TSDJ MED - Auto 05001310300420250022201 de 2026

TEMA: DEBER DE DILIGENCIA PROBATORIA DE LAS PARTES – El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que la parte hubiera podido conseguir directamente o por medio de derecho de petición, salvo cuando acredite sumariamente que la petición no fue atendida. La eventual reserva de la información no releva a la parte de esa carga: es quien custodia la información quien la opone al responder, y esa negativa, acreditada, es la que habilita la orden judicial./

HECHOS: JCPJ, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, junto con otros integrantes de su familia, promovió proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual contra FAFD, WSR y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., con ocasión de un accidente de tránsito ocurrido el 20 de abril de 2023 , en el cual el vehículo de placas LCN2 XX colisionó con la bicicleta conducida por el primero. Al pronunciarse sobre la objeción al juramento estimatorio y las excepciones de mérito, la parte demandante solicitó que se obtuviera información de Colombia Móvil S.A. E.S.P. y Comcel S.A. respecto de una línea telefónica atribuida al conductor, con el propósito de determinar si, al momento del accidente, realizaba alguna actividad con el teléfono celular que pudiera afectar su atención en la conducción. En audiencia inicial del 3 de septiembre de 2026, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín negó el decreto de la prueba solicitada, con fundamento en el inciso segundo del artículo 173 del Código General del Proceso, al advertir que la información no había sido solicitada previamente por la parte interesada, directamente o mediante derecho de petición. Por tanto, el problema jurídico consiste en determinar si puede el juez decretar

información no había sido solicitada previamente por la parte interesada, directamente o mediante derecho de petición. Por tanto, el problema jurídico consiste en determinar si puede el juez decretar una prueba por informe dirigida a empresas privadas de telefonía para obtener registros de llamadas, tráfico de datos y demás información asociada a una línea celular cuando la parte solicitante no acredita haber requerido previamente esa información, directamente o mediante derecho de petición, alegando que los datos estarían sometidos a reserva.

TESIS: La actividad probatoria en el Código General del Proceso parte de la carga que el artículo 167 impone a los litigantes: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esa carga no se a gota en enunciar el medio de prueba; como lo ha precisado la Sala de Casació n Civil, «[l]a diligencia, desde luego, no puede reducirse a aportar o solicitar formalmente una prueba. También reclama, como se sabe, cumplir con las reglas probatorias que disciplinan el medio de convicción». El estatuto concretó esa diligencia, respecto de la información que reposa en poder de terceros, en dos reglas convergentes.

El numeral 10 del artículo 78 impone a las partes y a sus apoderados el deber de «[a]bstenerse de solicitarle al juez la consecució n de documentos que direct amente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir». Y el inciso segundo del artículo 173, al regular el decreto de pruebas, dispuso: «El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite,

decreto de pruebas, dispuso: «El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente».(…)La obtención de la información que reposa en archivos o registros de terceros corresponde, en primer término, a la parte interesada, por sus propios medios o mediante el derecho de petición; la orden judicial es un remedio subsidiario, que opera cuando esa gestión fracasa y así se acredite en el expediente. La doctrina ha explicado que la disposición busca corregir la práctica de delegar en el juez la obtención de documentos que el litigante podía gestionar por sí mismo, y ha caracterizado el modelo del Código General del Proceso como un proceso “de corte confirmatorio y no averiguatorio(…)”(…) La exigencia no se limita a la prueba documental. El inciso segundo del artículo 173 se refiere a «las pruebas» que la parte hubiera podido conseguir, y el derecho de petición comprende la facultad de «requerir información». Por ello, esta Corporación ha precisado que se trata de «normas generales que abarcan toda la actividad probatoria y todos medios de prueba que puedan ser logrados de esa forma», incluida la prueba por informe. El derecho de petición procedeante organizaciones privadas cuando se ejerce para garantizar derechos fundamentales, entre ellos el de acceso a la administración de justicia, y tales organizaciones solo pueden invocar la reserva de la información en los casos establecidos por la Constit ución y la ley.(…) la Corte desestimó que la alegada confidencialidad de la información eximiera a la parte de esa gestión, porque quien la invocó

