TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2020-00053-01 (20-03-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-007-2020-00053-01

Interno: No. 2023-00077

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Demandados: NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: Sentencia segunda instancia.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias a efectos de resolver el recurso interpuesto por la parte demandada – NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué el día 21 de noviembre de 2022, y conforme a la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

El señor JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO , a través de su apoderada judicial, ha promovido demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , con el fin de obtener el reconocimiento de las siguientes:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

De lo planteado por el vocero judicial de la parte actora en el escrito de la demanda, se advierte que lo pretendido en la presente causa judicial corresponde a lo siguiente:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

De lo planteado por el vocero judicial de la parte actora en el escrito de la demanda, se advierte que lo pretendido en la presente causa judicial corresponde a lo siguiente:

“PRIMERA: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “será de cinco millones novecientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos ($5.992.084) m/cte.”, contenida en el artículo 10 del decreto 186 de 2014, y los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, en cuanto reajustan porcentualmente la escala salarial señalada en el primero de los nombrados, así como los demás decretos expedidos con posterioridad que tengan incidencia en los efectos reclamados y, por consiguiente, se adecuen en el entendido de que la remuneración mensu al legal percibida por los Procuradores Judiciales I delegados ante la Rama Judicial del Poder Público, debe ser igual a la recibida por los Jueces del Circuito de la República, es decir, condicionándolos a una interpretación ajustada a lo consagrado en el artículo 280 de la Constitución Política de Colombia.

1 Ver fol. 37-39 del archivo PDF denominado - 001CuadernoPrincipal – expediente digital juzgado - TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el Oficio No. S -2019-021981 del 17 de octubre de 2019, emanado por la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se negó a m i mandante (i) el reconocimiento y pago de una remuneración igual a la percibida por los jueces del circuito ante quienes son delegados, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Constitución Política de Colombia, (ii) la reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales, salariales, laborales y demás emolumentos que se pueden ver incididos y que en el futuro se establezca, teniendo en cuenta las diferencias dejadas de percibir en sus salarios básicos mensuales, que hasta ahora no se les han cancelado teniendo en cuenta la asignación salarial establecida por el Gobierno Nacional para los jueces de circuito, (iii) el reconocimiento y pago del valor de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo liquidado hasta ahora por la Procuraduría General de la Nación y lo que debería pagarse conforme a la nivelación solicitada, (iv) el reconocimiento, liquidación y pago de todas las prestaciones laborales y prestacionales que debieron liquidarse teniendo en cuenta que la relación laboral se inició desde el 01 de septiembre de 2016, fecha efectiva de la posesión, (v) la indexación e intereses moratorios conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011.

prestacionales que debieron liquidarse teniendo en cuenta que la relación laboral se inició desde el 01 de septiembre de 2016, fecha efectiva de la posesión, (v) la indexación e intereses moratorios conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011.

TERCERA: QUE SE DECLARE que mi poderdante Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO , en su calidad de Procurador Judicial I, tiene derecho al reconocimiento y pago de una remuneración mensual igual a la percibida por los Jueces del Circuito de la Rama Judicial del Poder Público ante quienes son delegados y ejercen sus funciones, esto es, para el año 201 6, la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/cte, ($6.873.378,oo, para el año 2017, la suma de SIETE

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($7.337.331,oo), para el año 2018, la suma de SIETE MILLONES SETENCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN ESOS ($7.710.801,oo) y para los años subsiguientes en los mismos montos que se dispongan para el cargo de Juez del Circuito, hasta tanto desempeñe el cargo de Procurador Judicial I.

CUARTA: DECLARASE que los efectos fiscales del acto de nombramiento de mi defendido Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO, esto es, el Decreto No. 3610 del 08 de agosto de 2016, respectivamente, surtieron a partir del 01 de septiembre de 2016, día efectivo de la posesión.

mi defendido Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO, esto es, el Decreto No. 3610 del 08 de agosto de 2016, respectivamente, surtieron a partir del 01 de septiembre de 2016, día efectivo de la posesión.

QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho SE CONDENE a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer y pagar a mi poderdante Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO , desde el 01 de septiembre de 2016 ha sta tanto desempeñe el cargo de Procurador Judicial I, una remuneración mensual legal igual a la que se paga a los Jueces del Circuito de la Rama Judicial del Poder Público, por ser esa autoridad ante la cual es delegada y ejerce sus funciones, esto es, pa ra el año 2016, la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/cte, ($6.873.378,oo, para el año 2017, la suma de SIETE

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($7.337.331,oo), para el año 2018, la suma de SIETE MILLONES SETENCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS UN ESOS ($7.710.801,oo) y para los años subsiguientes en los mismos montos que se dispongan para el cargo de Juez del Circuito.

SEXTA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer, liquidar

mismos montos que se dispongan para el cargo de Juez del Circuito.

SEXTA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer, liquidar y pagar a mi representado judicial Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO, desde el 1º de septiembre de 2016 hasta la fecha efectiva de pago, las diferenciasMEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 3 existentes entre la remuneración mensual pagada con base en el artículo 10 del decreto 186 de 2014, ajustada anualmente por los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, y 337 de 2018, y demás que se expidan con posterioridad, con aquella percibida por los Jueces del Circuito de la Rama Judicial establecida en el Decreto 194 de 2014, ajustada anualmente por los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, y subsiguientes que se profieran con la misma incidencia que da lugar a la presente reclamación.

SEPTIMA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer, liquidar y pagar a mi defendido Dr. RAUL EDUARDO VARON OSPINA, desde el 1º de

SEPTIMA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer, liquidar y pagar a mi defendido Dr. RAUL EDUARDO VARON OSPINA, desde el 1º de septiembre de 2016 hasta la fecha efectiva de pago, las diferencias existentes entre lo pagado por la Procuraduría General de la Nación y lo que resulte de incluir en la base de liquidación un salario igual al percibido por un Juez del Circuito de la Rama Judicial, según montos indicados en la petición QUINTA, en todos los factores salariales y prestaciones sociales y laborales percibidas, tales como, prima especial mensual sin carácter salaria l prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, cesantías, aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, y demás emolumentos labo rales que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan.

OCTAVA: Como consecuencia de las anteriores, CONDENESE a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a INCLUIR EN NOMINA y a continuar pagando al demandante mientras continúe vinculad o en el cargo de Procurador Judicial I, una remuneración básica mensual legal igual a la percibida por un Juez del Circuito de la Rama Judicial, junto con todas sus incidencias en las prestaciones sociales, salariales y laborales.

NOVENA: Como consecuenci a de la pretensión cuarta, a título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la entidad accionada a reconocer y pagar a mi mandante Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO, el salario,

NOVENA: Como consecuenci a de la pretensión cuarta, a título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la entidad accionada a reconocer y pagar a mi mandante Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO, el salario, gastos de representación, prima especial de servicios y bonificación judic ial correspondiente a día 01 de septiembre de 2016.

DECIMA: Asimismo, CONDENAR a la demandada a reconocer, liquidar y pagar al Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO , las doceavas de la prima de navidad pendiente de pago en el mes de diciembre de 2016 y de la prima de servicios pagadas en julio de 2017.

DECIMA PRIMERA: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar al accionante Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO , las doceavas, la bonificación por actividad judicial dejada de cancelar en el mes de diciembre del año 2016 por valor de $9.019.759,oo o proporcional por los cuatro (4) meses.

DECIMA SEGUNDA: Como consecuencia de lo precedente, CONDENESE a la entidad accionada a liquidar y pagar a mi representado judicial Dr. JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO, las doceavas, las diferencias existentes entre lo pagado y debido pagar en la prima de vacaciones, vacaciones y prima de navidad pagadas en el año 2017.

DECIMA CUARTA: (sic) Hacer las declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados en el proceso.

