TSDJ MZL - Sentencia 20220024103 de 2026

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia seudonimizada

TEMAS Nulidad de contrato de promesa. Sucesión procesal. Legitimación en la causa exsocios persona jurídica extinta. DECISIÓN Confirma en todas sus partes la sentencia de primer nivel

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES

SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA

MAGISTRADO(A) PONENTE: JOSÉ ALFREDO VALLEJO GOYES

Radicado: 2022-00241-03

Aprobado por acta Nro. 422

Manizales, cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelven los recursos de apelación interpuestos por las partes 1 contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2025 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, dentro del proceso verbal de cumplimiento contractual promovido por los señores Gonzalo y Gilberto contra la sociedad Xxxxxxx, actualmente liquidada.

También integran el extremo pasivo los señores Sonia, Yolanda, Susana, Mercedes, Horacio, Federico y Jorge; Estela, y Edgar y Henry.

1 Salvo el señor HenryNOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

Sentencia de segunda instancia

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ANTECEDENTES

1. De la demanda.

Pretendieron los demandantes:

• Que se ordenara a la persona jurídica demandada cumplir la promesa de compraventa contenida en el contrato suscrito el 28 de junio de

ANTECEDENTES

1. De la demanda.

Pretendieron los demandantes:

• Que se ordenara a la persona jurídica demandada cumplir la promesa de compraventa contenida en el contrato suscrito el 28 de junio de 2022 entre Gonzalo, en calidad de promitente comprador; Gilberto, como coadyuvante; y la sociedad demandada, como promitente vendedora. En consecuencia, solicitaron que esta última otorgara la correspondiente escritura pública de compraventa. • Que se ordenara a la demandada ajustar el precio de venta al área real del inmueble, de conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta de la promesa de compraventa, para fijarlo en la suma definitiva de $2.323.560.000. • Que se dispusiera que la accionada recibiera como parte del precio el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 10014xxxx de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales, por valor de $2.000.000.000, así como la suma de $273.560.000 en efectivo, pagadera al momento del otorgamiento de la escritura pública, teniendo en cuenta que la sociedad ya había recibido $50.000.000 a título de anticipo. • Que se condenara a Sociedad Xxxxx . al pago de la cláusula penal pactada en la estipulación sexta del contrato de promesa, equivalente a $900.000.000, con ocasión de su incumplimiento.

Asimismo, solicitaron el reembolso de $1.000.100 sufragados por Gonzalo para la cancelación de las hipotecas constituidas por aquella sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.°

Asimismo, solicitaron el reembolso de $1.000.100 sufragados por Gonzalo para la cancelación de las hipotecas constituidas por aquella sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 100-12xxxx, además de las costas y agencias en derecho a que hubiera lugar.

En respaldo de sus pretensiones, la parte demandante adujo, en síntesis, los siguientes hechos jurídicamente relevantes:NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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El 28 de junio de 2022, Gonzalo, en calidad de promitente comprador; Gilberto, como coadyuvante; y la sociedad Xxxxx, como promitente vendedora, celebraron un contrato de promesa de compraventa respecto de treinta (30) hectáreas de terreno ubicadas en el municipio de Xxxxx. Dichas hectáreas hacían parte de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria n.os 100 -61xxx —correspondiente a los predios denominados «Xxxx» y «Xxxx»—, 100-15xxx —finca «Xxxx»— y 10012xxxx —«Xxxxxx»—. La celebración del negocio contó con la autorización de la junta de socios de la compañía, según constaba en el Acta 44 del 15 de junio de 2022.

Dada la incertidumbre existente en torno a la extensión real de los terrenos, que según la promitente vendedora correspondía a treinta (30) hectáreas, las partes acordaron efectuar una medición técnica del área, conforme al parágrafo primero de la cláusula primera del contrato.

terrenos, que según la promitente vendedora correspondía a treinta (30) hectáreas, las partes acordaron efectuar una medición técnica del área, conforme al parágrafo primero de la cláusula primera del contrato.

Asimismo, fijaron el precio de cada hectárea en ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) y estipularon que, si la cabida resultaba inferior a la inicialmente estimada, el valor total de la negociación se ajustaría proporcionalmente a la superficie efectivamente determinada.

