CC - C122-2020

Sentencia C-122/20

ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana Específicamente, esta acción constituye un instrumento jurídico valioso, que permite a los ciudadanos defender el poder normativo de la Constitución y manifestarse democráticamente en relación con la facultad de configuración del derecho que ostenta el Legislador (artículos 150 y 114 superiores). La acción pública de inconstitucionalidad permite que se dé un diálogo efectivo entre el Congreso –foro central de la democracia representativa–, los ciudadanos en ejercicio –base de la democracia participativa–, y el Tribunal Constitucional –a quien se encomienda la guarda e interpretación de la Constitución–. De esta forma, la acción desarrolla los principios previstos en los artículos 1º, 2º y 3º de la Carta Política, que definen a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático y participativo. ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Eficacia del principio pro actione y cumplimiento de requisitos argumentativos mínimos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Criterios para valorar la aptitud de la demanda y determinar su procedencia y alcance del juicio de constitucionalidad

CONTROL CONSTITUCIONAL DE OMISION LEGISLATIVA

ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OMISION

LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la Corte Constitucional CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos esenciales que deben concurrir para su procedencia/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos estructurales

CARGO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION

LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes SENTENCIA INTEGRADORA POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Jurisprudencia constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Impone al demandante una mayor carga argumentativa 2 OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Existencia conlleva a sentencia integradora

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE

INTERPRETACION LEGAL-Alcance excepcional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE INTERPRETACION LEGAL-Condiciones de procedibilidad INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos DEBIDO PROCESO-Levantamiento de suspensión de términos

Referencia: Expediente D-13472

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 “Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones”, que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007.

Demandante: Hugo Lascarro Polo.

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

Bogotá, D. C., (15) quince de abril dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

3 En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Hugo Lascarro Polo presentó, ante esta Corporación, demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 “Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones”¸ que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. El actor formuló un cargo único por el desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política. En Auto de 10 de septiembre de 2019, la Magistrada sustanciadora identificó las falencias de la censura presentada por el ciudadano y, en consecuencia, dispuso la inadmisión de la demanda. El demandante denuncia una omisión legislativa relativa, violatoria del artículo 29

de la Carta Política. Indica que la norma acusada es inconstitucional porque no incluyó el término para resolver la segunda instancia en el proceso jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud y que ese elemento omitido es necesario para la materialización del derecho al debido proceso, garantizado en el artículo 29 de la Constitución. A su juicio, esta omisión no sólo transgrede el derecho al debido proceso, sino que además desconoce bienes jurídicos como la salud, la vida y la dignidad humana, que están involucrados en las controversias del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con base en los argumentos expuestos el demandante solicitó, como pretensión principal, que se declare la inexequibilidad de la norma acusada porque no previó un término para que las Salas Laborales de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial resuelvan el recurso de apelación formulado en contra de las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud. En subsidio, pidió que se declare la exequibilidad condicionada de la norma acusada en el entendido de que: “el término con que cuenta la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del domicilio del apelante para resolver los recursos de apelación son los mismos términos con que cuenta la Superintendencia Nacional de Salud para resolver los asuntos puestos a 1 su conocimiento” . En auto de 26 de septiembre de 2019, la Magistrada sustanciadora encontró acreditados los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para la construcción de un cargo por omisión legislativa relativa. Por lo tanto, admitió la censura por violación del artículo 29 superior. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º del Decreto 2067 de 1991,

ordenó: (i) fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; (ii) correr traslado al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud; y (iv) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI, la Confederación Colombiana de Consumidores, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, la Asociación de Pacientes 1 Folio 5, cuaderno 1. 4 de Alto Costo, la Asociación Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo, la Organización Misión Salud, la Asociación Colombiana de Salud Pública y a las facultades de Derecho de las Universidades Libre, Santo Tomás, de Antioquia, del Norte de Barranquilla, de Cartagena y del Rosario para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad del aparte acusado. En cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA2011518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526 y PCSJA20-11532, adoptados por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia que afecta a Colombia, los términos fueron suspendidos en el asunto de la referencia, entre el 16 de marzo y el 26 de abril de 2020. De igual manera, por tratarse de vacancia judicial

en semana santa, durante los días 4 a 12 de abril de 2020, los términos judiciales tampoco corrieron.

