CE - Sentencia 54001233100020100012801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 54001233100020100012801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandante: Inversiones Dumian E.U. y otro Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Está instituida para la resolución de los conflictos surgidos en torno al alcance de los derechos y obligaciones emanadas del contrato, que pueden tener origen tanto en el contrato mismo, como en los hechos de su ej ecución y en los actos que dicte la administración y que en alguna forma afecten la relación negocial . / LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA Y FUERZA MAYOR – En principio, la imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de un contrato, como consecuencia de la supresión y liquidación de la entidad pública contratante, constituye un evento de fuerza mayor que, salvo pacto en contrario, libera a sus partes de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, impide acceder a la indemnización de perjuicios.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones.
La controversia se refiere a los daños presuntamente causados por la terminación
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones.
La controversia se refiere a los daños presuntamente causados por la terminación unilateral y anticipada de un contrato, derivada del proceso de liquidación forzosa al que fue sometida la ESE contratante.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 6 de noviembre de 20201, en la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada el 22 de abril de 2010 2 por Inversiones Dumian E.U. y Comercializadora Duarquint LTDA. (la parte actora o los demandantes), integrantes de la Unión Temporal Servimagen (la UT), en contra del
1 Cuaderno segunda instancia, folios 523 a 557. 2 Cuaderno principal, folios 4 a 39.Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales
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Ministerio de Salud y Protección Social (la entidad demandada), cuyos fundamentos de hecho y pretensiones se describen a continuación.
La demanda, sus fundamentos y pretensiones
2. El 4 de agosto de 2006 la E.S.E. Francisco de Paula Santander (la ESE) y la UT, suscribieron el contrato de asociación 075806 (el contrato), con el objeto de que la segunda adecuara la infraestructura del espacio destinado al Centro de
UT, suscribieron el contrato de asociación 075806 (el contrato), con el objeto de que la segunda adecuara la infraestructura del espacio destinado al Centro de Imágenes Diagnósticas (CID), realizara las obras físicas necesarias para su funcionamiento, obtuviera de la Secretaría de Salud la correspondiente habilitación, explotara el CID con total autonomía, celebrara convenios para la atención de pacientes de forma integral, facturara los servicios y , al vencimiento del contrato, transfiriera las obras físicas a la ESE.
3. En el contrato se pactó que la UT pagaría a la ESE un canon mensual de $2’000.000 por un área utilizable de 144 metros cuadrados, más $12.330 por cada metro cuadrado adicional que requiriera; la participación de la ESE como asociada en la explotación del CID sería del 10% de la facturación neta; se pactó un plazo de ejecución contractual de cinco (5) años contados a partir del día de inicio de su operación, lo cual se dejaría consignado en un acta suscrita por las partes.
4. Los demandantes realizaron las adecuaciones y dotaciones necesarias para el funcionamiento del CID, iniciando operaciones el 1 de enero de 2007, por lo que el plazo inicialmente previsto finalizaba el 31 de diciembre de 2011.
5. Mediante el Decreto 810 de 20083 se suprimió la ESE.
6. La supresión de la ESE no implicaba la terminación de los contratos que se encontraran ejecutando, pues el artículo 29 del Decreto 254 de 2000 4 contempló que éstos debían ser cedidos o traspasados para evitar perjuicios a los cocontratantes.
encontraran ejecutando, pues el artículo 29 del Decreto 254 de 2000 4 contempló que éstos debían ser cedidos o traspasados para evitar perjuicios a los cocontratantes.
7. Mediante oficio 0134 del 1 de abril de 2008, el liquidador de la ESE informó a la UT que había ordenado la terminación del contrato, fijando un plazo de quince (15) días hábiles para la entrega material y definitiva de las instalaciones.
8. Con el oficio LIQ-1402 del 8 de junio de 2008, el liquidador concedió a la UT hasta el día 19 de ese mes y año, como último plazo para la entrega de los espacios ocupados, y el 17 de julio de 2008 (oficio LIQ-2154), informó que dio instrucciones para que a partir de esa fecha se prohibiera la entrada de pacientes, equipos, insumos y medicamentos al área que la UT estaba ocupando.
