TSDJ BAQ - 2023 00463 DEFINICION DE COMPETENCIA TUTELA DAYSON BERRIO VS ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA PENAL

Magistrado Ponente: LUIGUI JOSÉ REYES NÚÑEZ

Barraquilla, Atlántico, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

1. ASUNTO:

Procede la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a definir a quien corresponde conocer la acción de tutela presentada por el señor DAYSON JOSE BERRIO MELENDEZ en contra del INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA e INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO; la cual fue repartida inicialmente a l Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla1, quien mediante auto de fecha 23 de mayo de 2023, se abstuvo de avocar su conocimiento y ordenó su remisión a los Juzgados municipales de Puerto Colombia, al paso que el

1 Dr. EDGAR BONILLA POLO Asunto Conflicto de competencia de Tutela Radicación

Juzgado de Origen 08001220400020230040700 2023 00463 Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia vs Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Contr ol de Garantías de Barranquilla

Accionante DAYSON JOSE BERRIO MELENDEZ

Accionados

Aprobado

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE

SOLEDAD, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA e

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO

Accionados

Aprobado

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE

SOLEDAD, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA e

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO Acta No. 248Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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Juez Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia2, mediante auto de fecha 29 de mayo de 2023, ordenó su remisión inicialmente a los Jueces Penales del Circuito del Distrito Judicial de Barranquilla, superior funcional común, para que procediesen a dirimir el conflicto de competencia negativo. No obstante lo anterior, mediante auto del 22 de junio de 2023, el aludido funcionario procedió a corregir el anterior auto, y en consecuencia, remitió la actuación para ante esta Corporación para que dirima el CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETE NCIA; trámite que fue recibido por el Despacho del Magistrado sustanciador el 11 de agosto hogaño.

2. CONSIDERACIONES:

 EL CASO CONCRETO:

1.- El señor DAYSON JOSE BERRIO MELENDEZ, promueve acción de tutela

contra el INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD,

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA e INSTITUTO DE TRANSITO DEL

1.- El señor DAYSON JOSE BERRIO MELENDEZ, promueve acción de tutela contra el INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA e INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, a ese respecto, expuso los siguientes hechos:

“PRIMERO: Que en mi calidad de infractor de tránsito, y en mi calidad de persona responsables de mis obligación procedí a la cancelación de mis infracciones así:

Fecha de pago comparendo No. 18256404, por valor de $195.308realizado 30 de septiembre del 2022, Municipio de barranquilla(anexo)

Fecha de pago comparendo No. 8479802, por valor de $184.806 realizado 30 de septiembre del 2022, Municipio de barranquilla (anexo)

2 Doctor ALBERTO MARIO OSPINO SOTOAsunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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Fecha de pago comparendo No. 1162032, por val or de $117 900, realizado 29 de septiembre del 2022, Transito del Atlántico. (anexo)

Fecha de pago comparendo No. 18256404, por valor de $7.679 realizado 30 de septiembre del 2022, Municipio de soledad (anexo)

realizado 29 de septiembre del 2022, Transito del Atlántico. (anexo)

Fecha de pago comparendo No. 18256404, por valor de $7.679 realizado 30 de septiembre del 2022, Municipio de soledad (anexo)

SEGUNDO: Que en pasado días, se presentó una emergencia climático se me afecto mi vivienda y procedí llegar realizar mi retiro del dinero para atender mi situación y me informaron que los dineros fueron embargados por entidades mediante proceso coactivo por las entidades ALCALDIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLATRANSITO DEL ATLANTICO Y TRANSITO

DE SOLEDAD

TERCERO: Que desde que me informaron de procedimiento cobro coactivo, inicio para mí un calvario llegue cada una de las entidades realice peticiones verbales, demostrando que no tenía ninguna obligación pendiente y que me devolviera mis ahorros el procedimiento era ilegal, y ninguna me dio solución de los dineros más aun cuando son provenientes de indemnización conflicto armado.

CUARTO: Que se observa que estas entidades violaron la inembargabilidad de los recursos y afectaron su capacidad económica y por ende debido proceso más aun cuando se habían cancelado toda y cada una de las obligaciones. Otro fundamental lineamiento, emitido por la Superintendencia Financiera emitió la Carta Circular 58 del 6 de octubre de 2022, la cual tiene como referencia la divulgación de los montos actualizados de los beneficios de inembargabilidad y exención de juicio de sucesión para la entrega de dineros.

QUINTO: ultimo informara que el recurso depositado en banco corresponde cancelación indemnización víctimas del conflicto armando, y tenía directriz de la Superfinanciera sobre la inembargabilidad de los

sucesión para la entrega de dineros.

