CE - Sentencia 27001233300020220011601

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 27001233300020220011601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

Radicado: 27001 23 33 000 2022 00116 01

Demandante: Carlos Mario Cardona Pérez – Personero

del Municipio de Bahía Solano

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C. dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación núm.: 27001 23 33 000 2022 00116 01

Actor: Carlos Mario Cardona Pérez en calidad de Personero

del Municipio de Bahía Solano

Demandados: La Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación del Departamento de Chocó, Municipio de Bahía Solano y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo

Sostenible del Chocó - Codechoco

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en contra de la sentencia del 15 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Carlos Mario Cardona Pérez, actuando en calidad de Personero

proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Carlos Mario Cardona Pérez, actuando en calidad de Personero Municipal de Bahía Solano, presentó la demanda de la referencia en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación del Departamento de Chocó, el Municipio de Bahía Solano y la Corporación Autónoma Regional para el Desa rrollo Sostenible del Chocó (en adelante Codechocó), al considerarlos responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano , la seguridad y salubridad pública,2

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prevención de desastres previsibles técnicamente y la existencia del equilibrio ecológico.

1.2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PETICIÓN:

PRIMERO: Ordenar a La Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, que en coordinación con la Gobernación del Chocó, Presidencia de la

República de Colombia, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, CODECHOCO, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y las entidades del orden Nacional responsables frente a la atención y prevención de riesgos, en el marco de sus competencias

República de Colombia, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, CODECHOCO, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y las entidades del orden Nacional responsables frente a la atención y prevención de riesgos, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: adelanten las gestiones administrativas, presupuestales y financieras ante las autoridades competentes para obtener la realización de los trabajos que sean necesarios para la canalización, limpieza y destronque del rio V alle en las zonas propensas a desbordamientos, así como los trabajos que sean necesarios para mitigar el impacto negativo que está generando a los habitantes de los barrios mira flores y la unión del corregimiento del valle, de igual manera realizar la con strucción de un muro de protección al margen del rio en la zona del barrio mira flores y la unión, teniendo en cuenta los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación previstos en la Ley 1523 y las competencias establecidas en el Decreto Ley 4 819 de 2010 y, así evitar que se sigan vulnerando los derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y calidad de vida de los habitantes de estos barrios, de no ser viable la construcción de muros de conte nción en dichos sectores, se estructuré un proyecto de reubicación y acceso a viviendas de las familias que se encuentran en rie sgo, y que dicha reubicación se realice aun terreno que ofrezca garantías para acceder a servicios públicos y vías de acceso.

SEGUNDO: Ordenar a La Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, que

realice aun terreno que ofrezca garantías para acceder a servicios públicos y vías de acceso.

SEGUNDO: Ordenar a La Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, que en coordinación con la Gobernación del Chocó , Presidencia de la

República, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,3

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CODECHOCO, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, estructuren y gestionen un Plan de Acción, con actividades a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a proteger la vida, bienes e integridad personal de los habitantes de los barrios Mira Flores y la Unión del corregimiento del Valle y así evitar la consumación de riesgos que afecten su derechos e inter eses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles. Dicho plan deberá conformar mesas técnicas que contribuyan a su estructuración.

TERCERO: Ordenar a CODECHOCO que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva: i) apoye al Municipio de Bahía Solano en la implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; ii) realice actividades de análisis, seguimiento, prevención y contro l de

implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; ii) realice actividades de análisis, seguimiento, prevención y contro l de desastres en el corregimiento del Valle - Bahía Sola no, en coordinación con el Municipio, así como con las autoridades competentes; y iii) asista al Municipio de Bahía Solano y a las demás autoridades que tengan competencias en materia de prevención del riesgo en este territorio, en aspectos medio ambiental es en la prevención y atención de emergencias y desastres.

CUARTO: Ordenar a las entidades accionadas realizar urgentemente los trabajos de mitigación del riesgo en las zonas ya descritas.

QUINTO: Las demás que consideren los honorables magistrados, con el objetivo de proteger a los habitantes de los barrios Mira Flores y la Unión y sus derechos a la vida, seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.”1.

1.3. Como sustento de las pretensiones adujo que:

1.3.1. Expuso que el Municipio de Bahía Solano está conformado por dos (2) corregimientos denominados El Valle y Bahía Cupica. Respecto del primero,

1 El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice número 2 de SAMAI.4

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adujo que se encontraba ubicado a dieciocho (18) kilómetros de la cabecera

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adujo que se encontraba ubicado a dieciocho (18) kilómetros de la cabecera municipal, al margen del rio Valle, y que allí se encuentran dos (2) barrios que son Mira Flores y la Unión, los cuales se han visto afectados con el desbordamiento del rio, el aumento en las lluvias y la erosión que produce el paso del caudal de las aguas en la zona.

