TSDJ CTG - Sentencia 13001310500120230014201 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CARTAGENA - BOLÍVAR ___________________________

SALA DE DECISIÓN LABORAL FIJA No 1

MAGISTRADO PONENTE: Dr. FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA

Cartagena de Indias, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Tipo de Proceso Ordinario laboral Radicado 13001310500120230014201

Demandante ALEJANDRO BARRIOS MARTÍNEZ

Demandado COLPENSIONES y PORVENIR S.A

Primera Instancia Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena Asunto Recurso de Apelación Tema Ineficacia del traslado al RAIS

Procede la Sala de Decisión Laboral Fija No. 1 de este Distrito Judicial, integrada por los Magistrados: LUIS JAVIER ÁVILA CABALLERO, CARLOS FRANCISCO GARCÍA SALAS y FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA , quien la preside como ponente, luego de integrarse y debatir, profieren de manera escrita lo siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

ALEJANDRO BARRIOS MARTÍNEZ , promovió proceso ordinario laboral contra PORVENIR S.A y COLPENSIONES, con la finalidad de que se declare la ineficacia de su traslado, en consecuencia, se ordene a PORVENIR S.A, el traslado a COLPENSIONES de todos los aportes y rendimientos. De igual forma, se ordene a ésta última entidad a recibir dichas

traslado, en consecuencia, se ordene a PORVENIR S.A, el traslado a COLPENSIONES de todos los aportes y rendimientos. De igual forma, se ordene a ésta última entidad a recibir dichas sumas y actualizar la historia laboral. Se condene en costas procesales a la demandada. (demanda admitida en auto del 15 de mayo de 2023)

1.2. Hechos

Como soporte de sus pretensiones, el demandante dijo en síntesis que, nació el 29 de agosto de 1960 y se afilió en el RPM, con el ISS, desde junio de 1989; posteriormente, se trasladó al RAIS con PORVENIR S.A, desde enero del 2001. Esto sin ser informado acerca de las desventajas, etapas y efectos generados por el cambio de régimen, generando una afectación en el monto de su mesada pensional. Agotó la reclamación administrativa ante ambas entidades el 27 de abril de 2023 , p ero fue despachada negativamente por Colpensiones y no ha obtenido respuesta por parte PORVENIR S.A.RAMA JUDICIAL

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1.3. Contestación de la demanda

PORVENIR S.A: Se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que el traslado fue producto de una decisión libre e informada después de haber sido ampliamente asesorado sobre las implicaciones de su decisión, sobre el funcionamiento del RAIS y de

PORVENIR S.A: Se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que el traslado fue producto de una decisión libre e informada después de haber sido ampliamente asesorado sobre las implicaciones de su decisión, sobre el funcionamiento del RAIS y de indicarle sus cond iciones pensionales, tal como se aprecia en la solicitud de vinculación – documento público. Propuso las excepciones de fondo que denominó: prescripción, buena fe, inexiste ncia de la obligación, compensación, restituciones mutuas y genérica .

(contestación aceptada en auto del 21 de junio de 2023)

COLPENSIONES: se opuso a todas las pretensiones, por cuanto, el traslado se hizo de manera libre y voluntaria mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el particular. Propuso las excepciones de mérito de inexistencia de obligación demandada, falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP , innominada o genérica. (contestación aceptada en auto del 21 de junio de 2023)

1.4. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, puso fin a la primera instancia con sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de 2023, mediante la cual, declaró la ineficacia del traslado , en consecuencia, ordenó el traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por ALEJANDRO BARRIOS MARTÍNEZ y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que hubiesen producido, el bono

que a título de aportes fueron pagados por ALEJANDRO BARRIOS MARTÍNEZ y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que hubiesen producido, el bono pensional y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, el porcentaje por gastos de administr ación y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, por todo el tiempo en que el demandante permaneció en el RAIS. Sin condena en costas.

Basó su decisión en que, de acuerdo con la jurisprudencia para realizar el traslado se requería el consentimiento informado por parte del afiliado, que comprend ía las implicaciones de su decisión, más allá de la sola firma del for mulario de afiliación, hecho que no fue demostrado.

1.5. Recurso de Apelación

DEMANDANTE: se opuso a la absolución de las costas frente a PORVENIR S.A , pues conforme el artículo 365 del CGP la parte vencida debe asumirlas y aunque el juez consideró la buena fe, esta condena es objetiva y descarta la conducta PORVENIR S.A se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló excepciones las cuales no prosp eraron, lo que da lugar a la condena en costas.