3 “Por el cual se suprime la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander y se ordena su liquidación”, proferido por el Gobierno Nacional. 4 Decreto-ley "Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional".Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales
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9. El 5 de agosto de 2008 representantes del liquidador desalojaron a la UT del área donde funcionaba el CID, reteniendo los equipos y el mobiliario con los que se había dotado, motivo por el cual , la parte actora acudió al proceso de liquidación
9. El 5 de agosto de 2008 representantes del liquidador desalojaron a la UT del área donde funcionaba el CID, reteniendo los equipos y el mobiliario con los que se había dotado, motivo por el cual , la parte actora acudió al proceso de liquidación reclamando el reconocimiento de perjuicios, los cuales fueron rechazados por el liquidador.
10. El acto administrativo por el cual se decretó la terminación unilateral del contrato no fue notificado a la UT, y sin motivación se omitió reconocer la indemnización de los perjuicios por concepto de lucro cesante. En virtud de lo anterior y como pretensión principal, los demandantes solicitaron declarar la nulidad de ese acto.
11. De manera subsidiaria, solicitaron declarar que la terminación unilateral y anticipada del contrato causó un daño a los demandantes, y condenar a la entidad demandada como sucesora de la extinguida ESE, a indemnizar los perjuicios por concepto de lucro cesante tasados pericialmente en el proceso, o subsidiariamente, aquellos que resultaren probados, particularmente, los representados en: (i) el valor de las mejoras y adecuaciones que se realizaron en ejecución del contrato; (ii) la imposibilidad de utilizar los equipos, muebles, insumos y medicamentos desde el 5 de agosto de 2008, fecha en que la UT fue desalojada del CID, hasta el día de vencimiento del plazo estipulado en el contrato, y liquidar judicialmente el acuerdo, incluyendo el monto de la indemnización reconocida en la sentencia a favor de la
UT5.
5 Los actores solicitaron: “PRIMERA: Que es nulo el Oficio N. 0134 de fecha 1 ° de abril de 2008, por el cual la
incluyendo el monto de la indemnización reconocida en la sentencia a favor de la UT5.
5 Los actores solicitaron: “PRIMERA: Que es nulo el Oficio N. 0134 de fecha 1 ° de abril de 2008, por el cual la Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN decretó la terminación del Contrato de Asociación N.º 0758-06 de fecha 4 de agosto de 2006, celebrado con la empresa UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN y cuyo objeto fue la puesta en funcionamiento y operación, con total autonomía por la UNIÓN TEMPORAL, del Centro de Imágenes Diagnósticas (CID) en la Unidad Hospitalaria Cúcuta. SEGUNDA: Que, en caso de haber existido, es nulo el Oficio del 15 de marzo de 2008, mediante el cual la Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN decretó unilateralmente la terminación del Contrato (…). EN SUBSIDIO DE LA ANTERIOR: Que, en caso de haber existido, el acto administrativo contenido en el Oficio del 15 de marzo de 2008 no produjo efecto alguno, por no haber sido notificado personalmente a las integrantes de la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN, ni habérseles indicado a estas cuál era el recurso gubernativo procedente. EN SUBSIDIO DE LAS DOS PRIMERAS PRETENSIONES PRINCIPALES: Que el Contrato (…) terminó el 1 ° de abril de 2008 por decisión unilateral de la Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN, motivada en las condiciones particulares en que, a su juicio, debía prestarse el servicio de salud en la Unidad Hospitalaria
la Apoderada del Liquidador de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN, motivada en las condiciones particulares en que, a su juicio, debía prestarse el servicio de salud en la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta durante la liquidación de LA EMPRESA. TERCERA: Que la terminación unilateral y anticipada del Contrato (…) decretada por el Agente del Presidente de la República para la liquidación de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y representante legal de ésta, causó a la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN un daño antijurídico. CUARTA: Que LA NACIÓN es responsable de las deudas insolutas de su liquidada ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. QUINTA: Que se condene a LA NACIÓN, como sucesora de su extinguida ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, a indemnizar a INVERSIONES DUMIAN E.U. y a COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA. (…) los perjuicios infligidos con la terminación unilateral y anticipada del Contrato de Asociación N.º 075806 del 4 de agosto de 2006, y en especial el valor del lucro cesante tasado pericialmente en el proceso y actualizado hasta la fecha de la sentencia según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). EN SUBSIDIO DE LA ANTERIOR: Que se condene a LA NACIÓN, como sucesora de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN, a pagar a INVERSIONES DUMIAN E.U. y a COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA. el valor de los perjuicios probados en el proceso.
