TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2019-00401-01 (27-02-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-007-2019-00401-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandante: Angelica María Núñez Ramírez.

Apoderado: Jaime Augusto Rico Lezama.

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Apoderado: María del Pilar Bernal Caro.

Tema: Primacía de la realidad sobre las formalidades - contrato realidad.

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 23 de agosto de 2022 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que denegó las pretensiones contenidas en el escrito introductorio.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Angelica María Núñez Ramírez 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra servicio nacional de aprendizaje – SENA, y solicitando la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

1.1.1. Pretensiones

se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio n úmero 73-22019-006389 de fecha 06 de junio de 2019, expedido por el servicio nacional de

1.1.1. Pretensiones

se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio n úmero 73-22019-006389 de fecha 06 de junio de 2019, expedido por el servicio nacional de aprendizaje - SENA y suscrito por el director regional del Tolima, en el cual se le niega a Angélica María Núñez Ramírez , identificada con la cédula de ciudadanía 65.631.316, la relación laboral como docente - instructor de esa entidad, durante el periodo laborado y el reconocimiento a las prestaciones económicas de orden legal y reglamentarias, al configurarse los elementos facticos y jurídicos para predicar su existencia, sobre la modalidad de prestación de servicios en que laboró como instructora.

Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, solicita:

1 Por medio de apoderado.2

Declarar la existencia de una relación laboral (contrato realidad) entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y la señora Angélica María Núñez Ramírez , identificada con la cédula de ciudadanía 65.631.316, durante el periodo laborado como docente - instructor, comprendido entre el 05 de mayo de 2009 hasta la actualidad.

Se condene al servicio nacional de aprendizaje - SENA a liquidar y pagar a Angélica María Núñez Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía 65.631.316, las prestaciones sociales comunes (legales y reglamentarias), debidamente indexadas; teniendo en cuenta el salario devengado por el demandante, durante el periodo de vinculación laboral como instructor; tal como devengaban los funcionarios instructores de dicha entidad , debiendo cancelar las siguientes prestaciones

teniendo en cuenta el salario devengado por el demandante, durante el periodo de vinculación laboral como instructor; tal como devengaban los funcionarios instructores de dicha entidad , debiendo cancelar las siguientes prestaciones económicas: subsidio mensual de alimentació n, prima de servicios de junio, prima de navidad, sueldo por vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de servicios de diciembre, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios prestados, bonificación prima de servicios quinquenal.

Se ordene a la entidad demandada a p agar a la demandante la sanción moratoria por el no pago de la consignación de las cesantías en un fondo como lo ordena la ley, a partir del 15 de febrero de 2010, han trascurrido 485 días, por lo que se estima en $365.151.262 pesos, obligación que surge a partir de la sentencia que reconozca esta prestación económica.

Se ordene que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192 y 193 de la Ley 1437 de 2011.

Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada

1.1.2. Hechos. 2

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

Angelica María Núñez prestó sus servicios como instructor contratista del servicio nacional de aprendizaje - SENA, impartiendo formación profesional en el área de pecuaria desde el 5 de mayo de 2009 hasta la actualidad (2019).

El trabajo lo desempeñó de manera personal y subordinado, con el que se benefició directamente al SENA, en cumplimiento a lo ordenado en los lineamientos, diseños curriculares, guías de aprendizaje y cronogramas desarrollados en los diferentes

El trabajo lo desempeñó de manera personal y subordinado, con el que se benefició directamente al SENA, en cumplimiento a lo ordenado en los lineamientos, diseños curriculares, guías de aprendizaje y cronogramas desarrollados en los diferentes horarios y supervisados por los directivos de la entidad, (entre ellos: la coordinación académica, coordinación misional y subdirectora del centro.)

Durante los perio dos de vinculación contractual que ha tenido con el SENA como instructor: recibe una remuneración mensual promedio como contraprestación por sus servicios personales y subordinados.

La demandante prestó sus servicios en el Sena Regional Tolima desde el 5 de mayo de 2009 hasta la actualidad (2019).

El SENA es quien define el objeto y el cargo en los contratos de prestación de servicio, reiteró que el servicio que presta es personal, subordinado, remunerado, cumpliendo un horario, dirigido, supervisado y co ordinado por la entidad

2SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 documento 001CuadernoPrinicipal.pdf página 114 – 120.3

demandada. Agregó que el SENA fue la entidad que la contrató por medio de los contratos de prestación de servicios, realizó las adiciones, definió cuánto dinero se iba a pagar en los contratos y hasta qué fecha iba a trabajar según los contratos.

