TSDJ ANT - Auto 05697318400120260007401 de 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA

SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA

Medellín, once de septiembre de dos mil veintiséis

Proceso: Cesación de efectos civiles del matrimonio religioso

Demandante: Gonzalo de Jesús Duque Arcila

Demandada: Aura Helena Hoyos Zuluaga

Origen: Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario Antioquia Radicado: 05697-3184-001-2026-00074 -01

Radicado Interno: 2026-0474

Magistrada Ponente: Claudia Bermúdez Carvajal Decisión: Confirma decisión de primera instancia Asunto: De la carga probatoria o deber de acreditar la capacidad económica del alimentante y necesidad del alimentario para establecer la procedencia de fijación de alimentos provisionales en procesos de familia.

AUTO INTERLOCUTORIO Nº 566

Se adopta la decisión que en derecho corresponde en relación con el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la decisión contenida en el numeral segundo del auto del 27 de marzo de 2026, concretamente frente a la que denegó la solicitud de medidas cautelares y que fue proferida por el juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario.

1. ANTECEDENTES

1.1. Del trámite dentro del que se profirió la providencia impugnada

Dentro del proceso VERBAL formulado, a través de mandatario judicial, por GONZALO DE JESÙS DUQUE ARCILA en contra de AURA HELENA HOYOS ZULUAGA, la parte actora solicitó diversas medidas cautelares, entre ellas , la

Dentro del proceso VERBAL formulado, a través de mandatario judicial, por GONZALO DE JESÙS DUQUE ARCILA en contra de AURA HELENA HOYOS ZULUAGA, la parte actora solicitó diversas medidas cautelares, entre ellas , la fijación de alimentos provisionales , el ingreso del percutor al apartamento 403 del Edificio Mónaco P.H. en su calidad de usufructuario, el embargo del 50% de las mesadas pensionales que percibe la demandada como profesora pensionada y el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias 018-158071 y 018-158102.

1.1. Del auto recurrido2

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 En providencia calendada 27 de marzo de 20261, el judex admitió la demanda y, entre otras decisiones allí adoptadas, negó el decreto de las medidas solicitadas.

En cuanto a la fijación de alimentos provisionales en favor del pretensor, señaló que, aunque tal pedimento, en principio, resulta admisible dentro del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso 2, lo cierto es que no obraba en el plenario prueba, siquiera sumaria, de la capacidad económica de la demandada, ni de los gastos o necesidades del suplicante que permitieran establecer los presupuestos para la fijación y cuantificación de una eventual cuota alimentaria. Aña dió que tampoco se acreditó gestión alguna dirigida a obtener esa información o la imposibilidad de conseguirla mediante el ejercicio del derecho de petició n.

Respecto de la solicitud encaminada a autorizar el ingreso del demandante al

alguna dirigida a obtener esa información o la imposibilidad de conseguirla mediante el ejercicio del derecho de petició n.

Respecto de la solicitud encaminada a autorizar el ingreso del demandante al apartamento 403 del Edificio Mónaco PH, en su condición de usufructuario, consideró que, si bien dicha petición podía examinarse bajo una interpretación amplia del literal f) del numeral 5º del artículo 598 ibidem, no resultaba conveniente ni prudente acceder a él, por cuanto se desconocían las condiciones actuales del inmueble y de sus ocupantes; además, el derecho de usufructo también aparecía constituido en favor de la demandada y el propio accionante se presentaba como víctima de violencia intrafamiliar ejercida por aquella.

En ese escenario, el judex estimó contradictorio disponer el ingreso forzado a la que había sido la última vivienda común de la pareja, particularmente cuando el ordenamiento contempla como medida de protección la residencia separada de los cónyuges. Por ello, concluyó que carecía d e elementos de juicio suficientes para adoptar la cautela en los términos deprecados.

No obstante, frente a la situación de vulnerabilidad y las denuncias de violencia intrafamiliar expuestas por el actor, ordenó remitir el asunto a las Comisarías de Familia de Marinilla y El Santuario para que, dentro de sus competencias, adelantaran el pr ocedimiento correspondiente y adoptaran las medidas de protección a que hubiere lugar, incluida, si resultare procedente, la fijación de alimentos a cargo de la cónyuge y de los hijos de la pareja , sin

1 C1Instancia PDF 006 AdmiteNiegaMedidas 2 conforme al literal c) del numeral 5º del artículo 598 del CGP3

la fijación de alimentos a cargo de la cónyuge y de los hijos de la pareja , sin

1 C1Instancia PDF 006 AdmiteNiegaMedidas 2 conforme al literal c) del numeral 5º del artículo 598 del CGP3

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 perjuicio de las acciones ordinarias que pudiera promover el demandante ante el juez civil para hacer valer sus derechos como usufructuario.

