CE - Sentencia 27001233300020230012303
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 27001233300020230012303
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal) 27001-23-33-000-2023-00108-00 27001-23-33-000-2023-00121-00
Demandantes: YOSIMAR PALACIOS ALGARÍN, JORGE IVÁN BEDOYA
MONTOYA Y SERGIO ALEXANDER NOVOA URREA
Demandado: JAIME ARTURO HERRERA MAYA – ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE ATRATO (CHOCÓ), PERIODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad para ser elegido alcalde por haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Alexander Novoa Urrea, parte demandante del proceso 2023 -00121-00, contra la sentencia del 16 de
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Alexander Novoa Urrea, parte demandante del proceso 2023 -00121-00, contra la sentencia del 16 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
Los ciudadanos Jorge Iván Bedoya Montoya, Sergio Alexander Novoa Urrea y Yosimar Palacios Algarín1 presentaron demandas2 en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tendientes a obtener la nulidad del formulario E -26 ALC del 30 de octubre 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Jaime Arturo Herrera Maya como alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó), para el periodo 2024-20273.
1.2. Hechos
Los fundamentos fácticos expuestos por los demandantes coinciden en lo siguiente:
1 Los señores Sergio Novoa y Yosimar Palacios presentaron las demandas, en nombre propio. En tanto, el señor Jorge Bedoya lo hizo a través de apoderado. 2 Los escritos fueron radicados el 1°, 13 y 14 de diciembre de 2023, respectivamente. 3 Adicionalmente, dentro del proceso 2023 -00108-00, se pidió declarar «[…] a elección de JORGE IV [Á]N BEDOYA MONTOYA identificado con cedula de ciudadanía 4.829.851 de conformidad con el artículo 288 de la ley 1437 numeral 2».Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros
MONTOYA identificado con cedula de ciudadanía 4.829.851 de conformidad con el artículo 288 de la ley 1437 numeral 2».Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2 Manifestaron que el señor Jaime Arturo Herrera Maya se inscribió como candidato a la Alcaldía de El Carmen de Atrato , con el aval del Partido Liberal Colombiano, para los comicios del 29 de octubre de 2023; cargo para el cual fue elegido.
Narraron que el accionado estaba inhabilitado, comoquiera que en 2014 fue beneficiado con el principio de oportunidad previsto en el artículo 323 de la Ley 906 de 2004, reformado por el artículo 1° de la Ley 1312 de 2009, por cometer delitos contra la administración pública y el patrimonio del Estado.
Dentro del proceso 2023-00121-00 se indicó, además, que consultado en el «[…] sistema de información SPOA de la Fiscalía General de la Nación, aparece un registro del 7 de enero del 2014, que señala que el señor JAIME ARTURO HERRERA MAYA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía Nro. 11.798.625, registra dentro del proceso Nro. 2700160011752014000033, por el delito de Peculado por apropiación (artículo 397 C.P.), el cual se encuentra en estado vigente e inactivo y en EJECUCION DE PENA» (sic para
2700160011752014000033, por el delito de Peculado por apropiación (artículo 397 C.P.), el cual se encuentra en estado vigente e inactivo y en EJECUCION DE PENA» (sic para toda la cita).
1.3. Concepto de la violación
Invocaron como normas desconocid as los artículos 40, 103 y 265 de la Constitución Política; numeral 5 del artículo 275 del CPACA; numeral 2 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011; artículos 1 y 2 del Código Electoral; literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019; y el numeral 1° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
Adujeron que quienes se hayan sometido al principio de oportunidad se encuentran inhabilitados para «contratar» con el Estado, como es el caso del accionado, que transgredió las disposiciones contenidas en el artículo 2° de la Ley 2014 de 2019 , que introdujo los incisos tercero, cuarto y quinto literal «j» del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, que estableció una causal específica por actos de corrupción.