II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada y se subraya el aparte demandado: “LEY 1949 DE 2019

(enero 8) Diario Oficial No. 50.830 de 8 de enero de 2019 PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 6o. Modifíquese el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así: Artículo 41. Función Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, y con las facultades propias de un juez en los siguientes asuntos: a) Cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (Plan Obligatorio de Salud), cuando su negativa por parte de las Entidades Promotoras de Salud o entidades que se les asimilen ponga en riesgo o amenace la salud del usuario, consultando la Constitución Política y las normas que regulen la materia.

5 b) Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado en los siguientes casos:

1. Por concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que no tenga contrato con la respectiva Entidad Promotora de Salud (EPS) o entidades que se le asimilen.

2. Cuando el usuario haya sido expresamente autorizado por la Entidad Promotora de Salud (EPS) o entidades que se le asimilen para una atención específica.

3. En los eventos de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud o entidades que se le asimilen para cubrir las obligaciones para con sus usuarios. c) Conflictos derivados de la multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de este con los regímenes exceptuados. d) Conflictos relacionados con la libre elección de entidades aseguradoras, con la libre elección de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud dentro de la red conformada por la entidad aseguradora; y conflictos relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. e) Conflictos entre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y/o entidades que se le asimilen y sus usuarios por la garantía de la prestación de los servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, con excepción de aquellos expresamente excluidos de la financiación con recursos públicos asignados a la salud. f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud se

desarrollará mediante un procedimiento sumario, con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. La demanda debe ser dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, debe expresar con la mayor claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar; la pretensión, el derecho que se considere violado, así como el nombre y dirección de notificación del demandante y debe adjuntar los documentos que soporten los hechos. La demanda podrá ser presentada sin ninguna formalidad o autenticación; por memorial, u otro medio de comunicación escrito. No será necesario actuar por medio de apoderado, esto sin perjuicio de las normas vigentes para la representación y el derecho de postulación. En el trámite del procedimiento jurisdiccional prevalecerá la informalidad. La Superintendencia Nacional de Salud emitirá sentencia dentro de los siguientes términos: Dentro de los 20 días siguientes a la radicación de la demanda en los asuntos de competencia contenidos en los literales a), c), d) y e) del presente artículo. Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la demanda en el asunto contenido en el literal b) del presente artículo. Dentro de los 120 días siguientes a la radicación de la demanda en el asunto contenido en el literal f) del presente artículo. 6 PARÁGRAFO 1o. Las providencias emitidas dentro del proceso jurisdiccional se notificarán por el medio más ágil y efectivo. La sentencia podrá ser apelada dentro de los 3 días siguientes a su notificación. En caso

de ser concedido el recurso, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Laboral del domicilio del apelante. (…)”

III. LA DEMANDA Hugo Lascarro Polo presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 por la configuración de una omisión legislativa relativa violatoria del artículo 29 superior.

El actor hizo referencia al diseño legal del mecanismo jurisdiccional, en el marco de los argumentos expuestos sobre la violación de la garantía del debido proceso. En particular, señaló que el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 le asignó funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud para que conociera y fallara controversias relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Luego, la Ley 1438 de 2011 estableció que el fallo podría ser impugnado, pero no precisó la autoridad que resolvería la impugnación ni el término para decidirla. Finalmente, el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 precisó que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del domicilio del apelante es la autoridad competente para resolver la impugnación, pero mantuvo el vacío en relación con el término para decidir. El ciudadano argumentó que, de la garantía constitucional del debido proceso, se deriva una obligación para el Legislador de prever recursos judiciales efectivos. Este deber se desconoció en el diseño del mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud porque estableció la posibilidad de impugnar el