En lo atinente al embargo del 50% de las mesadas pensionales percibidas por la convocada, el cognoscente señaló que, para esa etapa procesal, no se encontraba acreditada la procedencia de la cautela con miras a garantizar el pago de eventuales cuotas alimentarias, razón por la cual se abstuvo de decretarla.

Finalmente, en relación con el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 018 -158071 y 018 -158102, precisó, respecto del primero, que no se encontraba registrado a nombre de ninguno de los cónyuges y, por tanto, no se cumple el supuesto previsto en el numeral 1º del artículo 598 del CGP. Frente al segundo, advirtió que no se aportó el certificado de tradición actualizado requerido desde el auto inadmisorio y que, además, tampoco se acreditó que se tratara de un bien social su sceptible de gananciales, por lo que estimó incumplidos los presupuestos legales para el decreto de la medida.

Con todo, el A quo dejó a salvo la posibilidad de volver sobre el estudio de las medidas cautelares con posterioridad, de hallarse mérito para ello.

presupuestos legales para el decreto de la medida.

Con todo, el A quo dejó a salvo la posibilidad de volver sobre el estudio de las medidas cautelares con posterioridad, de hallarse mérito para ello.

1.3. Del recurso de reposición y en subsidio de apelación y de su trámite ante el A quo

1.3.1) De la proposición del medio impugnaticio mencionado y su traslado

Inconforme con lo decidido, la vocera judicial de la parte actora formuló recurso de reposición y en subsidio apelación, procurando que se accediera a las medidas cautelares denegadas.

En lo concerniente a los alimentos provisionales, sostuvo que, en aras de acreditar la capacidad económica de la demandada, remitió derechos de petición al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAGy a la Secretaría de Educación de Antioquia, con el propósito de obtener información sobre las mesadas pensionales que aquella percibe. De igual manera, concretó las necesidades económicas del convocante, indicando que4

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 requiere una empleada doméstica, cuyo costo mensual estimó en $2’000.000; servicios públicos domiciliarios por $300.000; alimentación por $1 ’000.000 y, en caso de no accederse a su ingreso al inmueble del cual es usufructuario, un canon de arrendamiento de $1 ’800.000, para un total de $5 ’100.000 mensuales, por lo que insistió en la fijación de alimentos provisionales a su favor.

un canon de arrendamiento de $1 ’800.000, para un total de $5 ’100.000 mensuales, por lo que insistió en la fijación de alimentos provisionales a su favor.

Frente a la solicitud de ingreso al apartamento 403 del Edificio Mónaco P.H., adujo que el inmueble cuenta con aproximadamente 171 m² distribuidos en dos niveles, cuyas características permitirían que el demandante habitara uno de ellos en su condición de usufructuario. Señaló, además, que la demandada y una de las hijas de la pareja han disfrutado de manera exclusiva del inmueble desde que el actor salió de la vivienda, razón por la cual estimó viable que, hasta tanto se profiera sentencia, se le otorgue el usufructo exclusivo al demandante, se le permita habitar uno de los niveles del apartamento o, en su defecto, se ordene a la demandada asumir el 50% del valor del arrendamiento del inmueble, estimado en $1.500.000, además de los cánones causados desde su salida.

En lo atinente al embargo del 50% de las mesadas pensionales de la demandada, reiteró que había elevado las solicitudes de información correspondientes y pidió que, una vez se obtuviera respuesta acerca del monto de la pensión percibida por aquella, se pro cediera al decreto de la cautela solicitada.

Finalmente, respecto del embargo y secuestro de los referidos inmuebles, planteó de manera subsidiaria que, en caso de no accederse a que el demandante ingresara al apartamento 403 identificado con matrícula inmobiliaria N ro. 018 -158102 en calidad de usufructuario, se decretara el embargo y secuestro de dicho bien, con el propósito de que los frutos

demandante ingresara al apartamento 403 identificado con matrícula inmobiliaria N ro. 018 -158102 en calidad de usufructuario, se decretara el embargo y secuestro de dicho bien, con el propósito de que los frutos producidos por el inmueble fueran consignados a órdenes del despacho.