El señor Sergio Alexander Novoa Urrea (accionante del proceso 2023 -00121-00) aclaró que «[…] el ciudadano JAIME ARTURO HERRERA MAYA, presuntamente se encuentra inhabilitado para ser designado como Alcalde Municipal al presuntamente estar condenado por sentencia condenatoria, se hace necesario referirnos puntualmente a la inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificado por
inhabilitado para ser designado como Alcalde Municipal al presuntamente estar condenado por sentencia condenatoria, se hace necesario referirnos puntualmente a la inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000».
Agregó que, una vez proferida la decisión judicial, la persona condenada con pena privativa de la libertad no podría postularse ni ser elegida. En el caso bajo estudio, el actor mencionó que la sentencia fue emit ida dentro del expediente «2700160011752014000033».Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
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3 1.4. Actuaciones procesales
1.4.1. La admisión
1.4.1.1. Proceso 2023-00108-00
Por medio de auto del 7 de diciembre de 2023, el a quo inadmitió la demanda.
Luego, una vez subsanada, fue admitida con proveído del 18 de diciembre de 2023, que ordenó las notificaciones correspondientes. En esa misma fecha, el tribunal emitió auto con el cual corrió traslado de la medida cautelar propuesta por el señor Jorge Bedoya.
El 7 de febrero de 2024, el accionante allegó memorial «persuasivo», en el que señaló
con el cual corrió traslado de la medida cautelar propuesta por el señor Jorge Bedoya.
El 7 de febrero de 2024, el accionante allegó memorial «persuasivo», en el que señaló que, una vez revisado el proceso penal con radicado 270016001175201400003, hubo aceptación de cargos por parte del accionado y la condena impuesta al señor Jaime Arturo Herrera Maya se encuentra ejecutoriada, lo que configura la inhabilidad propuesta.
Aunado a ello, manifestó que el demandado no cumple el requisito constitucional de la moralidad pública en el factor personal, porque fue condenado o, en su defecto, se acogió al principio de oportunidad, condición que «diluye su presunción de inocencia» y desconoce el contenido del numeral 5° del artículo 275 del CPACA.
Por otra parte, el 17 de enero de 2024, la apoderada del accionado solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado, porque consideró que «[…] el decidir sobre la admisión de la demanda, sin hacer el estudio necesario sobre la solicitud de una medida cautel ar presentada con ésta, es una notoria violación al debido proceso de ambas partes. Lo anterior es cierto en tanto que, una vez admitida la demanda, la etapa procesal en la que la medida cautelar puede ser efectivamente estudiada queda precluida, en tanto que un pronunciamiento sobre los méritos de la demanda como lo requiere la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto, proferida durante la etapa propiamente procesal no puede sino entenderse como un prejuzgamiento».
Con proveído de 3 de abril de 2024, la magistrada conductora del proceso precisó que la
cautelar de suspensión del acto, proferida durante la etapa propiamente procesal no puede sino entenderse como un prejuzgamiento».
Con proveído de 3 de abril de 2024, la magistrada conductora del proceso precisó que la nulidad alegada por la parte demandada no se encuentra enmarcada en las causales del artículo 133 del Código General del Proceso, en consecuencia, rechazó de plano la solicitud.
Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del alcalde demandado interpuso recurso de apelación, por considerar que, en el presente caso, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), esto es, «[c]uando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas».
A través de auto del 3 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora se abstuvo de conceder por improcedente el recurso de apelación formulado.
Contra la aludida providencia, el 19 de abril de 2024, la apoderada de la parte accionada formuló recurso de reposición y, en subsidio, de queja.Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
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4 Mediante proveído del 27 de mayo de 2024, el a quo sostuvo que, en el medio de control
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4 Mediante proveído del 27 de mayo de 2024, el a quo sostuvo que, en el medio de control de nulidad electoral, esta decisión no es pasible de recurso alguno. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 243 A del CPACA, por tal motivo, estimó que no era procedente conceder el recurso de apel ación interpuesto contra el auto de 3 de abril de 2024.
