CE - Sentencia 27001233300020250009701

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 27001233300020250009701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P.

Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

QUIBDÓ Y DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Falta de cumplimiento de actuaciones en un proceso ejecutivo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la empresa Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P., quien actúa a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 30 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de septiembre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la s autoridades accionadas.

El 17 de septiembre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la s autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Solicitamos como parte más débil de la relación judicial, se nos tutelen los derechos al DEBIDO PROCESO en conexidad con el derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, como ha quedado expuesto en líneas anteriores”.

2. Hechos

La parte demandante señaló la Unión Temporal Gobernación del Chocó 2020 (conformada por l a sociedad Inci nerados del Huila S.A.S. E.S P y la empresa Ecoservices Company S.A.S E.S.P) , suscribió contrato de prestación de servicios de aseo, limpieza y cafetería no. GDCH 07 -08-20-001 de 27 de octubre de 2020 con el departamento del Chocó por un valor de $221.082.450, el cual tenía como objeto contractual “Prestar los servicios de aseo, limpieza y cafetería a las instalaciones de las diferentes sedes de la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ, en la ciudad de Quibdó”.

Manifestó que la cláusula segunda del contrato estableció como plazo para la ejecución de las actividades objeto del contrato 2 meses y 2 días contados a partir del acta de inicio sin exceder del 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el principio de anualidad presupuestal del estatuto orgánico del presupuesto. Y refirióRadicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

del acta de inicio sin exceder del 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el principio de anualidad presupuestal del estatuto orgánico del presupuesto. Y refirióRadicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 que la unión temporal se encuentra representada legalmente por Gina Paola Leguizamo Ramírez según acta de conformación de 23 de septiembre de 2020.

Agregó que el 1° de julio de 2022, la unión temporal presentó demanda ejecutiva contra el departamento del Chocó, en la cual se solicitó el pago de la suma de $221.082.450 más los intereses moratorios causados hasta la fecha de pago “(Dinero que se debe en relación a la ejecución del contrato de prestación de servicios de aseo, limpieza y cafetería No. GDCH 07 -08-20-001 del 27 de octubre de 2020)”.

Refirió que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó 1, y señaló que el 4 de octubre de 2022 radicaron memorial en el que solicitaron impulso procesal, comoquiera que hasta ese momento no se había pronunciado acerca de la demanda, a lo que agregó que el 21 de noviembre de esa anualidad se libró mandamiento de pago.

Sostuvo que una vez surtida la notificación del mandamiento del pago, detectaron

ese momento no se había pronunciado acerca de la demanda, a lo que agregó que el 21 de noviembre de esa anualidad se libró mandamiento de pago.

Sostuvo que una vez surtida la notificación del mandamiento del pago, detectaron errores de transcripción en las fechas de vencimiento de las facturas FECH -1 y FECH-2, por lo que solicitó su corrección mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2022. Asimismo, i ndicó que el 6 de l mismo mes y año , el departamento del Chocó a través de apoderada judicial manifestó no tener oposición a las pretensiones de la demanda, al considerar que se ajustaban a lo pactado en el contrato de prestación de servicios.

Sostuvo que a pesar de que la administración departamental se allanó a las pretensiones de la demanda, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó mediante providencia de 21 de marzo de 2024 ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó medidas cautelares, “esto es después de un año y tres meses después de la aceptación de las pretensiones por parte de la parte demandada”. Posteriormente, indicó que mediante decisión de 22 de marzo de 2024, el Juzgado accionado resolvió:

“PRIMERO: DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que posee la entidad ejecutada DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, NIT. 800.093.816 -3 hasta la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000), en la entidad financiera del Banco Bogotá, Banco BBVA, Banco Davivienda, Banco Agrario de Colombia, Banco AV Villas, Bancolombia, Banco Colpatria, Banco Pichincha, Banco de

financiera del Banco Bogotá, Banco BBVA, Banco Davivienda, Banco Agrario de Colombia, Banco AV Villas, Bancolombia, Banco Colpatria, Banco Pichincha, Banco de Occidente, Banco Caja Social, Banco Mundo Mujer. Lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en los numerales 1 y 10 del artículo 593 del CGP.