La entidad demandada le dio órdenes e instrucciones verbales y escritas sobre que debía hacer, es decir la formación, siguiendo los proyectos formativos, guías de aprendizaje establecidas por la coordinación académica, misional y la subdirección del centro de formación.

debía hacer, es decir la formación, siguiendo los proyectos formativos, guías de aprendizaje establecidas por la coordinación académica, misional y la subdirección del centro de formación.

El SENA por medio de escrito manifestó que debía prestar sus servicios cumpliendo con directrices de seguimiento desde la asignación de horarios, aulas, competencias y resultados de aprendizaje, horas específicas de las clases, fechas de inicio y terminación de las fases del proyecto formativo, la coordinación académica vigila el cumplimiento de horarios y lineamientos mencionados y llamaba la atención ante el incumplimiento de los mismos.

La demandante realizó visitas a todos los aprendices en la etapa productiva, según cronograma que entregaba el coordinador académico, y debía consignar los resultados en un formato especial que es diseñado y ordenado por la entidad, así como también, debía emitir los juicios evaluativos en el aplicativo SOFIA PLUS.

Mencionó que todos los días recibía órdenes e instrucciones para laborar por parte de los supervisores, coordinadores académicos y parte de otros instructores vinculados del SENA, en los diferentes equipos de desarrollo curr icular, equipos pedagógicos, equipos de investigación, equipos de autoevaluación, equipos de registro calificado, equipos de calidad.

Reseñó que debía cumplir un horario de trabajo, para impartir la formación profesional integral ordenada para los grupos de aprendices en diferentes turnos, diurnos, nocturnos, sábados y algunos festivos, según las necesidades del servicio, en las instalaciones del SENA o en los lugares dispuestos por la entidad, en cumplimiento del cronograma enviado por la coordinación académica que dependía de la subdirección del Centro de formación.

en las instalaciones del SENA o en los lugares dispuestos por la entidad, en cumplimiento del cronograma enviado por la coordinación académica que dependía de la subdirección del Centro de formación.

Durante los años que laboró, se le exigía cada mes el comprobante de pago de seguridad social. Los horarios y directrices las debía imprimir del aplicativo Sofia Plus, para proceder a consignar el salario mes a mes, advirtió que no hubo solución de continuidad entre la terminación de un contrato y la firma del otro, excepto por las vacaciones de fin de año, que disfrutan los instructores de planta.

Concluyó recalcando que se le adeudan prestaciones laborales comunes y ordinarias a las que tenía derecho al configurarse la relación laboral de un contrato realidad, como también a que se le restituyan los aportes de salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensació n, la devolución de los descuentos efectuados por rete fuente, y como considera que fue despedida injustamente, tiene derecho a la indemnización por despido injusto.

La demandante presentó reclamación administrativa el 3 de mayo de 2019, solicitando el re conocimiento de una relación laboral y demás prestaciones comunes y ordinarias como extralegales que devengan los instructores vinculados de planta del SENA, frente a la cual la entidad dio respuesta negativa el 6 de junio de 2019.4

1.2. Contestación de la demanda3

Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda, explicó que no hay lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo que n egó el reconocimiento de la vinculación laboral, en cuanto se han suscrito contratos de

Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda, explicó que no hay lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo que n egó el reconocimiento de la vinculación laboral, en cuanto se han suscrito contratos de prestación de servicios, relación que goza de total validez por lo que, al no existir relación laboral, no hay lugar al pago de emolumentos y prestaciones. Mencionó que, en el caso en concreto no hay prueba de que exista subordinación o dependencia frente a la entidad demandada, los contratos fueron suscritos de manera temporal, por periodos de tiempo específicos y para cubrir necesidades específicas sin existencia de continuidad. Señaló que los contratos administrativos de prestación de servicios presentados con la demanda y suscritos por la demandante con la entidad de servicio nacional de aprendizaje, no reúnen las condiciones para considerarse como empleo público, porque las actividades nacen de un acuerdo de voluntades y no de la Constitución, la ley u reglamento , de modo que la accionante contratista no es una empleada pública, porque no existe nombramiento ni posesión para el establecimiento del vínculo con la entidad contratante. Coligió que no existe ilegalidad del acto administrativo del cual se pretende la nulidad, debido a que los contratos de prestación de servicios están regulados por la Ley 80 de 1993, de modo que en el oficio 73-2-2019006389 de fecha 6 de junio de 2019, a través del cual se dio respuesta a la solicitud de la accionante se le explicó la modalidad valga decir, contrato de prestación de servicios y su naturaleza eminentemente contractual. Solicitó la prescripción de toda suma u obligación que pueda resultar probada, y que

