CE - Sentencia 47001233300020220002401

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Título
CE - Sentencia 47001233300020220002401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537)

Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol

Demandados: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo

sostenible y Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: OCUPACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE BIEN INMUEBLE / Acción procedente para discutir la titularidad de un bien y las pretensiones sobre las mejoras incorporadas a este - la reparación directa no es el medio procedente para determinar la titularidad de un bien cuya propiedad se encuentra en discusión ni para solicitar la restitución de esa calidad, así como tampoco para reclamar las mejoras incorporadas al predio, en tanto que para ello existen otros procedi mientos y acciones previstas en el ordenamiento jurídico.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 19 de julio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se solicitó que se declare la responsabilidad patrimonial de las demandadas, como consecuencia del supuesto despojo de un inmueble ubicado en el sector

Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se solicitó que se declare la responsabilidad patrimonial de las demandadas, como consecuencia del supuesto despojo de un inmueble ubicado en el sector de “ Bonito Gordo ”, en el Parque Nacional Natural Tayrona, así como de la destrucción de las edificaciones que estaban en éste, por lo que se pide la restitución de la propiedad y posesión del bien o, de forma subsidiaria, la indemnización de los perjuicios materiales, así como el daño moral causado por esos hechos.

ANTECEDENTES

La demanda

3. En escrito presentado el 31 de enero de 2022, la señora Rocío del Carmen Gómez Mármol (en adelante, la demandante, la accionante o la parte actora), por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo el ministerio), así como de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (nombrado como Parque Nacionales o, en conjunto con el mi nisterio, se denominarán como las entidades demandadas), con las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, con énfasis y posibles errores):Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 2 “PRIMERA PRETENSIÓN.- Ruego, por favor, a sus Dignidades, en nombre y

Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 2 “PRIMERA PRETENSIÓN.- Ruego, por favor, a sus Dignidades, en nombre y representación de mi anotada mandantedemandante, señora ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ MARMOL , demandar a la NACIÓN – MINISTERIO DEL

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, la parte demandada , para que repare integralmente de todos los perjuicios antijurídicos de toda naturaleza, acaecidos a la aquí demandante ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ MARMOL por los hechos adelantados por la susodicha demandada narrados en el capítulo correspondiente a la causa petendi fáctica y con estribo, además, en el ordenamiento jurídico de rigor. Es entendido, pues, que la aquí entidad pública demandada debe responder patrimonial y administrativamente a la aquí señora demandante por los aludidos perjuicios contrarios a derecho.

SEGUNDA PRETENSIÓN .- Como c onsecuencia inconcusa de la anterior declaración de la responsabilidad en cita, de darse conciliación referente a la responsabilidad en mención, se proceda a la Reparación Integral de parte de la convocada en favor de la señora ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ MARMO L, restituyéndose la propiedad y posesión material sobre los terrenos incautados (art 762 inc 2º del código civil) que tal convocante - ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ MARMOL, ostentaba hasta el momento de tal incautación en el sector

restituyéndose la propiedad y posesión material sobre los terrenos incautados (art 762 inc 2º del código civil) que tal convocante - ROCÍO DEL CARMEN GÓMEZ MARMOL, ostentaba hasta el momento de tal incautación en el sector de Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta, en una extensión superficiaria de aproximadamente 14 hectáreas, dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: El mar Caribe, en 54 metros; SUR: Cerros nacionales o reservas nacionales, que lo limita con Taganga en 183 metros; ESTE; terr eno cuya posesión fue de Tulio Garay, hoy de Francisco José Noguera Martínez , con 1.099 metros aproximadamente; OESTE: terreno poseído por Ignacio Hadechini y/o de herederos de Juan Manuel Noguera Aarón, en 1.087 mts. Este terreno de propiedad de mi manda nte ingresa a formar parte del parque Tayrona, mucho después de la posesión material de mi poderdante. La reparación integral implica la devolución del inmueble con sus mejoras

De no poderse llevar a cabo en tal forma, dado acatarse lo dispuesto en el artículo 63 constitucional y demás normativas pertinentes, procede la reparación integral, como sucedánea así:

I.- : Perjuicios Materiales:

a.- Daño Emergente: El valor del inmueble y las mejoras adelantadas en el mismo, consistentes en dos casas, por un valor aproximado de a los $20.000.000.000,oo (Veinte mil millones de pesos m/Cte.).