SEGUNDO: Las entidades destinatarias de esta orden, deberán retener y poner a disposición los dineros advertidos, los cuales deberán ser depositados a la cuenta de depósitos judiciales No. 270012045001 del Banco Agrario de Colombia, a nombre de la señora GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMIREZ, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 26.424.702, (poder obrante en expediente digital), todo lo anterior, dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación por Secretaria de esta providencia, ello, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 1 y 10 del artículo 593 del CGP.

TERCERO: Cumplida la orden, el Destinatario de la misma, deberá comunicarlo a este Despacho de manera inmediata.

CUARTO: Para los mismos efectos, se oficiará al Tesorero - Pagador de la (s) entidad

(es) ejecutada (s) y/o al funcionario de mayor jerarquía, que dentro de esa institución haga sus veces, para que aplique esta orden de embargo. La carga de notificar esta providencia se le impone al apoderado de la entidad ejecutada, quien deberá enviar constancia de ello al expediente, dentro de un (01) día siguiente a su notificación.

1 Radicado no. 27001-33-33-001-2022-00438-00.Radicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

constancia de ello al expediente, dentro de un (01) día siguiente a su notificación.

1 Radicado no. 27001-33-33-001-2022-00438-00.Radicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

Adicionalmente, la entidad condenada, dentro del mismo término de 3 días siguientes a la comunicación de esta providencia, garantizando los principios de lealtad procesal y los derechos de los accionantes, deberán suministrar de manera inmediata a este Despacho, el número de la cuenta y la entidad financiera en la que maneja los recursos destinados al pago de condenas judiciales y conciliaciones y aquellos de libre destinación sobre los cuales deberá recaer está la medida cautelar, tal como lo advirtió en un caso similar al subjudice el Consejo de Estado”.

Precisó que el 1° de abril de 2024, presentaron la liquidación del crédito por valor de $469.150.852,78, frente a la cual el departamento del Chocó se opuso mediante memorial presentado el 3 de mayo del mismo año. Posteriormente, agregó que el Juzgado mediante proveído de 20 de septiembre de la misma anualidad, fijó el valor de la obligación en $424.287.388,94.

Refirió que estando la liquidación en firme radicó varios memoriales los días 25 de

Juzgado mediante proveído de 20 de septiembre de la misma anualidad, fijó el valor de la obligación en $424.287.388,94.

Refirió que estando la liquidación en firme radicó varios memoriales los días 25 de septiembre, 24 de octubre, 1° de noviembre de 2024, 17 de marzo, 22 de abril, 6 y 19 de mayo y 12 de junio de 2025, en los cuales solicitaba al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó que ordenara a la entidad ejecutada y a las entidades financieras el cumplimiento de la obligación, de conformidad con lo dispuesto en la providencia de 21 y 22 de marzo de 2024, y que se aplicaran los recursos obtenidos mediante las medidas cautelares al pago de la deuda, sus intereses y las costas del proceso.

Relató que el 15 de noviembre de 2024 presentaron solicitud de pago a la entidad pública en virtud de lo ordenado en el auto de 21 de marzo de 2024 y que se consignaran los dineros adeudados a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, sin embargo, aclaró que dicha solicitud fue desatendida por el departamento del Chocó.

Finalmente, concluyó que el departamento del Chocó no ha cumplido con la entrega de la información financiera requerida por el despacho judicial, y el juzgado tampoco ha emitido las órdenes correspondientes para exigir dicho cumplimiento.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora r efirió que el plazo razonable en la afectación ocasionada por la duración del procedimiento es violatorio a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, toda vez que “el paso del tiempo

La parte actora r efirió que el plazo razonable en la afectación ocasionada por la duración del procedimiento es violatorio a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, toda vez que “el paso del tiempo en este asunto sin solución de continuidad hace que todos los días la situación económica de la empresa que represento sea más gravosa por el incumplimiento forzado del pago por parte de la entidad territorial”.

