CC - T267-2020

Sentencia T-267/20

ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS DE ENFERMO DE SIDA-Procedencia por ser sujetos de especial protección constitucional PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Desarrollo jurisprudencial Cuando se trata de verificar si un trato hacia una persona con VIH ha sido discriminatorio se invierte la carga de la prueba, de tal manera que es la contraparte la que debe demostrar que su conducta no obedece a un ánimo adverso al principio de igualdad, lo que en el ámbito del derecho a la estabilidad laboral reforzada se traduce en una presunción de discriminación hacia el trabajador; entonces, debe ser el empleador el que acredite que la decisión de desvinculación se produjo en virtud de una razón objetiva –mas no a causa del estado de salud del subalterno.

DEBER DE SOLIDARIDAD DE LOS EMPLEADORES

FRENTE A TRABAJADORES CON VIH/SIDA

PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Reiteración de jurisprudencia Las personas que conviven con VIH/SIDA, independientemente de la fase en que se encuentre la patología, son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, del cual se desprenden, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, diferentes garantías asociadas a los principios de dignidad humana, igualdad y solidaridad, y al goce efectivo de los derechos a la salud, al mínimo vital, a la seguridad, y a la vida en condiciones dignas.

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

DE ENFERMO DE VIH/SIDA-Protección especial Entre este conjunto de medidas de protección que ha decantado la Corte se encuentran el derecho a mantener en reserva su diagnóstico y no revelarlo al empleador, el derecho a ser reubicado para cumplir funciones compatibles con su estado de salud, así como el derecho mantener el trabajo o alternativa productiva –al margen de la modalidad de contratación de que se trate– y a no ser desvinculado debido a su condición y sin que medie una razón objetiva, so pena de que se presuma que el empleador ha incurrido en un trato discriminatorio proscrito por el Derecho; en este sentido, se exime de la carga de la prueba al trabajador y deberá ser el patrono quien demuestre ante el inspector de trabajo que se configura una causa auténticamente ajena a la enfermedad del trabajador que justifica la cesación de la relación laboral, y será dicha autoridad la que valore los motivos expuestos por el patrono y eventualmente autorice el despido o la no renovación del contrato. DERECHO A LA INTIMIDAD-Trabajador no está obligado a comunicarle al empleador que padece VIH/SIDA

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

DE ENFERMO DE VIH/SIDA EN CONTRATO DE OBRA O LABOR DETERMINADA DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO DE VIH/SIDAVulneración por falta de continuidad en el tratamiento de la patología REINTEGRO AL CARGO DE TRABAJADOR PORTADOR DE VIH/SIDA-Orden de reintegrar al accionante a un cargo similar al que ocupaba

Referencia: Expedientes acumulados

(i) T-7.747.740 y (ii) T-7.765.405

Acciones de tutela formuladas por (i) Giovanni contra Fuerzactiva EST S.A.S. y Construlog S.A.S., y (ii) Harold contra Ecopetrol S.A.

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020). La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela que a continuación se relacionan: (i) Sentencia del 7 de noviembre de 2019, dictada en segunda instancia por el Juzgado 8° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, que confirmó parcialmente y adicionó la del 18 de septiembre de 2019, dictada en primera instancia por el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad, dentro de la demanda constitucional de amparo promovida por Giovanni contra Fuerzactiva EST S.A.S. y Construlog S.A.S. (expediente T7.747.740). (ii) Sentencia del 14 de noviembre de 2019, pronunciada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ‒Sala Civil‒, que confirmó la del 16 de octubre de 2019, emitida por el Juzgado 43 Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela

formulada por Harold contra Ecopetrol S.A. (expediente T-7.765.405). El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas número Uno1, mediante auto del 31 de enero de 2020. Como criterio de selección se indicó la urgencia de proteger un derecho fundamental (criterio subjetivo), con fundamento en el literal b) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015. Aclaración preliminar Teniendo en cuenta que las acciones de tutela de la referencia gravitan en torno a la presunta vulneración de derechos fundamentales de personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana ‒en adelante VIH‒, esta Sala de Revisión estima pertinente suprimir de la publicación de la sentencia y de todas las actuaciones subsiguientes los nombres reales y demás datos que permitan la identificación de los demandantes, como una medida de protección de su derecho a la intimidad y de la confidencialidad que ampara sus historias clínicas. En consecuencia, en el texto de esta providencia la Sala ha reemplazado los nombres originales de los actores con los nombres ficticios de Giovanni (expediente T-7.747.740) y Harold (expediente T-7.765.405).

