CE - Sentencia 47001233300020190043801

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 47001233300020190043801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080)

Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otros

Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS OCASIONADOS POR FALLA MÉDICAmuerte de un recluso / FALLA DEL SERVICIO – no se acreditó el nexo de causalidad entre el daño y la remisión tardía.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 16 de febrero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se indicó que el recluso Robin son Javier Cadena Aguilar falleció el 8 de diciembre de 2017, en la clínica “El Prado”, como consecuencia de una “meningitis tuberculosa”. A juicio de los demandantes, la muerte ocurrió porque el Inpec no le prestó una asistencia médica adecuada en el cent ro carcelario en el que se encontraba privado de la libertad ni lo remitió de manera oportuna a un hospital para el tratamiento de su afección.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado 14 de diciembre de 2018 1, María Elizabeth Aguilar

encontraba privado de la libertad ni lo remitió de manera oportuna a un hospital para el tratamiento de su afección.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado 14 de diciembre de 2018 1, María Elizabeth Aguilar Colorado y otros2, por conducto de apoderado judicial, demandaron en reparación directa a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -en adelante Inpec -, con el fin de que se declare su

1 La demanda fue radicada, inicialmente, ante el Juzgado 6° Administrativo del Circuito de Santa Marta, bajo el radicado 47 -001-3333-006-2018-0488-00; después de su subsanación, el juzgado declaró su falta de competencia y remitió el asunto al Tribunal Administrativo del Magdalena en julio de 2019, en donde se le asignó el radicado 47001 -23-33-000-2019-00438-00 (folios 232, 245, 277, 289 y 290). Al respecto ver documento denominado “ 01. 2019 -00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 2 Como demás demandantes figuran: Jacobo Segundo Cadena Rodríguez, Luz Mary Pertuz Suárez, Yoina Carolina Cadena Pertuz, Laynes Jacobo Cadena Jiménez, Tulio Nel Gutiérrez Cera, Tulio Manuel Gutiérrez Cadena, Yurleis Tatia na Gutiérrez Cadena, Araly María Cadena Aguilar, Rafael Antonio Cuesta Cadena, Brayan Alfonso Cuesta Cadena, Snaivelli Michel Cuesta Cadena, María Elizabel Cadena Aguilar, Delia Yireth Jimeno Cadena, Andrea Alejandra Jimeno Cadena, Yiandry

Antonio Cuesta Cadena, Brayan Alfonso Cuesta Cadena, Snaivelli Michel Cuesta Cadena, María Elizabel Cadena Aguilar, Delia Yireth Jimeno Cadena, Andrea Alejandra Jimeno Cadena, Yiandry Milena Jimeno Ca dena, Sindi Paola Cadena Aguilar, Leonardo Antonio Hincapié Cadena, Laura Cristina Salazar Cadena, Yeikon José Salazar Cadena, Luis Jacobo Cadena Aguilar, Santiago de Jesús Cadena Gutiérrez y Gilberto Manuel Cadena Aguilar. Los poderes que concedieron los demandantes visibles de folios 1 a 9 del documento denominado “ 01. 2019-00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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responsabilidad administrativa y patrimonial como consecuencia de los perjuicios 3 causados con la muer te de Robinson Javier Cadena Aguilar, ocurrida el 8 de diciembre de 2017.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró4 lo siguiente:

5. Robinson Javier Cadena Aguilar se encontraba privado de su libertad en el centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, desde septiembre de 2016.

6. Se dijo que, para esa época, se habría presentado una “epidemia de tuberculosis” por “causa del hacinamiento” y que “meses atrás” -sin precisar una fecha exacta ni

Marta, desde septiembre de 2016.

6. Se dijo que, para esa época, se habría presentado una “epidemia de tuberculosis” por “causa del hacinamiento” y que “meses atrás” -sin precisar una fecha exacta ni aproximadael señor Cadena Aguilar le informó a la guardia y a las directivas del centro carcelario sobre sus constantes quebrantos de salud y “ los fuertes dolores que venía padeciendo” , pese a lo cual medió una negativa en suministrarle asistencia médica y/o trasladarlo a un centro asistencial.