DECIMA QUINTA: Que se condene en costas a la entidad accionada. DECIMAMEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados en el proceso.

DECIMA QUINTA: Que se condene en costas a la entidad accionada. DECIMAMEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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DECIMA SEXTA: Que se ordene a la demanda a reajustar los valores reclamados de acuerdo al I.P.C., con el reconocimiento de intereses, de conformidad con los artículos 187, 189 y 192 del C.P.A.C.A.”

I.II. HECHOS2

Como sustento fáctico, la parte accionante relaciona:

“1º. El Dr. JORGE HUMBERTO TASCON ROMERO, mediante Decreto No. 3610 del 08 de agosto de 2016, fue nombrado en periodo de prueba, en el cargo de Procurador Judicial 1, Código 3PJ, Grado EG, en la Procuraduría 216 Judicial I para asuntos Administrativos co n sede en Ibagué. Culminado satisfactoriamente el periodo de prueba, fue inscrito en el Registro Único de Carrera de la Procuraduría General de la Nación, cargo que actualmente desempeña.

2°. El Procurador General de la Nación en el acto de nombramiento s eñalado en precedencia, dispuso que los efectos fiscales del mismo surtían a partir de la fecha de la posesión, esto es, el 01 de septiembre de 2016.

3°. Por delegación del Procurador General de la Nación, la posesión de mi

precedencia, dispuso que los efectos fiscales del mismo surtían a partir de la fecha de la posesión, esto es, el 01 de septiembre de 2016.

3°. Por delegación del Procurador General de la Nación, la posesión de mi representado judicial se surtió ante el jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación.

4°. El jefe de la División de Gestión Humana en la mentada dilige ncia realizó una figura poco ortodoxa, a través de la cual sin ser de su competencia y sin contar con delegación al respecto , modificó los términos de los actos de nombramiento, disponiéndose en su lugar que, los efectos fiscales surtirían a partir del 02 de septiembre de 2016, otorgándose a dicha formalidad -acto de. posesión -, una cualidad que no le es propia, esto es, modificar una situación jurídica ya definida:

5°. Conforme el artículo 63, numeral 8 del Decreto Ley 262 de 2000 y la Resolución No. 253 del 09 de agosto de 20124, proferida por el Procurador General de la Nación, modificada por la Resolución 321 de 2015, en el Ítem de Competencias Funcionales (Funciones Esenciales) JEFE DE DIVISIÓN (2JD-22) - DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA, en su numeral 10, dispone que a éste servidor únicamente se les faculta para dar posesión a los servidores de la Entidad dentro del nivel territorial en los empleos de los niveles profesional , entre los que se encuentran los Procuradores Judiciales.

6°. Conforme al artículo 122 de la Constitución Política, la diligencia de posesión NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO, es un acto formal, consecuente del

encuentran los Procuradores Judiciales.

6°. Conforme al artículo 122 de la Constitución Política, la diligencia de posesión NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO, es un acto formal, consecuente del nombramiento, concebido para que el nombrado efectúe una manifestación referente al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo, así como su compromiso para con la administración. En otras palabras, la posesión materializa el nombramiento, más no está concebida para incorporar efectos jurídicos que alteren situaciones ya definidas.

7°. Como consecuencia de lo anterior, la demandada reconoció y pagó a mi mandante, por el mes de septiembre de 2016, el equivalente a 29 días de salario, gastos de representación, prima especial de servicios, y bonificación judicial. El auxilio de cesantías consignado en febrero de 2017, se liquidó sobre 119 días.

8°. Con base en el artículo 150, numeral 19, literales e) de la Constitución Política, y en el literal b) del artículo 1º de la Ley 4º de 1992, el Gobierno Nacional establece anualmente el régimen s alarial y prestacional de los servidores del Ministerio Público y de la Rama Judicial del Poder Público.

