CE - Sentencia 54001233300020150049401
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 54001233300020150049401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B
Bogotá, DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194)
Actor: SIXTO TULIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y
OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – MUERTE DE
CAPITÁN EN OPERATIVO POLICIAL – NO SE
DEMOSTRÓ LA FALLA DEL SERVICIO
Síntesis: la parte actora solicita que se declare patrimonial y extracontractualmente responsable al Ministerio de Defensa – Policía Nacional de la muerte del capitán Carlos Andrés González Buitrago, ocurrida el 3 de septiembre de 2013 mientras se desarrollaba un operativo policial en contra de un grupo armado ilegal en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) . El tribunal de primera instancia negó las súplicas de la demanda con fundamento en que los demandantes no acreditaron las fallas del servicio alegadas en la demanda ; la parte actora apela para que se revoque la providencia impugnada, pues, en su criterio , se presentaron dos fallas del servicio imputables a la entidad.
Temas: responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado – elementos – régimen de falla del servicio – miembros profesionales, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas – riesgo
imputables a la entidad.
Temas: responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado – elementos – régimen de falla del servicio – miembros profesionales, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas – riesgo propio del servicio – riesgo asumido voluntaria y libremente – no se acreditaron las fallas del servicio aducidas en la demanda – carga de la prueba de la falla del servicio.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 5 de octubre de 201 7 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante la cual se resolvió lo siguiente:
“F A L L A
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en este proveído.
SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a lo expuesto anteriormente.2
Expediente no. 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194) Actor: Sixto Tulio González Rodríguez y otros Medio de control de reparación directa
TERCERO. DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.
CUARTO. Una vez en firme la presente, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones secretariales de rigor” (fls. 323 cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas fijas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito del 20 de noviembre de 2015 (fls. 5 a 30 cdno. 1), los señores
negrillas y mayúsculas fijas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito del 20 de noviembre de 2015 (fls. 5 a 30 cdno. 1), los señores Yomaira Castañeda, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Laura Sofía González Castañeda; Sixto Tulio González Rodríguez; Flor Lilia Buitrago Mendoza en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Óscar Julián González Buitrago; Sixto Camilo y Andrea Natalia González Buitrago por intermedio de apoderado judicial (fl s. 1 a 4 cdno. 1) presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se le declare patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados con la muerte del capitán Carlos Andrés González Buitrago ocurrida el 3 de septiembre de 2013 y, en consecuencia, se acceda a las siguientes pretensiones:
“Primera. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Departamento de Policía de Norte de Santander – Policía Metropolitana de Cúcuta por el daño antijurídico y/o los perjuicios ocasionados como consecuencia de los hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2013 en la ciudad de San José de Cúcuta (Norte de Santander), vereda La Chinita, sector San Faustino, en momentos en que el entonces capitán Carlos Andrés González Buitrago se encontraba en desarrollo de la operación denominada Frontera, según orden de servicios no. 0514 DIRAN AREIN del 25 de agosto de 2013, con
momentos en que el entonces capitán Carlos Andrés González Buitrago se encontraba en desarrollo de la operación denominada Frontera, según orden de servicios no. 0514 DIRAN AREIN del 25 de agosto de 2013, con el fin de realizar allanamientos y capturas a integrantes de bandas criminales en el departamento de Norte de Santander, donde se encontraba en espera, según información, para realizar la captura del señor Carlos Andrés Palencia González, alias visaje, jefe de la banda criminal Los Urabeños, pero lastimosamente en el desarrollo de la enunciada operación perdió la vida el citado oficial.
Segunda. Que se condene como consecuencia de su responsabilidad (…) a la reparación del daño moral ocasionado a los demandantes (…) o a quien represente legalmente sus derechos, las cantidades en salarios mínimos que se detallan a continuación, los cuales se deberán regular de3
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conformidad con el procedimiento estatuido en el Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta los siguientes parámetros de liquidación, así:
a. Para el demandante Sixto Tulio González Rodríguez, padre del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
b. Para la demandante Yomaira Castañeda, esposa del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
b. Para la demandante Yomaira Castañeda, esposa del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
c. Para la demandante Laura Sofía González (menor), hija del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
d. Para la demandante Flor Lilia Buitrago Mendoza, madre del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
e. Para el demandante Sixto Camilo González Buitrago, hermano del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
f. Para la demandante Andrea Natalia González Buitrago, he rmana del capitán (…) el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
g. Para el demandante Óscar Julián González Buitrago, hermano del capitán (…) el equivalente a cien salarios m ínimos legales mensuales vigentes o el valor máximo que se fije al momento del fallo.