fallo de primera instancia y la autoridad judicial que decide el recurso, pero no fijó el término para resolverlo. En consecuencia, el Legislador omitió un ingrediente necesario para la efectividad del mecanismo judicial. El demandante señaló que la omisión legislativa que denuncia también afecta otros bienes jurídicos como la salud, la vida, y la dignidad humana. En concreto, indicó que las controversias que se presentan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud están relacionadas con la afectación de esos bienes, razón por la que la ausencia de un término para decidir los conflictos en segunda instancia prolonga las violaciones que se pretenden superar a través del mecanismo jurisdiccional y desconoce su carácter prevalente y sumario. Para el actor, la omisión del Legislador es injustificada, genera incertidumbre sobre la duración del trámite y desconoce que, en atención a la relevancia de términos precisos para la garantía del debido proceso, todos los procedimientos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico fijan el término para decidir la segunda instancia. En consecuencia, la ausencia de ese elemento en el proceso jurisdiccional diseñado para la protección del derecho a la salud debe ser subsanada. 7 Finalmente, indicó que la inconstitucionalidad de la norma acusada puede superarse mediante un condicionamiento en el que se precise el término para decidir la segunda instancia, el cual puede derivarse de otras previsiones del ordenamiento jurídico que establecen términos para emitir las decisiones judiciales. Por ejemplo, destacó que los términos de 20, 60 y 120 días que prevé el artículo 6º de la Ley 1949 de 2019

para que la Superintendencia Nacional de Salud resuelva los asuntos en ejercicio de su función jurisdiccional, podrían ser tomados como referente para establecer el lapso para la decisión de la impugnación por parte de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales del país.

IV. INTERVENCIONES

1. Ministerio de Salud y Protección Social El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó que la Corte se INHIBA de decidir el cargo formulado por el actor, por el incumplimiento de los requisitos de aptitud. En subsidio, pidió que se declare la EXEQUIBILIDAD del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de

2007. En primer lugar, la entidad indicó que el cargo es inepto por el incumplimiento del requisito de certeza, pues el ciudadano no explicó las razones por las que el término que considera omitido no puede ser establecido mediante la lectura integral del ordenamiento jurídico. En concreto, destacó que según el artículo 1º del Código General del Proceso, las disposiciones de este estatuto se aplican a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes, y el artículo 121 de dicha normativa prevé el término de seis meses como tiempo máximo para resolver la segunda instancia. En consecuencia, a partir de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, puede concluirse que el término para resolver la impugnación en el marco del mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud es el previsto en el artículo 121 ejusdem.

El Ministerio adujo que el silencio del Legislador con respecto al término de decisión de la segunda instancia no corresponde a una omisión y, por el contrario, se trata de una forma de mantener la aplicabilidad del artículo 121 del CGP. Esta circunstancia se evidencia en el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, pues dicha norma modificó el término con el que cuenta la Superintendencia Nacional de Salud para decidir la primera instancia y estableció los tiempos de 20, 60 y 120 días de acuerdo con la causal invocada. Por ende, es claro que el Congreso de la República conoce el tipo de controversias que se resuelven a través de este mecanismo y adoptó medidas para establecer un recurso judicial efectivo, entre las que no consideró necesaria la alteración del término general de seis meses para resolver la segunda instancia. Asimismo, indicó que de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud sólo se activa por petición de parte y, por lo tanto, los demás asuntos se deciden por los jueces ordinarios laborales en primera instancia. En atención a esta circunstancia, la propuesta del accionante de extender el término de 20, 60 y 120 días para resolver la impugnación generaría una distinción 8 injustificada entre las personas que acuden a los jueces laborales y quienes acuden a la Superintendencia Nacional de Salud, pues en relación con los primeros operaría el término de seis meses para desatar la segunda instancia y, para los segundos, los términos que propone el demandante.