Por consiguiente, resolvió no reponer la decisión recurrida y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, para que decidiera el recurso de queja.
Por medio de auto del 22 de agosto de 2024 se resolvió el recurso de queja, en el sentido de estimar bien denegado el de apelación interpuesto por la apoderada del demandado contra el auto de l 3 de abril del mismo año, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó.
1.4.1.2. Procesos 2023-00121-00 y 2023-00123-00
Mediante providencias del 15 de diciembre de 20234, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió las demandas y dispuso las notificaciones y comunicaciones pertinentes, entre ellas al demandado, al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.4.2. Contestaciones de las demandas
1.4.2.1. Demandado5
Por intermedio de apoderada, manifestó que las inhabilidades son restrictivas y taxativas, por lo que los incisos 5 y 6 del literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, referentes a la contratación pública, no pueden ser aplicables a la elección de los
por lo que los incisos 5 y 6 del literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, referentes a la contratación pública, no pueden ser aplicables a la elección de los alcaldes, comoquiera que, en lo que concierne a esos funcionarios, la norma que regula la materia es el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
Aclaró que la ley invocada por el accionante establece quiénes son hábiles para contratar con el Estado, en tanto que, actualmente, los alcaldes en Colombia son de elección popular.
Explicó que, en gracia de discusión , la Le y 80 de 1993 prevé una inhabilidad para las personas naturales que quieran contratar con el Estado, que hayan «[…] sido declarados responsables judicialmente de delitos contra la administración pública. La inhabilidad derivada del sometimiento al principio de oportunidad se predica específicamente de personas jurídicas, cuyos representantes legales o miembros de junta directiva se hayan sometido a esta figura de la ley penal» (sic para la cita).
Comentó que, según el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, el principio de oportunidad es una figura que regula la suspensión, interrupción o renuncia por parte del Estado de la acción penal; por ende, implica la ausencia de declaración judicial sobre el
4 En autos separados. 5 La contestación fue presentada únicamente dentro del proceso 2023-00108.Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
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5 fondo del asunto, y no puede equipararse en forma alguna a una declaración judicial de responsabilidad.
Arguyó que «[…] si se interpretara que el demandante pretende la nulidad de la elección del señor JAIME ARTURO HERRERA MOYA [sic] invocando la causal de inhabilidad derivada de la responsabilidad penal, y que se trata de un error en la demanda […] », el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, preceptúa que el candidato haya sido condenado, por consiguiente, esa decisión emitida por autoridad judicial competente es la prueba de ello, pero, no cualquier vi nculación a un proceso penal.
Puntualizó que, aunque la parte actora menciona que el alcalde electo se acogió al principio de oportunidad, no allegó ni señaló la prueba de lo que fue resuelto y, en todo caso, no existe una condena en su contra.
1.4.2.2. Consejo Nacional Electoral6
A través de apoderado , propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha tenido injerencia o intervención directa en los actos electorales de las comisiones escrutadoras cuyos efectos se solicita anular.
Aunado a lo anterior, expresó que no recibió ninguna queja o petición que buscara la
pasiva, porque no ha tenido injerencia o intervención directa en los actos electorales de las comisiones escrutadoras cuyos efectos se solicita anular.
Aunado a lo anterior, expresó que no recibió ninguna queja o petición que buscara la revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor Jaime Arturo Herrera Maya a la alcaldía del municipio de El Carmen de Atrato, por lo cual no intervino en el proceso de inscripción ni en las etapas electoral y poselectoral relacionadas con ese candidato, por lo cual, es el juez de lo contencioso administrativo quien debe resolver sobre la causal de nulidad invocada.
1.4.2.3. Registraduría Nacional del Estado Civil7
Por intermedio de apoderado, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y advirtió que solo se encarga de la organización de las elecciones, no emite acto administrativo alguno, ni operación que determine si un voto es válido o no.
Realizó un análisis normativo del proceso electoral, estimó que son los partidos políticos los encargados de verificar que los candidatos no est án incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad , para concluir que no debe permanecer vinculada al presente asunto.