II.- Perjuicio Moral Subjetivo . - Cien (100) Salarios mínimos mensuales legales vigentes;

$20.000.000.000,oo (Veinte mil millones de pesos m/Cte.).

II.- Perjuicio Moral Subjetivo . - Cien (100) Salarios mínimos mensuales legales vigentes;

TERCERA PRETENSIÓN. - Sírvase, por favor, Reconózcaseme personería”1.

Los hechos

4. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se narraron los siguientes:

5. La señora Rocío del Carmen Gómez Mármol ejercía la posesión material de un inmueble en la región denominada “ Bonito Gordo”, antes del 2014, fecha en la que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T - 488 de 2014 decidió,

1 Índice electrónico No. 2 de SAMAI. Archivo No. 003. Se precisa que la demanda inicial fue inadmitida mediante auto del 24 de mayo de 2022 por la falta de precisión en relación con las condiciones de tiempo y modo en el que ocurrieron los hechos alegados como constitutivos del daño; así como para que precisara el acápite de pruebas, al anunciar algunas que no allegó y para que aclarara la estimación razonada de la cuantía -Archivo No.005-. Situaciones que subsanó la parte actora mediante escrito del 31 de mayo de 2022 -Archivo 006-.Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 3 según se indicó en la demanda, que los bienes sin titularidad real eran baldíos

Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 3 según se indicó en la demanda, que los bienes sin titularidad real eran baldíos y, por ende, de la Nación, cambiando así el paradigma jurisprudenci al que establecía que cuando éstos no tenían inscrito un propietario, se presumían privados.

6. De manera particular, se precisó que la accionante poseía el mencionado predio, con ocasión de la muerte de su cónyuge, el cual, a su vez, obtuvo esta calidad de su padre de crianza, sin que fuese necesario la acreditación de esta situación a través de una formalidad, como la escritura pública, según el precedente jurisprudencial que permite aportar cualquier medio de convicción, especialmente el testimonial. Se in dicó que esta sucesión respecto de la posesión inició antes de 1959.

7. Se afirmó que, entre octubre y noviembre de 2020, Parques Nacionales desalojó a los “ propietarios” de los inmuebles ubicados en el sector de “ Bonito gordo”, entre ellos a la accionante y, posteriormente, destruyó las edificaciones encontradas, las cuales fueron construidas por sus ancestros, sin tener en cuenta que éstas seguían los parámetros de desarrollo sostenible y no perjudicaban el medio ambiente. Lo anterior, con la excusa de rec uperar los predios y restituirlos a su estado original, presumiendo que eran baldíos que formaban parte del Parque Nacional Natural Tayrona y sin que se les notificara a los afectados acto administrativo alguno sobre este asunto, configurándose así, más qu e una operación administrativa, una vía de hecho con la que se

formaban parte del Parque Nacional Natural Tayrona y sin que se les notificara a los afectados acto administrativo alguno sobre este asunto, configurándose así, más qu e una operación administrativa, una vía de hecho con la que se trasgredieron los derechos de los perjudicados.

8. Así las cosas, según se señaló, resultaba evidente que la posesión del predio y sus mejoras se consolidaron mucho antes de catalogarlo como parte del Parque Nacional Natural Tayrona, en la medida en la que éste fue creado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, a través de la Resolución 191 del 31 de agosto de 1964, con una extensión inicial de 15.000 hectáreas, la cual aumentó significativamente a 225 km2, debido a varias decisiones adoptadas por las autoridades competentes, en el sentido de incorpor ar otras zonas del territorio en esta área de protección especial, entre las que se destacan la resolución No. 021 de 1975, expedida por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la

Reforma Agraria.