Afirmó que las crecientes y las erosiones han causado que las viviendas que se encuentran en dichos barrios se inunden , generando que los habitantes deban retirarse de la zona y buscar refugio, perdiendo sus bienes. Resaltó que el r ío Valle transporta diferentes afluentes que conducen hasta el Océano Pacífico, por lo que su crecimiento es constante y más cuando se presenta aumento en las lluvias.

Indicó que dicha situación se había expuesto en diferentes comités municipales de Gestión del Riesgo y ante las entidades acusadas ; sin embargo, no se ha logrado llegar a una solución.

Posteriormente, efectuó un estudio de cada uno de los derechos invocados como vulnerados y manifestó que los alcaldes y gobernadores son los encargados de la implementación de los procesos de gestión del riego en sus territorios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012. Resaltó que la comunidad de los barrios de Mira flores y la Unión se estaba viendo afectada con las omisiones en las que estaban incurriendo las autoridades encargadas de velar por su protección.

Resaltó que la comunidad de los barrios de Mira flores y la Unión se estaba viendo afectada con las omisiones en las que estaban incurriendo las autoridades encargadas de velar por su protección.

Indicó que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante UNGRD) tiene como objetivo implementar la gestión del riesgo en el país en atención a las políticas de desarrollo sostenible. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está encargado de la reubicación de la población localizada en áreas de alto riesgo, tal y como lo prevén los Decretos nro. 1921 de 2012 y 1077 de 2015 y las Resoluciones nro. 502 de 2012 y 604 de 2012.

Ahora, sobre Codechocó , adujo que su competencia era la de velar por la sostenibilidad ambiental del territorio, la prevención del daño ecológico y adaptabilidad de los cambios climáticos, por lo que , al ser esta la autoridad ambiental en el Municipio de Bahía Solano , le asiste responsabilidad frente a las afectaciones que sufren los habitantes.5

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. A través de providencia del 14 de diciembre de 202 2 el Tribunal Administrativo del Chocó dispuso la admisión de la demanda de la referencia

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. A través de providencia del 14 de diciembre de 202 2 el Tribunal Administrativo del Chocó dispuso la admisión de la demanda de la referencia y ordenó la notificación de la Presidencia de la República, la UNGRD, la Gobernación del Chocó, el Municipio de Bahía Solano y Codechocó.

2.2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , respecto de las pretensiones, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que dicha entidad no era la llamada a responder por la vulneración de los derechos reclamados , ya que , de acuerdo con el Decreto nro. 3571 de 2011, tiene como funciones la de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar políticas en materia territorial y urbana en el país.

Informó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está integrado por el Presidente de la República, el Director de la UNGRD, los Gobernadores y los alcaldes distritales o municipales. Por lo tanto, la citada cartera ministerial no es la encargada de reducir los posibles riesgos a los que se enfrentan las comunidades.

2.3. La Presidencia de la Republica contestó la demanda en los siguientes términos:

Adujo que no es la entidad competente para atender las pretensiones de la demanda, pues no hay acción u omisión que le sea imputable. Por lo tanto, solicitó ser desvinculada del proceso al no encontrarse legitimada en la causa para ser parte demandada, de acuerdo con lo previsto en el Decreto nro. 133

demanda, pues no hay acción u omisión que le sea imputable. Por lo tanto, solicitó ser desvinculada del proceso al no encontrarse legitimada en la causa para ser parte demandada, de acuerdo con lo previsto en el Decreto nro. 133 del 27 de enero de 1956 y la Ley 1° de 1958.

2.4. El día 2 de agosto de 2023 se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento2. A su vez, se resolvió tener como pruebas las aportadas con la demanda y las contestaciones.

2 Ibidem.6

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2.5. En la diligencia de pruebas del 5 de septiembre de 2023, se corrió traslado para alegar de conclusión3.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia el 15 de diciembre de 20 23, en el sentido de amparar los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al goce de un ambiente sano de los habitantes del Corregimiento El Valle en el Municipio de Bahía Solano. Asimismo, se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Presidencia de la R epública y se negó para el Ministerio de Vivienda,

Corregimiento El Valle en el Municipio de Bahía Solano. Asimismo, se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Presidencia de la R epública y se negó para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La sentencia se pronuncia en estos términos:

“RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación – Presidencia de la

República – DAPRE.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de vulneración de derechos e intereses colectivos, insuficiencia probatoria, ausencia de responsabilidad y falta de demostración de la afectación de los derechos por parte de la Nación - Presidencia de la República – DAPRE-, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al goce de un ambiente sano, de los habitantes del Corregimiento El Valle (Barrios Mira Flores y la Unión) en e l Municipio de Bahía Solano – Chocó. En consecuencia: ORDÉNASE al Municipio de Bahía Solano – Chocó que, en