explicó la modalidad valga decir, contrato de prestación de servicios y su naturaleza eminentemente contractual. Solicitó la prescripción de toda suma u obligación que pueda resultar probada, y que se haya hecho exigible con anterioridad a tres años. 1.3. Sentencia de primera instancia.4

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 23 de agosto de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción denominada “LEGALIDAD DEL ACTO DEMANDADO” propuesta por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Por secretaría procédase a su liquidación, para ello se fijan como agencias en derecho a favor de la demandada, el equivalente al tres por ciento (3%) de la cuantía de las pretensiones de la demanda.

3 SAMAI expediente digital tribunal, SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 documento 015ContestcaionDemandaSena.pdf 4SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333003201900432011EXPEDIENTEDIGI20220822100036 descripción del documento B9. 2019 -00432

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2_730013333003201900432011EXPEDIENTEDIGI20220822100036 descripción del documento B9. 2019 -00432

SENTENCIA DE MÉRITO.pdf5

CUARTO: ORDENAR se efectúe la devolución de los dineros consignados por la parte demandan te por concepto de gastos del proceso, si los hubiere, lo cual deberá realizarse por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, acorde con lo establecido en la Circular DEAJC19-43 del 11 de junio de 2019, y los lineamientos establecidos para tal fin.

QUINTO: En firme la presente sentencia, ARCHÍVESE el expediente previa cancelación de su radicación.”

Los argumentos en que sustentó la decisión el juez de primera instancia fueron sucintamente:

En cuanto a la prestación personal del servicio, dentro del expediente se encuentra acreditado que la demandante celebró contratos de prestación de servicios con la mentada institución, como se aprecia en las certificaciones expedidas por la entidad demandada y en los diferentes contratos para prestar sus “servicios personales” como se evidencia en los objetos contractuales, luego entonces de las obligaciones contenidas en los mismos se deduce la prestación personal del servicio. Resaltó que, en cuanto a la temporalidad y la solución de continuidad, la de mandante estuvo desarrollando un objeto y funciones similares en cada contrato, desde el año 2011, lo cual es un indicio del carácter permanente de sus funciones, en especial cuando su labor corresponde a la realización de capacitaciones y formación, lo cual hace parte del servicio educativo a cargo del SENA, con lo que se desvirtúa la temporalidad de la labor contratada.

Respecto de la contraprestación, esta se determina de los honorarios estipulados en

del servicio educativo a cargo del SENA, con lo que se desvirtúa la temporalidad de la labor contratada.

Respecto de la contraprestación, esta se determina de los honorarios estipulados en los distintos contratos, entendida como la remunerac ión pactada por el servicio prestado como instructora, que le era pagada de forma mensual y se encuentra acreditada con las relaciones de pago aportadas por la demandada.

Se refirió frente a la subordinación, explicando que la jurisprudencia contencioso administrativa ha considerado como indicios o circunstancias para determinarla: el lugar de trabajo, el horario de labores, la dirección o control efectivo de las actividades a ejecutar y que las actividades o tareas correspondan a las que tienen asignadas servidores de planta, circunstancias que deben ser probadas puesto que para los instructores del SENA no se aplica la presunción de subordinación y dependencia como sí se encuentra implícita para la actividad docente.

Continuó mencionando que, vistos los contratos, en estos no se aprecia la designación de un lugar de trabajo, aunado a ello, de los testimonios se establece que el lugar de trabajo era de acuerdo con las necesidades de capacitación de la institución puesto que el ambiente de forma ción como lo denomina la entidad correspondía al solicitante y la comunidad discente en concertación con el instructor.