PORVENIR S.A: cuestionó la decisión sobre la devolución ordenada, pues los gast os de administración tienen una finalidad especifica, los rendimientos no se generan en el RPM y la consecuencia de la ineficaci a es devolver las cosas al estado en que se encontraba, es decir, solo deberían devolverse los aportes, de lo contrario, se configura un enriquecimiento sin justa causa.RAMA JUDICIAL

y la consecuencia de la ineficaci a es devolver las cosas al estado en que se encontraba, es decir, solo deberían devolverse los aportes, de lo contrario, se configura un enriquecimiento sin justa causa.RAMA JUDICIAL

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COLPENSIONES: Interpuso recurso de apelación en contra de la decisión, puesto que no hay vicios del conocimiento, o falta de información vital para el traslado, por el contrario, el traslado se dio conforme a la ley.

1.6. Grado de Jurisdiccional de Consulta

Aunque las condenas devienen de pretensiones declarativas, implican obligaciones de hacer para Colpensiones, como las de recibir los dineros devueltos por parte de los fondos privados, activar afiliación, sin mediar solución de continuidad y convalidar los tiempos correspondientes en la historia laboral a efectos de que en el futuro acceda a las prestaciones económicas propias de ese régimen, si a ello hubiere lugar, por lo tanto procede el grado de consulta en los términos del artículo 69 del CPTSS y las s entencias CSJ STL7382-2015, reiterada en la providencia CSJ AL4848 -2015, CSJ SL18270-2017 y CSJ25792022.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

2.1. Procedencia apelación

Ejecutoriado el auto que admitió la apelación y/o consulta, el despacho procedió a

2022.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

2.1. Procedencia apelación

Ejecutoriado el auto que admitió la apelación y/o consulta, el despacho procedió a correr traslado conforme a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022.

2.2. Alegaciones

Los alegatos presentados oportunamente fueron tenidos en cuenta al momento de tomar la presente decisión.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos procesales

Los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad para ser parte, competencia del Juez y capacidad procesal están satisfechos, debido a ello la sentencia será de mérito.

3.2. Problema jurídico

Los problemas jurídicos por resolver giran en torno a determinar: si es procedente declarar la ineficacia del traslado de régimen del demandante al RAIS. De ser así, sí hay lugar a devolver los gastos de administración junto con los demás emolumentos.

3.3. Tesis

Para la Sala, la respuesta a los planteamientos anteriores debe ser positiva sobre la declaratoria de ineficacia, teniendo en cuenta el incumplimiento al deber de información al igual que la devolución de gastos de administración y demás emolumentos.RAMA JUDICIAL

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3.4. Marco Jurídico

 Ley 100 de 1993  Artículo 53 CN  Sentencias CSJ SL12136-2014 CSJ SL 1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ SL4360 -2019, CSJ SL938 -2021, CSJ SL1907 -2021, CSJ SL2877 -2020, CSJ SL9382021 y SL3611 de 2021, CSJ SL3134-2023, CSJ SL1048 de 2025  Corte Constitucional sentencia SU-107 de 2024

3.5. Caso Concreto

3.5.1. De la ineficacia del traslado de régimen

Colpensiones se opone a la declaratoria de ineficacia, por haberse dado el traslado de forma libre y espontanea.

a. Deber de información durante el traslado

Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se introdujo la posibilidad de que coexistieran instituciones públicas y privadas para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Existiendo entonces, dos (2) regímenes, el de prima media con prestación definida administrado por la demandada COLPENSIONES y el régimen de ahorro individual con solidaridad gestionado por los fondos privados, encargados del reconocimiento y pago de prestaciones por las contingencias referenciadas líneas atrás.

administrado por la demandada COLPENSIONES y el régimen de ahorro individual con solidaridad gestionado por los fondos privados, encargados del reconocimiento y pago de prestaciones por las contingencias referenciadas líneas atrás.

El literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, dispuso la obligatoriedad que, al momento de escogerse el régimen pensional, tal manifestación fuera libre y voluntaria, y contempló como sanción, en caso de que ello no se co ncretara, una multa hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales vigente, además de que «la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador» (artículo 271 Ley 100 de 1993) , lo que implica jurídicamente su ineficacia. De ahí la importancia de la asesoría al momento de la escogencia del régimen, pues compromete “la escogencia libre y consiente de los afiliados” , tal como señaló la Corte Suprema de Justicia en Sentencia CSJ SL1061-2021.

