TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2018-00345-02 (13-03-2025)

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación No.

Interno No: 73001-33-33-011-2018-00345-02

1404-2024

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Germán Francisco Doncel

Demandado: Tema: NaciónFiscalía General de la Nación Bonificación judicial

I. ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 30 de septie mbre de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda el demandante formuló las siguientes pretensiones: 1. “Que previa inaplicación de la frase “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, registrada en el primer párrafo del artículo 1 del Decreto No.382 de 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 3150-00942 del 12 de septiembre de 2017, suscrito por el doctor PEDRO ARIEL CUBILLO IBATA Subdirector de Apoyo Centro Sur de la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual niega las pretensiones de la reclamación administrativa e fecha 23 de agosto de 2017

de Apoyo Centro Sur de la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual niega las pretensiones de la reclamación administrativa e fecha 23 de agosto de 2017

2. Que previa inaplicación de la frase “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, registrada en el primer párrafo del artículo 1 del Decreto No.382 de 2013,

se declare la nulidad de la Resolución No. 2-3581 del 14 de diciembre de 2017, notificada el 16 de marzo de 2018, suscrita por l a doctora SANDRA PATRICIA SILVA MEJIA, Subdirectora de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia.

3. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Fiscalía General de la Nación,

1 expediente digital. Cuaderno principal, índice 1 folio 142.Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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reconocer que la bonificación judicial que percibe mi mandante es constitutiva d e factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro, y en consecuencia, pague a mi mandante el producto de la reliquidación de todas

reconocer que la bonificación judicial que percibe mi mandante es constitutiva d e factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro, y en consecuencia, pague a mi mandante el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones sociales debidamente indexadas, a partid del 1 de enero de 2013 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago .

4. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará a dar aplicación a los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

5. Sean pagadas las costas y agencias en derecho que resultaren del p roceso, de conformidad al artículo 188 del C.P.A.C.A”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada del demandante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así: ‐ El señor Germán Francisco Doncel ha sostenido una relación legal y reglamentaria con la Fiscalía General de la Nación, desde el 1 de julio de 1992, ejerciendo actualmente el cargo de Asistente de Fiscal I de la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana – Tolima.

‐ El parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, ordenó al Gobierno Nacional hacer la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, atendiendo a criterios de equidad.

‐ En cumplimiento de lo anterior, fue expedido el Decreto 382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, misma que inició a pagarse

‐ En cumplimiento de lo anterior, fue expedido el Decreto 382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, misma que inició a pagarse desde el 1 de enero del 2013; no obstante, está bon ificación no ha sido tenido en cuenta como factor salarial salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

‐ A partir de lo anterior, el demandante realizó reclamación administrativa ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se reconociera que la Bonificación Judicial es factor salarial para todos los efectos legales, y en consecuencia, se ordenara la liquidación y pago debidamente indexado de todas las prestaciones.

‐ Dicha reclamación fue respondida mediante Oficio No. 3150 -00942 del 12 de septiembre de 2017; no obstante, ante la inconformidad con l a decisión, presentó recurso de apelación el día 19 de octubre de 2017, el cual fue resuelt o mediante Resolución No. 2 3581 del 14 de diciembre de 2018, por la Subdirectora de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido la apoderada de la Fiscalía General de la Nación des corrió traslado de la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto los actos

2 Expediente digital. Cuaderno principal, índice 1 folios 142 y 143. 3 Expediente digital. Cuaderno principal, índice 18.Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

2 Expediente digital. Cuaderno principal, índice 1 folios 142 y 143. 3 Expediente digital. Cuaderno principal, índice 18.Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 del 2013. Señaló que la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estaba sujeta a ningún referente porcentual para la nivelación y ajuste de las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Resaltó que, el Decreto 382 de 2013 no tuvo origen en una iniciativa gubernamental sino en un acuerdo de voluntades, que responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones sindicales quienes estuvieron de acuerdo en q ue la naturaleza de factor salarial era únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Después de realizar un análisis a los apartes de las actas que se elevaron con ocasión de la negociación colectiva, concluye que las autoridades y los propios representantes sindicales negociaron, concertaron y aprobaron la formula salarial plasmada en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, por lo que no resulta plausible ni leal, que con el paso d e los años se pretenda desconocer los acuerdos alcanzados en virtud de la negociación colectiva, más aún cuando