En lo atinente al horario de labores se establece una jornada de trabajo la cual es concertada entre el instructor y los aprendices como se desprende de la certificación del SENA, de los testimonios coinciden en que las capacitaciones eran de 8 horas, que se incluían en una programación que una vez concertada era entregada a la entidad lo cual obedece a una coordinación de actividades más no a una imposición

del SENA, de los testimonios coinciden en que las capacitaciones eran de 8 horas, que se incluían en una programación que una vez concertada era entregada a la entidad lo cual obedece a una coordinación de actividades más no a una imposición de un horario pues como lo aduce el testigo podía ser de 8 am a 5 pm o de 1 pm a 9 pm según las necesidades, por lo que -se reiterano aparecen acreditados los horarios de ejecución de las actividades u obligaciones contractuales, ni que existieran consecuencias legales o contractuales negativas en caso de6

incumplimiento de la jornada, por lo cual no se acredita este elemento de la subordinación continuada.

1.4. Recurso de apelación

Expuso que en el asunto en comento se dan los presupue stos para declarar una relación laboral conforme a los elementos, de la subordinación y dependencia, la equidad y la similitud. Alegó que, las funciones desempeñadas por la instructora contratista en los programas educativos del Sena requerían la continuidad y permanencia, debido al desarrollo de los módulos programáticos, las plataformas de información sobre educación y gestión, las modalidades y divisiones de los programas de formación.

En el mismo sentido, mencionó que el hecho de que el SENA suministrar a a la accionante insumos, materiales y elementos para la formación práctica, demuestra que si existió un contrato laboral encubierto con ordenes de prestación de servicio.

Resaltó que a los instructores se les ordena cumplir con 160 horas mensuales, 40 en la semana y 8 diarias , por lo que, al desempeñarse como instructores de programas de formación técnicos, los instructores no pueden realizar de forma

Resaltó que a los instructores se les ordena cumplir con 160 horas mensuales, 40 en la semana y 8 diarias , por lo que, al desempeñarse como instructores de programas de formación técnicos, los instructores no pueden realizar de forma autónoma e independiente, ya que se requiere el cumplimiento de un horario, en un sitio de trabajo y recibiendo órdenes del coordinador académico.

Ilustró respecto de l tiempo de formación en los programas que orientaba la accionante los cuales se clasifican: tecnologías 24 meses, de los cuales 18 meses son teórico – prácticos y 6 meses en etapa productiva , técnicos: 12 meses, de los cuales 6 meses son teórico – prácticos y 6 meses de etapa productiva, programas de formación articulada con la media técnica (grados 10º y 11º): 2 años.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instanc ia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, se realizará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico7

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

Si en el proceso de la referencia s e acreditaron los elementos necesarios para declarar la existencia de contrato realidad entre la parte accionante y servicio nacional de aprendizaje - SENA.

Por lo cual en caso de que la respuesta sea afirmativa se pasará a revisar en que periodos fue causado el contrato realidad y las prestaciones sociales derivadas de la declaración de existencia de un contrato realidad.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se revocará la sentencia de primera instancia a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda , debido a que una vez analizados los elementos de prueba aportados al cartulario, se encontraron acreditados los elementos del contrato laboral, así, el instructor que dentro de sus funciones debía impartir clases en los procesos de orientación del SENA no puede predicar autonomía en la ejecución de esta labor, dado que está sujeto a las órdenes que desde la coordinación académica eran impartidas , de ma nera que se logró acreditar una verdadera relación laboral en cubierta , en la cual debía cumplir horarios, pedir permiso para ausentarse, y seguir las ordenes , desdibujando la figura del contrato

coordinación académica eran impartidas , de ma nera que se logró acreditar una verdadera relación laboral en cubierta , en la cual debía cumplir horarios, pedir permiso para ausentarse, y seguir las ordenes , desdibujando la figura del contrato de prestación de servicios

Así se reitera que se acreditaron los presupuestos de una relación laboral entre las partes, empero, esta sala acoge la postura de reconocimiento de la relación laboral entre instructor y el servicio nacional de aprendizaje - SENA de la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado, en aplicación del principio pro operario.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Contrato realidad.

Respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

En otros términ os, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.5

y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.5

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación: 63001 -23-33-000-2021-00072-01, sentencia del 11 de abril de 2024, demandante: Jaime Chávez Arcila, demandado: Municipi o de Armenia.8

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya qu e en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contrata da, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 6, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 6, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

6 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.9

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los per itos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tal es funciones.”

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de

criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trab ajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.”

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tre s elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artícu