9. De otra parte, resulta importante resaltar que la demandante aclaró, explícitamente, que no cuestionaba la legalidad de la operación ni de los actos administrativos que contenían las decisiones sobre el inmueble respecto del cual ostentaba la posesión, dado que el centro de la imputación giraba en torno al daño especial, por considerar que existió una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, con ocasión de las afectaciones que tuvo que padecer como consecuencia de las actuaciones de las entidades demandadas.

Contestación de la demanda

10. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que no produjo los daños alegados por la parte actora, dado que los hechos enunciados en la

Contestación de la demanda

10. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que no produjo los daños alegados por la parte actora, dado que los hechos enunciados en la demanda escapaban de su competencia, que consiste en definir la política nacional ambiental y la promoción de la recuperación, conservación, protección,Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 4 ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en pro del desarrollo sostenible y para garantizar el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Por consiguiente, advirti ó que no podía asumir compromisos por fuera de lo que estrictamente le facultaba la ley, sin que fuese posible responder por las consecuencias jurídicas derivadas de una actuación endilgada a otra autoridad.

11. Asimismo, expuso que no se acreditaron los presupuestos para que se configurara la responsabilidad patrimonial a su cargo, dado que la accionante no estableció cuál fue la falla o la omisión en la que incurrió, no precisó el nexo entre la presunta falta y el acaecimiento de los daño s, y ni siquiera probó su ocurrencia, por lo que, consecuentemente, el despacho debía negar las pretensiones de la demanda.

12. Por lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; así como la ausencia de daño ocasionado a lo s demandantes y la

pretensiones de la demanda.

12. Por lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; así como la ausencia de daño ocasionado a lo s demandantes y la inexistencia de responsabilidad por parte de ese ministerio, al no acreditarse el nexo causal. En relación con el daño moral alegado por la actora, señaló que tampoco se probó que este fuese cierto, directo y personal, tal como lo exige la jurisprudencia2.

13. Por su parte, Parques Nacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que la entidad no causó daño alguno ante la inexistencia del derecho de propiedad sobre el bien objeto de la demanda, al tratarse de un baldío que, por su naturaleza, es inalienable, adjudicable, imprescriptible e inembargable, sin que fuese posible la consolidación de un derecho por el simple paso del tiempo.

14. En cuanto a los perjuicios reclamados, advirtió que no se allegó prueba alguna sobre éstos, por lo que la suma de dinero reclamada no tenía fundamento en la demostración de los daños que afirmó padecer la accionante. Lo anterior, aunado al hecho de que no se demostró una actuación u omisión de su parte, que pudiera ser catalogada com o ilícita y que fuera causante de la afectación alegada.

15. Frente a las construcciones mencionadas en la demanda, las catalogó como ilegales, debido a que fueron realizadas en un bien baldío y en un área en la que se encontraban prohibidas, más aún cuando no se aportaron permisos ambientales que avalaran esas edificaciones. También objetó la estimación razonada de las pretensiones al considerar que la demandante no cumplió con

que se encontraban prohibidas, más aún cuando no se aportaron permisos ambientales que avalaran esas edificaciones. También objetó la estimación razonada de las pretensiones al considerar que la demandante no cumplió con la carga argumentativa mínima para sustentar ese monto, dado que no aportó un soporte contable o cálculo que permitiera deducir que el perjuicio causado ascendía a la suma de $ 20.000’000.000.