la información en los casos establecidos por la Constit ución y la ley.(…) la Corte desestimó que la alegada confidencialidad de la información eximiera a la parte de esa gestión, porque quien la invocó «no demostró la supuesta imposibilidad de acceder a la información, razón por la que, antes de solicitar el decreto de la prueba negada, debía intentar obtener la información por medio del derecho de petición»; y añadió que el requisito-deber «no implica que se tenga acceso efectivo a los documentos, sino que, por el contrario, las partes satisfagan una diligencia mínima de, al menos, haber hecho el intento de conseguirlos, lo cual es una exigencia de fácil cumplimiento». En igual sentido, esta Sala ha señalado que la carga de agotar la petición subsiste aun frente a quienes aduzcan algún tipo de reserva legal.(…) Se ha precisado que quien estima desatendida su petición por razón de la reserva tiene a su alcance «otros mecanismos como haber agotado el trámite de insistencia sobre documentos con reserva legal, reglado a partir del artículo 26 de la Ley 1755 del 2015»,21 y que «solo cuando la petición haya sido denegada o no atendi da, y agotado el derecho de insistencia —y esto se demuestre sumariamente— puede intervenir el juez a través de una orden judicial». En la misma senda se ha dispuesto que frente a una prueba negada por no haberse gestionado previamente, el deber de la parte «era actuar de manera diligente para obtener la información por sí misma o, en su defecto, justificar la imposibilidad de conseguirla»;23 y, ante la insistencia en la importancia del medio, que «[l]a trascendencia que ahora les atribuyen, no subsana ni justifica su omisión inicial de cumplir con el requisito de procedibilidad indispensable para que la

insistencia en la importancia del medio, que «[l]a trascendencia que ahora les atribuyen, no subsana ni justifica su omisión inicial de cumplir con el requisito de procedibilidad indispensable para que la prueba pudiera ser decretada».(…)La excepción que permite la intervención del juez exige que la petición se haya elevado, que no haya sido atendida y que ello se acredite sumariamente; en el expediente no consta la petición, y sin ella no pueden concurrir los demás supuestos. La consecuencia es la que la norma prevé: el juez debía abstenerse de ordenar la prueba, y así lo hizo. El argumento de la reserva no altera esa conclusión, pues la reserva de la información que involucra la intimidad de las personas, invocada con apoyo en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, es una razón que puede oponer quien custodia la información al responder la petición, y las organizaciones privadas solo pueden aducirla en los casos que la Constitución y la ley establecen. La parte no puede sustituir esa respuesta con su propio pronóstico, ni el juez presumirla. Si los operadores hubieran negado la entrega con fundamento en la reserva, esa negativa, acreditada sumariamente, sería la información solicitada y no suministrada que habilita la orden judicial.(…)

MP: BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA

FECHA: 29/09/2026

PROVIDENCIA: AUTOMedellín “Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA UNITARIA

Lugar y fecha Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA UNITARIA

Lugar y fecha Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201 Demandante Jean Carlos Palomo Jaramillo y otros. Demandados Fredy Alexander Fajardo Díaz y otros. Providencia Auto Interlocutorio No. 160 Tema El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que la parte hubiera podido conseguir directamente o por medio de derecho de petición, salvo cuando acredite sumariamente que la petición no fue atendida. La eventual reserva de la información no releva a la parte de esa carga: es quien custodia la información quien la opone al responder, y esa negativa, acreditada, es la que habilita la orden judicial. Decisión Confirma. Sustanciador Benjamín de J. Yepes Puerta. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 3 de septiembre de 2026 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, en la audiencia inicial, en cuanto negó el decreto de la prueba por informe dirigida a Colombia Móvil S.A. E.S.P. y a Comcel S.A.

I. ANTECEDENTES. 1.1. Actuación procesal.

Jean Carlos Palomo Jaramillo, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, junto con Luis Felipe Palomo Guzmán, María Adia Jaramillo Valencia, Luis Palomo Jaramillo, Martha Zoreli Palomo Jaramillo y Yulieth Andrea Palomo Jaramillo, promov ieron proceso verbal de