EN SUBSIDIO DE LAS ANTERIORES: Que se condene a LA NACIÓN, como sucesora de la ESE FRANCISCO
DUMIAN E.U. y a COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA. el valor de los perjuicios probados en el proceso.
EN SUBSIDIO DE LAS ANTERIORES: Que se condene a LA NACIÓN, como sucesora de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN a pagar a INVERSIONES DUMIAN E.U. y a COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA.: a) El valor de las mejoras y adecuaciones que realizaron en ejecución del contrato en el Centro de Imágenes Diagnósticas de la Clínica Cúcuta, actualizado hasta la fecha de la sentencia; b) El lucro cesante que sufrieron por la imposibilidad de utilizar sus equipos, muebles, insumosRadicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales
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Contestación de la demanda
12. La demandada y la Fiduciaria Popular S.A. (Fidupopular) , vinculada como tercero interesado6, contestaron la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.
13. La entidad7 afirmó que: (i) no hizo parte del contrato, como tampoco tuvo a su cargo el proceso liquidatorio de la ESE, ni es sucesora o subrogataria de ésta; (ii) la orden de liquidación de la ESE constituyó una causal de fuerza mayor; (iii) la demanda fue presentada después de configurada la caducidad, por cuanto el acto que terminó unilateralmente el contrato fue proferido el 1 de abril de 2008, mientras
orden de liquidación de la ESE constituyó una causal de fuerza mayor; (iii) la demanda fue presentada después de configurada la caducidad, por cuanto el acto que terminó unilateralmente el contrato fue proferido el 1 de abril de 2008, mientras que la demanda se presentó el 22 de abril de 2010, esto es, vencido el término de dos (2) años que confiere la norma para instaurar la acción contractual; y , (iv) la demanda no debió tramitarse como una acción de controversias contractuales, sino como una nulidad y restablecimiento del derecho.
14. Fidupopular8 solicitó negar las pretensiones de la demanda por cuanto: (i) la demanda se presentó después de haberse configurado la caducidad de la acción;
(ii) la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que es la llamada a ejercerse contra las actuaciones del liquidador; (iii) no es viable el estudio de las mismas pretensiones de reconocimiento que fueron negadas en el trámite liquidatorio; (iv) la terminación del contrato se dio en cumplimiento de un deber legal y en desarrollo de facultades legales especiales otorgadas al liquidador, por lo que no se produjo por aplicación de las facultades exorbitantes de la Ley 80 de 1993, resultando improcedente la indemnización de perjuicios en los términos de su artículo 14; (v) la orden de supresión, disolución y liquidación de la ESE , constituyó una fuerza mayor que causó la terminación anticipada del negocio; y (vi) el Tribunal carecía de competencia para dirimir el conflicto propuesto, al haberse pactado una cláusula compromisoria en el contrato.
15. La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria) y la Fiduciaria La
carecía de competencia para dirimir el conflicto propuesto, al haberse pactado una cláusula compromisoria en el contrato.
15. La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria) y la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), también vinculadas el proceso como terceros interesados, allegaron contestación de la demanda de forma extemporánea.