Con fundamento en la extensión estimada al momento de celebrar la promesa, el precio se fijó inicialmente en cuatro mil quinientos millones de pesos ($4.500.000.000), suma que sería cancelada de la siguiente manera: i) cincuenta millones de pesos ($50.000.000) en efectivo al momento de la suscripción de la promesa, pago acreditado con el correspondiente recibo; ii) dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) mediante la transferencia del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 100 -14xxxxx; y iii) dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($2.450.000.000) al momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, previsto para el 1.º de agosto de 2022.

Adicionalmente, las partes pactaron que la sociedad vendedora se reservaría una (1) hectárea del inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria n.° 100-61xxx, donde se encontraban construidas una casaNOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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inmobiliaria n.° 100-61xxx, donde se encontraban construidas una casaNOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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de habitación, una piscina y unas bodegas. También acordaron que los predios objeto de la negociación serían entregados libres de pasivos laborales, tenedores, arrendatarios u ocupantes, y que los gravámenes existentes tanto sobre los inmuebles prometidos en venta como sobre el bien que se entregaría en parte de pago serían cancelados dentro de los términos convenidos. Precisaron, además, que la desatención de dicha obligación no constituiría causal de incumplimiento contractual.

Igualmente, regularon la distribución de los gastos derivados de la transferencia del dominio, acordaron que la escritura pública se otorgaría el 1.º de agosto de 2022 a las 2:00 p. m. en la Notaría Xxxxx de Manizales y convinieron que la entrega material de los inmuebles tendría lugar el 2 de enero de 2023.

Sostuvo la parte actora que, mediante levantamiento topográfico realizado el 10 de julio de 2022 por el profesional Fernando Hernández Ríos, se determinó que la cabida real de los inmuebles comprometidos correspondía a dieciséis hectáreas y 4.904 metros cuadrados (16 ha + 4.904 m²), circunstancia que imponía reajustar el valor de la negociación a la suma de dos mil trescientos veintitrés millones quinientos sesenta mil pesos ($2.323.560.000).

Afirmó que tal situación fue puesta en conocimiento de la sociedad

a la suma de dos mil trescientos veintitrés millones quinientos sesenta mil pesos ($2.323.560.000).

Afirmó que tal situación fue puesta en conocimiento de la sociedad demandada y que se solicitó la adecuación del precio conforme a lo convenido, sin que esta emitiera respuesta alguna.

Refirió igualmente que el promitente comprador y el coadyuvante comparecieron en la fecha, hora y lugar acordados para el otorgamiento de la escritura pública, con plena disposición de culminar el negocio jurídico.

No obstante, aunque el representante legal de la sociedad también concurrió a la diligencia, formuló exigencias y planteamientos ajenos a lo pactado contractualmente, y finalmente se negó a suscribir la escritura pública de compraventa.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Con fundamento en tales circunstancias, la parte demandante estimó que la promitente vendedora había incurrido en incumplimiento contractual. Sostuvo que esa situación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1546 del Código Civil, la facultaba para reclamar judicialmente el cumplimiento de la promesa de compraventa, junto con el pago de la cláusula penal pactada2.

2. De la contestación.

La demanda fue admitida mediante auto del 9 de noviembre de 2022 3. Posteriormente, debido a la disolución y liquidación de la sociedad demandada durante el trámite del proceso, y a solicitud de la parte actora, el juzgado dispuso integrar el contradictorio por pasiva con los socios de la compañía y con su liquidador, mediante proveído del 14 de marzo de 20234.

demandada durante el trámite del proceso, y a solicitud de la parte actora, el juzgado dispuso integrar el contradictorio por pasiva con los socios de la compañía y con su liquidador, mediante proveído del 14 de marzo de 20234.

Notificados los convocados, todos los integrantes del litisconsorcio pasivo, salvo Henry, quien guardó silencio, se opusieron a las pretensiones de la demanda y formularon las siguientes excepciones de mérito:

“A. Respecto a la integración del litisconsorcio de los socios – prohibición de levantamiento del velo corporativo – ilegitimidad en la causa por pasiva de los socios vinculados”; “B. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA PARTE ACTORA Y CUMPLIMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA”; “C. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO POR NO ESTAR POR ESCRITO EL PREDIO DE DON JORGE”; D. NULIDAD ABSOLUTA Y/O RELATIVA DEL CONTRATO POR CAUSA ILICITA (sic), INDETERMINACION (sic) O FALTA DE CLARIDAD DEL PRECIO Y OBJETO, Y OBJETO ILICITO ”; y “E. SIMULACION (sic)

ABSOLUTA Y/O RELATIVA”5.