7. El 8 de diciembre de 2017, Robinson Javier Cadena Aguilar falleció en la clínica “El Prado”, a la que había ingresado el 3 de diciembre de 2017, como consecuencia de una “meningitis tuberculosa”, lo que ocurrió por la falla en el servicio del Inpec, entidad que no le brindó una asistencia médica adecuada ni lo remitió de manera oportuna a un centro hospitalario para el tratamiento de su afección.

Trámite relevante en primera instancia

8. Mediante proveído del 30 de octubre de 2019 5, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda.

9. El Inpec 6, en su contestación de la demanda, sostuvo que, cuando Robinson Javier Cadena Aguilar lo requirió, le suministró asistencia médica en las instalaciones del centro carcelario, con personal capacitado; que, después, autorizó su traslado a un instituto neuropsiquiátrico y que de allí se le remitió a la clínica “ El Prado”, lugares en los que fue atendido por personal médico especializado.

10. Cuestionó el hecho de que no se vinculara a la Unidad de Servicios

Prado”, lugares en los que fue atendido por personal médico especializado.

10. Cuestionó el hecho de que no se vinculara a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -en adelante Uspec-, a la clínica “El Prado” y al instituto neuropsiquiátrico “Nuestra Señora del Carmen” -en adelante Insecar-, en la medida en que fueron “las entidades encargadas de la prestación de los servicios médicos

3 En el escrito inicial se solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagarles perjuicios materiales -en las modalidades de daño emergente y de lucro cesante - y morales. Ver demanda y escrito de subsanación. Folios 11 a 31 y folios 245 a 273 del doc umento denominado “ 01. 201900438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 4 Se precisa que los hechos aquí consignados -escuetosfueron los mismos que expuso la parte actora en su escrito inicial. 5 Folio 308 del documento “4_4_470012333000201900438011EXPEDIENTEDIGI 20230714143926.pdf” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai 6 Folios 322 a 324 del documento denominado “01. 2019 -00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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dentro de las instalaciones del penal y [las] clínicas externas donde se le dio atención al hoy fallecido”.

11. El Ministerio de Ju sticia y del Derecho 7 mencionó con la contestación de la demanda que no se le citó a la audiencia de conciliación extrajudicial como ente autónomo e independiente; además, advirtió que dentro de sus competencias no existía ninguna relacionada con la seguridad, instrucción y provisión de tratamientos médicos de personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios.

12. Propuso como medios exceptivos los denominados “ ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad”; “falta de legitimación en la causa por pasiva” e “inexistencia de falla en el servicio imputable”.

13. El 9 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena, vinculó de oficio como litisconsortes necesarios a la Uspec, la clínica “ El Prado” y a Insecar y ordenó que integraran el contradictorio -a pie de página las consideraciones pertinentes8-. El 10 de mayo siguiente 9, el a quo advirtió la solicitud del Inpec, referente a la vinculación de las entidades mencionadas y se remitió a lo resuelto el 9 de marzo de 2021; a la par, declaró no probada la excepción que alegó el Ministerio de Justicia y del Derecho, de “ inepta demanda por no cumplir el demandante con el requisito de procedibilidad". Tal determinación no fue objeto de recursos.

Ministerio de Justicia y del Derecho, de “ inepta demanda por no cumplir el demandante con el requisito de procedibilidad". Tal determinación no fue objeto de recursos.

14. La sociedad médica de Santa Marta S.A.S. como propietaria del establecimiento clínica “El Prado”10 explicó con la contestación de la demanda que Robinson Javier Cadena Aguilar llegó a esa institución el 3 de diciembre de 2017 y que, en atención a su complejo cuadro clínico, los médicos especialistas consideraron que, posiblemente, padecía un cuadro infeccioso por myconbacterium tuberculosis , patología que fue confirmada a través de un estudio de “LCR de aminasa (ADA)”.