La Sala de Casación Laboral recordó que “desde la propia expedición de la Ley 100 de 1993, se radicó en cabeza de las AFP el deber de informar con claridad, precisión y transparencia a los afiliados y a quienes pudieran serlo, las características y particularidades de los regímenes pensionales existentes, como una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de seguridad social, bajo la dirección, coordinación y control estatal, según lo dispone el artículo 48 de la Constitución Política, siendo las dos primeras actividades, una manifestación típica de política pública y la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde

social, bajo la dirección, coordinación y control estatal, según lo dispone el artículo 48 de la Constitución Política, siendo las dos primeras actividades, una manifestación típica de política pública y la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especia lizado para tal efecto” , tal como advirtió en sentencia CSJ SL1907-2021, reiterada en CSJ SL3134-2023.

Así las cosas, como el deber de información ha sido una exigencia desde la redacción original de la Ley 100 de 1993, pero no puede desconocerse que este deber ha surtido unaRAMA JUDICIAL

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evolución normativa, las administradoras deberán ceñirse al cumplimiento de este deber conforme a las normas vigentes al momento del traslado del afiliado y para ello la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL 1688-2019, sintetizó el contenido y alcance de la información que deben brindar las aseguradoras, de la siguiente manera:

Etapa acumulativa Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información Contenido mínimo y alcance del deber de información Deber de información Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1. ° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003

Deber de información Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1. ° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales Deber de información, asesoría y buen consejo Artículo 3. °, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010 Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría. Ley 1748 de 2014 Artículo 3. ° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016 Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

La omisión en el deber de información, no se aborda desde las nulidades, por lo que,

Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

La omisión en el deber de información, no se aborda desde las nulidades, por lo que, no debe demostrarse la existencia de vicios del consentimiento, fuerza, dolo o error, del afiliado. Por el contrario, la jurisprudencia laboral im pone “centrar el análisis en el «deber de información y buen consejo» que compete a las Administradoras en cumplimiento de normas de orden público que regulan la materia”. (Sentencia CSJ SL1048-2025) todo ello, a merced de los artículos 271, 272 de la Ley 100 de 1993, 13 del CST y 53 de la constitución política, que impone como sanción a la afiliación desinformada la ineficacia en sentido estricto, esto es, el acto del traslado existe y es válido, pero no produce sus efectos finales, lo cual solo es posible bajo la ficción de que el mismo nunca ocurrió. (Sentencias CSJ SL16882019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ SL4360-2019).

La ineficacia que se explica no está inmersa en la prohibición contemplada en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, pues la declaración judicial que se obtiene en este tipo de procesos no es la de permitir el traslado de régimen, sino dejar sin efecto la afiliación al régimen de ahorro individual.

b. Carga probatoria en procesos de ineficaciaRAMA JUDICIAL

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b. Carga probatoria en procesos de ineficaciaRAMA JUDICIAL

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En materia de carga probatoria la jurisprudencia nos enseña que “es obligación de las administradoras demostrar que no hubo asimetría de la información” por ende, debe acercar los medios de convicción suficientes a fin de demostrar que al momento del traslado el demandante contaba con elementos de juicio para escoger libre y voluntariamente y que además recibió un consejo acerca de lo que le convenía y lo perjudicial, en tanto, al afirmarse por el demandante que no recibió la información debida, tal supuesto negativo no puede probarse por quien lo invoca. (Sentencia CSJ SL12136-2014 y CSJ SL1688-2019)

Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia SU-107 de 2024, pese a acoger el anterior criterio, fue enfática en establecer que, no podía exigirse a una sola parte, probar la falta de consentimiento informado, pues ello generaría tensiones, siendo desproporcionada la aplicación del principi o procesal de la carga de la prueba solo en cabeza de los fondos, en tanto, releva al demandante de presentar pruebas y al juez laboral de decretar y practicar pruebas de oficio . Por el contrario, las partes debían acercar los medios de convicción a su alcance y al juez laboral incluso decretar pruebas de forma oficio,

de decretar y practicar pruebas de oficio . Por el contrario, las partes debían acercar los medios de convicción a su alcance y al juez laboral incluso decretar pruebas de forma oficio, para que en ese orden de ideas la inversión de la carga de la prueba sería excepcional, mas no la única opción de desentrañar la verdad del proceso.

Revisado el expediente se revela que, el demandante venía afiliad o al RPMD, posteriormente, se trasladó al RAIS ante la aseguradora PORVENIR S.A desde el primero de julio de 1996, tal como consta en folio 81 del archivo 07 de la carpeta del juzgado.