representación de su hijo menor de edad, junto con Luis Felipe Palomo Guzmán, María Adia Jaramillo Valencia, Luis Palomo Jaramillo, Martha Zoreli Palomo Jaramillo y Yulieth Andrea Palomo Jaramillo, promov ieron proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual contra Fredy AlexanderProceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 2 de 11 Fajardo Díaz, Walter Sepúlveda Restrepo y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Pretenden que se declare a los demandados responsables de los perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el 20 de abril de 2023, en el que el vehículo de placas LCN218, conducido por el primero de ellos y de propiedad del segundo, colisionó con la bicicleta que conducía Jean Carlos Palomo Jaramillo. 1 La demanda fue admitida el 26 de mayo de 2025.2 El 6 de abril de 2026, al pronunciarse sobre la objeción al juramento estimatorio y sobre las excepciones de mérito, la parte demandante solicitó pruebas donde informó que «se hace necesario saber si para el momento del accidente el señor FREDY ALEXANDER se encontraba realizando alguna otra actividad que le impidiera tener la atención y concentración empleadas únicamente en la conducción, tal como el uso del teléfono celular», y pidió que se exhortara a Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo) y a Comcel S.A. (Claro) para que informaran, respecto de la línea 3053044940 y entre las 7:30 y las 8:00 a. m. del 20 de abril de 2023, el registro detallado de llamadas entrantes y salientes, los registros de tráfico de datos con

respecto de la línea 3053044940 y entre las 7:30 y las 8:00 a. m. del 20 de abril de 2023, el registro detallado de llamadas entrantes y salientes, los registros de tráfico de datos con indicación de hora, volumen, celdas utilizadas y ubicación aproximada del dispositivo, y el IMEI del equipo asociado.3 La audiencia prevista en el artículo 372 del CGP se celebró el 3 de septiembre de 2026.4 1.2. Auto impugnado. En la etapa de decreto de pruebas, el juez negó la prueba solicitada por la parte demandante a las empresas de telefonía móvil, con fundamento en el inciso segundo del artículo 173, por

1 01PrimeraInstancia / C01Principal / 019_19Subsanacion. 2 01PrimeraInstancia / C01Principal / 020_Admision, pág. 1. 3 01PrimeraInstancia / C01Principal / 040_PronunciamientoObjecionExcepciones, págs. 10 a 12. 4 01PrimeraInstancia / C01Principal / 042_FijaFechaAudienciaInicial; 052_ActaAudienciaInicial.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 3 de 11 cuanto la información no fue solicitada directamente por la parte ni por medio del derecho de petición.5 1.3. Recurso de apelación. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.6 Sostuvo que el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 somete a reserva las informaciones que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas; que los registros pedidos comprenden

reposición y, en subsidio, de apelación.6 Sostuvo que el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 somete a reserva las informaciones que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas; que los registros pedidos comprenden datos de terceros con quienes el conductor pudo co municarse, así como celdas y vectores; y que el juez podía restringir la información al intervalo que registra el video del accidente, con el fin exclusivo de establecer si en ese momento se usó el teléfono. Afirmó que « ya hemos intentado pedirlas », que la s empresas de telefonía « no la entregan de ninguna manera » y que por la vía del derecho de petición no se habría podido obtener. Invocó la Ley 1755 de 2015 y la sentencia C-951 de 2014.7 La apoderada de los demandados se atuvo a lo que se decidiera; quien intervino por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. se opuso.8 El juez mantuvo la decisión. Precisó que la negativa no obedecía a la eventual restricción de la información, sino a la exigencia del inciso segundo del artículo 173 del CGP, conforme a la cual, aun existiendo esa restricción, debía acudirse primero al der echo de petición y, solo en caso de no ser atendido, se decretaría la prueba. Concedió la apelación en el efecto devolutivo.9

5 01PrimeraInstancia / C01Principal / 051_Grabacion7, min. 14:31 a 15:00. 6 Ib., min. 21:44 a 22:10. 7 Ib., min. 22:39 a 24:52. 8 Ib., min. 26:16 a 27:13.