Tercera. Que se condene como consecuencia de su responsabilidad a (…) a la reparación de los perjuicios materiales sufridos a pagar a los actores (…), así:
Lucro cesante correspondiente a los demandantes Yomaira Castañeda, Laura Sofía González (menor), Sixto Tulio González Rodríguez, Flor Lilia Buitrago Mendoza, Sixto Camilo González Buitrago, Óscar Julián
Lucro cesante correspondiente a los demandantes Yomaira Castañeda, Laura Sofía González (menor), Sixto Tulio González Rodríguez, Flor Lilia Buitrago Mendoza, Sixto Camilo González Buitrago, Óscar Julián González Buitrago y Andrea Natalia González Buitrago (…) al mul tiplicar $2259.273,49 correspondiente al salario devengado al momento de la muerte por 580 meses, el resultado es $1.310378.624.
Cuarta. Que se condene solidariamente como consecuencia de su responsabilidad a (…) a la reparación de los perjuicios ocasionados por el daño a la vida de relación a pagar a los demandantes (…), así:
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para el demandante Sixto Tulio González Rodríguez (…).4
Expediente no. 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194) Actor: Sixto Tulio González Rodríguez y otros Medio de control de reparación directa
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para la demandante Yomaira Castañeda (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para la demandante Laura Sofía González (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al
momento del fallo para la demandante Laura Sofía González (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para el demandante Flor Lilia Buitrago Mendoza (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para el demandante Sixto Tulio González Rodríguez (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Est ado al momento del fallo para el demandante Sixto Camilo González Buitrago (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para el demandante Óscar Julián González Rodríguez (…).
La Cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo máximo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento del fallo para la demandante Andrea Natalia González Rodríguez (…).
Quinta. Que la sentencia si la hubiere sea actualizada de conformidad con el índice de precios al consumidor y la fórmula matemática aceptada por el honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.
Sexta. Que como consecuencia de lo anterior se reconozcan intereses legales liquidados de conformidad con el promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta
debida o consolidada y la futura.
Sexta. Que como consecuencia de lo anterior se reconozcan intereses legales liquidados de conformidad con el promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.
Séptima. La parte demandante dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (fls. 7 a 17 cdno. 1).
Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:
- El día 3 de septiembre de 2013, en la ciudad de San José de Cúcuta (Norte de Santander), el capitán de la Policía Nacional Carlos Andrés González Buitrago lideró5
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la operación denominada “Frontera”, según orden de servicios no. 0514 DIRAN AREIN, con el fin de realizar la captura del señor Carlos Andrés Palencia González, alias “visaje”, jefe de la banda Los Urabeños.
- A las 11:30 de la noche de ese mismo día, el subintendente Roberto Alexánder Cortés le reportó al capitán Carlos Andrés González Buitrago que una camioneta y una motocicleta se dirigían hacia la patrulla en la cual se encontraban ambos ; el oficial ordenó detener los automotores de inmediato con el fin de evitar la huida, sin
una motocicleta se dirigían hacia la patrulla en la cual se encontraban ambos ; el oficial ordenó detener los automotores de inmediato con el fin de evitar la huida, sin embargo, al realizar la señal de pare las personas que se movilizaban en los referidos vehículos abrieron fuego en contra de los uniformados ; como consecuencia de las heridas sufridas, el capitán Carlos Andrés González Buitrago perdió la vida.
- Distintos med ios de comunicación informaron que el intendente José Marinel García Duarte, comandante de la estación San Faustino (San José de Cúcuta), huyó a Venezuela debido a que era informante del señor Carlos Andrés Palencia González, alias “visaje”, tanto así que aquel le indicó a este los pormenores de la denominada operación “Frontera”, motivo por el cual se frustró la misma y se produjo el deceso del oficial Carlos Andrés González Buitrago.