Se recibió la declaración de la demandante, quién relató que para la época del traslado trabajaba para la Universidad de Cartagena y esta última tomó la decisión de trasladar a sus trabajadores , lo cual no cuestionó por que se encontraba en periodo de prueba y quería demostrar sus ganas de trabajar . Indicó que le explicaron que él iba hacer un ahorro para que cuando fue ra pensionable hiciera uso de ello y que garantizarían el poder adquisitivo del dinero ahorrado, pero no le hicieron previsiones.

Para la Sala no queda en evidencia el cumplimiento del deber de información al tenor de las normas vigentes al momento de traslado del demandante ( 1996), pues no se ilustró sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. Tampoco hay prueba de haber dado a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.

Es cierto que en el expediente reposa formulario de afiliación en las fechas anteriormente indicadas, en donde se deja constancia que el demandante hizo la selección

régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.

Es cierto que en el expediente reposa formulario de afiliación en las fechas anteriormente indicadas, en donde se deja constancia que el demandante hizo la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad en forma libre y espontánea, sin embargo, ello no implica la aceptación del afiliado de haber recibido información oportuna y suficiente sobre l as consecuencias del cambio de régimen, así como tampoco es garantía que la información se haya brindado, tal como señaló la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL4360 -2019 y en sentencia CSJ SL938 -2021 agregó que “A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado”

En consecuencia, al no acreditarse el cumplimiento del deber de información por parte de la aseguradora privada, por denotarse insuficiente la asesoría brindada al actor al momento del traslado y sin apego a la norma vigente, resulta procedente declarar la ineficacia del traslado, tal como hizo el juez de primera instancia y habrá de confirmarse la decisión en este sentido.RAMA JUDICIAL

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3.5.2. Devolución de sumas con ocasión de la ineficacia del traslado al RAIS

Jurisprudencialmente en los casos de ineficacia, dos son las consecuencias que

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3.5.2. Devolución de sumas con ocasión de la ineficacia del traslado al RAIS

Jurisprudencialmente en los casos de ineficacia, dos son las consecuencias que derivan de ella. La primera la reactivación por parte de COLPENSIONES de la afiliación del demandante al régimen de Prima Media con Prestación Definida; y la segunda la devolución de aportes del demandante y sus empleadores a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones del RAIS.

Frente a las sumas que deben devolverse, en la actualidad existen dos posturas jurisprudenciales.

En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que, dicha devolución de aportes incluye, tanto los abonados en la cuenta pensional junto con los rendimientos financieros que hubiesen producido, como los que destinaron para gastos de administración, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, con efectos retroactivos, a fin de que sean utilizados por COLPENSIONES para la financiación de la pensión de vejez, que eventualmente reconocerá la citada entid ad administradora, conforme a los parámetros plasmados en las sentencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL938-2021 y SL3611 de 2021.

La segunda postura jurisprudencial viene dada por la Corte Constitucional plasmada en sentencia SU107-2024, en donde estimó que la devolución con ocasión de la ineficacia corresponde únicamente a los aportes y sus rendimientos, pues n i las primas de seguros,

en sentencia SU107-2024, en donde estimó que la devolución con ocasión de la ineficacia corresponde únicamente a los aportes y sus rendimientos, pues n i las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o in dexada son susceptibles de devolución o traslado , por constituir situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional y ante haberse dispuesto el obligatorio cumplimiento de tales consideraciones en procesos en curso, esta Sala acogió tal criterio.

Esta Sala venía adoptando el criterio de la CSJ, sin embargo, con lo dispuesto en la sentencia de unificación acerca de la aplicación inmediata de ese precedente para los procesos en curso, acogi ó la tesis de la Corte Constitucional , pues hasta ese entonces no había un pronunciamiento similar por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, lo que hacía forzosa su invocación.

No obstante, la Sala de C asación Laboral de la Corte Suprema, en la sentencia CSJ SL1048 de 2025, se apartó de la sentencia de unificación e insistió en su posición sobre el deber que tenían las AFP de devolver cada uno de los conceptos con cargo a sus propios recursos, debidamente indexados e instó a los jueces y tribunales de instancia en motivar adecuadamente la posición que adopten al re specto. Por consiguiente, fuerza abordar nuevamente el estudio sobre la conveniencia y condiciones de la devolución de sumas con ocasión de la ineficacia.

Así las cosas, e sta Sala estima conveniente apartarse de la postura de la Corte

nuevamente el estudio sobre la conveniencia y condiciones de la devolución de sumas con ocasión de la ineficacia.