I. ANTECEDENTES 1 Integrada por los magistrados Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas.

En los expedientes objeto de estudio los demandantes son ciudadanos portadores de VIH que fueron desvinculados de sus trabajos por sus respectivos empleadores y que, por lo tanto, solicitan por vía de acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad

social y a la vida. Pasan a reseñarse los aspectos principales de cada proceso.

1. Expediente T-7.747.740 1.1. Hechos y solicitud de amparo 1.1.1. El señor Giovanni fue diagnosticado con VIH desde el 15 de junio de 2015. Viene siendo tratado con los medicamentos Abacavir 600 desde el 18 de junio de 2015 y Lamivudina 300 Efavirenz 600 desde el 16 de octubre de 2018, y debe asistir a control médico dos veces por mes2. 1.1.2. El 19 de junio de 2018 se suscribió un contrato de trabajo por duración de obra o labor3 entre el accionante y Fuerzactiva EST S.A.S.4, para desempeñar el cargo de soporte técnico como ingeniero, a fin de ser enviado como trabajador en misión a la empresa Construlog S.A.S.5, por un salario mensual de $1’800.000. 1.1.3. En el marco de dicho contrato, el trabajador se obligó a practicarse los exámenes médicos de ingreso y los que periódicamente se le solicitaran, así como a entregar los resultados al empleador. Una vez le fueron practicados los exámenes de ingreso, la institución Laboratorio de Estudios Clínico Bacteriológicos expidió certificado de aptitud para el cargo el mismo 19 de junio de 20186. 1.1.4. El 5 de septiembre de 2018 se suscribió un otrosí7 entre el trabajador y la empresa Fuerzactiva EST S.A.S. en virtud del cual se acordó que el salario ascendería a la suma de $2’100.000 mensuales a

partir del 1° de septiembre de 20188. 1.1.5. El 9 de abril de 2019, sin contar con autorización del Ministerio del Trabajo, Fuerzactiva EST S.A.S. dio por terminado el contrato laboral con el señor Giovanni con el argumento de que había finalizado la obra o 2 Historia clínica del accionante [cfr. fols. 18-34 cuad. ppal.] 3 Contrato individual de trabajador en misión por el término de duración de obra o labor determinadas [cfr. fols. 10-11 cuad. ppal.] 4 Certificado de existencia y representación [cfr. fols. 6-7 cuad. ppal.] 5 Certificado de existencia y representación [cfr. fols. 8-9 cuad. ppal.] 6 Certificado de aptitud laboral [cfr. fol. 12 cuad. ppal.] 7 Otrosí al contrato laboral [cfr. fol. 13 cuad. ppal.] 8 Desprendibles de nómina del 1°/ene/19 al 15/ene/19, del 16/ene/19 al 30/ene/19, y del 16/mar/19 al 30/mar/19[cfr. fols. 14-16 cuad. ppal.] labor9. Sin embargo –afirma la demanda–, la labor se sigue desarrollando puesto que la empresa de servicios temporales sigue enviando trabajadores en misión a la empresa Construlog S.A.S., para que desempeñen la misma función que venía realizando el actor. 1.1.6. A raíz de la desvinculación, el promotor de la acción aduce que ve amenazados sus derechos a la salud y a la vida por no poder acceder al sistema de salud para proseguir su tratamiento, al tiempo que tampoco