y medicamentos desde el 5 de agosto de 2008, fecha en que la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN fue desalojada del Centro de Imágenes Diagnósticas, hasta el día de vencimiento del plazo estipulado para el Contrato de Asociación. SEXTA: Que, por no haberla efectuado la entidad contratante (…) se practique (…) la liquidación del Contrato (…) incluyendo en ésta el monto de la indemnización reconocida en la sentencia a favor de la UNIÓN TEMPORAL SERVIMAGEN, y a favor de LA EMPRESA única y exclusivamente la compensación causada por el uso del área desde el 1 de abril hasta el 5 de agosto de 2008, día en que la UNIÓN TEMPORAL fue desalojada del Centro de Imágenes Diagnósticas”. 6 Junto con La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A. y la Fiduciaria La PrevisoraFiduprevisora S.A., como integrantes del consorcio liquidador de la ESE. 7 Cuaderno principal, folios 84 a 112. 8 Cuaderno 2, folios 358 a 377.Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
Acción: Controversias contractuales
Demandantes: Inversiones Dumian E.U. y otro
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social
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Alegatos en primera instancia
16. Agotado el periodo probatorio9, la entidad demandada10 y Fiduciaria Popular S.A.11 reiteraron lo expuesto en sus contestaciones.
17. La parte actora reafirmó lo expuesto en la demanda12, agregando que: (i) no procedía la excepción de fuerza mayor, pues las deudas de las entidades nacionales una vez culminada la liquidación, es causa y fundamento legal de responsabilidad del Estado; (ii) no se configuró la caducidad de la acción, debido a que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término; y, (iii) la acción contractual s í era procedente, por cuanto se solicitó la nulidad de actos contractuales, en este caso, los que terminaron unilateralmente el negocio jurídico.
18. Fiduagraria, Fiduprevisora y el Ministerio Público, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia
19. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 13. Negó las excepciones propuestas por la entidad demandada y Fidupopular, relativas a: caducidad de la acción; falta de legitimación en la causa por pasiva; falta de competencia por la existencia de una cláusula compromisoria; inepta demanda por indebida escogencia de la acción; e inviabilidad de conocer en sede judicial los reclamos presentados en el proceso de liquidación forzosa. Liquidó judicialmente el contrato, c on un saldo a favor de la parte actora y en contra de la entidad
indebida escogencia de la acción; e inviabilidad de conocer en sede judicial los reclamos presentados en el proceso de liquidación forzosa. Liquidó judicialmente el contrato, c on un saldo a favor de la parte actora y en contra de la entidad demandada de $83’ 203.275,64 por concepto de lucro cesante y negó las demás pretensiones de la demanda.
9 En auto del 24 de abril de 2014, se decretaron como medios de prueba las documentales aportadas por las partes, se ordenó oficiar al Ministerio de Salud y Protección Social para que allegara documentación relacionada con el proceso de liquidación de la ESE y se decretó el interrogatorio del representante de la UT. 10 Cuaderno 2, folios 436 a 441. 11 Cuaderno 2, folios 456 a 469. 12 Cuaderno 2, folios 443 a 455. 13 PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del proceso de la referencia, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. CSJNS-17-070 del 15 de febrero de 2017 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura de Norte de Santander. SEGUNDO: NEGAR las excepciones propuestas por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social. Así como, la Fiduciaria Popular S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Asociación No. 0758 de 2006 suscrito entre la Unión Temporal SERVIMAGEN conformada por (Inversiones Dumian E.U. y la Comercializadora Duarquint Ltda.) y la ESE Francisco de Paula Santander Liquidada, teniendo en cuent a lo expuesto en precedencia.
Unión Temporal SERVIMAGEN conformada por (Inversiones Dumian E.U. y la Comercializadora Duarquint Ltda.) y la ESE Francisco de Paula Santander Liquidada, teniendo en cuent a lo expuesto en precedencia.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social a reconocer y pagar a favor de Inversiones Dumian E.U. y la Comercializadora Duarquint Ltda., quienes conforman La Unión Temporal SERVIMAGEN por concepto de l ucro cesante el valor OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CUATRO CENTAVOS ($ 83.203.275,64), suma que deberá actualizarse a la fecha de ejecutoria de la sentencia. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: RECONOCER personaría jurídica a la Doctora ROCÍO BALLESTEROS PINZÓN como Apoderada del Ministerio de Salud y de la Protección Social. SÉPTIMO: A la presente sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
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20. Como fundamento de la decisión, expuso que la entidad demandada está legitimada en la causa por pasiva en este caso, toda vez que , a la terminación del contrato de fiducia mercantil mediante el cual se constituyó el patrimonio autónomo
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20. Como fundamento de la decisión, expuso que la entidad demandada está legitimada en la causa por pasiva en este caso, toda vez que , a la terminación del contrato de fiducia mercantil mediante el cual se constituyó el patrimonio autónomo de remanentes de la liquidación de la ESE, corresponde a esa cartera ministerial satisfacer los pagos que en un principio debió realizar el consorcio liquidador de la
ESE.