Como fundamentos jurídicos de la demanda la parte actora invocó el artículo 90 de la Constitución Política y la sentencia C -333 de 1996 , indicó que el Estado e s responsable de los daños irrogados a los familiares del capitán Carlos Andrés González Buitrago porque se configuró una falla del servicio imputable a la Policía Nacional, por el hecho de permitir que la información de la operación “Frontera” se filtrara y llegara a manos de los criminales , así como por el hecho de no recibir suficiente entrenamiento y preparación para este tipo de operativos.
2. La admisión y la contestación de la demanda
- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda mediante
suficiente entrenamiento y preparación para este tipo de operativos.
2. La admisión y la contestación de la demanda
- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda mediante auto del 4 de diciembre de 2015 (fl. 91 cdno. 1) y ordenó su notificación.6
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- El Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda (fls. 104 a 111 cdno. 1), adujo que el daño alegado no es imputable a la entidad ya que al ingresar a la institución el señor Carlos Andrés González Buitrago asumió de manera voluntaria los riesgos propios del servicio; agregó que la p arte actora no demostró la falla del servicio invocada en la demanda y, por el contrario, no existen perjuicios indemnizables, dado que a la familia del capitán Carlos Andrés González Buitrago se le reconocieron todas las prestaciones liquidadas de conformidad con el ascenso póstumo correspondiente.
3. Los alegatos de conclusión
El 5 de octubre de 2016 se adelantó la audiencia inicial en la cual se fijó el litigio, se realizó el control de legalidad del proceso y, finalmente se decretaron las pruebas solicitadas por ambas partes; una vez v encido el período probatorio el tribunal de primera instancia mediante auto del 10 de febrero de 201 7 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 304 y 305 cdno. 2).
primera instancia mediante auto del 10 de febrero de 201 7 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 304 y 305 cdno. 2).
- La parte actora manifestó que estaban acreditados los presupuestos de la responsabilidad del Estado, porque se demostró la falla del servicio atribuible a la Policía Nacional (fls. 307 a 310 cdno . 2), puesto que se envió a “una operación de alto riesgo a un grupo de uniformados sin la debida orientación e instrucción sobre los pormenores y riesgos de la misma (…) además, el intendente José Marinel Garía Duarte, para el día 03 de septiembre de 2013 conoció sobre la llegada de los miembros de la institución policial al sector San Faustino, situación que no le era ajena debido al cargo que ostentaba, dicho uniformado abandonó el servicio desde el mismo día de los hechos y fue capturado días después en el vecino país de Venezuela por el delito de concierto para delinquir agravado, lo que evidencia un actuar irregular del uniformado que se concretó con el fracaso de la operación Frontera y que permitió poner en sobre aviso a los miembros del grupo al mar gen de la ley” (fl. 308 cdno. 2).7
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- La Policía Nacional, por su parte, reiteró el contenido del escrito de contestación de la demanda (fls. 311 a 316 cdno. 2).
Medio de control de reparación directa
- La Policía Nacional, por su parte, reiteró el contenido del escrito de contestación de la demanda (fls. 311 a 316 cdno. 2).
El Ministerio Público guardó silencio (fl. 317 cdno. 2).
4. La sentencia de primera instancia
El 5 octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las súplicas de la demanda (fls. 318 a 323 cdno. ppal.); los fundamentos de la decisión apelada son los siguientes:
- Al analizar las circunstancias en que ocurrió el fatal fallecimiento del capitán Carlos Andrés González Buitrago se observa que los hechos probados en el proceso no son indicativos de un actuar defectuoso o negligente por parte de la Policía Nacional, pues, su muerte implicó la concreción de un riesgo que es normal en la actividad policial a la que él voluntariamente decidió vincularse.