puede realizar los aportes al sistema de pensiones para eventualmente iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y obtener una pensión por invalidez. Por lo tanto, invoca la protección de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, y solicita que, como consecuencia del amparo, se ordene su reintegro a un cargo de iguales o mejores condiciones, sin solución de continuidad, con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir y el pago de los respectivos aportes a seguridad social. Además, pide que se le reconozca el pago de la sanción por despido discriminatorio de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 1.2. Traslado y contestación de la acción de tutela 1.2.1. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla. Admitida la acción, se corrió traslado al extremo pasivo para que se pronunciara sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo10. 1.2.2. Fuerzactiva EST S.A.S.11 se opuso a las pretensiones del accionante argumentando que no se cumplía el requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial idóneo ante la justicia laboral. Expuso que el reproche frente a la terminación del contrato, basado en que el servicio a favor de la empresa usuaria se sigue prestando, se sustenta en la ausencia de una causa objetiva para la desvinculación, mas no en el fuero especial del extrabajador. Ello –adujo–, demuestra que los

motivos para solicitar el reintegro no son la presunta vulneración de derechos fundamentales, sino que se alega la terminación irregular del contrato, lo cual debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria laboral. 9 Oficio de terminación del contrato de trabajo por terminación de la obra o labor contratada [cfr. fol. 17 cuad. ppal.] 10 Auto del 28 de mayo de 2019 [cfr. fol. 38 cuad. ppal.] 11 Respuesta a la acción de tutela [cfr. fols. 54-63 cuad. ppal.] Agregó que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor, que este no goza de estabilidad laboral reforzada, que puede afiliarse al régimen subsidiado de salud para continuar recibiendo los servicios que requiera, y que en el ordenamiento jurídico existe un plan de protección al cesante. Afirmó que no es cierto que la empresa tuviera conocimiento acerca de su diagnóstico, pues el trabajador nunca lo manifestó y en el examen de ingreso solo se verifica si el aspirante es apto o no para el cargo, y que la terminación del contrato no tuvo nada que ver con su situación médica. Además, mientras el contrato estuvo vigente se le cancelaron sus salarios, prestaciones y se efectuaron los correspondientes aportes a seguridad social12. 1.2.3. Saludtotal EPS13 aseguró que no había incurrido en vulneración de los derechos fundamentales del accionante en tanto siempre le ha prestado los servicios asistenciales que ha requerido, y que se presentaba respecto de esa entidad una falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que el señor Giovanni se encontraba en calidad de afiliado a la entidad en estado suspendido para ese momento14 y que no mantuvo

ninguna relación de tipo laboral con el citado, por lo que no era la llamada a responder por los derechos reclamados, los cuales, en todo caso, debían ser expuestos ante la justicia ordinaria laboral. 1.2.4. ARL Sura15 manifestó que durante la afiliación del accionante16 no se reportó ningún evento como accidente de trabajo ni ninguna enfermedad laboral, así como tampoco esa entidad fue notificada de ningún proceso de calificación de origen adelantado por alguna entidad de seguridad social. Anotó que la infección por VIH que describe el tutelante es una patología de origen común que no guarda relación con la actividad laboral y que, por tanto, las atenciones médicas debían ser asumidas por la EPS en que el mismo estuviera afiliado. En ese sentido, indicó que existía una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa aseguradora de riesgos laborales. Añadió que solo las limitaciones profundas y severas son merecedoras de la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada y que el actor no se encuentra en dicha condición, ni cuenta con calificación de pérdida 12 Para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el trabajador, Fuerzactiva acompañó su memorial de contestación con copias de los certificados de aportes al sistema de seguridad social [cfr. fols. 64-72 cuad. ppal.], del comprobante de pago de liquidación definitiva por $2’004.807,67 [cfr. fols. 73-74 ib.] 13 Respuesta a la acción de tutela [cfr. fols. 146-148 cuad. ppal.]