QUINTO: ultimo informara que el recurso depositado en banco corresponde cancelación indemnización víctimas del conflicto armando, y tenía directriz de la Superfinanciera sobre la inembargabilidad de los recursos, por lo que ante el proceso cobro coactivo se violó derecho al debido proceso consagrado artículo 29 de la C.N.Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700

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Que le compete al señor Juez, restablecer derecho de señor Dayson Berrio Meléndez, en virtud que este señor ya había cancelado sus obligaciones y no tenía obligación con ninguna entidad y debió para todo proceso en su contra.”

2.- El libelista en el ac ápite de pretensiones, solicit a que, se tutelen sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, en consecuencia, se conmine a la expedición de la Resolución de devolución de los recursos embargados en proceso s coactivos, emitida s por cada una de las entidades demandadas.

3.- Mediante auto de fecha 23 de mayo de 202 3, el doctor EDGAR BONILLA POLO, Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla , se abstuvo de avocar el conocimiento de la presente demanda, a este propósito indicó que, el accionante manifiesta

BONILLA POLO, Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla , se abstuvo de avocar el conocimiento de la presente demanda, a este propósito indicó que, el accionante manifiesta residir en Puerto Colombia - Atlántico, siendo dicho municipio donde se producen y extienden los efectos de la alegada y presunta vulneración de derechos, pues en dicho municipio se encuentra domiciliado el accionante, además precisa que el lugar donde ocurre la presunta violación o amenaza es el municipio de Soledad , por lo que considera que deberá conocer a prevención el Juez municipal en turno de Puerto Colombia.

3.1. El funcionario resaltó lo previsto en el auto 367 de 2021 proferido por la Corte Constitucional, en lo ilativo a lo descrito en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, respecto del tópico de competencia.

4.- Por su parte , el Doctor ALBERTO MARIO OSPINO SOTO , Juez Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, mediante auto de fecha 29 de mayo de 2023 , planteó un conflicto negativo de competencia , pues sostuvo que, dos de las accio nadas ALCALDIA DE BARRANQUILLA eAsunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO tienen s u domicilio en el Distrito de Barranquilla, aunado a que el accionante eligió a prevención el Distrito DE BARRANQUILLA, para presentar la solicitud de amparo, lugar donde dice fueron vulnerados sus derechos.

4.1.- Añadió que, no se debe pasar por alto que la Corte Constitucional ha sostenido que “del artículo 86 de la Constitución, se desprende una protección a la libertad del accionante para presentar la acción de tutela en el territorio que, satisfaciendo el factor territorial del artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, sea de su elección. Cuando hay una divergencia entre los dos criterios que definen el alcance del factor territorial, es decir, cuando el lugar de la vulneración o amenaza difiere del de sus efectos, se confiere prevalencia a la elección del accionante”3

4.2.- Así las cosas, ordenó remitir el trámite de tutela a la OFICINA JUDICIAL DE BARRANQUILLA, para que sea repartido el expediente entre los JUECES PENALES DEL CIRCUITO DEL DISTRITO JUDICIAL BARRANQUILLA, superior funcional común, a efectos que se proceda a dirimir el conflicto de competencia negativo.

4.3.- No obstante lo anterior, mediante auto el 22 de junio hogaño, el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Colombia advirtió que, al momento

dirimir el conflicto de competencia negativo.

4.3.- No obstante lo anterior, mediante auto el 22 de junio hogaño, el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Colombia advirtió que, al momento de emitir el auto de fecha 29 de mayo de 2023 , donde se planteó un CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA , los Juzgados Promiscuos del Circuito adscritos al Circuito de Puerto Colombia, no se encontraban aún en funcionamiento y solo hasta el día 15 de junio de la anualidad en curso entregaron las credenciales en sistema, lo cual considera, cambia el mapa jurisdiccional del superior funcional en común, que era los jueces del circuito de la ciudad de Barranquilla.

3 Auto 074 de 2016Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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4.4.- En virtud de lo an terior, ordenó corregir el numeral tercero de la parte resolutiva del auto de fecha 29 de mayo de 2023 , y en consecuencia, remitió el trámite a esta Corporación, para que procediese a dirimir el conflicto de competencia negativo.

5.- Para dirimir el conflicto suscitado, conviene recordar que, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1.º del Decreto 1382

a dirimir el conflicto de competencia negativo.

5.- Para dirimir el conflicto suscitado, conviene recordar que, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1.º del Decreto 1382 de 2000, normativa compilada en el apartado 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, a su vez modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos.

5.1.- Ciertamente, el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021 , actualmente determina la autoridad judicial a la que debe ser repartida una acción de tutela y la que debe asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada.