Finalmente, señaló que el Legislador no desconoció los intereses y bienes jurídicos involucrados en el marco de las controversias que se deciden ante la Superintendencia Nacional de Salud, ya que estableció la posibilidad de que se decreten medidas cautelares para la protección de los derechos fundamentales. En segundo lugar, indicó que la pretensión de inexequibilidad formulada por el demandante no es el remedio constitucional para superar la omisión denunciada, pues la jurisprudencia constitucional ha señalado que, ante la ausencia de un ingrediente necesario para compatibilizar la norma con la Carta Política, procede una sentencia aditiva que incorpore el elemento faltante. En efecto, la declaratoria de inexequibilidad generaría una afectación mayor del debido proceso, ya que implicaría excluir del ordenamiento las previsiones sobre la notificación, el término en el que debe presentarse la apelación y la competencia para decidir la segunda instancia. Por lo tanto, expresó su desacuerdo con la pretensión principal del actor. En tercer lugar, el Ministerio señaló que no hay lugar a declarar el condicionamiento de la norma por las mismas razones que expuso en relación con la ineptitud del cargo. La entidad considera que, a partir de una lectura sistemática del ordenamiento jurídico, se concluye que el término para resolver la impugnación en el trámite jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud es el previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso. En consecuencia, sostiene que la norma es exequible.

2. Ministerio de Justicia y del Derecho El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que la Corte declare la

EXEQUIBILIDAD del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. El Ministerio destacó, de una parte, que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece que la jurisdicción ordinaria laboral tiene la competencia para conocer las controversias relacionadas con el sistema de seguridad social 2 integral. De otra parte, resaltó que de acuerdo con la Sentencia C-119 de 2008 , las funciones jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia Nacional de Salud desplazaron algunas de las competencias ordinarias de los jueces laborales del circuito y, por ende, las decisiones de esa entidad son apelables ante las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En consecuencia, si la apelación de los asuntos asignados a la Superintendencia Nacional de Salud corresponde a las Salas Laborales, se debe concluir que los términos aplicables para 2 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 9 resolver la segunda instancia son los previstos en el Código Procesal del Trabajo y 3 de la Seguridad Social . La entidad señaló que, de acuerdo con los antecedentes legislativos, el Congreso expidió la norma acusada únicamente con la finalidad de regular un procedimiento detallado y concreto para el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y decidió mantener las reglas procesales propias de la jurisdicción ordinaria laboral. Por ende, el actor se equivoca al señalar que el Legislador incurrió en una omisión, pues la segunda instancia, en la medida en que se decide por el juez natural, se rige por las disposiciones del Código Procesal del

Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente, el Ministerio destacó el amplio margen de configuración del Legislador en la materia y la importancia de efectuar una lectura de la norma acusada en conjunto con las otras disposiciones del ordenamiento. Para la entidad, estos dos factores demuestran que se trata de una regulación sistémica en la que se consideraron las disposiciones previas y se llenaron los vacíos existentes, que únicamente se presentaban en la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud. Por último, la entidad interviniente indicó que el demandante no explicó las razones por las que no es posible aplicar los términos que deben observar los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para resolver la apelación y tampoco consideró que, ante el riesgo de vulneración inminente de los derechos fundamentales de los usuarios, el parágrafo del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 le otorga la competencia a la Superintendencia Nacional de Salud para decretar medidas cautelares.

3. Academia Colombiana de Jurisprudencia La Academia Colombiana de Jurisprudencia solicitó que la Corte declare la EXEQUIBILIDAD del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007.