1.5. Otras actuaciones de la primera instancia
- Por medio de autos del 2 de febrero8 y del 9 de abril de 20249, el Tribunal Administrativo del Chocó negó la suspensión provisional del acto de elección del señor Jaime Arturo Herrera Maya como alcalde del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), para el
6 La contestación contenía el mismo sustento en los tres expedientes. 7 Procesos 2023-00123 y 2023-00121.
Herrera Maya como alcalde del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), para el
6 La contestación contenía el mismo sustento en los tres expedientes. 7 Procesos 2023-00123 y 2023-00121. 8 Expediente 2023-00121. 9 Proceso 2023-00108.Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
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6 periodo 2024-2027, debido al escaso material probatorio. Decisión que fue confirmada por esta corporación, con auto del 7 de noviembre de 202410.
- Mediante providencia del 26 de abril de 2024, el a quo ordenó «[…] la acumulación del proceso de nulidad electoral 27001-23-33-000-2023-00123-00 presentado por el señor Yosimar Palacios Algarín, con los procesos 27001-23-33-000-2023-00108-00 presentado por Jorge Iván Bedoya Montoya y 27001-23-33-000-2023-00121-00 Sergio Alexander Novoa Urrea, respectivamente», y tuvo como expediente principal el 20230012311.
- A través de proveído del 2 de octubre de 2024, el tribunal resolvió declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil e infundada respecto del Consejo Nacional Electoral. Además,
- A través de proveído del 2 de octubre de 2024, el tribunal resolvió declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil e infundada respecto del Consejo Nacional Electoral. Además, dispuso el trámite de sentencia anticipada, incorporó las pruebas allegadas por las partes, decretó una de oficio12 y negó unas documentales requeridas por el extremo activo de la litis13, toda vez que no demostr ó haber pedido las pruebas directamente ante las entidades y despachos judiciales, en los términos del artículo 173 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del 306 del CPACA.
De la misma manera, fijó el litigio en los términos que se citan a continuación:
Se debe determinar si se encuentra acreditado en el proceso que, el señor Jaime Arturo Herrera Maya, elegido como Alcalde del Municipio del Carmen de Atrato - Chocó para el período constitucional 2024-2027, ha sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y por tanto se encuentra inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo.
2. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de providencia del 16 de diciembre de 2024, negó las pretensiones, con base en los siguientes argumentos:
Sostuvo que «[…] los cargos de nulidad de las demandas interpuestas por lo señores Jorge Iván Bedoya Montoya, y Yosimar Palacios Algarín (2023 -123 y 2023 -108), están fundamentadas en la inhabilidad para contratar con el Estado, establecida en el literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993», la cual no es aplicable para quienes
fundamentadas en la inhabilidad para contratar con el Estado, establecida en el literal «j» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993», la cual no es aplicable para quienes resulten elegidos en un cargo de elección popular, como lo estableció el Consejo de Estado en el auto que resolvió el recurso de apelación contra la decisión que negó la
10 Únicamente fue apelado el auto proferido dentro del expediente 2023-00108. 11 Auto corregido con providencia del 3 de mayo de 2024. 12 «Por Secretaría OFÍCIESE al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó y a los Juzgados Penales del Circuito Quibdó, para que se sirvan allegar con destino al presente proceso, la sentencia que se haya proferido en los procesos radicados No. 2700160011752014000033, 270016001175201400003 y 27001600110020140177800, en las cuales se haya Por Secretaría OFÍCIESE al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó y a los Juzgados Penales del Circuito Quibdó, para que se sirvan allegar con destino al presente proceso, la sentencia que se haya proferido en los procesos radicados No. 2700160011752014000033, 270016001175201400003 y 27001600110020140177800, en las cuales se haya impuesto condena de pena privativa de la libertad, al señor Jaime Arturo Herrera Maya». 13 Los demandantes requirieron oficiar (i) «[…] al juez de control de garantías que legalizo el principio de oportunidad bajo radicado 27001600117520140000300, envíe con destino al despacho de conocimiento del presente medio de
13 Los demandantes requirieron oficiar (i) «[…] al juez de control de garantías que legalizo el principio de oportunidad bajo radicado 27001600117520140000300, envíe con destino al despacho de conocimiento del presente medio de control, todo lo relacionado con el proceso […]» bajo ese radicado ; (ii) «[…] al Juez de Ejecución de Penas, al Juez Segundo (2) Penal Circuito Quibdó y al Juez Primero Penal Circuito de Quibdó, para que remitan copia de la sentencia condenatoria dentro del proceso 2700160011752014000033»; y (iii) «[…] la Fiscalía General de la Nación, a la Administración de la Rama Judicial, y al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, a fin de que remitan a este proceso copia de los expedientes bajo radicados números 270016001175201400003 y 27001600110020140177800».Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
7 medida provisional.