Dentro del término de traslado, el apoderado judicial de la llamada a resistir se opuso a la prosperidad de los recursos y solicitó mantener incólume la decisión impugnada. Arguyó, en síntesis, que no se acreditaron suficientemente la capacidad económica de su representada , ni la necesidad alimentaria del actor; que las historias clínicas aportadas no dem uestran incapacidad, dependencia o urgencia actual del convocante respecto de la5

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 accionada; y que tampoco existía soporte para el canon de arrendamiento , ni para el incremento de los gastos reclamados.

Frente al ingreso al apartamento 403, adujo que resultaba contradictorio con la alegada violencia intrafamiliar y afirmó que la salida del percutor obedeció a un acuerdo previo.

Finalmente, respecto del embargo y secuestro de los inmuebles, señaló que las partes solo ostentaban derechos de usufructo, mientras la nuda propiedad se encontraba radicada en cabeza de sus hijos.

1.3.2) De la resolución del recurso de reposición y concesión de la apelación3 Mediante providencia del 24 de junio de 2026, el A quo resolvió no reponer

se encontraba radicada en cabeza de sus hijos.

1.3.2) De la resolución del recurso de reposición y concesión de la apelación3 Mediante providencia del 24 de junio de 2026, el A quo resolvió no reponer la decisión cuestionada. Consideró que las medidas cautelares previstas en el artículo 598 del CGP exigen verificar, entre otros aspectos, su necesidad y proporcionalidad y, tratándose de alimentos provisionales, la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Al valorar los elementos recaudados por la Comisaría Primera de Familia de Marinilla, estableció que el demandante percibía ingresos mensuales por $1’840.000 y concluyó que no se encontraba acreditada una situación de urgencia económica que justificara la fijación provisional de alimentos, máxime cuando los gastos estimados en $5 ’100.000 carecían de soporte objetivo y la documentación médica no evidenciaba una condición actual que comprometiera su auto subsistencia. Añadió que, por esa razón, resultaba innecesario recaudar información adicional sobre el monto de la pensión de la demandada. Respecto del ingreso del actor al apartamento 403 del Edificio Mónaco P.H., sostuvo que no se aportaron elementos que permitieran variar la decisión inicial y que las solicitudes de uso exclusivo, ocupación parcial o reconocimiento de canon locativo constituían pretensiones novedosas introducidas con el recurso. Asimismo, indicó que la nuda propiedad del inmueble se encontraba en cabeza de los hijos de la pareja y que los contendientes ostentaban únicamente el usufructo.

3 C01 PDF 034 AutoResuelveRecurso6

inmueble se encontraba en cabeza de los hijos de la pareja y que los contendientes ostentaban únicamente el usufructo.

3 C01 PDF 034 AutoResuelveRecurso6

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 Finalmente, mantuvo la negativa del embargo del 50% de las mesadas pensionales y del embargo y secuestro de los inmuebles, al no encontrar acreditados los presupuestos para su decreto. En consecuencia, dispuso no reponer el Auto No. 443 del 27 de marzo de 2026 y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo Agotado el trámite correspondiente, el recurso se encuentra en estado de resolverse, a lo que se procederá previas las siguientes

2. CONSIDERACIONES

Primigeniamente cabe señalar que esta Sala Unitaria es competente para decidir la presente alzada, de un lado, es el superior funcional del Juzgado que profirió la providencia atacada y, por el otro, el auto es susceptible de apelación conforme con el numeral 8º del artículo 321 del Código General del Proceso, que contempla como apelable aquel que “resuelva sobre una medida cautelar”.

Ahora bien, conforme a la situación fáctica y jurídica planteada, el problema jurídico en el sub examine gravita en determinar si se encuentra ajustada a derecho la decisión de negar las medidas cautelares solicitadas por GONZALO DE JESÚS DUQUE ARCILA frente a su cónyuge AURA HELENA HOYOS ZULUAGA, consistentes en : (i) la fijación de alimentos provisionales en favor

derecho la decisión de negar las medidas cautelares solicitadas por GONZALO DE JESÚS DUQUE ARCILA frente a su cónyuge AURA HELENA HOYOS ZULUAGA, consistentes en : (i) la fijación de alimentos provisionales en favor del demandante; (ii) la autorización para su ingreso al apartamento 403 del Edificio Mónaco P.H.; (iii) el embargo del cincuenta por ciento (50%) de las mesadas pensionales percibidas por la demandada y (iv) el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias 018158071 y 018-158102; o si, a contrario sensu , los elementos obrantes en el plenario y los argumentos expuestos por el extremo recurrente permiten establecer la concurrencia de los presupuestos para acceder a tales pedimentos.