2 Ver fol. 40-43 del archivo PDF denominado - 001CuadernoPrincipal – expediente digital juzgado - TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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9°. En uso de la facultad mencionada en el hecho precedente, se expidió el Decreto 186 de 2014, allí en su artículo 10° se señaló el monto de la remuneración básica mensual que debía percibir para esa anualidad los Procuradores Judiciales I, esto es, la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

OCHENTA Y CUATRO PESOS ($5.992.084,00).

10°. Asimismo, mediante Decreto 194 de 2014, fijó el valor de la remuneración básica mensual que para esa anualidad debía recibir un Juez del Circuito de la Rama Judicial, esto es, la suma de SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($6.093.848,00).

11°. Los Decretos 186 y 194 de 2014 han sido hasta la fecha, los últimos que han definido expresamente el régimen salarial y prestacional de los servidores del Ministerio Público y de la Rama Judicial, los expedidos con posterioridad sólo se han limitado a indicar el reajuste de las es calas salariales y prestacionales allí contenidas, estos son, los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018. Lo anterior, debido a la Sentencia de Nulidad proferida por el H. Consejo de Estado el pasado 29 de abril de 2014, que recayó sobre la

337 de 2018. Lo anterior, debido a la Sentencia de Nulidad proferida por el H. Consejo de Estado el pasado 29 de abril de 2014, que recayó sobre la reglamentación que se venía efectuando a la prima especial de servicios sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

12°. Los reajustes porcentuales decretados para los salarios y beneficios prestaciones establecidos en los Decretos 186 y 194 de 2014, son los siguientes: a) para el año 2015, un 4,66%, b) para el año 2016, un 7,77%, c) para el año 2017, un 6,75%, y d) para el año 2018, un 5,09%, con los cuales, partiendo del salario fijado en los mentados decretos, es determinable la remuneración básica mensual para los cargos de Procurador Judicial I y de Juez del Circuito de la Rama Judicial.

13°. Considerando los incrementos anuales referenciados en precedencia, es definible, clara y detalladamente las diferencias negat ivas existentes entre la asignación básica mensual percibida por mi poderdante como Procurador Judicial | y aquella recibida por un Juez del Circuito, funcionario ante el cual es delegado y ejerce sus funciones, a saber:

14°. Teniendo en cuenta el cuadro precedente, es evidente la diferencia existente entre el salario fijado para mi mandante en su calidad de Procurador Judicial I y el señalado para los Jueces del Circuito de la Rama Judicial, pues si bien el incremento porcentual para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, tuvo como base las

señalado para los Jueces del Circuito de la Rama Judicial, pues si bien el incremento porcentual para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, tuvo como base las disposiciones establecidas en los Decretos 186 y 194 de 2014, es en éstas últimas normas donde tiene su génesis la diferencia salarial entre ambos cargos, habida cuenta que para el año 2014, el salario fijado para los Procuradores Judiciales I fue de $5.992.084, mientras que para los Jueces ante quienes mi mandante ejerce sus funciones fue de $6.093.848, presentándose una diferencia salarial mensual de $101.764, generándose de esta manera una rea cción en cadena para los años subsiguientes.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 6 15°. Al momento de aplicar el porcentaje establecido en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, para realizar el incremento salarial anual para los Procuradores Judiciales I y los Ju eces del Circuito de la Rama Judicial, se observan las siguientes diferencias: para el año 2015 de $106.506,20, para el año 2016 de $114.781,73, para el año 2017 de $122.529,50, y para el año 2018 de $128.766,25.

16°. La desventaja salarial en la remunera ción mensual de mi representado

y para el año 2018 de $128.766,25.

16°. La desventaja salarial en la remunera ción mensual de mi representado judicial, si bien no representa una suma exorbitante que incida en su calidad de vida al dejar de ser percibida, no es menos cierto que, es una disminución en su salario que no está constitucional ni legalmente fundamentada, así como tampoco está en la obligación de soportar, dado que es un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable, por tanto, si realizamos la sumatoria de estas diferencias mensuales, tomando como fecha de inicio el 01 de septiembre de 2016, la mengua sala rial total para el año 2016 es de $459.126,92, para el año 2017 es de $1.470.354,00, y para el año 2018 es de $1.545.195,00, para un total de $3.474.675,92.