14 La respuesta de Saludtotal EPS data del 6 de septiembre de 2019. 15 Respuesta a la acción de tutela [cfr. fols. 151-153 cuad. ppal.] 16 Para el efecto, aportó copia del historial laboral del afiliado [cfr. fol. 157 cuad. ppal.] de capacidad laboral, por lo que tampoco es susceptible de dicha garantía. 1.3. Fallos de tutela objeto de revisión 1.3.1. Agotado el trámite17, mediante sentencia del 18 de septiembre de 201918, el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela. Como sustento de ello, afirmó que ni de los hechos narrados ni de las pruebas aportadas se podía demostrar la conexidad entre la enfermedad del actor y el motivo del despido, y que tampoco se puede inferir el conocimiento de la patología por parte del empleador a partir de permisos para asistir a citas médicas, incapacidades o recomendaciones. Expuso que le asistía razón a Fuerzactiva EST S.A.S. en cuanto a que no tenía obligación de conocer el historial médico del trabajador y agregó: “encuentra este Despacho con extrañeza que el actor en el momento de la realización de evaluación o examen médico de ingreso, no haya manifestado el diagnóstico que padece de VIH y solo hace referencia al mismo, posterior a su despido.” Así, para el juez de primera instancia “no existe prueba alguna irrefutable que demuestre a este Despacho que el despido del actor aconteció por su estado de salud, sino por el contrario se dio en atención a causa objetiva discriminada en las formas determinación (sic) del

contrato de trabajo dispuesta (sic) en la normatividad laboral y en ese sentido deberá el actor señor GIOVANNI acudir a la justicia ordinaria laboral, si mantiene su pretensión en ese sentido, para que allá se determine si hay lugar a tal reintegro.” En cuanto a la atención en salud, agregó que la EPS Saludtotal ha garantizado la continuidad del servicio, la cual no puede ser indefinida y sólo se deberá mantener en lo que se relacione con las afectaciones diagnosticadas y/o atendidas mientras se mantuvo vigente la afiliación. Frente a la imposibilidad del actor de seguir cotizando por su desvinculación laboral, sostuvo que podía afiliarse al régimen subsidiado 17 Durante la actuación se declaró la nulidad de la actuación en dos oportunidades: la primera, por el propio Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, mediante auto del 19 de junio de 2019 [cfr. fol. 87 cuad. ppal.], debido a que no se había surtido en debida forma la notificación de la empresa Construlog S.A.S. en calidad de demandada, notificación que se cumplió luego mediante el correo electrónico dispuesto para notificaciones judiciales por dicha sociedad [cfr. fols. 8 y 92 ib.]; y, la segunda, por el Juzgado 8° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, por providencia del 23 de agosto de 2019 [cfr. fols. 130-131 ib.], en razón a que no se había vinculado al proceso a la EPS Saludtotal y a la ARL Sura, a las cuales se encontraba afiliado el

accionante al momento del despido, vinculación que se dispuso por auto del 30 de agosto de 2019 [cfr. fol. 135 ib] y se surtió por oficios 0263 y 0264 del 3 de septiembre de 2019 [cfr. fols. 136-137 ib.]. 18 Sentencia de primera instancia [cfr. fols. 158-170 cuad. ppal] para que le sigan suministrando los servicios que requiera. Asimismo, concluyó que no le cabía responsabilidad a la ARL Sura, por cuanto no se trata de una enfermedad de origen laboral. 1.3.2. Inconforme con la anterior determinación, el accionante la impugnó19, insistiendo esencialmente en que el empleador conocía su condición de salud y que, sin embargo, no solicitó permiso al Ministerio del Trabajo para proceder a su desvinculación. Añadió también que se debía aplicar una presunción de veracidad sobre sus afirmaciones respecto a la empresa Construlog S.A.S., en donde cumplía sus funciones como trabajador en misión, comoquiera que la referida sociedad no desvirtuó lo expuesto en la demanda. 1.3.3. Por sentencia del 7 de noviembre de 201920, el Juzgado 8° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla confirmó lo decidido en primera instancia en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela frente a la pretensión de reintegro y pago de acreencias laborales, y adicionalmente resolvió tutelar el derecho a la salud del accionante, por lo que ordenó a la EPS Saludtotal emitir las órdenes tendientes a que al actor se le continúen prestando todos los servicios médicos necesarios para su tratamiento.