Asimismo, en lo concerniente a las solicitudes introducidas con ocasión del recurso tendientes a que se le conceda el uso exclusivo o parcial del apartamento y del reconocimiento de un canon, corresponderá establecer si las mismas pueden ser objeto de pronunciamiento en esta sede, pese a no haber integrado la solicitud cautelar inicialmente sometida a consideración del Juez de primera instancia.7

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 Por lo anterior, se abordará la solución a cada una de las cuestiones jurídicas esbozadas, así:

(i) De la fijación de alimentos provisionales a favor del cónyuge demandante.

En lo atinente a la fijación de alimentos provisionales solicitada por GONZALO

esbozadas, así:

(i) De la fijación de alimentos provisionales a favor del cónyuge demandante.

En lo atinente a la fijación de alimentos provisionales solicitada por GONZALO DE JESÚS DUQUE ARCILA a cargo de su cónyuge AURA HELENA HOYOS ZULUAGA, se empieza por indicar que el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil incluye dentro de los titulares del derecho de alimentos “Al cónyuge”, al paso que el artículo 413 ejusdem define los alimentos congruos como aquellos que permiten “subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”.

En armonía con tales disposiciones, el numeral 5º literal c) del artículo 598 de la Ley 1564 de 2012 autoriza expresamente al juez, entre otros, en los procesos de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, para señalar la contribución que corresponda entre los esposos “según su capacidad económica, para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge”. De allí emerge, entonces, que mientras subsista el vínculo matrimonial y se adelanta el proceso encaminado a obtener su cesación, resulta jurídicamente viable que uno de los consortes reclame del otro una contribución provisional para su sostenimiento y h abitación. Tal conclusión guarda relación con lo dispuesto por el artículo 417 del Código Civil, que permite el reconocimiento provisional de la prestación “desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-085 de 2024 , ha precisado que los elementos necesarios para la procedencia de los alimentos son: “(…) el vínculo, la necesidad del alimentario y la capacidad del

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-085 de 2024 , ha precisado que los elementos necesarios para la procedencia de los alimentos son: “(…) el vínculo, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante 4. El vínculo se refiere a “ que exista un vínculo de parentesco o un supuesto 5 que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos” 6. La necesidad del alimentario implica que el peticionario requiera los alimentos que demanda. Y la capacidad del

4 Corte Constitucional. Sentencia C -237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Ver también sentencia T685 de 2015, entre otras. 5 Este vínculo implica que exista “un título a partir del cual pueda ser reclamada, esto es, por disposición legal, convención o por testamento”. Ver sentencia T -266 de 2017 y T -559 de 2017, entre otras. 6 Corte Constitucional. Sentencia T -506 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.8

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 alimentante implica que “la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos” 7 (negrillas ex profeso), y, al referirse particularmente a los cónyuges, precisó que la obligación prevista en el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil se encuentra sometida a la acreditación de dichos presupuestos 8.

Adicionalmente, la Alta Corporación en sentencia C 017 de 2019 ha señalado que la obligación alimentaria “implica la existencia de una necesidad actual ”9.

acreditación de dichos presupuestos 8.

Adicionalmente, la Alta Corporación en sentencia C 017 de 2019 ha señalado que la obligación alimentaria “implica la existencia de una necesidad actual ”9.

Por su parte, tratándose de alimentos a favor de mayores de edad, el numeral 1º del artículo 397 del CGP dispone: “Desde la presentación de la demanda el juez ordenará que se den alimentos provisionales siempre que el demandante acompañe prueba siquiera sumaria de la capacidad económica de demandado. Para la fijación de alimentos provisionales por un valor superior a un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv), también deberá estar acreditada la cuantía de las necesidades del alimentario”. Esta norma también atribuye al juez la facultad de decretar, incluso de oficio, los medios de convicción necesarios para establecer tanto aquella como las necesidades del solicitante.