2 Archivo 08. Cdno. 01. 3 Archivo 11 del cuaderno principal. 4 Conforme auto del 14 de marzo de 2023. Archivo 30. Cdno. Ppal. 5 Archivo 43. Cdno. Ppal.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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3. De la sentencia de primera instancia.

5 Archivo 43. Cdno. Ppal.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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3. De la sentencia de primera instancia.

El juez de primera instancia declaró la prosperidad parcial de los medios de defensa identificados con las letras A y D. El primero prosperó exclusivamente respecto de la otrora sociedad demandada, hoy liquidada, mas no frente a los exsocios individualmente considerados.

Asimismo, encontró que la promesa de compraventa objeto del trámite judicial estaba viciada de nulidad absoluta. En consecuencia, ordenó las restituciones mutuas correspondientes y, finalmente, condenó en costas a la parte actora en favor de los codemandados en un 50 %.

En respaldo de tales determinaciones, el funcionario argumentó lo siguiente:

1. La legitimación en la causa de las personas naturales que integraban el ente social se encontraba acreditada en el asunto, de conformidad con la postura jurisprudencial aplicable a los eventos en los que, durante el curso del litigio, se produce la liquidación de la persona jurídica que comparece como sujeto procesal. En esos casos, resulta necesaria la integración del contradictorio con los socios.

Con fundamento en ello, el juez concluyó que la legitimación de Sociedad Xxxxxx se desvirtuaba, “comoquiera que la misma fue extinguida antes de que fuese notificado el auto admisorio de la demanda” . Por tal razón, declaró probada la excepción propuesta respecto de dicha sociedad, pero no en relación con los exsocios, quienes conservaban plena aptitud para resistir las pretensiones.

que fuese notificado el auto admisorio de la demanda” . Por tal razón, declaró probada la excepción propuesta respecto de dicha sociedad, pero no en relación con los exsocios, quienes conservaban plena aptitud para resistir las pretensiones.

1. Tras mencionar los elementos axiológicos de la acción prevista en el artículo 1546 del Código Civil, el despacho se refirió a los presupuestos de validez de los contratos y a las consecuencias derivadas de su inobservancia, esto es, la configuración de nulidades absolutas o relativas, según el caso. Precisó, además, que las primeras deben declararse incluso

de oficio.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Posteriormente, abordó los componentes inherentes a la promesa de compraventa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1611 de la codificación sustancial, e indicó que en el presente asunto se reunía la mayoría de ellos, pues el convenio constaba por escrito, versaba sobre negocios a los que la ley dotaba de eficacia y contenía plazos y condiciones específicos para la celebración de la eventual enajenación.

Sin embargo, en cuanto a la determinación, de suerte que “que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales” , el juez de primera instancia encontró múltiples inconsistencias que impedían otorgar validez a la convención analizada.

Indicó el sentenciador que, ante la ambigüedad en la extensión del terreno objeto de la negociación, los contratantes debieron dar aplicación a lo establecido en la cláusula octava, -referente a que cualquier acuerdo

Indicó el sentenciador que, ante la ambigüedad en la extensión del terreno objeto de la negociación, los contratantes debieron dar aplicación a lo establecido en la cláusula octava, -referente a que cualquier acuerdo posterior se plasmaría por escrito-, para precisar la superficie del predio, el nuevo precio y los demás aspectos relevantes con base en las "mediciones actualizadas". Además, debieron convenir si la rebaja del precio se vería reflejada en el saldo pendiente de pago "o eventualmente iba a afectar la entrega del bien inmueble que prometieron como parte del pago".

Adujo que la hectárea que se reservaron los promitentes vendedores presentaba dificultades técnicas para su extracción del predio matriz, de cara a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Xxxxx, Caldas. Añadió que aquella no fue delimitada de ninguna manera en la promesa y que, además, el desenglobe afectaba necesariamente "el precio de la venta de los 3 lotes y también el área del objeto de venta". Tales situaciones, a su juicio, debieron clarificarse en un escrito posterior, según lo pactado en la citada cláusula octava.

A lo anterior se suma que la servidumbre de tránsito destinada al acceso a la zona en cuestión no fue descrita en cuanto a sus características, extensión, linderos e identificación de los predios dominante y sirviente. Tampoco se precisó la forma en que dicho gravamen afectaría el valor total de la compraventa.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Tampoco se precisó la forma en que dicho gravamen afectaría el valor total de la compraventa.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Todas esas deficiencias, en concepto del fallador, resultaban determinantes e imposibilitaban que, por vía judicial, se compeliera al cumplimiento de la promesa que "a todas luces es absolutamente nula".

1. Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de retrotraer las cosas al estado anterior a la celebración del contrato nulo, el juez de primera instancia dispuso, a título de restituciones mutuas y a cargo de los litisconsortes pasivos, la devolución de los dineros entregados por los promitentes compradores como anticipo ($50.000.000) y de los recursos destinados al registro de la cancelación del gravamen hipotecario que recaía sobre uno de los bienes involucrados ($1.000.100).

Indicó que tales sumas debían indexarse y ser asumidas por los obligados en proporción a sus respectivos derechos de participación en la extinta sociedad6.

4. Del recurso de apelación y su traslado.

Inconformes con lo resuelto, los sujetos procesales, con excepción del señor Henry, interpusieron recurso de apelación y, dentro del término legal, presentaron los reparos concretos sobre los cuales desarrollarían posteriormente su sustentación7.

Ante esta instancia, los recurrentes presentaron los memoriales respectivos, en los que expusieron los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia, los cuales admiten el siguiente compendio:

Demandantes8. (i) Cuestionaron que el juzgado hubiera considerado

respectivos, en los que expusieron los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia, los cuales admiten el siguiente compendio:

Demandantes8. (i) Cuestionaron que el juzgado hubiera considerado improcedente perseguir el cumplimiento de la convención “por parte de una sociedad que en la actualidad es inexistente” , sin tener en cuenta que la comparecencia al proceso de los litisconsortes obedeció precisamente a la liquidación de la persona jurídica, la cual, para la fecha de presentación de la demanda, se encontraba vigente.

6 Archivo 83 del Cdno. Ppal. Segunda parte. 7 Archivos 85 y 86. Ídem. 8 Archivo 004. Cdno. “C02SegundaInstancia”NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Sostuvieron que, por esa razón, se dio aplicación a lo previsto en el artículo 68 del Código General del Proceso y se integró el contradictorio por pasiva con los sujetos correspondientes.

Añadieron que estos, además, fueron los adjudicatarios de los bienes objeto del proceso y autorizaron, en su momento, la celebración del negocio, conforme consta en el Acta n.° 44 del 15 de junio de 2022, documento que, a su juicio, constituye plena prueba en su contra.

Asimismo, afirmaron que, al tenor del artículo 294 del Código de Comercio, están obligados a responder por las operaciones sociales.

Agregaron que, en aplicación del principio iura novit curia , el despacho debió acceder a la pretensión y extender sus efectos prácticos a los

están obligados a responder por las operaciones sociales.

Agregaron que, en aplicación del principio iura novit curia , el despacho debió acceder a la pretensión y extender sus efectos prácticos a los antiguos socios de la persona jurídica extinguida9, ordenándoles asumir el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por la sociedad.

En criterio de los apelantes, la inexistencia actual de la sociedad no puede constituir un motivo para desestimar la pretensión, pues ello convierte “en letra muerta las normas que prevén y regulan lo atinente a la extinción de las personas jurídicas en el curso del proceso” y, además, premia la conducta reprochable de la demandada, quien, al conocer la cabida real de los inmuebles, buscó la forma de resolver el contrato prometido.

(ii) Frente a la indeterminación advertida por el juez de la causa para declarar la nulidad del contrato, la mandataria de los inconformes sostuvo que esta no se configuraba, pues los contratantes se ocuparon de detallar minuciosamente, de manera amplia y, en especial, de común acuerdo, los inmuebles objeto de la promesa. Para ello consignaron “la denominación con la que se les conoce en el sector, la ubicación, los folios de matrícula, las fichas catastrales, las áreas”, entre otros aspectos, conforme a lo plasmado en la cláusula primera, numerales 1.1 a 1.3.

9 Que por demás se liquidó abruptamente y de mala fe conforme las fechas en que ello sucedió para las cuales ya los socios tenían conocimiento de que la demanda se avecinaba.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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9 Que por demás se liquidó abruptamente y de mala fe conforme las fechas en que ello sucedió para las cuales ya los socios tenían conocimiento de que la demanda se avecinaba.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Agregó que los intervinientes, previendo posibles inconsistencias en la extensión superficiaria registrada en los títulos, -variaciones que podían suscitarse por diversas circunstancias como errores humanos, pérdidas o incrementos de terreno, etc.- y en armonía con las advertencias formuladas por Gonzalo al recorrer las fincas, pactaron una medición posterior con el consecuente ajuste del precio inicialmente convenido.