7 Folios 361 y 365 del documento denominado “ 01. 2019 -00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 8 Decisión que obra a folios 374 y 375 del documento denominado “ 01. 2019-00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC ” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai, y que indica lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “[D]e los hechos y de las pruebas se desprende que dentro del caso del señor Robinson Javier Cadena Aguilar, no solo se atribuye responsabilidad al INPEC, sino al señalar como posible causa que desencadenó la muerte del interno, el hacinamiento, amén de las situaciones clínicas y psiquiátricas de aquel, se desprende que en este proceso deben comparecer como litisconsorte necesario la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario – Uspec, la clínica El Prado y el Instituto

psiquiátricas de aquel, se desprende que en este proceso deben comparecer como litisconsorte necesario la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario – Uspec, la clínica El Prado y el Instituto Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen – Insecar, pues no se puede resolver de fondo sin su comparecencia, por lo tanto, se ordenará vinculación de las referidas entidades como litisconsorte necesario (…). Téngase como litiscosorte necesario en el proceso de la referencia a la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario – Uspec, la clínica El prado y el Instituto Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen – Insecar”. 9 Folios 382 a 389 del documento denominado “ 01. 2019-00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 10 Folios 437 a 445 del documento denominado “ 01. 2019 -00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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15. Aseguró que brindó atención adecuada al paciente con personal capacitado, acorde con los protocolos establecidos, la práctica de los exámenes pertinentes y el tratamiento que correspondía.

16. Propuso las excepciones que denominó “ falta de legitimac ión en la causa material por pasiva ”; “ inexistencia de los elementos requeridos para acreditar la

el tratamiento que correspondía.

16. Propuso las excepciones que denominó “ falta de legitimac ión en la causa material por pasiva ”; “ inexistencia de los elementos requeridos para acreditar la responsabilidad de la Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S ”; “inexistencia del nexo causal entre el hecho generador del daño que se imputa y la actuación de l a Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S.” y “estimación irracional de perjuicios”.

17. El instituto neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen -Insecarno contestó la demanda11. La Uspec sí lo hizo, pero de forma extemporánea -así lo determinó el Tribunal Administrativo del Magdalena en la audiencia inicial que se celebró el 27 de julio de 202112-.

La sentencia de primera instancia

19. Mediante sentencia del 16 de febrero de 2022 13, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda. Las razones expuestas para

arribar a dicha conclusión fueron las siguientes:

20. Indicó que no resultaba necesario un análisis sobre la supuesta transmisibilidad de la tuberculosis en el sitio de reclusión, porque “nunca se confirmó la patología de meningitis tuberculosa”.

21. Agregó que no existían pruebas que permitieran corroborar la causa de muerte de la víctima directa y que los medios de convicción “ solo da[ban] cuenta que el familiar de los demandantes recibió la atención médica requerida para tratar [sus] complicaciones infecciosas (…), distintas a la meningitis tuberculosa”.

22. Determinó que el personal de la Uspec le suministró al señor Cadena Aguilar

familiar de los demandantes recibió la atención médica requerida para tratar [sus] complicaciones infecciosas (…), distintas a la meningitis tuberculosa”.

22. Determinó que el personal de la Uspec le suministró al señor Cadena Aguilar una atención médica oportuna y acorde con sus síntomas -a pie de página mayores precisiones-14.

11 Se observa que e l 15 de marzo de 2021, la Secretaría del Tribunal Administrativo le envió un mensaje de datos, con el asunto “NOTIFICACION EXPE 2019-00438—00”, a través del cual le indicó que le notificaba personalmente el proveído del 9 de marzo de 2021. Existe constancia de que el mensaje se entregó al correo electrónico “ ínsecar1561©hotmail.com”. Folios 377 y 378 del documento denominado “ 01. 2019 -00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC ” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 12 En los siguientes términos “ si bien es cierto se observa en la foliatura que la Uspec radicó contestación de la demanda, también lo es que dicho escrito o memoria l es extemporáneo, pues al paso que esta entidad fue notificada el 15 de marzo de 2021, los 30 días vencieron el 5 de mayo del año señalado y el escrito se radicó por buzón electrónico el 18 de junio de 2021 ”. Folio 454 del documento denominado “ 01. 2019 -00438 - RD - MARIA AGUILAR COLORADO VS INPEC ” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai 13 Documento denominado “ 08.SENTENCIAPRIMERA INSTANCIA – NOTIFICACIÓN” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.