16. Finalmente, a título de excepciones, planteó las siguientes: i. caducidad de la acción, al precisar que el término para establecer la oportunidad de presentación de la demanda debía contarse a partir del conocimiento del acto administrativo que declaró el Parque Tayrona como área protegida; ii. inexistencia de la fecha

2 Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 011.Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 5 generadora del daño y del perjuicio reclamado, lo cual no fue precisado en la demanda; iii. Inexistencia del derecho de dominio por parte de la demandante, al advertir que en el área de “Bonito Gordo”, ubicada en el Parque Tayrona, no es posible que se configure propiedad en cabeza de ningún particular, dado que desde 1959 se encuentra prohibida la adjudicación de baldíos y venta de tierras en los Parques Nacionales Naturales; iv. Carencia de responsabilidad del Estado, dado que el daño alegado no reviste el carácter de antijurídico, en tanto

desde 1959 se encuentra prohibida la adjudicación de baldíos y venta de tierras en los Parques Nacionales Naturales; iv. Carencia de responsabilidad del Estado, dado que el daño alegado no reviste el carácter de antijurídico, en tanto que la parte actora desconoció las normas que rigen el Sistema de Parques Nacionales Naturales; v. Culpa o hecho exclusivo de la víctima, al hacer construcciones en lugares prohibidos y; vi. Aplicación del principio general del derecho “nadie puede obtener provecho de su propia culpa”3.

Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 19 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

18. Para llegar a esa conclusión, en primer lugar, el a quo delimitó el estudio del caso al régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de daño especial, el cual consideró como el procedente debido a que la afectación alegada se derivó de la ocupación de un inmueble respecto del cual la accionante afirmó ser poseedora.

19. Posteriormente, el tribunal de primera instancia analizó la existencia del daño antijurídico, como presupuesto para establecer la responsabilidad del Estado por los hechos endilgados a las entidades demandadas, por lo que preci só que, según la demanda, este consistió en una supuesta merma patrimonial que sufrió la señora Gómez Mármol a causa del desalojo y demolición del bien inmueble denominado “Bonito Gordo”, ubicado en el Parque Tayrona, en hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2020.

20. Al respecto, expuso que, revisados los elementos probatorios que obran en el

denominado “Bonito Gordo”, ubicado en el Parque Tayrona, en hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2020.

20. Al respecto, expuso que, revisados los elementos probatorios que obran en el expediente, no era posible establecer la existencia de un daño antijurídico cierto y determinable, dado que ni siquiera se demostró la ocurrencia del hecho considerado como dañoso , es decir, el supuesto desalojo y la demolición del inmueble respecto del cual la demandante alegó ostentar la posesión.

21. Frente al dictamen pericial presentado por la parte actora, el a quo indicó que si bien este daba cuenta de la extensión del lote de terreno objeto de estudio y de la existencia de una construcción con mejoras de más de 30 años, del cual se afirmó que la accionante era la poseedora, lo cierto es que ese no era el medio probatorio idóneo para acreditar la posesión de un bien inmueble, en tanto que, según el artículo 226 del CGP, la finalidad de la prueba pericial era la de verificar hechos que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos y, además, porque el dictamen no fue acompañado de soportes que sirvieran de fundamento de las afirmaciones que contenía, por cuanto se basó en lo manifestado por la demandante.

3 Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 013.Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 6

Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

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22. En similar sentido, el Tribunal resaltó que, en la audiencia de contradicción del dictamen, el perito presentó conclusiones diferentes con las previament e anunciadas en el documento que se allegó junto con la demanda, toda vez que afirmó que el avalúo se realizó con posterioridad al desalojo y demolición del inmueble, pero en el dictamen aportado incluyó fotografías en las cuales se advertía la presencia d e una construcción, que indicó que se encontraba en regular estado de conservación, con todos los accesorios y muebles completos y que estaba ocupada por la actora.

23. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones extrajuicio rendidas por los señores Leonor Gómez Hernández y Pedro José Díaz González, la Sala determinó que, además de ser completamente idénticas, no daban mayores luces sobre la fecha de ocurrencia de los hechos objeto de debate.

24. El tribunal de primera instancia también planteó que, en gracia de discusión, si se aceptara la existencia del daño, tampoco obraban medios de prueba respecto de la imputación en cabeza de las accionadas, dado que, en el interrogatorio de parte practicado, la demandante manifestó conocer de la afectación del predio objeto de la controversia por la prensa y lo dicho por sus vecinos, sin acreditar esas afirmaciones con otros elementos probatorios.