- En los hechos de la demanda se afirma que el intendente José Marinel García es culpable del fracaso de la operación “ Frontera”, presuntamente por compartir información confidencial de la Policía Nacional con el grupo al margen de la ley objeto de ese operativo; no obstante, se echa de menos material probatorio que permita establecer que el referido intendente efectivamen te colaboró con el grupo delincuencial suministrando información que fuera determinante para que se produjera la muerte del capitán Carlos Andrés González Buitrago.
- En efecto, q uedó establecido que las investigaciones judiciales y disciplinarias adelantadas en contra del intendente José Marinel García no tienen relación con la
produjera la muerte del capitán Carlos Andrés González Buitrago.
- En efecto, q uedó establecido que las investigaciones judiciales y disciplinarias adelantadas en contra del intendente José Marinel García no tienen relación con la operación “Frontera”, sino con hechos totalmente ajenos a la misma.
- Finalmente, del acervo probatorio se puede inferir que el capitán Carlos Andrés González Buitrago, comandante de la operación, una vez avistados los vehículos en que se desplazaban los delincuentes, dio la orden de detenerlos , de allí que la supuesta información entregada por el intendente José Marinel García no fuera8
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determinante, desde el punto de vista causal, en la producción del resultado ya que, el daño se produjo en medio del intercambio de disparos entre los agentes del orden y los criminales, sin que en ese preciso momento se hubiera advertido ni configurado una falla del servicio (v g r haber sido emboscados, no contar con suficiente armamento o que el mismo fuera defectuoso).
- El popularmente denominado “fuego amigo” no puede ser enmarcado como un riesgo propio del servicio, pues, si bien es cierto que quien voluntariamente acepta pertenecer a la Fuerza ública se somete a la posible materialización de riesgos para la vida o integridad física, no resulta aceptable que este sea causado por la misma entidad a partir de una falla del servicio por una omisión en los deberes de cuidado y seguridad.
5. El recurso de apelación
la vida o integridad física, no resulta aceptable que este sea causado por la misma entidad a partir de una falla del servicio por una omisión en los deberes de cuidado y seguridad.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación con apoyo en los mismos argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia; la impugnación fue concedida mediante auto del 6 de julio de 2018 (fl. 333 cdno. ppal.) y admitida por esta Corporación en providencia del 28 de septiembre del mismo año (fl. 353 cdno. ppal.).
Los fundamentos del recurso de apelación son (fls. 325 a 331 cdno. ppal.) , en síntesis, los siguientes:
- Se evidencia la falla del servicio por el hecho de enviar a una operación de alto riesgo a un grupo de uniformados sin la debida orientación e instrucción, debido a que la Policía Nacional nunca entregó las actas de instrucción en las cuales se pudiera constatar que los agentes contaban con la suficiente c apacitación y conocimiento para afrontar un operativo de ese nivel.
- Contrario a lo aducido por el tribunal de primera instancia, la intervención del intendente José Marinel García Duarte fue determinante en la producción del resultado dañoso, en la me dida en que entregó información confidencial al grupo delincuencial que terminó con la vida del capitán Carlos Andrés González Buitrago.9
Expediente no. 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194) Actor: Sixto Tulio González Rodríguez y otros Medio de control de reparación directa
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En efecto, no es común que un comandante de una estación abandone sus funciones sin una aparente explicación; además, que cruce una frontera para huir de las autoridades locales y, por último, que lo haga precisamente el día en que se llevaría a cabo una operación policial para dar captura al cabecilla de la organización criminal.
- En la sentencia apelada no se valoraron los reportes periodísticos ni las notas de prensa allegadas con la demanda.
6. El trámite de segunda instancia
Por auto del 6 de noviembre de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 346 cdno. ppal.).
La parte actora adujo en esta oportunidad que la muerte del capitán Carlos Andrés González Buitrago fue “producto de una traición de un compañero, en el desarrollo de la operación Frontera se vio inmerso en una emboscada, ya que el traidor alertó al objetivo y puso en situación de desventaja a los uniformados que desarrollaban dicha operación” (fls. 348 a 354 cdno. ppal.).
La entidad demandada reiteró, de nuevo y literalmente, los argumentos expuestos en los escritos de contestación y de alegatos de conclusión de primera instancia (fls. 361 a 366 cdno. ppal.)