expediente digital, que obra en índice 2 de Samai 13 Documento denominado “ 08.SENTENCIAPRIMERA INSTANCIA – NOTIFICACIÓN” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai. 14 Al respecto, el a quo indicó que: (i) hasta el 6 de octubre de 2017, se le practicaron los exámenes del caso para descartar la tuberculosis; (ii) el 21, 23 y 25 de noviembre de 2017 fue atendido en el servicio de urgencias y respondió a los tratamientos dados y (iii) finalmente, el 27 del mismo mes y año, se le remitió a Insecar.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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23. En relación con Insecar, advirtió que el señor Cadena Aguilar llegó a esa institución el 27 de noviembre de 2017 y que, en ese lugar se diagnosticó que padecía neumonía y “trastornos men tales y del comportamiento” por el uso de múltiples sustancias psicoactivas; para lo cual recibió tratamiento médico con apego a los protocolos de la lex artis. Agregó que, el 3 de diciembre siguiente, ese instituto lo remitió a un centro hospitalario de mayor complejidad, por considerar que era un paciente con mal pronóstico médico.

24. En cuanto a la atención que recibió a partir del 3 de diciembre de 2017 en la clínica “El Prado”, el a quo precisó que ante la neumonía presentada, el paciente

paciente con mal pronóstico médico.

24. En cuanto a la atención que recibió a partir del 3 de diciembre de 2017 en la clínica “El Prado”, el a quo precisó que ante la neumonía presentada, el paciente fue ingresado a la UCI, luego de lo cual se le practicaron exámenes que dieron cuenta, días después, de una meningitis; dijo que aunque el médico intensivista calificó esa patología como tuberculosa, lo cierto era que tal concepto lo había dado sin los resultados de los exámenes que ordenó el médico infectólogo.

25. A juicio del Tribunal, tal clínica “ no escatimó en la realización de exámenes y recurso humano especializado que participó en la atención del paciente en procura de obtener un diagnóstico certero y con ello la aplicación de la terapéutica adecuada”.

26. Para finalizar, concluyó que no era posible imputar responsabilidad al Inpec por retardo en la remisión del paciente a un “hospital de mayor complejidad”, porque la parte actora no probó negligencia en los actos médicos practicados al señor Cadena Aguilar, como, por ejemplo, un error en el diagnóstico o en el tratamiento, o en la prescripción de un medicamento contraindicado.

27. Decidió no condenar en costas, después de indicar que “ en el trámite del expediente no se concluye la causación de las costas y agencias en derecho, razón por la cual no se decretarán”.

El recurso de apelación

28. La parte actora15 apeló la sentencia de primera ins tancia, para lo cual aseguró que: i) la muerte de Robinson Javier Cadena Aguilar sí fue consecuencia de una

por la cual no se decretarán”.

El recurso de apelación

28. La parte actora15 apeló la sentencia de primera ins tancia, para lo cual aseguró que: i) la muerte de Robinson Javier Cadena Aguilar sí fue consecuencia de una meningitis tuberculosa, diagnosticada por el centro médico al que ingresó el 3 de diciembre de 2017, y ii) el Inpec incurrió en una falla en el serv icio porque desde que se detectó la “ infección” de la víctima transcurrieron “ 5 meses” sin que se le suministrara atención médica adecuada; el traslado del señor Cadena Aguilar a una institución neuropsiquiátrica, y no a una “ clínica de primer nivel ” const ituyó un “error”, adoptado por una persona que no tenía ningún tipo de “experiencia médica”; dijo, además, que la remisión a Insecar fue tardía y solo se presentó porque los familiares de la víctima radicaron una queja ante la Defensoría del Pueblo de Santa Marta, y que no estaba demostrado que el consumo de cocaína fue “la causa de la leucocitosis neutrofila” que padeció el paciente.

15 Documento denominado “09.RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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29. Para finalizar, iii) solicitó que se “ aplicara”, en esta instancia, la “ tesis” de la

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29. Para finalizar, iii) solicitó que se “ aplicara”, en esta instancia, la “ tesis” de la providencia dictada por la Sección Tercera de esta Corporación con radicado

38.635.