En este sentido, el artículo 1º del referido Decreto consagra:

ARTÍCULO 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de

2015. Modifíquese el artículo 2 .2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el

cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción

efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

(…)

6.- Igualmente, cabe relievar que, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en reciente providencia, recordó que, de forma reiterada ha señalado que, en lo ilativo al tópico de competencia a prevención, el accionante puede escoger el juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Veamos4:

En esa dirección, es oportuno señalar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el canon 1.º del Decreto 1382 de 2000, el cual

quebranto o la de sus efectos. Veamos4:

En esa dirección, es oportuno señalar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el canon 1.º del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, a su vez modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen sus efectos.

Tal disposición, como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante puede escoger el juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lug ar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos.

Al respecto, ha dicho la Corte:

4 Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, doctor OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR, Magistrado ponente, APL5984-2021, Radicado n.º 110010230000202102026 -00, Acta nº 28, N° 146, Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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diciembre de dos mil veintiuno (2021).Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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[P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio». (Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 20 01, radicado 10251; Sala Plena, autos del 16 de abril de 2002, radicado 388, APL7317 -2015 de 9 de diciembre de 2015, APL8090-2016 de 24 de noviembre de 2016, APL4455-2019 de 24 de septiembre de 2019 y APL382 -2020 de 6 de febrero de 2020, entre otros).

A p artir de lo anterior, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia,

2020, entre otros).

A p artir de lo anterior, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento». (Sala Penal autos de 22 de mayo de 2001, radicado 9596, 8 de marzo de 2007, radicado 30009 y 19 de julio de 2012, radicado 61697; Sala Plena APL7317-2015 de 9 de diciembre de 2015 y APL8764 -2017 de 7 de diciembre de 2017, entre otros).5

7.- Desde esa perspectiva jurisprudencial, y a la luz del artículo 86 de la Constitución Política, se desprende una protección a la libertad del accionante para presentar la acción de tutela en el territorio que, satisfaciendo el factor territorial del artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, sea de su elección , es decir, cuando el lugar de la vulneración o amenaza difiere del de sus efectos, se confiere prevalencia a la elección del accionante. Al respecto ha afirmado la Honorable Corte Constitucional:

“(…) existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las

5 Negrita de esta sala.Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas po r el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.6

8. Dentro de esos derroteros, la Sala otea que, los competentes a prevención para conocer y decidir la acción de tutela instaurada por DAYSON JOSE BERRIO MELENDEZ , son los Jueces Municipales de los municipios de Puerto Colombia, Barranquilla y Soledad, los primeros porque en ese lugar se encuentra ubicado su domicilio y por ende se producen los efectos de la eventual vulneración de sus derechos fundamentales, y los segundos y terceros porque corresponden a la sede de la s accionadas (ALCALDÍA DE BA RRANQUILLA, INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO e INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD), donde tienen origen las presuntas omisiones violatorias de los derechos.

9.- Se constata así que, la razón en este sesudo asu nto se encuentra de parte del funcionario titular del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, pues tal como lo señaló la jurisprudencia constitucional

los derechos.

9.- Se constata así que, la razón en este sesudo asu nto se encuentra de parte del funcionario titular del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, pues tal como lo señaló la jurisprudencia constitucional anteriormente citada, cuando hay una divergencia entre los dos criterios que definen el alcance del factor territorial, es decir, cuando el lugar de la vulneración o amenaza difiere del de sus efectos, debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el accionante de interponer la acción de tutela ante los jueces de dicha ciudad, que en este caso corresponde a la ciudad de Barranq uilla, en donde se encuentran presuntamente vulnerados sus derechos fundamentales por parte de la Alcaldía de Barranquilla y el Instituto de Tránsito del Atlántico, por haber procedido

6 A 277 de 2002Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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con el embargo de sus cuentas bancarias de manera presuntamente irregular.

10.- Ahora bien, la Sala considera pertinente destacar que ningún conflicto de competencia, ni aun aparente, puede suscitarse en ocasión de la aplicación del decreto 1382 de 2000 (ahora Decreto 333 de 2021), por cuanto dicho acto administrativo únicamente contempla las reglas de

conflicto de competencia, ni aun aparente, puede suscitarse en ocasión de la aplicación del decreto 1382 de 2000 (ahora Decreto 333 de 2021), por cuanto dicho acto administrativo únicamente contempla las reglas de reparto en la acción de tutela, no así las de competencia. No obstante, de acuerdo también con los precedentes en la materia, durante el trámite del amparo no pueden desconocerse de manera caprichosa e infundada las normas de reparto so pena de incurrir en una grosera manipulación de estas.