Hechas las anteriores precisiones, advierte este Tribunal que en el asunto que concita la atención de la Sala no existe discusión en torno al vínculo que sirve de fuente a la eventual obligación alimentaria, pues GONZALO DE JESÚS

7 Corte Constitucional. Sentencia T -506 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 8 En el caso de los cónyuges, existen tres supuestos en los que hay lugar al pago de alimentos. En primer lugar, el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil establece que se deben alimentos entre los cónyuges. Cabe resaltar que esta obligación está sujeta a que se demuestre la configuración de los requisitos anteriormente mencionados: el vínculo matrimonial, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. 9 “(…) En suma, para la Sala la obligación de prestar alimentos corresponde a una obligación de

los requisitos anteriormente mencionados: el vínculo matrimonial, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. 9 “(…) En suma, para la Sala la obligación de prestar alimentos corresponde a una obligación de carácter especial en cuanto le asisten unas características y requisitos particulares, ya que (i) su naturaleza es principalmente de carácter civil; (ii) se fund amenta constitucionalmente en los principios de solidaridad, equidad, protección de la familia, necesidad y proporcionalidad; (iii) tiene una finalidad asistencial de prestación de alimentos por parte del obligado o alimentante al beneficiario o alimentari o; (iv) adquiere un carácter patrimonial cuando se reconoce la pensión alimentaria; (v) el bien jurídico protegido es la vida y subsistencia del alimentario y, como consecuencia, sus demás derechos fundamentales; (vi) exige como requisitos para su configur ación que (a) el peticionario necesite los alimentos que solicita; (b) que el alimentante tenga la capacidad para otorgarlos; y (c) que exista un vínculo filial o legal que origine la obligación; (vii) se concreta jurídicamente cuando se hace exigible por las vías previstas por la ley –administrativas o judiciales - , en aquellos casos en que el alimentante elude su obligación frente al beneficiario o alimentario; y finalmente, lo que resulta especialmente relevante para el presente estudio de constitucionali dad (viii) no tiene un carácter indemnizatorio, de manera que implica la existencia de una necesidad actual, lo cual no quiere decir que cuando ésta ya ha sido decretada por las vías legales existentes no pueda exigirse judicialmente las cuotas que el alimentante se ha abstenido de pagar, por negligencia o culpa, incluso por vía ejecutiva.”9

necesidad actual, lo cual no quiere decir que cuando ésta ya ha sido decretada por las vías legales existentes no pueda exigirse judicialmente las cuotas que el alimentante se ha abstenido de pagar, por negligencia o culpa, incluso por vía ejecutiva.”9

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 DUQUE ARCILA y AURA HELENA HOYOS ZULUAGA ostentan actualmente la calidad de cónyuges , sin que aún se haya extinguido el vínculo nupcial y es esto justamente lo que se pretende con la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio, constituyéndose ello en el objeto del proceso.

Ahora bien, adentrándose al asunto que concita la atención de esta Magistratura, se otea que l a controversia se contrae a establecer si se encuentran demostradas la necesidad del demandante y la capacidad económica de la demandada, presupuestos que, acorde con la jurisprudencia constitucional atrás referenciada, deben concurrir para hacer exigible la obligación alimentaria.

En cuanto al primero, procede memorar que el recurrente afirmó requerir mensualmente la suma de $5 ’100.000, discriminada en $2 ’000.000 por concepto de una empleada de servicio doméstico, $300.000 de servicios públicos domiciliarios, $1 ’000.000 para alimentación y $1 ’800.000 para arrendamiento, este último rubro condicionado a que no fuera autorizada su ingreso al apartamento del cual aduce ser usufructuario.

Sin embargo, como lo advirtió el estrado judicial de primer nivel, no fueron allegados soportes que permitan establecer la efectiva causación,

ingreso al apartamento del cual aduce ser usufructuario.

Sin embargo, como lo advirtió el estrado judicial de primer nivel, no fueron allegados soportes que permitan establecer la efectiva causación, periodicidad y cuantía de dichas erogaciones. Particularmente, en lo relacionado con el arrendamiento, el propio demandante manifestó encontrarse residiendo en la vivienda de un familiar, sin que obre elemento demostrativo de que actualmente soporte la carga económica denunciada.

Tal falencia no resulta intrascendente, pues el numeral 1º del artículo 397 del CGP dispone expresamente que, cuando la prestación provisional reclamada supera un salario mínimo legal mensual vigente, “también deberá estar acreditada la cuantía de las necesidades del alimentario” . De tal suerte que la estimación unilateral realizada por el interesado no basta, por sí sola, para imponer provisionalmente al otro cónyuge una obligación en el monto pretendido.