21. Indicó que no todos los asuntos se pueden someter a la decisión de los árbitros, como la legalidad de los actos administrativos, asunto que es de conocimiento del juez contencioso administrativo. Como en el caso objeto de estudio lo pretendido es que se declare la nulidad de un acto por medio del cual la administración terminó unilateralmente un contrato, pese a contener éste una cláusula compromisoria, solo es susceptible de control por parte de esta jurisdicción.
22. Además, el acto acusado fue proferido por el liquidador con ocasión del negocio jurídico cuya terminación unilateral se dispuso, razón por la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 87 del CCA -modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, vigente para la fecha en la cual se presentó la demanda-, la acción procedente para adelantar el juicio de legalidad es la de controversias contractuales.
23. Determinó que los hechos y las pretensiones de la demanda se fundamentaron en el oficio del 15 de marzo de 2008, momento a partir del cual debe computarse el término de dos (2) años para su radicación, el cual vencía inicialmente el 16 de marzo de 2010. La parte demandante presentó solicitud de
fundamentaron en el oficio del 15 de marzo de 2008, momento a partir del cual debe computarse el término de dos (2) años para su radicación, el cual vencía inicialmente el 16 de marzo de 2010. La parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2010, la cual fue declarada fallida el 24 de marzo de 2010, es decir, que se interrumpió el término durante 36 días, razón por la que la demanda instaurada el 22 de abril de 2010 fue oportuna.
24. Aunque el liquidador de la ESE no notificó personalmente los oficios del 15 de marzo de 2009 y del 1 de abril de 2008, lo cierto es que los actores sí tenían conocimiento de ellos, teniendo en cuenta que actuaron dentro del proceso liquidatorio solicitando daño emergente y lucro cesante con ocasión de la terminación unilateral del contrato, individualizaron en la demanda los actos administrativos y fundamentaron las pretensiones en los mismos. Por otra parte, el hecho de que los demandantes hayan reclamado el resarcimiento de perjuicios en el proceso liquidatorio no impide que por vía judicial se resuelva este asunto, pues se trata de dos procesos distintos.
25. Para el a quo, la expedición del Decreto 810 del 14 de marzo de 2008, que ordenó la supresión de la ESE, fue una situación sobreviniente al contrato que impidió seguir ejecutando su objeto, por lo que constituyó un motivo justificado y razonable para darlo por terminado. Además, el artículo 29 del Decreto 254 de 2000 establece que los contratos de la entidad liquidada se pueden terminar, ceder o traspasar, lo cual es facultativo; sin embargo, el liquidador optó por terminar el
razonable para darlo por terminado. Además, el artículo 29 del Decreto 254 de 2000 establece que los contratos de la entidad liquidada se pueden terminar, ceder o traspasar, lo cual es facultativo; sin embargo, el liquidador optó por terminar el negocio jurídico suscrito con la parte actora justificadamente, por cuanto celebró unRadicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
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convenio interadministrativo con Caprecom , a quien le entregó la totalidad de la clínica para la prestación y operación del servicio, conforme a la facultad que le fue otorgada por medio del Decreto 810 de 2008.
26. Como el contrato no fue liquidado previo a la finalización del proceso liquidatorio de la ESE, como lo establece el artículo 29 del Decreto 254 del 2000, determinó que era procedente definir su balance final en sede judicial.
27. Explicó que en el dictamen pericial14 se calcularon los perjuicios causados hasta el vencimiento del contrato, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2011 , pero solo procedía el reconocimiento de los perjuicios ocasionados desde la fecha en que se desalojó a la UT del CID, hasta la fecha en que fueron debidamente entregados los equipos y bienes muebles, teniendo en cuenta que los mismos pudieron ser utilizados con posterioridad a la entrega.