Estimó que la controversia entre las partes de la relación laboral debía ser definida ante la jurisdicción ordinaria laboral, con el fin de que dentro de un proceso con el pleno de términos, etapas y pruebas se efectúe un análisis exhaustivo se establezca si le asiste algún derecho le corresponde al accionante. No obstante, señaló que una EPS no puede suspender un tratamiento o un medicamento necesario para salvaguardar la vida, la salud y la integridad de un paciente por el hecho de que ya no esté inscrito en la entidad a causa de una desvinculación laboral, por lo cual en esta oportunidad Saludtotal EPS debe garantizar al actor el servicio médico que le venía prestando para la patología de VIH, a pesar de su despido.

2. Expediente T-7.765.405 2.1. Hechos y solicitud de amparo 2.1.1. El 17 de octubre de 2006 se suscribió un contrato de trabajo a término fijo por un año21 entre el señor Harold y Ecopetrol S.A., con el fin de que el primero prestara sus servicios como profesional en 19 Impugnación al fallo de tutela de primera instancia [cfr. fols. 183-187 cuad. ppal.] 20 Sentencia de segunda instancia [cfr. fols. 4-9 cuad. 2ª inst.] 21 Contrato de trabajo a término fijo un (1) año [cfr. fols. 2-4 cuad. ppal.] entrenamiento en la ciudad de Bogotá, por un salario de $2’102.079 mensuales. 2.1.2. El contrato fue prorrogado por un año más a partir de la fecha de su vencimiento, mediante otrosí22 suscrito entre las partes el 17 de

octubre de 2007. 2.1.3. El 24 de junio de 2008 Ecopetrol S.A. le comunicó23 al accionante que había sido aprobada su designación como Profesional III. En virtud de lo anterior, el trabajador renunció a su cargo anterior24 el 29 de agosto de 2008 (renuncia efectiva a partir del 15 de septiembre del mismo año) y fue nuevamente vinculado el 22 de septiembre de 2008, mediante contrato a término indefinido25, para desempeñarse como Profesional III VEX por una remuneración de $3’998.000. Durante los años de su vinculación con Ecopetrol S.A., el demandante fue ascendido, recibió altas calificaciones en las evaluaciones de desempeño que le practicaban anualmente, así como también obtuvo reconocimientos por su excelencia, aportes y el logro de metas en diferentes ocasiones26. 2.1.4. En enero de 2014 el señor Harold presentó un brote en el cuerpo y asistió a la Regional de Salud de la empresa accionada, de donde fue remitido a dermatología. El mismo mes visitó al especialista y, al evidenciar síntomas de sífilis, le ordenaron unos exámenes. Como resultado de las pruebas dio reactivo para VIH el 15 de febrero de 2014, diagnóstico que fue confirmado por infectólogo adscrito a la Clínica Infectólogos de Colombia el 12 de mayo del mismo año. En consecuencia, inició tratamiento antirretroviral y seguimiento permanente por el especialista27. 2.1.5. Luego de conocer su diagnóstico, el actor decidió no mencionar