Ahora, tampoco se desconoce que GONZALO DE JESÚS DUQUE ARCILA es un adulto mayor y que la documental clínica allegada da cuenta de diversos antecedentes y episodios relacionados con su estado de salud, entre ellos “(…) hipoacusia derivada de una intervención previa, lumbalgia, dolores10

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 osteomusculares, lipomatosis, hiperplasia prostática (…)” 10 y distintas consultas médicas y odontológicas ; s in embargo, advierte este Tribunal que de tales elementos no se desprende que actualmente padezca una condición que comporte dependencia funcional, incapacidad para procurarse su

consultas médicas y odontológicas ; s in embargo, advierte este Tribunal que de tales elementos no se desprende que actualmente padezca una condición que comporte dependencia funcional, incapacidad para procurarse su subsistencia o la necesidad de asistencia permanente, ni se acreditaron erogaciones extraordinarias derivadas de aqu ellas patologías que permitan establecer, siquiera sumariamente, la necesidad alimentaria en la dimensión alegada.

Incluso, en la valoración de medicina general realizada el 12 de febrero de 2026, esto es, la más próxima temporalmente a la solicitud cautelar, el galeno consignó que el paciente se encontraba “EN EL MOMENTO ASINTOMATICO, SIN HALLAZGOS CLINICOS PATOLOGICOS. SIN REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR AHORA” 11, al turno que impartió recomendaciones generales.

De tal suerte que, si bien la edad y los antecedentes médicos del suplicante constituyen circunstancias que necesariamente deben ser ponderadas al examinar su situación particular, más verdad es que el material clínico aportado no permite derivar de ellas, por sí solas, una imposibilidad actual para atender autónomamente su congrua subsistencia , ni demuestra los gastos que aquellas eventualmente le ocasionan.

A lo anterior se aúna que el material recaudado por la Comisaría Primera de Familia de Marinilla 12 permitió establecer que el demandante percibe actualmente ingresos periódicos por valor de $1 ’840.000 mensuales, discriminados en $840.000 por concepto de apoyo económico familiar y $1’000.000 provenientes de uno de sus hijos por concepto de intereses; asimismo, que se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en calidad

discriminados en $840.000 por concepto de apoyo económico familiar y $1’000.000 provenientes de uno de sus hijos por concepto de intereses; asimismo, que se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en calidad de beneficiario.

Además, se evidencia que GONZALO DE JESÚS DUQUE ARCILA ostenta derechos de propiedad sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018 -127156, conforme se desprende de la anotación 003 del correspondiente certificado de tradición y libertad 13. A ello se suma que, si

10 C01 PDF 013MemorialHistoriaClinica 11 C01 PDF 013MemorialHistoriaClinica Pág.34. 12 C01 PDF 033 RespuestaRequerimientoComisariaMarinilla 13 Ibidem Pág. 4411

Rdo. Interno 474-2026 Auto que confirma decisión de primera instancia Radicado 05697 3184 001 2026 00074 01 bien no fueron allegados los certificados registrales de otros bienes, dentro de las diligencias remitidas por la Comisaría obra comunicación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, en la que se informó que el demandante también fi gura con derechos de propiedad sobre los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria N ros. 01836111, 018-36593 y 018 -4609314.

Valorados conjuntamente los elementos obrantes en el dossier, esto es, la existencia de ingresos ciertos y periódicos, la ausencia de prueba sobre la efectiva causación de los gastos enunciados por el suplicante, el contenido de la documentación médica aportada y derechos de propiedad sobre varios inmuebles, se otea por esta Magistratura que no se logró acreditar, siquiera

efectiva causación de los gastos enunciados por el suplicante, el contenido de la documentación médica aportada y derechos de propiedad sobre varios inmuebles, se otea por esta Magistratura que no se logró acreditar, siquiera sumariamente, que los propios recursos económicos del actor resulten actualmente insuficientes para atender su congrua subsistencia en la dimensión alegada, ni mucho menos se encuentra demostrado el monto de $5’100.000 cuya fijación provisional pretende y frente a lo cual se otea una flagrante orfandad probatoria.

Por su lado, e n lo que respecta a la capacidad económica de la alimentante, existen elementos suficientes para inferir que AURA HELENA HOYOS ZULUAGA ostenta la calidad de pensionada, aunque se desconoce el monto exacto de la prestación que percibe. También es cierto que el demandante acreditó haber elevado solicitudes dirigidas a las entidades correspondientes con miras a obtener dicha información y que el artículo 397 del CGP faculta al juez para recaudar oficiosamente las pruebas necesarias cuando las partes no las hubieren aportado.

Sin embargo, tal circunstancia no conduce en este caso a revocar la decisión recurrida, porque la acreditación de la capacidad económica de quien eventualmente está llamado a suministrar la prestación no suple el otro presupuesto concurrente de la obligación: la necesidad del alimentario. Como quedó visto, el material probatorio actualmente incorporado no ofrece fundamento sufi