Sostuvo que “el Juzgado ha sido laxo ante las omisiones ya mencionadas, debido a que tiene las herramientas necesarias para hacer cumplir al interior del proceso sus propias órdenes, desatenciones que han gener ado la vulneración grave y reiterada de mi derecho fundamental al debido proceso y por ende negándoseme el acceso a la administración de justicia de manera eficaz y pronta, ya que se han abstenido de ordenarle al tesorero pagador del DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ acatar las ordenes co ntenidas en los autos que ordenaron seguir adelante con la ejecución del crédito (Sentencia) y de las medidas cautelares, a pesar de los múltiples memoriales allegados al despacho en donde se solicitó dar continuidad a las consecuencias procesales que debe asumir la parte demandada”.Radicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 Agregó que la Corte Constitucional en la sentencia T-668 de 1996 reiteró las reglas

www.consejodeestado.gov.co

4 Agregó que la Corte Constitucional en la sentencia T-668 de 1996 reiteró las reglas jurisprudenciales respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En concreto, resaltó que era procedente frente a la dilación injustificada de términos y cuando la decisión puede causar un perjuicio irremediable. Asimismo, indicó que la sentencia SU-394 de 2016 analizó el requisito de subsidiariedad en los casos de omisión por parte del funcionario judicial en el cumplimiento de los términos procesales, en los cuales la Corte Constitucional afirmó que ante esa situación el usuario de la administración de justicia se encuentra materialmente en un escenario de indefensión.

Por último, concluyó que “en igual sentido aplica la protección constitucional, a pesar de que el escenario de debate jurídico pueda ser el mismo proceso ejecutivo contractual, está probado que este no es eficaz o idóneo, pues el juez a pesar que ordenó al tesorero pagador informará al despacho las instituciones financieras y las

cuentas del DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

(Correspondientes al pago de sentencias y conciliaciones y/o de libre asignación) para evitar sean ilusorias las medidas cautelares y el aumento de l perjuicio económico a la entidad estatal, el proceso no ha sido prenda de garantía para que se tomen las medidas del caso y remediar el asunto”.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la sociedad comercial Ecoservices Company S.A.S. E.S.P.

El gerente y representante legal de la sociedad rindió informe en el que solicitó que

4. Oposición

4.1. Respuesta de la sociedad comercial Ecoservices Company S.A.S. E.S.P.

El gerente y representante legal de la sociedad rindió informe en el que solicitó que se amparen los derechos fundamentales alegados por la parte actora “para que las medidas decretadas por el JUZGADO PRIMERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, no sean ilusorias y se obligue a la TESORERA PAGADORA al suministro de la información que el despacho necesita para decretar los embargos de los saldos bancarios de la entidad pública deudora y/o el juzgado haga cumplir sus órdenes ya que cuenta con los mecanismos legales para hacerlo”.

Sostuvo que los hechos narrados en el escrito de tutela correspondían a la realidad procesal ocurrida al interior del proceso ejecutivo, pues la sociedad hace parte de la Unión Temporal Gobernación del Chocó 2020. Y en ese sentido, manifestó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó profirió el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito “estando pendiente la materialización de las medidas cautelares de embargos y secuestro de saldos bancarios en instituciones financieras, tal como se ordenaré mediante auto de fecha 22 de marzo de 2024”.

Y concluyó que dicha orden ni ha sido cumplida por la tesorería del departamento del Chocó a pesar de estar debidamente notificada, y señaló que el juzgado tampoco ha obligado a la entidad territorial a cumplir.

4.2. Respuesta del departamento del Chocó

El asesor jurídico de la Gobernación rindió informe en el que solicitó que se

tampoco ha obligado a la entidad territorial a cumplir.

4.2. Respuesta del departamento del Chocó

El asesor jurídico de la Gobernación rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que existen mecanismos ordinarios eficaces. Al respecto, precisó que la parte accionante cuenta con un proceso ejecutivo contractual que está en curso, dentro del cual puede ejercer los medios procesales previstos por la ley, tales como el impulso procesal, el incidente de desacato o de cumplimiento, eRadicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 incluso la compulsa de copias para control disciplinario. Por lo tanto, no se puede pretender utilizar la acción constitucional como un mecanismo alterno o paralelo al proceso ejecutivo activo.

Adicionalmente, sostuvo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera que la supuesta vulneración alegada corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, por lo tanto, la Gobernación del Chocó carece de competencia para impartir órdenes procesales.

Finalmente, concluyó que en el curso del proceso ejecutivo, la gobernación se allanó a las pretensiones de la demanda y reconoció la obligación, por lo tanto, se demostró “la buena fe procesal y voluntad de cumplimiento”.