nada sobre su condición en su entorno laboral, por temor a recibir discriminación o rechazo, y tampoco lo expresó en su hogar, para evitar el sufrimiento de sus familiares. Entretanto, continuó con el tratamiento y el control médico regular, lo que le permitió llevar una vida saludable y proseguir con su trabajo de manera normal –inclusive, recibió un reconocimiento por su excelencia en diciembre de 2018–. 22 Otrosí al contrato laboral [cfr. fol. 6 cuad. ppal.] 23 Oficio de comunicación de asignación de nuevo cargo [cfr. fol. 8 cuad. ppal.] 24 Carta de renuncia [cfr. fol. 9 cuad. ppal.] 25 Contrato de trabajo a término indefinido [cfr. fols. 10-14 cuad. ppal.] 26 Documentos de designaciones en mayores cargos y reconocimientos [cfr. fols. 15-18 y 27-67 cuad. ppal.] 27 Historia clínica del accionante [cfr. fols. 68-148 y 156 cuad. ppal.] 2.1.6. Se afirma en el escrito introductorio que en agosto de 2019 la empresa accionada aumentó significativamente la carga laboral al accionante, situación que lo llevó a trabajar más de 12 horas diarias, fines de semana y festivos para lograr cumplir las metas trazadas y continuar con una óptima calificación de desempeño. 2.1.7. El 21 de agosto de 2019 Ecopetrol S.A. dio por terminado el contrato de trabajo con el señor Harold de forma unilateral y sin justa causa28. Asimismo, se le informó que el servicio de salud de la compañía

se le prestaría a él y a sus familiares por el término de tres meses después de terminada la vinculación, esto es, hasta el 21 de noviembre de 2019. 2.1.8. El 23 de septiembre de 2019 el actor elevó petición29 a la sociedad accionada solicitando que se le informara si en la Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento existió queja y/o denuncia en su contra y, en caso afirmativo, que se le remitiera copia del expediente disciplinario. Como respuesta, el 4 de octubre siguiente30, la Oficina de Participación Ciudadana le indicó que el procedimiento ético era confidencial –salvo que debiera remitirse a las autoridades competentes– y que por tanto no era posible suministrarle información sobre el particular, y le aclaró que en todo caso los procedimientos éticos no generaban imposición de sanciones sino la formulación de recomendaciones si se encuentra que hay mérito para ello. La referida dependencia agregó que tras analizar los hechos y las pruebas se determina si se da traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno de Ecopetrol y a la Vicepresidencia de Talento Humano para lo de su competencia, y que las decisiones que allí se adopten no son del resorte de la Gerencia de Ética y Cumplimiento. 2.1.9. El demandante manifiesta que no comprende su despido a pesar de su buen rendimiento laboral y que para mantener un buen estado de salud no puede interrumpir su tratamiento antirretroviral diario, por lo cual la determinación de desvinculación de Ecopetrol S.A., que apareja la finalización de los servicios asistenciales que le suministra esta empresa,

pone en peligro su salud y su vida. Afirma que sus padres dependen económicamente de él y son también beneficiarios del servicio de salud, de manera que el despido no sólo lo afecta a él, sino también a sus progenitores. Adicionalmente, expresa que, por tratarse de un régimen especial de salud, la misma empresa empleadora tenía pleno conocimiento de su 28 Oficio de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa [cfr. fol. 19 cuad. ppal.] 29 Correo electrónico del 23 de septiembre de 2019 [cfr. fol. 155 cuad. ppal.] 30 Correo electrónico del 4 de octubre de 2019 [cfr. fol. 156 cuad. ppal.] estado de salud, y que sin embargo no justificó una causal objetiva de despido ni solicitó autorización al Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, invoca la protección de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, a la intimidad, al buen nombre, a la no discriminación, y a la vida e integridad personal, y solicita que, en razón de la tutela, se ordene su reintegro a un cargo igual o de superior categoría con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, se disponga su afiliación y la de su núcleo familiar al régimen especial de salud de Ecopetrol S.A., se condene a la empresa al pago de la sanción por despido discriminatorio de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 2.2. Traslado y contestación de la acción de tutela 2.2.1. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá. Admitida la demanda, se dispuso la notificación a la