6 Ib., min. 21:44 a 22:10. 7 Ib., min. 22:39 a 24:52. 8 Ib., min. 26:16 a 27:13. 9 Ib., min. 27:13 a 29:41; 01PrimeraInstancia / C01Principal / 052_ActaAudienciaInicial.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

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II. CONSIDERACIONES. 2.1. Es competente el Tribunal conforme al numeral 1 del artículo 31 del CGP, como superior funcional del Juzgado que profirió la decisión. La providencia es apelable según el numeral 3 del artículo 321 ejusdem, que comprende el auto que « niegue el decreto o la práctica de pruebas »; el recurso fue interpuesto y sustentado verbalmente en la audiencia, inmediatamente después de pronunciada la decisión, por la parte a quien resultó desfavorable. 2.2. La actividad probatoria en el Código General del Proceso parte de la carga que el artículo 167 impone a los litigantes: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen ». Esa carga no se agota en enunciar el medio de prueba; como lo ha precisado la Sala de Casación Civil, «[l]a diligencia, desde luego, no puede reducirse a aportar o solicitar formalmente una prueba. También reclama, como se sabe, cumplir con las reglas probatorias que disciplinan el medio de convicción».10

El estatuto concretó esa diligencia, respecto de la información que reposa en poder de terceros, en dos reglas convergentes. El numeral 10 del artículo 78 impone a las partes y a sus

con las reglas probatorias que disciplinan el medio de convicción».10 El estatuto concretó esa diligencia, respecto de la información que reposa en poder de terceros, en dos reglas convergentes. El numeral 10 del artículo 78 impone a las partes y a sus apoderados el deber de «[a]bstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir ». Y el inciso segundo del artículo 173, al regular el decreto de pruebas, dispuso: «El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente».

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC437-2023.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 5 de 11 La norma contiene un mandato dirigido al juez —«se abstendrá»— y una excepción sujeta a supuestos concurrentes: que la parte haya elevado la petición, que ésta no haya sido atendida y que ello se acredite sumariamente. En armonía con ella, el numeral 4 del artículo 43 condiciona el poder del juez de « [e]xigir a las autoridades o a los particulares la información » a que ésta, « no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada». Como lo ha señalado esta Sala, « [e]sta previsión refuerza el carácter subsidiario de la actuación judicial en materia probatoria, evitando que los despachos se conviertan en gestores de solicitudes que bien pudieron haber

Como lo ha señalado esta Sala, « [e]sta previsión refuerza el carácter subsidiario de la actuación judicial en materia probatoria, evitando que los despachos se conviertan en gestores de solicitudes que bien pudieron haber sido tramitadas directamente por los interesados».11 La obtención de la información que reposa en archivos o registros de terceros corresponde, en primer término, a la parte interesada, por sus propios medios o mediante el derecho de petición; la orden judicial es un remedio subsidiario, que opera cuando esa gestión fracasa y así se acredite en el expediente. La doctrina ha explicado que la disposición busca corregir la práctica de delegar en el juez la obtención de documentos que el litigante podía gestionar por sí mismo,12 y ha caracterizado el modelo del Código General del Proceso como un proceso « de corte confirmatorio y no averiguatorio, en la medida en que exige a las partes aportar la prueba de algunos hechos, sin que se permita, dados determinados supuestos, que sea el juez quien consiga determinada información».13 La exigencia no se limita a la prueba documental. El inciso segundo del artículo 173 se refiere a « las pruebas» que la parte hubiera podido conseguir, y el derecho de petición comprende la facultad de « requerir información».14 Por ello, esta Corporación ha

11 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 128 del 30 de julio de 2025, rad. 05001310300420250011201. 12 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Pruebas. 2017, cap. XV, pág. 544. 13 NISIMBLAT, Nattan. Derecho probatorio. Tecnologías de la información y la comunicación.

12 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Pruebas. 2017, cap. XV, pág. 544. 13 NISIMBLAT, Nattan. Derecho probatorio. Tecnologías de la información y la comunicación. Ediciones Doctrina y Ley, 2023, págs. 542 y 543. 14 Artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 6 de 11 precisado que se trata de « normas generales que abarcan toda la actividad probatoria y todos medios de prueba que puedan ser logrados de esa forma», incluida la prueba por informe.15 El derecho de petición procede ante organizaciones privadas cuando se ejerce para garantizar derechos fundamentales, entre ellos el de acceso a la administración de justicia, y tales organizaciones solo pueden invocar la reserva de la información en los casos establecidos por la Constitución y la ley.16 La carga así impuesta es de diligencia y no de resultado. La Sala de Casación Civil ha precisado: «La parte que tiene la carga de acreditar un determinado hecho, solamente puede solicitar a la autoridad judicial el decreto de pruebas tendientes a conseguir información o documentación, siempre y cuando haya, al menos, intentado obtenerlos de forma directa por medio del derecho de petición. Esta exigencia no supone que la información necesariamente deba ser conseguida por el sujeto procesal, porque en ese evento sería innecesaria la participación del administrador de justicia; basta que el interesado demuestre una diligencia mínima en la obtención de los datos que reclama como necesarios para demostrar los