28. La utilidad que dejó de percibir la UT desde el 6 de agosto de 2008, fecha en la que fue expulsada la parte actora del CID, según el acta de desalojo obrante en
pudieron ser utilizados con posterioridad a la entrega.
28. La utilidad que dejó de percibir la UT desde el 6 de agosto de 2008, fecha en la que fue expulsada la parte actora del CID, según el acta de desalojo obrante en el expediente, hasta el 16 de enero de 2009, fecha en la que le fueron entregados los equipos y bienes muebles de su propiedad, correspondía a la suma de $79’481.294,18, la que una vez actualizada ascendía a $83’203.275,64, monto que debía pagarse por la entidad demandada.
29. Finalmente, negó el daño emergente, toda vez que los demandantes no acreditaron las inversiones que mencionaron en la demanda , y se abstuvo de condenar en costas.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
30. La anterior decisión fue apelada por la demandada 15. Como cargos de apelación, indicó que: (i) la totalidad de las pretensiones debieron ventilarse mediante proceso arbitral; (ii) los actos administrativos demandados no son contractuales, por lo que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) la entidad demandada carece de legitimación en la causa; (iv) debían demandarse los actos que negaron las reclamaciones en el proceso de liquidación; y, (v) los demandantes estaban en la obligación de soportar las consecuencias de la terminación anticipada del contrato y del proceso de liquidación forzosa, por lo que no procedía el reconocimiento de perjuicios, los que tampoco se probaron.
31. Las razones en que sustentó el recurso serán expuestas al momento de estudiar cada una de ellas.
no procedía el reconocimiento de perjuicios, los que tampoco se probaron.
31. Las razones en que sustentó el recurso serán expuestas al momento de estudiar cada una de ellas.
14 Practicado en el proceso por solicitud de la parte actora y rendido por el perito el perito Víctor Hugo Castellanos Correa. 15 Cuaderno segunda instancia, folios 571 a 579.Radicación: 540012331000-2010-00128-01 (70122)
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32. Mediante proveído del 29 de mayo de 202316 el Tribunal concedió el recurso de apelación y a través del auto del 2 de agosto del mismo año 17 se admitió. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
33. Atendiendo a los cargos de la apelación, corresponde establecer si resultan fundadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, cláusula compromisoria, indebida escogencia de la acción y la relativa a que el demandante debía demandar los actos que negaron su reclamaciones en el proceso de liquidación forzosa, como presupuesto de las pretensiones indemnizatorias . En caso contrario, la Sala analizará la procedencia del reconocimiento efectuado por el a quo a favor de la parte actora en la liquidación judicial del contrato.
La legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada
34. La ESE Francisco de Paula Santander fue creada mediante el Decreto Ley 1750 de 2003, como entidad pública descentralizada del nivel nacional, adscrita al
La legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada
34. La ESE Francisco de Paula Santander fue creada mediante el Decreto Ley 1750 de 2003, como entidad pública descentralizada del nivel nacional, adscrita al entonces Ministerio de la Protección Social, para la prestación de los servicios de salud como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. Mediante el Decreto 810 de 2008, se suprimió a la ESE y se ordenó su liquidación, estableciendo en su artículo 2 que el procedimiento estaría sujeto a las disposiciones del Decreto 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y las especiales del citado decreto.
35. Conforme al acto que ordenó la supresión y el Decreto Ley 254 de 200018, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, y dado que a la finalización del proceso liquidatorio aún existían actividades remanentes, el liquidador de la ESE suscribió con la Fiduciaria Popular S.A. el contrato de fiducia mercantil 062 de 2009, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes, cuyo objeto consistió en la administración de los activos transferidos por la ESE al cierre del proceso liquidatorio, a efectos de realizar los pagos con cargo a dichos recursos, administrar los procesos judiciales, contratos y reservas cedidos por la liquidación.
36. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, confirmada por la Sección Quinta de esta Corporación19, se
16 Cuaderno segunda instancia, folio 626. 17 SAMAI, índice 3.
36. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, confirmada por la Sección Quinta de esta Corporación19, se
16 Cuaderno segunda instancia, folio 626. 17 SAMAI, índice 3. 18 “ARTÍCULO 35. A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo”. 19 Sentencia del 29 de abril de 2021,
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