Por otra parte, dispuso que tampoco se encontraba acreditada la inhabilidad contenida en el numeral 1° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que fundamenta el proceso 2023-00123.
En efecto, explicó que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó adelantó
la Ley 617 de 2000, que fundamenta el proceso 2023-00123.
En efecto, explicó que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó adelantó proceso penal por el delito de peculado por apropiación, bajo el radicado 27001408810120140000300, en contra de los señores Elpidio Asprilla Guerrero, Geyler Álvarez Cossio, Hernando Rodríguez Sánchez, Jaime Arturo Herrera Maya (demandado), Jhonny Ibargüen Quinto, José Edilson Mosquera Mosquera, Luz Mary Rojas Garcés y Luzmila Serna Lemos.
Sin embargo, en ese proceso se dictó sentencia condenatoria el 10 de junio de 2015, únicamente en contra del señor Elpidio Asprilla. Aunado a ello, el aludido juzgado certificó que en su despacho no se registra una providencia en ese sentido frente al accionado y que lo único que encontró en la base de datos fue «[…] el proceso radicado No. 270016001100 2014 01778, que corresponde a una compulsa de copias generada dentro de la investigación del SPOA Núm. 270016001175201400003, el cual el 15 de diciembre de 2016 fue devuelto a la Fiscalía de origen, debido a la la rga espera en la aprobación del principio de oportunidad que se tramitaba».
Aclaró que, en el expediente 270016001100201401778 «[…] tramitado en contra del señor Jaime Arturo Herrera Maya, el Juzgado Penal Municipal de Quibdó con Función de Garantías, el 25 de junio de 2015, impartió legalidad formal y material al principio de oportunidad por la causal contemplada en el numeral 5° del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal […]».
Garantías, el 25 de junio de 2015, impartió legalidad formal y material al principio de oportunidad por la causal contemplada en el numeral 5° del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal […]».
En ese orden de ideas, coligió que no fue probado que en contra d el demandado se hubiese proferido sentencia penal condenatoria, sino que, por el contrario, en el proceso que se adelantó «[…] por el delito de peculado por apropiación, le fue concedida la interrupción de la acción penal por haberse acogido al principio de oportunidad».
3. El recurso de apelación14
Inconforme con la decisión, el señor Sergio Alexander Novoa Urrea (accionante del proceso 2023-00121-00) formuló recurso de apelación , porque considera que no existe dentro del plenario material probatorio suficiente para llegar a la conclusión del tribunal, esto, teniendo en cuenta que, el principio de oportunidad referido por el a quo no fue allegado al expediente, por lo tanto, no es dable establecer sus efectos, ni las condiciones allí estipuladas.
Resaltó que el principio de oportunidad tuvo lugar «[…] en el proceso con radicado No. 270016001100201401778, y no en el […] No. 27001408810120140000300, por lo tanto, no es procedente que el Despacho afirme que los efectos del principio de oportunidad aplican en ambos expedientes, especialmente si se tiene en cuenta que, como se indicó previamente, no se tiene conocimiento del contenido del acuerdo».