25. Por otra parte, el a quo reprochó el hecho de que la parte actora adoptara una actitud completamente omisiva, dado que ni siq uiera precisó la fecha en la que

esas afirmaciones con otros elementos probatorios.

25. Por otra parte, el a quo reprochó el hecho de que la parte actora adoptara una actitud completamente omisiva, dado que ni siq uiera precisó la fecha en la que ocurrió el hecho que consideró como causante del daño alegado, al punto de que dejó el proceso en absoluta orfandad probatoria, desconociendo con ello la carga que tenía de acreditar los hechos que le interesaban para suste ntar sus pretensiones.

26. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena decidió abstenerse de condenar en costas a la demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, al no encontrar irregularidades en la conducta desplegada por la parte demandante, no sin antes reconocer que existe disparidad de criterios en la aplicación de esta norma por parte del Consejo de Estado4.

Recurso de apelación

27. La accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró lo expuesto en la demanda en relación con que la posesión que ostentaba era anterior a la declaratoria del bien como parte del Parque Nacional Natural Tayrona, por lo que afirmó que sobre ese predio se había consolidado un derecho adquirido, lo que permitía presumir la propiedad del bien, la cual no fue desvirtuada por las entidades demandadas.

28. Adicionalmente, expuso que las declaraciones allegadas junto con la demanda no podían ser consideradas como pruebas sumarias, por cuanto el CGP establece que los testimonios trasladados o extraprocesales sin citación de la contraparte, aportados al plenari o oportunamente, constituyen plena prueba y,

no podían ser consideradas como pruebas sumarias, por cuanto el CGP establece que los testimonios trasladados o extraprocesales sin citación de la contraparte, aportados al plenari o oportunamente, constituyen plena prueba y, en el caso particular, no se solicitó que éstos se ratificaran, por lo que se debía

4 Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 41.Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 7 concluir que eran conducentes, pertinentes y útiles para acreditar la posesión alegada, dado que lo dicho en ese momento por los declarantes frente al tiempo y la forma en que se ejerció el uso del bien objeto de cuestionamiento les constaba, de lo cual también daba cuenta el dictamen pericial allegado.

29. Indicó que no compartía que los medios de prueba aportados eran insuficientes, tal como lo expuso el a quo, en tanto que estaba demostrada la posesión y su antigüedad, así como las mejoras, su valor y que la destrucción la realizó la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, la cual lo confesó, pero, en todo caso, le correspondía al tribunal declarar las pruebas de oficio que considerara necesarias para esclarecer los asuntos indefinidos en la controversia o aplicar el principio de la car ga dinámica de la prueba, con el fin de determinar en qué momento y en virtud de qué acto se declaró que el predio de interés empezaba a formar parte de un parque nacional natural, como

controversia o aplicar el principio de la car ga dinámica de la prueba, con el fin de determinar en qué momento y en virtud de qué acto se declaró que el predio de interés empezaba a formar parte de un parque nacional natural, como tampoco se indagó el motivo por el que se omitió notificar el lanzamie nto del inmueble y la destrucción de las mejoras construidas en este, ni se ahondó en el estudio del tiempo de construcción de las edificaciones demolidas, lo que produjo que se profiriera la sentencia de primera instancia que consideró como confiscatoria5.

Trámite relevante en segunda instancia

30. Mediante providencia del 17 de septiembre de 2024, se admitió el recurso de apelación presentado por la demandante6.

31. El 4 de octubre de 2024 el Ministerio Público emitió concepto, en el sentido de solicitar que se confirmara la sentencia de primera instancia, al considerar que no fue posible probar la existencia del daño antijurídico alegado, toda vez que no se acreditó la ocurrencia del desalojo y de la demolición del bien inmueble objeto de la controversia, además, coincidió con el tribunal al advertir que un dictamen pericial no era el medio adecuado como prueba de la posesión y resaltó las incongruencias presentadas en el informe que remitió el arquitecto que desarrolló el avalúo, debido a que ningún momento se refirió a las supuestas estructuras demolidas, con lo cual, según se afirmó, se afectó la credibilidad del perito y, por ende, la validez de la prueba en relac ión con el objeto de su realización.