17°. La diferencia alegada no se presenta únicamente en la remuneración mensual percibida por mi d efendido, habida consideración que al momento de efectuar la liquidación de sus prestaciones sociales y salariales, tales como, prima especial mensual sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, bonificación anual por servicios p restados, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, cotización a seguridad social en pensión y demás prestaciones y emolumentos que se puedan ver incididos, vienen siendo liquidadas con la remuneración actualmente es tablecida para los Procuradores Judiciales 1, lo cual indica que éstas también se ven afectadas negativamente y, por ende, disminuidas al no ser liquidadas con un salario igual al devengado por los servidores de la Rama Judicial ante quienes ejercen sus

Procuradores Judiciales 1, lo cual indica que éstas también se ven afectadas negativamente y, por ende, disminuidas al no ser liquidadas con un salario igual al devengado por los servidores de la Rama Judicial ante quienes ejercen sus funciones, esto es, los Jueces del Circuito.

18°. Por mandato del artículo 280 de la Constitución Política de Colombia los Agentes del Ministerio Público tienen las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestacionales de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo y desempeñan sus funciones.

19°. Tanto Jueces de la Rama Judicial como los Procuradores Judiciales I, perciben los mismos factores salariales, prestaciones sociales y laborales, estos son: Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Servicios, Pr ima de Vacaciones, Prima de Navidad, Cesantías e Intereses, Prima Especial de Servicios sin Carácter Salarial (art. 14 Ley 4ª de 1992), Bonificación por Actividad Judicial y Bonificación judicial.

20°. Teniendo en cuenta que los efectos fiscales del acto de nombramiento de la accionante fueron modificados, la Procuraduría General de la Nación no pagó a mi poderdante en el mes de diciembre de 2016 la bonificación por actividad judicial,

por valor de NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE PESOS M/Cte. ($9.019.759,00).

21°. De otro lado, y bajo la misma génesis manifestada en el hecho precedente, la entidad accionada reconoció las siguientes prestaciones, a saber:

a) En diciembre de 2016, la prima de navidad la liquidó y pagó sobre tres (3)

21°. De otro lado, y bajo la misma génesis manifestada en el hecho precedente, la entidad accionada reconoció las siguientes prestaciones, a saber:

a) En diciembre de 2016, la prima de navidad la liquidó y pagó sobre tres (3) doceavas, en consideración a los tres (3) meses completos laborados al servicio de esa entidad.

b) El auxilio de cesantías correspondiente al año 2016 y consignado en febrero de 2017, se liquidó sobre 119 días, afectada además por la doceava de la prima de navidad no reconocida.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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c) La prima de servicios pagada en julio de 2017, se determinó con base en nueve (9) doceavas.

22°. La indebida liquidación y pago de la prima de servicios de 2017, repercutió en la liquidación y pago de las vacaciones, prima s de vacaciones y la prima de navidad que se reconocieron y pagaron en el mes de diciembre de esa misma anualidad y, por consiguiente, las cesantías consignadas en febrero de 2018, sufrieron mengua por tal situación.

23°. Como consecuencia de todo lo expu esto, se desmejoraron y desmejoran a todas luces las condiciones laborales de mi mandante, sus derechos adquiridos, los principios de favorabilidad, de igualdad salarial, entre otros, debido a: (i) la diferencia negativa que se refleja frente al salario qu e debían percibir como

todas luces las condiciones laborales de mi mandante, sus derechos adquiridos, los principios de favorabilidad, de igualdad salarial, entre otros, debido a: (i) la diferencia negativa que se refleja frente al salario qu e debían percibir como contraprestación en razón a que sus funciones las ejerce ante los Jueces del Circuito de la Rama Judicial, la cual afecta en igual proporción a los dos accionantes, y (ii) los indebidos efectos fiscales de los actos administrativos d e nombramiento dispuestos en la diligencia de posesión del cargo.

24°. El día 16 de julio de 2019, mi poderdante solicito a la Procuraduría General de la Nación, mediante derecho de petición el reconocimiento de todas y cada una de las pretensiones aducidas en esta demanda.

25°. Mediante los actos administrativos enjuiciados la entidad accionada despachó de manera desfavorable los pedimentos elevados.

22°. Teniendo en cuenta que la entidad accionada en los actos administrativos por medio de los cuales resuelve desfavorablemente las peticiones de mis mandantes, no da lugar a la interposición del recurso de apelación y en su lugar concede únicamente el de reposición, se colige que, para el ejercicio de la presente acción, mi representado se encuentra facultado para acudir directamente a la jurisdicción.”

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, la entidad accionad – NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN3 contestó la demanda, y una vez se pronunció en relación con cada uno de los hechos, se opuso a todas y cada una de las pretensiones del escrito

1437 de 2011, la entidad accionad – NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN3 contestó la demanda, y una vez se pronunció en relación con cada uno de los hechos, se opuso a todas y cada una de las pretensiones del escrito genitor, por cuanto consider a que, como entidad nominadora no tenía la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a su planta de personal tal como lo dispone la Carta Política y la Ley 4ª de 1992, pues señaló, que el Gobierno Nacional es el encargado de definir el régimen salarial de los servidores públicos y las entidades que no tienen esta función, tienen la facultad de nominación y el deber de cancelar las asignaciones del presupuesto de la nómina definido por el ente competente, que determina los montos del presupuesto asignado anualmente a cada entidad para cubrir los costos de la administración de los recursos humanos.

Destaca que, pese a la autonomía administrativa, financiera y presupuestal de la Procuraduría General de la Nación, la misma no goza de atribuciones legales en materia de fijación de salarios y prestaciones sociales, pues dicha facultad está radicada en cabeza del Gobierno Nacional, en virtud de lo dispuesto en el literal e) numeral 19 artículo 150, numeral 11 artículo 189 de la Carta Política, y la Ley 4 de 1992.

3 Archivo PDF 012ContestaciónDemandaProcuraduría – folios 1-20 – expediente digital juzgado - TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JORGE HUMBERTO TASCÓN ROMERO Vs. NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 8 En tal medida señala que, la entidad ha cancelado al Dr. Jorge Humberto Tascón Romero la asignación básic a mensual fijada para los funcionarios y empleados, según el Decreto 186 de 2014 y los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, disposiciones legales que han señalado las sumas de dinero que en el caso particular de los Procuradores I debían ser canceladas, y que gozan de presunción de legalidad, por cuanto no se advierte que hubieren sido demandados.

Respecto a la solicitud de inaplicación de los decretos citados en la demanda, mencionó que, si bien en sentencia emitida dentro del proceso con radicación 11001-03-25-000-2007-00087-00 del 29 de abril de 2014, de la Sala de Conjueces Sección Segunda del Consejo de Estado, se resolvió decretar la nulidad de los apartes de los decretos anualmente expedidos por el Gobierno Nacional desde el año 1993 al 2007, no es posible inaplicar por vía administrativa las normas expedidas en años posteriores, y que se encuentran vigentes.

Luego señala que, no es procedente la modificación de los efectos fiscales, porque como válidamente lo afirma la pa rte actora, los actos de procesión no son actos administrativos porque no contienen decisiones de la administración, y en tal medida no son objeto de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso

como válidamente lo afirma la pa rte actora, los actos de procesión no son actos administrativos porque no contienen decisiones de la administración, y en tal medida no son objeto de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y que el Departamento Administrativo de la Función Pública en su concepto 138511 de 2019 indicó que, hay diferencia entre el acto de la posesión y la constancia o el registro de la misma, es decir, el acta de posición propiamente dicho, y el inicio de las funciones y deberes pr opios del cargo en virtud del cual se posesionó, sin que estas necesariamente deban coincidir en la fecha.

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