ese evento sería innecesaria la participación del administrador de justicia; basta que el interesado demuestre una diligencia mínima en la obtención de los datos que reclama como necesarios para demostrar los supuestos de hecho de sus pretensiones o excepciones, en salvaguarda del principio de economía procesal».17 En la misma providencia, la Corte desestimó que la alegada confidencialidad de la información eximiera a la parte de esa gestión, porque quien la invocó «no demostró la supuesta imposibilidad de acceder a la información, razón por la que, antes de solicitar el decreto de la prueba negada, debía intentar obtener la información por medio del derecho de petición»; y añadió que el requisito -deber «no implica que se tenga acceso efectivo a los documentos, sino que, por el contrario, las partes satisfagan una diligencia mínima de, al menos, haber hecho el intento de

15 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 129 del 27 de junio de 2025, rad. 05001310300720230032301. 16 Artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Sobre su procedencia para garantizar el acceso a la administración de justicia, Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 129 del 27 de junio de 2025, págs. 13 y 14, con apoyo en la sentencia T -317 de 2019 de la Corte Constitucional. 17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC883 -2019 del 13 de marzo de 2019,

rad. 11001-02-03-000-2017-00408-00, consideración 2, que reitera el auto AC7687 -2017 del 21 de noviembre de 2017, rad. 2016 -03020. En el mismo sentido, auto AC822 -2026 del 17 de febrero de 2026, rad. 11001-02-03-000-2026-00746-00, núm. 2.3.1.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 7 de 11 conseguirlos, lo cual es una exigencia de fácil cumplimiento ».18 En igual sentido, esta Sala ha señalado que la carga de agotar la petición subsiste aun frente a quienes aduzcan algún tipo de reserva legal.19 La Ley 1755 de 2015, al regular la reserva de informaciones y documentos, previó también el cauce para controvertirla. El artículo 26, bajo el título «Insistencia del solicitante en caso de reserva», dispone: «Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada».20 Se ha precisado que quien estima desatendida su petición por razón de la reserva tiene a su alcance « otros mecanismos como haber agotado el trámite de insistencia sobre documentos con reserva legal, reglado a partir del artículo 26 de la Ley 1755 del 2015»,21 y que «solo cuando la petición haya sido denegada o no

alcance « otros mecanismos como haber agotado el trámite de insistencia sobre documentos con reserva legal, reglado a partir del artículo 26 de la Ley 1755 del 2015»,21 y que «solo cuando la petición haya sido denegada o no atendida, y agotado el derecho de insistencia —y esto se demuestre sumariamente— puede intervenir el juez a través de una orden judicial».22 En la misma senda se ha dispuesto que frente a una prueba negada por no haberse gestionado previamente, el deber de la parte « era actuar de manera diligente para obtener la información por sí misma o, en su defecto, justificar la imposibilidad de conseguirla»;23 y, ante la insistencia en la importancia del medio, que « [l]a trascendencia que ahora les atribuyen, no subsana ni justifica su omisión inicial de cumplir

18 Ib., auto AC883-2019, consideración 3. 19 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 128 del 30 de julio de 2025, pág. 14; auto n.º 025 del 27 de febrero de 2025, rad. 05001310301920240049001. 20 Artículo 26 de la Ley 1755 de 2015. 21 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 025 del 27 de febrero de 2025, rad. 05001310301920240049001, pág. 6. 22 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 128 del 30 de julio de 2025, rad. 05001310300420250011201, pág. 15. 23 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 139 del 8 de agosto de 2025, rad. 05001310302220240011101.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