11.- En este sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también precisó dentro del expediente de tutela radicado con el Nº 58.275 de fecha 22 de enero del año 2012 7, la importancia de acatar las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y así lo reiteró en auto del 20 de junio de 2013, dentro del radicado Nº 67303, donde señaló:

“2. Se aclara que si bien el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad y celeridad, no se puede omitir que la competencia del juez está inescindiblemente referida al derecho fundamental al debido procesoartículo 29 de la Carta-, el acceso al juez natural y a la administración de justicia, de donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insubsanable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al

constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” -Auto 304 A de 2007, Corte Constitucional -, “el cual

7 M.P. José Leónidas Bustos MartínezAsunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” -Auto número 072 A de 2006, ibídem-.

Ahora bien, aunque la Corte Suprema de Justicia comparte la preocupación de la Corte Constitucional expresada en auto 124 del 25 de marzo de 2009, en el sentido de que en algunos casos los “ conflictos de competencia con base en el Decreto 1382 de 2000 ha generado que los peticionarios deban sufrir por varios meses (sic) las graves consecuencias de la presunta violación de s us derechos fundamentales mientras los distintos jueces discuten aspectos meramente procesales relacionados con las reglas de reparto; lo cual, además, es muestra de una gran insensibilidad constitucional”, precisó esta Corporación en auto de junio

de la presunta violación de s us derechos fundamentales mientras los distintos jueces discuten aspectos meramente procesales relacionados con las reglas de reparto; lo cual, además, es muestra de una gran insensibilidad constitucional”, precisó esta Corporación en auto de junio 2 de 20 09 –radicado número 42401 - que “ello no implica que las autoridades judiciales y sus usuarios deban desconocer la citada reglamentación, toda vez que su inobservancia resta eficacia a la administración de justicia de cara a proteger los derechos fundamentales, pues no se puede olvidar que el Decreto 1382 de 2000 fue expedido por la necesidad cierta de ‘racionalizar y desconcentrar el conocimiento’8 de las demandas de tutela”, pues desconocer aquella realidad por la cual se expidió el decreto precitado, genera efectos como el ocurrido en el presente caso, y emite un mensaje equivocado a las personas, en tanto “las incentiva a promover demandas ante cualquier autoridad judicial, creando caos que en nada ayuda a la protección inmediata de los derechos fundamentales, ni al correcto funcionamiento de la administración de justicia en el ejercicio de sus funciones ordinarias instituidas igualmente para garantizar los derechos constitucionales”.

Adicionalmente recordó esta Colegiatura que “en julio de 2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y del inciso segundo del artículo 3º del mismo, denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación”.

8 Ver parte considerativa del Decreto 1382 de 2000.Asunto Conflicto de Competencia – Tutela

denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación”.

8 Ver parte considerativa del Decreto 1382 de 2000.Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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“De esta manera, habiéndose pronunciado el organismo competente, el resto de la normatividad contenida en el referido Decreto mantiene obligatoria aplicación, como desde entonces lo ha venido reiterando la Corte Constitucional”9.

En el mismo sentido se pronunció la Sala en auto de 2 de julio de 2009 – radicado número 42652 - al decretar la nulidad de lo actuado en un proceso constitucional adelantado en primera instancia por el Tribunal Superior de Cartagena.

Adicionalmente a través del auto número 198 del 28 de mayo de 2009, la Corte Constitucional acogió la aplicación del Decreto 1382 del 2000 , entre otros eventos, cuando “se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto”, como ciertamente ocurrió en este asunto, pues el “Ministerio de Educación Nacional” fue relacionado como accionado, sin que en la demanda se hubiese indicado alg una censura atribuible a esta entidad, que impusiera su vinculación”.

12.- En consecuencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito

accionado, sin que en la demanda se hubiese indicado alg una censura atribuible a esta entidad, que impusiera su vinculación”.

12.- En consecuencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, remitirá lo actuado al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, para que adelante la correspondiente actuación judicial.

 DECISIÓN:

En razón y en mérito de lo exp uesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,

9 Corte Constitucional. Auto 147 del 1º de abril de 2009.Asunto Conflicto de Competencia – Tutela Radicado 08001220400020230040700 2023 00463 Accionante Accionados

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RESUELVE:

PRIMERO: REMITIR el expediente contentivo de la tutela interpuesta por el señor DAYSON JOSE BERRIO MELENDEZ en contra del INSTITUTO

DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD, ALCALDÍA DE

BARRANQUILLA e INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, para que adelante la correspondiente actuación judicial.

SEGUNDO: Por Secretaría, COMUNÍQUESE, al Juzgado Primero

Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, para que adelante la correspondiente actuación judicial.

SEGUNDO: Por Secretaría, COMUNÍQUESE, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia y al accionante, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en relación con el conflicto de competencia.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIGUI JOSÉ REYES NÚÑEZ

JORGE ELIÉCER CABRERA JIMÉNEZ

DEMÓSTENES CAMARGO DE ÁVILA