Así las cosas, e sta Sala estima conveniente apartarse de la postura de la Corte Constitucional, para acoger la tesis de la Corte Suprema de Justicia , con lo cual se recoge cualquier otra tesis que se haya dado en un sentido distinto, por las razones que a continuación se explican:RAMA JUDICIAL

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1. El precedente vertido en las sentencias de unificación, si bien tiene fue rza vinculante, es dable al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, debido a sus efectos Inter partes (Sentencia CC SU-611-2017).

2. Cuando existen conflictos de precedentes entre jurisdicci ones, el juez individu al o plural, bajo el principio de autonomía judicial podrá elegir uno de ellos, sin que implique una falta disciplinaria, siempre y cuando resguarde la transparenci a y suficiencia en la argumentación.

3. La extensión a todos los procesos, de la sentencia de unificación a pesar de que naturalmente tiene efectos Inter partes, está respaldada en la salvaguarda del derecho a la igualdad, mas no corresp onde a una camisa de fuerza que impida revisar el derecho a la segurida d social en sí. Al tiempo que violenta el debido proceso de las partes de los litigios en curso.

derecho a la igualdad, mas no corresp onde a una camisa de fuerza que impida revisar el derecho a la segurida d social en sí. Al tiempo que violenta el debido proceso de las partes de los litigios en curso.

4. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia constituye nuestro órgano de cierre y por ende responsable de la unificación de jurisprudencia para los justiciables en materia laboral.

5. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1048-2025, cumplió con la carga de identificar los precedentes existentes

(transparencia) y desplegó una carga argumentativa para justificar el por qué disentía de la sentencia de unificación (suficiencia).

6. La nueva decisión, aunque no se ajuste a los parámetros de la doctrina probable, en tanto, su tesis sobre la devolución de aportes y demás emolumentos en las sentencias anteriores a ésta, no tenía una suficiente explicación, en e sta providencia, realiza un análisis juicioso frente al tema debatido, situación que, a la postre no puede ser obviada por los jueces de inferior categoría, quienes están invitados a acoger el precedente al provenir del superior funcional.

Adicional a las razones que justifican apartarse de la sentencia de unificación, esta Sala considera que resultan mucho más plausibles los argumentos esgrimidos por la Sala de Casación Laboral, en cuanto a la forma de devolución con ocasión de la ineficacia, todo ello si se tiene en cuenta el carácter tuitivo del derecho del trabajo, y porque:

 La consecuencia jurídica del incumplimiento del deber de información es devolver las cosas al estado en que se encontraban antes del acto ineficaz

si se tiene en cuenta el carácter tuitivo del derecho del trabajo, y porque:

 La consecuencia jurídica del incumplimiento del deber de información es devolver las cosas al estado en que se encontraban antes del acto ineficaz (traslado), “por tanto, ello conlleva que las cotizaciones efectuadas al Sistema General de Pensiones, de manera integral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones”.  Las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, prima de reaseguros y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima fueron porcentajes tomados de los aportes realizados por el afiliado y su empleador, que se tratan de relaciones jurídicas entre terceros que, consolidadas o no, no tienen por qué afectar la integralidad de la cotización , de ahí que las aseguradoras incumplidas deban reintegrar a Colpensiones dichos valores de sus propios recursos.  Existe disposición legal que impone la devolución del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima en caso de traslado (artículo 7° del Decreto 3995 de 2008)  La devolución íntegra de las cotizaciones asegura la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, pues pese a la forma de financiación de las pensiones en el régimen de prima media, si la devolución económica es mayor, el costo que debeRAMA JUDICIAL

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asumir COLPENSIONES o el Estado se reducirá y, por ende, sufrirá una menor afectación. Estima esta Sala de Decisión que este cambio de postura no genera inseguridad jurídica en los despachos judiciales de inferioridad funcional, pues por una parte, es obvio que en la dinámica de los actores de la relación de trabajo o en las dimensiones de las actuaciones entre de los intervinientes del sistema de seguridad social integral , los supuestos facticos que se analizan en cada caso fuercen reflexiones que impongan una solución ajustad a a derecho y como en este caso, que resguarden la sostenibilidad financiera del sistema; y por otra parte, debe tenerse de presente que la discusión jurídica sobre el tema apenas estaba en construcción de tesis por parte de las altas cortes (Constitucional y Suprema - Sala de Casación Laboral) y, al ser la primera citada, la que inicialmente sentó tesis (SU107 -2024) que al impartir la orden de aplicación inmediata, se consideró procedente su adopción como p recedente jurisprudencia, pero al sobrevenir la SL1048 de 2025 de la Cor te Suprema de Justicia, era imperativo hacer la correspondiente confrontación, como en efecto aquí se realiza, para darle pa