empresa accionada para que se pronunciara sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo31. 2.2.2. Ecopetrol S.A.32 se opuso a las pretensiones del accionante manifestando que el mismo no se encontraba en condición de debilidad manifiesta, toda vez que su condición de salud no le impide o dificulta sustancialmente el ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta que él mismo afirma que lleva una vida normal, su diagnóstico jamás interfirió en sus funciones e incluso obtuvo buenas calificaciones de desempeño y reconocimientos. Afirmó que la entidad desconoce la historia clínica del trabajador, pero que de las copias aportadas por él junto con la acción de tutela se evidencia que desde el diagnóstico de VIH en el año 2014 no ha presentado otras afecciones significativas, aunado a que en el examen médico de egreso efectuado el 26 de agosto de 2019 se reportaron condiciones óptimas de salud al momento del retiro. Arguyó que la empresa desconocía el diagnóstico del accionante, puesto que las historias clínicas son confidenciales y no pueden ser consultadas por los jefes de los trabajadores, además de que no se trataba de un hecho notorio, el propio accionante señala que nadie sabía acerca de su estado de salud, ni se reportaron solicitudes de reubicación o incapacidades que permitieran inferir su condición. Además, aunque es cierto que los trabajadores cuentan con un régimen de salud de excepción, la prestación 31 Auto del 8 de octubre de 2019 [cfr. fol. 173 cuad. ppal.] 32 Respuesta a la acción de tutela [cfr. fols. 183-186 cuad. ppal.]

del servicio se realiza a través de instituciones ajenas a la empresa, las cuales no envían la historia clínica de los pacientes. En cuanto a la relación de causalidad entre la afección del actor y la desvinculación, manifestó que el extrabajador no demostró tal circunstancia. Expuso que Ecopetrol S.A. terminó el contrato sin justa causa conforme a las facultades que le otorga el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pagando la indemnización que la misma norma señala y sin tener indicios acerca del estado de salud del promotor de la acción, pues –insistió– él mismo ha aseverado que la enfermedad se encuentra controlada y es imperceptible para quienes lo rodean, de modo que no se puede hablar de un despido discriminatorio. Por otro lado, esgrimió que el demandante cuenta con la posibilidad de afiliarse al régimen contributivo o al subsidiado de salud para continuar con su tratamiento y afiliar también a sus padres, y que además es un profesional joven, sin hijos y con una buena calidad de vida, por lo que no es procedente la protección constitucional que solicita. 2.3. Fallos de tutela objeto de revisión 2. 3.1. Por sentencia del 16 de octubre de 201933, el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá concedió el amparo deprecado y, en consecuencia, ordenó a Ecopetrol S.A. reintegrar y reubicar al accionante al cargo que venía desempeñando al momento de su despido, sin solución de continuidad, o en un cargo de condiciones iguales o mejores, así como también restablecerle la atención en salud a él y a su núcleo familiar.

Dispuso igualmente compensar las acreencias debidas al actor y lo recibido por este a título de indemnización, pero denegó la pretensión de pago de la sanción de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 indicando que “esta expedita vía constitucional no debe usarse para la declaración de derechos económicos”. Fundó su decisión en que el Estado, a partir del artículo 13 C.P., tiene un mandato de protección especial frente las personas portadoras de VIH/SIDA, en el sentido de proscribir todo tipo de discriminación y proporcionarles un trato igualitario por su estado de debilidad manifiesta. Ello se expresa en diferentes herramientas, entre las cuales se encuentran la Ley 361 de 1997, el Decreto 1543 de 1997 y el Ley 972 de 2005, que contemplan medidas para fortalecer las garantías de que son titulares, como la no obligación de informar a sus empleadores acerca de su condición, la estabilidad laboral reforzada y prohibición de discriminación a causa del diagnóstico. A su vez, subrayó que la jurisprudencia constitucional ha establecido reglas encaminadas a 33 Sentencia de primera instancia [cfr. fols. 203-206 cuad. ppal.] materializar la estabilidad laboral reforzada de los portadores de VIH/SIDA en estrecha relación con su derecho a la salud. Bajo esas premisas, sostuvo que el accionante es merecedor de un trato especial por la vulnerabilidad que le ocasiona su diagnóstico y que no tenía obligación de dar a conocer su estado de salud al empleador, aclarando que esta situación que no impide la protección. Así, como no existió