La Academia indicó que, aunque la norma acusada no estableció un término para que las Salas Laborales de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial decidan la segunda instancia de los procesos tramitados ante la Superintendencia Nacional de Salud, no puede considerarse que esta circunstancia constituye una omisión legislativa que genere la dilación indefinida de los procesos, pues se trata de un vacío

que puede ser superado con las normas del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En particular, puede subsanarse con el procedimiento fijado en el artículo 82 del estatuto en mención y los términos que prevé para los procedimientos especiales; por ejemplo, el término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el proceso entre al despacho del magistrado ponente, establecido para resolver sobre la 4 declaratoria de la ilegalidad de la huelga ; 5 días hábiles siguientes a la fecha en que sea recibido el expediente para resolver sobre la cancelación de inscripción en el 3 El Ministerio de Justicia y del Derecho hizo una referencia general a los términos del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pero no precisó cuál es el tiempo que se deriva de ese estatuto para resolver la apelación. 4 Ley 1210 de 2008, artículo 4. 10 5 registro sindical ; o 30 días para el procedimiento sancionatorio en los casos de acoso 6 laboral . En concordancia con lo expuesto, la interviniente señaló que la omisión denunciada puede ser superada mediante la interpretación del ordenamiento jurídico y, por ende, no tiene la entidad para violar la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Carta Política, ni requiere la intervención del juez constitucional. Finalmente, señaló que la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada no contribuiría a remediar el vacío identificado y, por el contrario, generaría circunstancias más gravosas como la eliminación de la segunda instancia en el trámite.

4. Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMILa Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMIsolicitó que la Corte declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, que modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, en el entendido de que: “(i) Tratándose de los literales a, c, d y e del artículo 6 de la Ley 1949 de 2019 el término con el que cuenta el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Laboral para fijar la fecha de la audiencia de que trata el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del mismo código, oír las alegaciones de las partes y resolver la apelación es de 20 días contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del tribunal.

(ii) Tratándose de los literales b y f, el término con el que cuenta el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Laboral para fijar la fecha de la audiencia de que trata el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83 del mismo código, oír las alegaciones de las partes y resolver la apelación es de 6 meses contados a 7 partir de la recepción del expediente en la secretaría del tribunal.” La interviniente señaló que, según la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud no es un medio idóneo y eficaz para la protección del derecho a la salud, debido a que la entidad presenta un retraso de entre dos y tres años para resolver las

controversias bajo su conocimiento. Sin embargo, cuando el mecanismo funcione adecuadamente, este será el medio principal para resolver los conflictos en la materia. En atención a la necesidad de que el referido mecanismo se convierta en una herramienta idónea para la protección del derecho a la salud, la asociación considera 5 Ley 50 de 1990, artículo 52. 6 Ley 1010 de 2006, artículo 13. 7 Folio 88, cuaderno 1. 11 que el término para resolver la impugnación en los asuntos establecidos en los 8 literales a, c, d y e del artículo 6 de la Ley 1949 de 2019 debe ser de 20 días, que corresponde al tiempo para resolver la impugnación de la acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Finalmente, indicó que en lo que respecta a las controversias sobre el reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado y los conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, previstos en los literales b y f del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, resulta aplicable el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual precisa que, ante la falta de disposiciones especiales en el procedimiento laboral, se aplicarán las normas análogas del Código Judicial –norma que actualmente equivale al Código General del Proceso–. En consecuencia, el término para resolver la apelación debe ser el previsto en el artículo 121 ibídem, que

corresponde a seis meses desde la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o el tribunal.

5. Asociación de Pacientes de Alto Costo La Asociación de Pacientes de Alto Costo se pronunció de forma general sobre los argumentos de la demanda, pero no precisó su postura sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

En primer lugar, la interviniente indicó que durante sus 13 años de trabajo en defensa del derecho a la salud no ha acudido al mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que esta entidad no cuenta con la infraestructura para ejercer la función judicial de manera adecuada y, por ende, no brinda las soluciones oportunas que requieren los pacientes. En segundo lugar, señaló que, si sus afiliados no acuden al mecanismo jurisdiccional por su ineficacia, el demandante tiene razón en sus planteamientos, pues es necesario que se fije un término específico para resolver la segunda instancia y, de esta forma, garantizar un mecanismo efectivo que proteja los derechos de los pacientes. 8 “Artículo 6. Modifíquese el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así: Artículo 41. Función Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá c