarto
5.- El Recurso de Apelación5.
Oportunamente el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó la revocatoria del ordinal Cuarto del fallo de primer grado y, en consecuencia, la adopción de una decisión que reconociera el pago de las cesantías causadas en el año 2014 , la sanción moratoria por el no pago oportuno y los intereses correspondientes.
5 Índice 037 SAMAI – Primera InstanciaPágina No. 11
RAD. 73001-33-33-007-2017-00189-02
N I: 659-2022
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: RICARGO BUSTOS ARROYAVE
DEMANDADO: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE L ÉRIDA - EMPOLÉRIDA
Discrepó de las conclusiones d adas por el a-quo, ya que consideró que si se podía haber manifestado y allegado el pago de cesantías que tenía derecho el actor, dado que el desembolso que se dijo efectuado para el año 2013 como lo indica la respuesta a la petición del 27 de enero de 2017 en su numeral 4° “Planilla de pago de cesantías – 14 febrero 2014”, que le sigue por un valor de $ 2.459.361,oo ( pago al parecer hecho el 14 de febrero de 2014 ) ”, no se probó en ningún momento por la fracción laborada del año 2014, se hubiera realizado erogación alguna por esa prestación que era cesantías e intereses de las mismas del año 2014.
Además, argumentó que en la planilla de pago de cesantías del 14 de febrero de
erogación alguna por esa prestación que era cesantías e intereses de las mismas del año 2014.
Además, argumentó que en la planilla de pago de cesantías del 14 de febrero de 2014 el cual cubría las cesantías del año anterior se indicó como salario del señor BUSTOS ARROYAVE la suma de $2.459.361 y el monto de las cesantías debía tener la misma suma, por ende ningún otro pedido diferente del año 2014 fue contemplado y programad o a pagar, haciendo evidente que el tiempo laborado el año 2014 no se canceló de manera tardía, fraccionada ni parcialmente cesantía alguna, incurriendo en la anomalía que hace efectiva la sanción moratoria reclamada.
Por último, manifestó que e s evidente la falla cometida por EMPOLÉRIDA al no pagar las cesantías correspondientes al año 2014 , dado que no probó con debida claridad los registros claros y fidedignos del proceder laboral del demandante durante el periodo del año 2014.
III.
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