Finalmente, concluyó que en el curso del proceso ejecutivo, la gobernación se allanó a las pretensiones de la demanda y reconoció la obligación, por lo tanto, se demostró “la buena fe procesal y voluntad de cumplimiento”.

4.3 El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo deprecado por Incinerados del Huila S.A.S ESP , de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente a las partes por el medio más expedito de esta decisión, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La notificación a la entidad accionada se hará con entrega de una copia de esta providencia.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, al día siguiente ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos señalados en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si esta providencia fuere excluida de revisión, conclúyase el proceso, archívese el expediente, y cancélese su radicación”.

El juzgador de primera instancia indicó que al analizar el proceso ejecutivo no. 27001-33-33-001-2022-00438-00, se observó que Juzgado Primero Administrativo

archívese el expediente, y cancélese su radicación”.

El juzgador de primera instancia indicó que al analizar el proceso ejecutivo no. 27001-33-33-001-2022-00438-00, se observó que Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó mediante auto de 21 de noviembre de 2022 libró mandamiento de pago, y surtidos los trámites legales correspondientes el 2 1 de marzo de 2024 profirió auto interlocutorio mediante el cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y se decretó la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante. Y agregó que posteriormente, a través de proveído de 20 de septiembre de 2024 el juzgado aprobó la liquidación de crédito ordenada en la providencia de 22 de marzo de 2024.

En ese orden de ideas, señaló que de conformidad con las pruebas aportadas , la Sala advertía que el despacho judicial accionado ha dado cumplimiento al trámite procesal correspondiente y manifestó que “ si bien en algunos momentos esas actuaciones no se dieron con la celeridad que esperaba el hoy accionante, no es menos cierto que con la presentación oportuna de requerimientos se logró dicho cometido, verbi gratia el auto que libra mandamiento de pago”.Radicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 Para terminar , refirió que no se advirtieron situaciones vulneradoras al debido

www.consejodeestado.gov.co

6 Para terminar , refirió que no se advirtieron situaciones vulneradoras al debido proceso y acceso a la administración de justicia que justifiquen el actuar del juez constitucional, toda vez que lo que se encuentra pendiente es obtener el pago efectivo de las sumas reclamadas y no en la corrección de situaciones anómalas al interior del proceso, situación que excede el ámbito de la protección de la acción de tutela. Por lo tanto, afirmó que el amparo constitucional resultaba improcedente por desatender el requisito de subsidiariedad.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la sociedad comercial Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P. impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la decisión de primer a instancia constituyó una “ vía de hecho ”, toda vez que en el trámite de la acción de tutela se lograba identificar y probar que el problema jurídico por omisión del Juzgado y del departamento del Chocó no ha sido posible resolverlo de manera eficaz y pronta.

Manifestó que “ las providencias dictadas dentro del proceso ejecutivo como: MANDAMIENTO DE PAGO, DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES, Y AUTO DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN DEL CRÉDITO, están conforme a derecho al igual que la aprobación de la liquidación del crédito por $424.287.388,94 (con corte al 31 de julio de 2025). Es decir, nosotros no atacamos la legalidad de dichas providencias judiciales sino discutimos la omisión en la toma de decisiones por parte

al 31 de julio de 2025). Es decir, nosotros no atacamos la legalidad de dichas providencias judiciales sino discutimos la omisión en la toma de decisiones por parte del despacho del señor juez y el NO cumplimiento de la tesorera o pagador del Departamento del Chocó (que incurre en el tipo penal de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL, artículo 454 del Código Penal) a las órdenes impartidas por un juez de la república, ya que se trata del cumplimiento de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada”.

Finalmente, afirmó que al existir de manera sistemática la vulneración de los derechos fundamentales alegados y las garantías de los accionantes la cuales no son posibles de solucionar sino a través de la acción de tutela, comoquiera que se dan todos los p resupuestos para la prosperidad de la misma, máxime cuando los accionados guardaron silencio “bajo su trámite sin que el juez a quo aplicar a favor del amparo constitucional la presunción del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 30 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 30 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplir el requisito de subsidiariedad y, en su lugar, acceder a la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la omisión en las actuaciones judiciales necesarias para ejecutar laRadicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 medida cautelar decretada en el auto de 22 de marzo de 2024, así como la falta de respuesta a las solicitudes presentadas entre el 24 de octubre de 2024 y el 12 de junio de 2025 en el marco del proceso ejecutivo no. 27001-33-33-001-2022-0043800.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro

constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

La sociedad Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P2., quien actúa a través de apoderado judicial, present ó acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la omisión en las actuaciones judiciales necesarias para ejecutar la medida cautelar decretada en el auto de 22