14 Concedido por el tribunal, mediante auto del 27 de enero de 2025.Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó)
14 Concedido por el tribunal, mediante auto del 27 de enero de 2025.Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
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8 Recordó que el Tribunal Administrativo del Chocó decretó de oficio una prueba consistente en requerir «[…] al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó y a los Juzgados Penales del Circuito Quibdó, para que se sirvan allegar con destino al presente proceso, la sentencia que se haya proferido en los procesos radicados No. 2700160011752 014000033, 270016001175201400003 y 27001600110020140177800, en las cuales se haya impuesto condena de pena privativa de la libertad, al señor Jaime Arturo Herrera Maya».
Requerimiento frente al cual solo respondieron los Juzgados Segundo y Tercero Penal del Circuito de Quibdó; sin embargo, no se pronunciaron los Juzgados Primero, Cuarto y Quinto Penal del Circuito de Quibdó, ni el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó.
Debido a ello, estimó que la sentencia de primera instancia se fundamenta en pruebas insuficientes «[…] para resolver la incertidumbre existente respecto a la inhabilidad del señor Jaime Arturo Herrera Maya, esto, como quiera que no se tiene certeza sobre la
Debido a ello, estimó que la sentencia de primera instancia se fundamenta en pruebas insuficientes «[…] para resolver la incertidumbre existente respecto a la inhabilidad del señor Jaime Arturo Herrera Maya, esto, como quiera que no se tiene certeza sobre la resolución de la investigación penal en la que está inmerso el demandado, toda vez que ningún juzgado penal pudo certificar el estado actual del proceso penal referido, ni tampoco se tiene información sobre el contenido del principio de oportunidad al q ue presuntamente se acogió el señor Herrera Maya».
Para finalizar solicitó revocar la sentencia del tribunal y oficiar las pruebas faltantes.
4. Actuaciones en segunda instancia
Por medio de providencia del 6 de marzo de 202515, el despacho del magistrado ponente admitió el recurso de apelación formulado por el señor Sergio Alexander Novoa Urrea, parte demandante.
Mediante auto del 14 de marzo de 2025 16, negó la solicitud del recurrente de decretar pruebas, por las siguientes razones:
Conforme a lo anterior, se destaca es que el recurrente no sustentó su solicitud de pruebas en las causales enunciadas en el artículo 212 del CPACA.
Con todo, aunque se entendiera que el a quo dejó de practicar una prueba que decretó, esta circunstancia tampoco encuadra en ninguna de ellas.
En efecto, nótese que el numeral 2° del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, prevé que, en segunda instancia, es posible decretar pruebas cuando «[…] no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa d e la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos
cuando «[…] no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa d e la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento» (se resalta).
Quiere decir lo anterior que uno de los requisitos contenidos en la citada norma es que la prueba decretada debe haber sido solicitada por alguna de las partes, por consiguiente, dicho supuesto fáctico no incluye aquellos eventos en los cuales los medios probatorios que se dejaron de practicar fueron solicitados por el juez, de oficio.
15 Índice 6 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 16 Índice 11 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.Demandantes: Yosimar Palacios Algarín y otros Demandado: Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato (Chocó) Radicado: 27001-23-33-000-2023-00123-03 (principal)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
9 Así las cosas, teniendo en cuenta que el recurrente no sustentó su solicitud probatoria en ninguna de las causales enunciadas en el artículo 212 del CPACA y el despacho tampoco encuentra que se configure alguna de ellas, no se ordenará librar los oficios requeridos.
Por último, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
5. Alegatos de conclusión del demandado17
Por último, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
5. Alegatos de conclusión del demandado17
Por intermedio de apoderada, sostuvo que no se demostró la existencia de una sentencia condenatoria en su contra, «[…] habida cuenta que, no ha sido condenado penalmente por delito alguno, mucho menos, por aquellos que contiene la prohibición y, por lo mismo,
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