382 de 2013, por lo que no resulta plausible ni leal, que con el paso d e los años se pretenda desconocer los acuerdos alcanzados en virtud de la negociación colectiva, más aún cuando están plasmados en una norma legal y con plena vigencia en la actualidad. Agregando que, si se consideraba que esas negociaciones no cumplieron a cabalidad con los compromisos de nivelación debía haber se demandado la constitucionalidad del Decreto mediante una acción de inconstitucionalidad. Adicionalmente, señala que se estaría afectando directamente el mandato de sostenibilidad fiscal en razón a que se deberá disponer de recursos públicos no previstos para solventar unos gastos que el Gobierno Nacional, como emisor de la normatividad en ningún momento concibió, puesto que precisamente se limitó el carácter salarial de la bonificación judicial conforme los recursos disponibles en dicho momento, por lo que la ampliación demandada rompería el equilibrio entre disponibilidad de recursos y gastos de la Nación, produciendo una crisis fiscal. Lo anterior de conformidad con los literales h, e, i del artí culo 2 de la Ley 4 de 1992.

4. Sentencia apelada4.

Lo es la proferida el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda. Analizada la situación fáctica encontró probado que el señor Germán Francisco Doncel ha estado vinculado con la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992; y, a la fecha de certificación, desempeñaba el cargo de Asistente de Fiscal I. A partir de lo anterior y a la luz de la normatividad aplicable, señaló el -a-quo que el ejecutivo

de certificación, desempeñaba el cargo de Asistente de Fiscal I. A partir de lo anterior y a la luz de la normatividad aplicable, señaló el -a-quo que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria, pues el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación y por el cual se profirió el Decreto 382 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a partir del año 2013, desbordando sus límites compete nciales al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales y desconociendo que la nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad e igualdad, es decir, sin importar el régimen

4 Índice de descarga 22 expediente SAMAIRadicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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al cual pertenezcan la bonificación judicia l prevista en el Decreto 382 de 2013 debe ser reconocida a los empleados y funcionarios de la FGN. Resaltó que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribun al y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones

misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, por lo que encontró que la norma aplicada es inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respe cto de la expresión “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del decreto 382 de 2013 , porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales. Merced a lo anterior, consideró que fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandado s y en consecuencia accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a favor del actor. Por otro lado, en e l estudio de prescripción respecto de la mentada bonificación, determinó que, la obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial al demandante, se hizo exigible a partir del 1 de enero de 2013 y, que al haber solicitado la reliquidación el 3 de ag osto de

que, la obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial al demandante, se hizo exigible a partir del 1 de enero de 2013 y, que al haber solicitado la reliquidación el 3 de ag osto de 2017, había operado la prescripción trienal, razón por la cual ordenó a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales del actor, desde el 1 de enero de 2013, en los periodos que el accionante haya estado efectivamente vinculado a la entidad demandada, incluyendo a la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 23 de agosto de 2014 y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación.

5. Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión precedente, la Fiscalía General de la Nación, mediante vocero judicial, solicitó fuera revocada la sentencia de primera instancia al considerar que, el Decreto 382 de 2013 es producto de la facultad otorgada por la Constitución ( Art. 150) y la Ley (4ª de 1992) por lo que, bajo el principio de legalidad, dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica. Aunado a ello, indica que el Decreto 382 de 2013 fue el resultado de una negociación colectiva que desarrolla los conv enios de la OIT y la jurisprudencia constitucional, en la que fue acordado por los trabajadores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, que dicha bonificación judicial tendría efectos salariales restringidos. Advierte que ninguna norma de orden nacional indica que, todo lo que devengue un trabajador hace parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales, por el