Con ello, a criterio de la letrada, se satisfizo la determinación “clara, amplia, suficiente y precisa” de los bienes prometidos. Sobre este punto, afirmó que lo estipulado respecto del área de reserva no incidía en dicha identificación, por cuanto para los contratantes “las áreas y bienes que no hacían parte del negocio” no ofrecían discusión alguna y, con igual claridad, quedaron consignados en el parágrafo segundo de la cláusula primera.

Aun si, en gracia de discusión, se admitiera la existencia de confusión en lo relativo a la zona que los promitentes vendedores conservarían para sí, ello no invalidaba la convención. Por el contrario, dicha circunstancia debió esclarecerse mediante las reglas de interpretación previstas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, atendiendo al principio de conservación de los contratos.

De ahí que la hermenéutica del juzgador de primer nivel resultara

artículos 1618 a 1624 del Código Civil, atendiendo al principio de conservación de los contratos.

De ahí que la hermenéutica del juzgador de primer nivel resultara “desmedidamente rigurosa” , estricta e intransigente, e incurriera en un “exceso ritual manifiesto” en detrimento de la aplicación del derecho sustancial y propiciando “una decisión injusta”.

Añadió que, a la luz del dictamen pericial, al encontrarse la hectárea citada ubicada en la categoría de “centro poblado” , su segregación del predio matriz era viable, siguiendo los parámetros indicados por la Secretaría de Planeación municipal, dado que no se trata de una zona agrícola. De ahí que “los fundamentos del juzgador de instancia, no tienen asidero, al manifestar que la promesa de compraventa celebrada entre las partes, carece de objeto lícito”.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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Igualmente, acusó al fallador de interpretar erróneamente las estipulaciones contractuales, pues las partes no acordaron dejar por escrito la realización de una medición adicional. Por el contrario, sostuvo que la efectuada obedeció al cumplimiento de una de las obligaciones previstas en el convenio original, en particular la contemplada en el parágrafo primero de la cláusula primera.

(iii) A juicio de los recurrentes, la nulidad declarada de oficio por el juez de primera instancia resultaba improcedente en el caso concreto, pues la promesa contenía la totalidad de los presupuestos previstos en el artículo 1611 del Código Civil.

primera instancia resultaba improcedente en el caso concreto, pues la promesa contenía la totalidad de los presupuestos previstos en el artículo 1611 del Código Civil.

En particular, el requisito previsto en su numeral 4.º exigía que los elementos esenciales de la compraventa, esto es, la cosa prometida y el precio, quedaran determinados o, “en su defecto”, fueran “determinables”, situación que, según afirmaron, se presentó en este asunto10.

Explicaron que, para sustentar la presunta ausencia de la mencionada exigencia, el juez se fundamentó en las supuestas falencias de los parágrafos primero a cuarto de la cláusula primera, desconociendo que “son precisamente estos ítems del contrato los que establecen las obligaciones futuras que debían cumplir las partes, para llevar a bien fin los acuerdos establecidos por estas y poder concluir el mismo con la suscripción de las escrituras públicas a que haya lugar”.

Precisaron que tales obligaciones consistían en determinar la cabida real del terreno, realizar los trámites necesarios para segregar el área de reserva, ajustar el precio conforme a la extensión efectivamente establecida y constituir la servidumbre correspondiente. Ello, por cuanto “para nadie es un secreto, que al desenglobar un área de terreno de otro de mayor extensión, se hace necesario que se determine y alindere no solo el área a reservarse, sino también el predio restante”.

10 Pues cuando el objeto del contrato recae sobre bienes inmuebles, el Decreto 960 de 1970 establece que su individualización puede realizarse mediante la cédula o registro catastral, la nomenclatura y la ubicación; e igualmente, conforme enseña la jurisprudencia, basta

establece que su individualización puede realizarse mediante la cédula o registro catastral, la nomenclatura y la ubicación; e igualmente, conforme enseña la jurisprudencia, basta con plasmar cualquier dato que permita su cabal identificación.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia Seudonimizada

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En suma, señalaron que la providencia cuestionada se fundó en una interpretación errónea del contrato, una valoración indebida de las pruebas y una aplicación desacertada de la ley.