23 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 139 del 8 de agosto de 2025, rad. 05001310302220240011101.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 8 de 11 con el requisito de procedibilidad indispensable para que la prueba pudiera ser decretada».24 2.3. La prueba negada se dirigía a obtener de Colombia Móvil S.A. E.S.P. y de Comcel S.A. el registro de llamadas, las sesiones de datos, las celdas de conexión, la ubicación aproximada del equipo y el IMEI asociado a la línea 3053044940, entre las 7:30 y las 8 :00 a. m. del 20 de abril de 2023. 25 Es información que reposa en los registros de dos empresas privadas prestadoras del servicio de telefonía móvil, y la parte pidió al juez obtenerla mediante exhorto. El escrito del 6 de abril de 2026 pasa de la exposición de la necesidad de la prueba a la solicitud de exhorto sin referir petición alguna dirigida a esos operadores: no indica fecha, radicado ni respuesta, ni acompaña constancia de envío o de falta de atención. Tampoco dan cuenta de una gestión semejante en la demanda, su subsanación ni los anexos probatorios, ni actuación alguna posterior, pese a que entre la solicitud probatoria y la audiencia inicial transcurrieron cerca de cinco meses. En la audiencia, la única referencia a esa gestión fue la manifestación del apoderado según la cual « ya hemos intentado pedirlas», sin precisar cuándo, ante cuál de los operadores ni con qué resultado, y sin ofrecer soporte alguno. En la misma intervención afirmó que por la vía del derecho de petición la

manifestación del apoderado según la cual « ya hemos intentado pedirlas», sin precisar cuándo, ante cuál de los operadores ni con qué resultado, y sin ofrecer soporte alguno. En la misma intervención afirmó que por la vía del derecho de petición la información no se habría podido obtener. 26 La reserva fue invocada así por la propia parte, como pronóstico de la respuesta que habrían dado los operadores, y no como la razón expresada por éstos al negar una solicitud. Tampoco hizo mención alguna

24 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, auto n.º 206 del 30 de octubre de 2025, rad. 05001310302020230015802. 25 01PrimeraInstancia / C01Principal / 040_PronunciamientoObjecionExcepciones, págs. 11 y 12. 26 01PrimeraInstancia / C01Principal / 051_Grabacion7, min. 23:09 y 24:25.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 9 de 11 al trámite de insistencia que prevé la misma ley cuya reserva invocó. 2.4. La información pedida reposa en los registros de organizaciones privadas y es de aquellas que la parte podía requerir directamente, mediante el derecho de petición que el ordenamiento habilita ante particulares cuando se ejerce para acceder a la administración de justicia. Queda comprendida, por tanto, en el supuesto del inciso segundo del artículo 173 y del numeral 10 del artículo 78 del CGP, que rigen también la prueba por informe. La excepción que permite la intervención del juez exige que la petición se haya elevado, que no haya sido atendida y que ello se acredite sumariamente; en el expediente no consta

por informe. La excepción que permite la intervención del juez exige que la petición se haya elevado, que no haya sido atendida y que ello se acredite sumariamente; en el expediente no consta la petición, y sin ella no pueden concurrir los demás supuestos. La consecuencia es la que la norma prevé: el juez debía abstenerse de ordenar la prueba, y así lo hizo. El argumento de la reserva no altera esa conclusión , pues l a reserva de la información que involucra la intimidad de las personas, invocada con apoyo en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, es una razón que puede oponer quien custodia la información al responder la petición, y las organizaciones privadas solo pueden aducirla en los casos que la Constitución y la ley establecen. La parte no puede sustituir esa respuesta con su propio pronóstico, ni el juez presumirla. Si los operadores hubieran negado la entrega con fundamento en la reserva, esa negativa, acreditada sumariamente, sería la información solicitada y no suministrada que habilita la orden judicial.27

27 Arts. 43, num. 4, y 173, inc. 2, CGP.Proceso Verbal. Radicado 05001310300420250022201

Página 10 de 11 A ello se suma que la propia norma invocada por el recurrente desvirtúa la imposibilidad que alega. Si, como lo sostiene, los registros pedidos estaban cobijados por la reserva del numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y la respuesta de los operadores habría sido negativa, ese mismo régimen le ofrecía un cauce propio para superar la negativa anticipada: la insistencia

registros pedidos estaban cobijados por la reserva del numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y la respuesta de los operadores habría sido negativa, ese mismo régimen le ofrecía un cauce propio para superar la negativa anticipada: la insistencia del solicitante en caso de reserva, que desarrolla el artículo