Gobierno Nacional, que dicha bonificación judicial tendría efectos salariales restringidos. Advierte que ninguna norma de orden nacional indica que, todo lo que devengue un trabajador hace parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales, por el contrario, la OIT y la Corte Suprema de Justicia han indicado que el concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese mismo

5 Índice de descarga 23 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor, como el dado por el juzgado de primera instancia. Cita sentencias de la Corte Constitucional en las que se ratifica que el legislador o quien haga sus veces, cuenta con la discrecionalidad de determinar qué factores salariales deben ser tenidos en cuenta como bases para la liquidación de prestaciones sociales o demás conceptos laborales, es decir, que tiene la facultad de restringir el carácter salarial de algún emolumento que recibe el servidor. Sentencias del Consejo de Estado en las que se establece que la facultad de restringir en cabeza del Gobierno Nacional no significa una extralimitación y en ese sentido, pese a que la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013 en principio, se pueda encuadrar en la definición internación y nacional de salario, ella no puede automáticamente convertirse en factor salarial base para la liq uidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales que devengue el trabajador, empleado o funcionario,

principio, se pueda encuadrar en la definición internación y nacional de salario, ella no puede automáticamente convertirse en factor salarial base para la liq uidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales que devengue el trabajador, empleado o funcionario, pues ello constituye una afectación a los derechos laborales y va en contravía de la Constitución. Alude que, se desconoce el mandato constitucional de sostenibilidad fiscal en tanto, la bonificación judicial fue creada y diseñada sobre la base de unos recursos específicos que destinó el Gobierno Nacional, por lo que afectar los efectos salariales que desde su creación se le otorgó a esta retribución provocaría que se ordenará la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional, lo que podría conllevar una crisis fiscal del Estado Colombiano. Finalmente, indica que la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad solo procede en aquellos casos en los que se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales, por lo tanto, las autoridades judiciales tienen el deber de argumentar suficientemente su providencia la evidente y palmaria contradicción entre la norma que pretende desconocer en el caso concreto y las disposiciones constitucionales.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 24 de enero de 2025 6 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado de la entidad accionada, al respecto la parte d emandante se pronunció, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el

entidad accionada, al respecto la parte d emandante se pronunció, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del C. de P.A. y de lo C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

‐ Pronunciamiento sobre el recurso de la apelación7. La apoderada de la parte demandante mediante memorial solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia, al considerar que, dentro del proceso se encuentra acreditado que el señor German Francisco Doncel ha percibido la discutida bonificación de manera ininterrumpida, bajo un carácter ordinario, fijo y retributivo, constituyéndose así, como factor salarial por lo que no hay lugar a siquiera indicar que este pago sea un reconocimiento discrecional y ocasional por parte del empleador.

6 Índice de descarga 32 expediente SAMAI. 7 Índice de descarga 32 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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En ese orden de ideas y citando jurisprudencia del Consejo de Estado advirtió que la definición de salario corresponde al desarrollo real del vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya, por lo tanto, al configurarse los requisitos de la naturaleza salarial de un pago, sea desconocido por la expedición de un Decreto marco, máxime si se tiene en cuenta que los derechos laborales deben prevalecer.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

la naturaleza salarial de un pago, sea desconocido por la expedición de un Decreto marco, máxime si se tiene en cuenta que los derechos laborales deben prevalecer.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corr esponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativo.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013 para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como factor salarial, se encuentran ajustados a derecho como lo considera el recurrente o si, por el contrario, los mismos se encuentran viciados de nulidad como lo so stiene el apelante y debe accederse a la pretensión tal como lo decidió el a-quo.