Trámite relevante en segunda instancia

30. En auto del 31 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación 16. El 27 octubre de 202317, la Subsección A decretó de oficio las siguientes pruebas: 1) copia íntegra de la historia clínica de las consultas ambulatorias y de urgencias de Robinson Javier Cadena Aguilar en el centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad Rodrigo de Basti das de Santa Marta y 2) un dictamen pericial, con la finalidad de que un médico infectólogo resolviera un cuestionario relacionado con la asistencia médica que se le suministró al recluso Robinson Javier Cadena Aguilar previo a su fallecimiento.

31. El 11 de enero de 2024, el Inpec allegó copia de la historia clínica de Robinson Javier Cadena 18. Posteriormente, el 16 de febrero siguiente 19 se allegó a este expediente el dictamen pericial rendido por el médico internista infectólogo Juan

Carlos Cataño Correa.

32. El 23 de enero de 2025 20, el magistrado ponente consideró necesario llevar a cabo la audiencia de la que trata el artículo 219 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 55 de la Ley 2080 de 2021, con la finalidad de que el médico Juan Carlos Cataño Correa absolviera algu nas dudas que surgían del contenido de la

por el artículo 55 de la Ley 2080 de 2021, con la finalidad de que el médico Juan Carlos Cataño Correa absolviera algu nas dudas que surgían del contenido de la prueba pericial y que resultaban relevantes de cara a que se profiriera sentencia de segunda instancia.

33. El 24 de febrero de 2025 21, se practicó la audiencia de contradicción del dictamen pericial; diligencia a la que asistió el perito y en la que fue interrogado acerca del contenido de la prueba técnica.

34. El 4 de abril de 202522 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. La parte actora23 insistió en los argumentos expuestos a lo largo del proceso, mientras que la Uspec24 indicó que había adelantado gestiones administrativas, logísticas y contractuales para el suministro de bienes y servicio s relacionados con la prestación del servicio

16 Documento denominado “ 24_24_470012333000201900438011AUTOQUEADMITE 20230801090805%20(1).pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 17 Índice 13 de Samai. 18 Índice 22 de Samai. 19 Documento denominado “66RECIBEMEMORIAL_DICTAMENPDF(.pdf) NroActua 40” que obra en el índice 40 de Samai. 20 Índice 43 de Samai. 21 Índice 59 de Samai. 22 Índice 62 de Samai. 23 Documento denominado “ 93_470012333000201900438012MemorialWeb2025429181133.pdf” que obra en el índice 67 de Samai. 24 Documento denominado “94_470012333000201900438012MemorialWeb202543019131.pdf” que

23 Documento denominado “ 93_470012333000201900438012MemorialWeb2025429181133.pdf” que obra en el índice 67 de Samai. 24 Documento denominado “94_470012333000201900438012MemorialWeb202543019131.pdf” que obra en el índice 68 de Samai.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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de salud a la población privada de la libertad. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, después de razonar que “ no exist[ían] pruebas que permit[ieran] enrostrar una responsabilidad administrativa a las demandadas ni a las vinculadas, por falla en el servicio médico asistencial, por cuanto las pruebas arrimadas sólo da[ban] cuenta que el familiar de los demandantes recibió la atención médica requerida para tratar las complicaciones infecciosas, distintas a la meningitis tuberculosa”25. Las demás entidades demandadas guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

35. La Sala procede a decidir la segunda instancia de la presente litis porque no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y después de evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y la legitimación en la causa por activa de los actores y por pasiva de las enti dades demandadas, excepto del Ministerio de Justicia y del

Derecho.

de conciliación extrajudicial y la legitimación en la causa por activa de los actores y por pasiva de las enti dades demandadas, excepto del Ministerio de Justicia y del Derecho.

36. Sobre esto último, se precisa que si bien en primera instancia no hubo un pronunciamiento expreso en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo cierto es que en el acáp ite denominado “ particularidades frente al modelo de atención en salud de las personas privadas de la libertad ”, el a quo determinó que “únicamente el Inpec y la Uspec (…) tenían la obligación de coordinar y articular sus funciones para garantizar la atención oportuna, continua e integral que requ[irieran] los reclusos”, con lo cual descartó que al ministerio le asistiera legitimación en esta causa; aspecto este que no fue mencionado en el recurso de apelación que aquí se analiza, por lo que quedó fijado con la decisión de primera instancia.