32. En relación con las declaraciones extraprocesales, expuso que, si bien se

perito y, por ende, la validez de la prueba en relac ión con el objeto de su realización.

32. En relación con las declaraciones extraprocesales, expuso que, si bien se suponía que estas se allegaron para acreditar los presuntos perjuicios ocasionados a la demandante, lo cierto era que de su contenido no se pod ía establecer el daño con certeza, ante la imprecisión respecto de la fecha en la que ocurrieron los hechos y por la falta de identificación clara de sus autores, lo que impedía establecer la imputación en cabeza de las accionadas.

33. Adicionalmente, indicó que no pudo existir el daño patrimonial a la propiedad endilgado, en tanto que el bien objeto de la discusión es un terreno baldío y éstos, de conformidad con la Constitución y la ley, le pertenecen a la Nación y, por tanto, son inalienables, imprescriptib les e inembargables, por lo que no

5 Índice electrónico No. 002 de SAMAI. Archivo No. 43. 6 Índice electrónico No. 04 de SAMAI.Radicación: 44001-23-33-000-2022-00024-01 (71.537) Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) 8 pueden ser objeto de apropiación privada, lo que desvirtúa que se haya configurado una afectación producto de la ocupación del bien, lo cual se refuerza con el hecho de que el predio se encontraba en un área declarada como parque nacional, es decir, un espacio protegido de forma especial, respecto del cual no está permitida su adjudicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 2 de

con el hecho de que el predio se encontraba en un área declarada como parque nacional, es decir, un espacio protegido de forma especial, respecto del cual no está permitida su adjudicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 2 de 1959 y el Decreto 2811 de 1974, y, en todo caso, aseguró que el actuar de las entidades demandadas se consideraría legítimo, según el marco de sus competencias y funciones, ya que desplegaron medidas en pro del interés general7.

CONSIDERACIONES

34. En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la co ntroversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa 8, como en el caso que es objeto de análisis, en la medida en que, de manera previa, resulta importante precisar la procedencia de la acción de reparación directa en relación con las pretensiones formuladas por la accionante.

35. En ese orden de ideas, la Subsección abordará los siguientes asuntos: (i) el alcance de las pretensiones de restitución de la propiedad y la posesión del bien y la acción prevista en el ordenamiento jurídico para tramitar esas peticiones; (ii) el estudio sobre las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de las mejoras y los mecanismos jurídicos para tramitar esas reclamaciones; (iii) la condena en costas y; (iv) conclusiones.

Sobre las pretensiones de restitución de la propiedad y la posesión del bien

36. Al respecto, resulta importante destacar que la demandante pretendió, entre

condena en costas y; (iv) conclusiones.

Sobre las pretensiones de restitución de la propiedad y la posesión del bien

36. Al respecto, resulta importante destacar que la demandante pretendió, entre otras, la reparación integral por los perjuicios sufridos producto de la intervención de las autoridades ambientales en el bien ubicado en el sector de “Bonito Gordo”, materializada en la restitución de la “ propiedad” y la posesión material de los terrenos incautados, así como de sus mejoras. También se debe destacar que, en la demanda, la actora reconoció que el bien “ingresó a formar parte del parque

Tayrona”.

37. Se resalta que tanto en el escrito inicial como en el recurso de apelación se confunde el alcance de la condición de poseedora de la accionante, al sugerir que como ésta ostentaba esa calidad desde antes de la declaratoria del bien

7 Índice electrónico No. 11 de SAMAI. 8 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, consideró: “ Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen part e de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean neces arias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la

aquellas cuestiones que sean neces arias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Bet

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