3. Marco Normativo y jurisprudencial.

‐ Del salario. En atención a los artículos 25 8 y 53 9 de la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 en su artículo 152.7 señaló como derecho de todo empleado “Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna” .

artículo 152.7 señaló como derecho de todo empleado “Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna” . Aunado a ello y, de conformidad con el derecho internacional aplicable al caso en concreto, fueron ingresados a n uestro ordenamiento jurídico el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 196810, el cual en su artículo 7º estableció que, el derecho al trabajo es la garantía de un salario equitativo e igual por trabajo igual y la convención de Ginebra ratificada por Colombia a través de la Ley 54 de 1962 11 en la que señaló en su estatuto 95 en lo relativo a la protección del salario, lo siguiente:

8 “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 9 “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo ; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales ; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e in terpretación de las fuente s formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 10 https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1622486 11 https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1607580Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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“(…) el término "salario" significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar12”. Postulado que fue acogido por nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 199013. Posteriormente, el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, dispuso que, “(…) Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios (…)”. Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia del C-521 de 1995, señaló: “El salario en la Constitución.

que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios (…)”. Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia del C-521 de 1995, señaló: “El salario en la Constitución. En la Constitución el trabajo representa un valor esencial que se erige en pilar fundamental del Estado Social de Derecho, como se deduce del conjunto normativo integrado por el preámbulo y los Arts. 1o, 2o, 25, 39, 48, 53, 34, 55, 56 y 64, en cuanto l o reconoce como un derecho en cabeza de toda persona a pretender y a obtener un trabajo en condiciones dignas y justas, e igualmente como una obligación social, fundada en la solidaridad social. La Constitución no ha señalado reglas expresas y precisas qu e permitan definir el concepto de salario, los elementos que lo integran ni sus efectos en la liquidación de prestaciones sociales. Por consiguiente, dichos aspectos corresponden a una materia que debe ser regulada por el legislador dentro de los criterios de justicia, equidad, racionalidad y razonabilidad, como se expresó en la sentencia C -470/9513, que necesariamente deben consultar los principios básicos que aquélla contiene, como son, entre otros, la igualdad, la garantía de una remuneración mínima, vit al y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, y la primacía de la realidad sobre la formalidad. La noción de salario, y particularmente su valor como retribución al servicio que se presta a un empleador, representado en el principio: “A trabajo igual salario igual”, lo ha deducido la Corte de distintas normas de la Constitución, en diferentes oportunidades. (…).

La noción de salario, y particularmente su valor como retribución al servicio que se presta a un empleador, representado en el principio: “A trabajo igual salario igual”, lo ha deducido la Corte de distintas normas de la Constitución, en diferentes oportunidades. (…). Teniendo en cuenta las reformas hechas por la Ley 50 de 1990 a los arts. 127, 128, 129, 130 y 132 del C.S.T., la regla general es que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio , es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los benefi cios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando

12 https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXP UB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240 13 “ARTÍCULO 14. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: ARTÍCULO 127. Elementos integrantes . Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el

13 “ARTÍCULO 14. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: ARTÍCULO 127. Elementos integrantes . Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se a dopte, como primas, sobresueldo s, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.Radicado: 73001-33-33-011-2018-00345-02

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por disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la liquidación de prestaciones sociales. Los diferentes pagos laborales que recibe el trabajador del empleador, clasificados en la aludida sentencia como salarios, descansos, prestaciones sociales, indemnizaciones y pagos no salariales tienen su fuente o causa en la relación laboral, a que da origen el vínculo jurídico que surge entre el trabajador y el empleador con ocasión del servicio subordinado que el primero realiza en favor de éste, aunque cada uno tenga su propia significación y respondan a objetivos diferentes, como la retrib ución directa por la actividad laboral, o la que cubre los riesgos inherentes al trabajo, o constituye un resarcimiento de los perjuicios irrogados al trabajador por la violación de sus derechos, o tiene el significado de una liberalidad o está destinada a facilitar la labor del trabajador, etc. Estima la Sala que es de la competencia del legislador, dentro de la libertad que tiene como

trabajador por la violación de sus derechos, o tiene el significado de una liberalidad o está destinada a facilitar la labor del trabajador, etc. Estima la Sala que es de la competencia del legislador, dentro de la libertad que tiene como conformador de la norma jurídica, determinar los elementos de la retribución directa del servicio dentro de la relación la boral subordinada, esto es, lo que constituye salario, con arreglo a los criterios y principios ya mencionados, lo cual le impide desconocer la primacía de la realidad sobre la forma y mudar arbitra