Problemas jurídicos a resolver

37. El Tribunal a quo negó las pretensiones de la parte actora, por considerar que no se probó cuál fue la causa de la muerte del señor Cadena Aguilar y que, en contraste, lo que sí se acreditó fue que ante los síntomas que presentó, el personal del centro carcelario, d e Insecar y de la clínica “ El Prado ”, le suministraron una atención oportuna y acorde con sus síntomas, sin que la parte actora demostrara que se incurrió en negligencia médica.

38. La Subsección resalta que “lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se

que se incurrió en negligencia médica.

38. La Subsección resalta que “lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se resuelve en la medida de los agravios expresados”26, dado que al juez de la segunda instancia le está vedado construir motivos de disenso, pues, si así lo hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la

25 Índice 70 de Samai. 26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, M.P: Ariel Salazar Ramírez, exp: 2013-02839-00.Radicación: 47001-23-33-000-2019-00438-01 (70.080) Demandante: María Elizabeth Aguilar Colorado y otros Demandado: Inpec y otros

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contraparte27. En ese escenario, es del caso precisar, desde ya, dos aspectos relevantes para delimitar el marco de competencia que le corresponde a esta Sala.

39. Primero; como se mencionó en los antecedentes, el Tribunal Administrativo, en el auto admisorio de la demanda, para integrar el contradictorio, vinculó de manera oficiosa al instituto neuropsiquiátrico “Nuestra Señora del Carmen” y a la clínica “El Prado”, al considerar que eran “ litisconsortes necesarios” -artículo 61 del Código General del Proceso -, responsabilidad que fue descartada en el fallo de primer grado, sin que la parte actora formulara reproches al respecto.

40. Los cuestionamientos del extrem o apelante se centraron, únicamente, en la

General del Proceso -, responsabilidad que fue descartada en el fallo de primer grado, sin que la parte actora formulara reproches al respecto.

40. Los cuestionamientos del extrem o apelante se centraron, únicamente, en la atención médica que se le suministró a la víctima al interior del centro carcelario, sin debatir la conclusión del a quo referente a que el tratamiento que se le proporcionó tanto en el instituto neuropsiquiátri co como en la clínica en mención fue adecuado y oportuno; por lo expuesto, tal determinación no será objeto de estudio por la Sala, en la medida en que quedó fijada con la decisión del a quo y no es susceptible de ser analizada de oficio28.

41. Segundo; a pesar de que en la demanda se mencionó en uno de sus hechos, que en el centro penitenciario y carcelario de mediana seguridad Rodrigo de Bastidas de Santa Marta -en el que se encontraba recluido Robinson Javier Cadena Aguilar-, había una “epidemia de tuberculosis ” por “ causa del hacinamiento ”, que era “conocida por las directivas del penal”, este aspecto no fue invocado por la parte actora para construir la falla del servicio del Inpec sobre la que edificó sus pretensiones indemnizatorias, pues en ningún aparte del escrito inicial -ni siquiera del recurso de apelacióncuestionó las circunstancias de modo en las que la víctima se contagió de tal enfermedad.

42. Lo que se le reprochó al Inpec desde la demanda, y se reiteró en sede de apelación, fue que no le suministró un servicio médico adecuado al señor Cadena Aguilar ni lo remitió de manera oportuna a un centro hospitalario una vez contrajo

apelación, fue que no le suministró un servicio médico adecuado al señor Cadena Aguilar ni lo remitió de manera oportuna a un centro hospitalario una vez contrajo

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, exp: 60.273, así como sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 52.413. 28 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 46.508. De esa providencia, se resaltan los siguientes fragmentos: “Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas excepciones, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia. Ello en garantía de los de rechos a la defensa, doble instancia y debido proceso que le asiste a los sujetos procesales”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia del 22 de enero de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp: 2017 -03156-00(REV). “En reiteradas oportunidades, esta Subsección ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la

considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar c

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