3 Ibidem.7

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coordinación con el Departamento del Chocó, la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres -UNGRD, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCO-, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: Adelanten, en el término máximo de cuatro (4) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para obtener la reubicación definitiva del Corregimiento El Valle (Barrios Mira Flores y la Unión) en el Municipio de Bahía Solano – Chocó, teniendo en cuenta los principios de concurrencia, subsidiari edad y coordinación previstos en la Ley 1523 y las competencias establecidas en el Decreto Ley 4819 de 2010.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, Departamento del Chocó, Municipio de Bahía Solano – Chocó, y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCO-, estructuren y gestionen un Plan de Acción, con actividades a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a proteger la vida, bienes e integridad personal de los habitantes del Corregimiento El Valle (Barrios Mira Flores y la Unión) en el Municipio

con actividades a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a proteger la vida, bienes e integridad personal de los habitantes del Corregimiento El Valle (Barrios Mira Flores y la Unión) en el Municipio de Bahía Solano – Chocó y así evitar la consumación de riesgos que afecten su derechos e interés colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles.

Dicho plan deberá conformar mesas técnicas que contribuyan a su estructuración.

QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCOque, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva: i) apoye al Municipio de Bahía Solano – Chocó en la implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; ii) realice actividades de análisis, seguimie nto, prevención y8

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control de desastres en Bahía Solano, en coordinación con el Municipio, así como con las autoridades competentes; y iii) asista al Municipio y a las demás autoridades que tengan competencias en materia de prevención del riesgo en ese territorio, en aspectos medio ambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres,

Municipio, así como con las autoridades competentes; y iii) asista al Municipio y a las demás autoridades que tengan competencias en materia de prevención del riesgo en ese territorio, en aspectos medio ambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: CONFORMAR un Comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia, el cual será integrado por, el Director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Bahía Solano – Chocó, un delegado de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCO-, un Delegado de la Nación – Presidencia de la República y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el demandante y el señor Procurador

Judicial.

SÉPTIMO: Sin costas.

OCTAVO: REMÍTASE copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

NOVENO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con la ley.

DÉCIMO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente, previa anotación de rigor.”4

Como fundamento de ello esa autoridad judicial , luego de exponer el marco normativo y jurisprudencial de la acción popular, trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado para resaltar las competencias de los municipios, departamentos y de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Posteriormente, adujo que en el trámite del proceso se logró demostrar que con las frecuentes lluvias en el Municipio de Bahía Solano se generaba el

municipios, departamentos y de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Posteriormente, adujo que en el trámite del proceso se logró demostrar que con las frecuentes lluvias en el Municipio de Bahía Solano se generaba el aumento del caudal del Río Valle, lo que ocasionaba su desbordamiento , y, como consecuencia de ello, la inundación del corregimiento El Valle en los

4 Ibidem.9

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barrios Mira Flores y la Unión. Asimismo, se probó que el acto r acudió en diferentes ocasiones a las entidades acusadas para buscar solución a las afectaciones, a través de los siguientes escritos: i) Oficio PMBS 330 del 6 de junio de 2022, dirigido al Secretario de Planeación y Coordinador Comité Municipal de Gestión del Riesgo Desastre de Bahía Solano; ii) Oficio PMBS 327 del 6 de junio de 2022, dirigido al Director Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres; iii) Oficio PMBS 326, del 6 de junio de 2022, dirigido al Gobernador Encargado del Departamento del Choco; iv) Oficio PMBS 328, del 6 de junio de 2022, dirigido al Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio; v) Oficio PMBS 329, del 6 de junio 2022, dirigido al Director de CODECHOCO , y

6 de junio de 2022, dirigido al Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio; v) Oficio PMBS 329, del 6 de junio 2022, dirigido al Director de CODECHOCO , y vi) Oficio PMBS 345 del 13 de junio de 2022, dirigido al Presidente de la República.

Resaltó que en el expediente reposa el Acta nro. 3 CMGRD del 6 de junio de 2023, donde se socializó y aprobó del proyecto de construcción de obras de protección y prevención en la margen derecha e izquierda del Rio Valle en el corregimiento del Valle – Bahía Solano – Chocó.

Manifestó que, con el material probatorio que se recaudó , se demostró que estaban ante una amenaza que no era mitigable, pues se trataba de inundaciones que se presentaban en temporada de lluvia en la citada localidad. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado , lo procedente es la reubicación de las viviendas con el fin de materializar el estado social de derecho y el principio de solidaridad.

Resaltó que era clara la constante amenaza en la que se encontraba la comunidad de Bah ía Solano. Sin embargo, las autoridades competentes no habían ejecutado labores para mitigar los daños causados con el desbordamiento del río Valle, lo que obliga a la autoridad judicial a proteger los derechos colectivos de la comunidad, para evitar que s e pierdan vidas cuando se produzca una situación de mayor magnitud.

IV. RECURSO DE APELACIÓN10

Radicado: 27001 23 33 000 2022 00116 01

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IV. RECURSO DE APELACIÓN10

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4.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señaló que carece de competencia para dar cumplimiento a las pretensiones y las ordenes impuestas por el Tribunal Administrativo del Chocó.

Resaltó que no tiene competencias ni conexión con los hechos del litigio, basado en el marco de funciones del Sistema General de Desastres. Expuso que las demandas del accionante y las órdenes de la sentencia apelada debían fracasar, ya que el Ministerio no tiene la c apacidad legal para intervenir en la reubicación de familias afectadas por el desbordamiento del río Valle, en los barrios Miraflores y La Unión, en Bahía Solano. Por lo tanto, es claro que se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.2. La UNGRD presentó recurso de apelación, manifestando que no cuenta con las competencias para cumplir con la orden impuesta por el a quo, ya que, según lo previsto en el Decreto nro. 4147 de 2011, es la encargada de dirigir la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres y coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Sostuvo que la reubicación de los habitantes del corregimiento El Valle le

la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres y coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Sostuvo que la reubicación de los habitantes del corregimiento El Valle le compete al Municipio de Bahía Solano en asocio con el Departamento del Chocó, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 3, 8, 13 y 15 de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, la sentencia apelada desconoció dichas disposiciones; además, la UNGRD no tiene la facultad para actualizar el POT ni para efectuar la reubicación, lo que hace imposible cumplir con lo ordenado.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 17 de octubre de 2024, el Despacho admitió el recurso de apelación, negó el decreto de la prueba solicitada por la UNGRD y prescindió del traslado para alegar de conclusión5.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

5 Visible en el índice 4 del Sistema de Gestión SAMAI.11

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El Ministerio Público guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el

El Ministerio Público guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.

7.2. Cuestión previa

Mediante memorial dirigido a este Despacho el 2 de abril del presente año, el Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes manifesta estar incurso en una causal de impedimento para conocer del proceso.

El hecho que soporta la manifestación de impedimento consiste en que la señora Margarita María Revelo Ramírez, compañera permanente de Carlos Alberto Osorio Cifuentes, quien es hermano del Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, se encuentra vinculada al DAPRE como asesora.

Respecto a la causal de impedimento invocada, numeral 3.° del artículo 130 del CPACA, la Sala ha sostenido que para que se configure dicha causal deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) su condición de servidor público de una entidad pública que intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado6.

Conforme a lo anterior, la Sala entiende que se cumplen los supuestos establecidos en la causal de impedimento antes referida, comoquiera que al

proceso en calidad de parte o de tercero interesado6.

Conforme a lo anterior, la Sala entiende que se cumplen los supuestos establecidos en la causal de impedimento antes referida, comoquiera que al

6 Auto de 11 de diciembre de 2015. Expediente núm. 11001-03-24-000-2014-00433-00, Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.12

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presente proceso actúa como parte demandada el DAPRE como entidad de la rama ejecutiva del poder público y el Consejero Osorio Cifuentes tiene una relación en el segundo grado de afinidad con la señora Revelo Ramírez, que ostenta la condición de servidora pública del nivel asesor en la comentada parte demandada en el proceso de la referencia.

En consecuencia, se declarará fundado el impedimento, pues se configura la causal dispuesta en el numeral 3° del artículo 130 del CPACA.

7.3. Planteamiento

7.3.1. En ese orden, se evidencia que la problemática radica en la capacidad para cumplir con la orden impuesta por el a quo, pues, tanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , como la UNGRD, consideran que no son las entidades competentes para reubicar a los habitantes del Corregimiento de El Valle en el Municipio de Bahía Solano, ya que , de acuerdo con la legislación , los encargados de dicha labor s on la entidad territorial municipal y el

entidades competentes para reubicar a los habitantes del Corregimiento de El Valle en el Municipio de Bahía Solano, ya que , de acuerdo con la legislación , los encargados de dicha labor s on la entidad territorial municipal y el Departamento del Chocó.

7.3.2. Al revisar la orden impuesta al Ministerio y a la UNGRD en el numeral tercero el Tribunal resolvió la reubicación al Municipio, pero con la colaboración de estas dos entidades.

Resulta pertinente recordar que , según lo dispuesto en la ley 1523 7, los municipios tienen la obligación de identificar los asentamientos en riesgo y definir los mecanismos de reubicación de éstos, así como ofrecer soluciones

7 Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesg o, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente ley. En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos;

delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utiliza ción de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubi

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