Circuito de Quibdó, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la omisión en las actuaciones judiciales necesarias para ejecutar la medida cautelar decretada en el auto de 22 de marzo de 2024, así como la falta de respuesta a las solicitudes presentadas entre el 24 de octubre de 2024 y el 12 de junio de 2025 en el marco del proceso ejecutivo no. 27001-33-33-001-2022-00438-00.

El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad. Y sostuvo que de conformidad con las pruebas allegadas al expediente se evidenciaba que el despacho judicial accionado había cumplido con el trámite procesal correspondiente. Asimismo, precisó que, aunque en ciertos momentos las actuaciones no se desarrollaron con la ce leridad que la sociedad accionante esperaba, lo cierto era que, mediante la oportuna presentación de los requerimientos, se logró el avance del proceso, como ocurrió, por ejemplo, con el auto que ordenó librar mandamiento de pago.

2 La Sala precisa que Incinerados del Huila S.A.S E.S.P hace parte integral de la Unión Temporal Gobernación del Chocó 2020, entidad de carácter privado contratista del departamento del Choco.Radicación: 27001-23-33-000-2025-00097-01

Accionante: Incinerados del Huila S.A.S. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 La parte accionante en el escrito de impugnación reiteró los argumentos de la demanda de tutela e insistió en la omisión del juzgado accionado y del departamento del Chocó en cumplir con la providencia que ordenó seguir con la ejecución y decretó las medidas cautelares . Asimismo, advirtió que el proceso ejecutivo no se ha resuelto de manera eficaz y pronta.

La Sala advierte que revocará la sentencia de primera instancia de 30 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones como pasa a explicarse:

En ese escenario y conforme a la información suministrada en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, la Sala evidencia que en el proceso ejecutivo radicado n.º 27001-33-33-001-2022-00438-00, se han proferido las siguientes actuaciones relevantes:

FECHA ACTUACIÓN 1°de julio de 2022 La Unión Temporal Gobernación del Chocó 2020 presentó demanda ejecutiva contra el departamento del Chocó, en la que solicitó que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero:

“1. Por la suma de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOSO 00/100 MCTE ($7.131.692.00) por concepto de capital, con fecha de

siguientes sumas de dinero:

“1. Por la suma de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOSO 00/100 MCTE ($7.131.692.00) por concepto de capital, con fecha de vencimiento diciembre 09 de 2020, correspondiente al título valor factura de venta electrónica FECH-1, por concepto de prestación de servicios de aseo, limpieza y cafetería a la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ, para el mes de OCTUBRE del año 2020, como consecuencia de la ejecución del contrato de Prestación de servicios de Aseo Limpieza y Cafetería No. GDCH 07-08-001 DEL 27 de octubre de 2020.

2. Por la suma de dinero de CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETETNTA Y NUEVE PESOS 00/100 MCTE ($106.975.379,00) por concepto de capital, con fecha de vencimiento diciembre de 2021 de 2020, correspondiente al título valor factura de venta de aseo, limpieza y cafetería a la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ para el mes de NOVIEMBRE del año 2020, como consecuencia de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de Aseo, Limpieza y Cafetería No. GDCH 07 -0820-001 del 27 de octubre de 2020.

3. Por la suma de dinero de CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVES PESOS 00/100 M/CTE ($106.975.379,00) por concepto de capital, con fecha de vencimiento enero 11 de 2021, por concepto de capital, con

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVES PESOS 00/100 M/CTE ($106.975.379,00) por concepto de capital, con fecha de vencimiento enero 11 de 2021, por concepto de capital, con fecha de vencim iento enero 11 de 2021, correspondiente al título valor factura de venta electrónica FECH-3, por concepto de prestación de servicios de aseo, limpieza y cafetería a la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ para el mes de DICIEMBRE del año 2020, como consecuencia de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios de Aseo, Limpieza y Cafetería

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...