Con fundamento en ello, la mandataria de los demandantes solicitó que se revocara la decisión y que, en su lugar, se otorgara la protección reclamada por sus representados en calidad de contratantes cumplidos, ordenando a los demandados allanarse al cumplimiento de las obligaciones convencionales correspondientes.

Demandados11. (i) Trajeron a colación una serie de presuntas deficiencias del dictamen pericial incorporado de oficio. Entre ellas, señalaron errores en las mediciones efectuadas sobre el área y la forma en que estos incidieron en las cuantías con las que finalmente se justipreciaron los bienes.

También cuestionaron la pertinencia de los métodos empleados para la elaboración de la experticia y afirmaron que la propuesta formulada por el perito para la extracción de la zona de reserva resultaba inviable, pues “incita a esquivar la ley y a violar normas urbanísticas”.

(ii) Acusaron la sentencia de ser contradictoria. Sostuvieron que, en el ordinal primero de la parte resolutiva, se declararon prósperas las excepciones relacionadas con la integración del contradictorio y el indebido

(ii) Acusaron la sentencia de ser contradictoria. Sostuvieron que, en el ordinal primero de la parte resolutiva, se declararon prósperas las excepciones relacionadas con la integración del contradictorio y el indebido levantamiento del velo corporativo, razón por la cual se absolvió a la sociedad.

Asimismo, indicaron que en la providencia se reconoció la imposibilidad de ordenar el cumplimiento de las obligaciones convencionales a los socios que no hicieron parte del contrato.

No obstante, afirmaron que, en el ordinal cuarto, se “condena a los litisconsortes, a quienes ya había desvinculado” , lo que, a juicio de la censora, revela la incoherencia en que incurrió el juzgado.

11 Archivo 005. C. 02.13

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Agregaron que dicha contradicción resulta más evidente si se tiene en cuenta que la finalidad del levantamiento del velo corporativo consiste en responsabilizar a los socios que se valieron de la persona jurídica para cometer fraudes en perjuicio de terceros, situación que debe definirse en un proceso autónomo.

(iii) Sostuvieron que el juez omitió pronunciarse sobre la excepción fundada en el incumplimiento de los demandantes respecto de sus compromisos contractuales, pues no entregaron el inmueble acordado como parte del precio ni acreditaron la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para completar en efectivo los valores pendientes.

Por el contrario, pretendieron demostrar su capacidad económica con los mismos emolumentos a los que alude el depósito notarial allegado con la

económicos necesarios para completar en efectivo los valores pendientes.

Por el contrario, pretendieron demostrar su capacidad económica con los mismos emolumentos a los que alude el depósito notarial allegado con la demanda, tanto para esta promesa como para la suscrita con el señor Jorge.

En contraposición, señalaron que la sociedad sí cumplió las obligaciones a su cargo, consistentes en la cesión de los contratos de arrendamiento rural que afectaban los predios y en asistir a la notaría para la suscripción de las escrituras públicas.

Asimismo, manifestaron que se omitió ordenar el resarcimiento de los perjuicios que les fueron causados, pese a que este resultaba procedente con fundamento en el artículo 1746 del Código Civil.

Explicaron que, aunque durante el trámite no hubo entrega material de los predios prometidos, sí existió una entrega simbólica mediante la inscripción de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria, circunstancia que “produjo la muerte civil de los inmuebles, durante tres años”.

(iv) Mostraron su desacuerdo con lo dispuesto en torno a las restituciones mutuas, al considerar que lo recibido a título de anticipo -$50.000.00012se consignó a órdenes del juzgado desde diciembre de 2022.

12 Suma que, por demás, no debió indexarse, ya que la promesa no genera débitos de pagar14

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Asimismo, sostuvieron que lo destinado por los demandantes para

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Asimismo, sostuvieron que lo destinado por los demandantes para inscribir la cancelación de la hipoteca obedeció a su mera liberalidad, ya que esa prestación no surgía de las obligaciones contractuales. Por ende, debía reclamarse en un proceso independiente.

Igualmente, adujeron que, al tenor del artículo 1525 del Código Civil, no era posible ordenar la repetición de lo dado o pagado cuando la nulidad se decreta por causa u objeto ilícito, como, a su juicio, ocurre en este caso respecto de la cláusula de reserva de una hectárea “de la que era evidentemente ilegal su subdivisión”.

(v) Sostuvieron que la consecuencia de haberse declarado la prosperidad de la primera excepción propuesta era, necesariamente, la absol