El Ministerio Público guardó silencio (fl. 367 cdno. ppal.).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
361 a 366 cdno. ppal.)
El Ministerio Público guardó silencio (fl. 367 cdno. ppal.).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión general y, 4) condena en costas.10
Expediente no. 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194) Actor: Sixto Tulio González Rodríguez y otros Medio de control de reparación directa
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El centro de la controversia consiste en establecer si la muerte del capitán Carlos Andrés González Buitrago es imputable a la Policía Nacional o, por el contrario, si la misma hizo parte del riesgo que aquel, libre y voluntariamente , asumió al vincularse profesionalmente a la Policía Nacional1.
La Sala confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda, por cuanto no se demostró la falla del servicio alegada en la demanda, razón por la cual es viable concluir que el desafortunado deceso del capitán Carlos Andrés González se produjo dentro de la órbita del riesgo propio del servicio asumido consciente, y voluntariamente al momento de su incorporación profesional a la Fuerza Pública.
2. Análisis del caso concreto
- El daño quedó plenamente demostrado con el registro civil de defunción del señor
voluntariamente al momento de su incorporación profesional a la Fuerza Pública.
2. Análisis del caso concreto
- El daño quedó plenamente demostrado con el registro civil de defunción del señor Carlos Andrés González Buitrago (fl. 31 cdno. 1), según el cual el deceso se produjo el 3 de septiembre de 2013 en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).
- En relación con el régimen de responsabilidad aplicable, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los daños sufridos por agentes del Estado que prestan servicios de seguridad y que cumplen labores de alto riesgo , en principio, no comprometen la respons abilidad del Estado habida cuenta de que aquellos asumen de manera voluntaria y consciente los riesgos inherentes a la prestación del servicio en virtud de la teoría de la asunción del riesgo profesional, salvo que tengan por fuente u origen una falla del servicio2.
Por razón de lo anterior se establece un régimen prestacional especial de compensación que reconoce la circunstancia particular de los riesgos a los que se
1 El 20 de agosto de 2015 se radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación y el 9 de noviembre de ese mismo año se expidió la constancia de no acuerdo conciliatorio, razón por la cual la demanda se presentó de man era oportuna el 20 de noviembre de 2015 (fls. 83 a 86 cdno. 1). 2 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 45.177, MP Fredy Ibarra Martínez.11
2015 (fls. 83 a 86 cdno. 1). 2 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 45.177, MP Fredy Ibarra Martínez.11
Expediente no. 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194) Actor: Sixto Tulio González Rodríguez y otros Medio de control de reparación directa
somete todo aquel servidor público que ingresa voluntaria y profesionalmente al servicio3 y, si en efecto estos se llegan a concretar en determinados perjuicios aquellos se encuentran cubiertos con la denominada indemnización a forfait4; no obstante, el Estado está llamado a responder cuando se acredite: i) una falla del servicio5, ii) el sometimiento del agente a un riesgo excepcional diferente al de sus pares6 o, iii) que el daño se cometa con un arma de dotación oficial.
En efecto, en esa dirección esta Sección7 ha precisado lo siguiente:
“En relación con los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía , detectives del DAS o personal del INPEC, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que en tales eventos no se ve comprometida la responsabilidad del Estado, dado que tales daños, en cuanto se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren con l a indemnización a forfait a la cual tienen derecho por virtud de esa vinculación y sólo habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del ente público demandado, por vía de la acción de reparación directa,
que los vincula con el Estado, se cubren con l a indemnización a forfait a la cual tienen derecho por virtud de esa vinculación y sólo habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del ente público demandado, por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se hubieren producido por falla del servicio o cuando se hubiere sometido al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima hubiese sido causado con arma de dotación oficial, evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo; en todo caso, se reitera, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establec idas en el ordenamiento jurídico (a forfait)8.
Así pues, se ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los
3 Cuando se concreta un riesgo usual “surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones y de los beneficios previstos en el régimen laboral especial… sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional la Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos hubieren sido causados… por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con aquel que debían enfrentar”. Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010. exp. 17.127. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de febrero de 1996. exp. 10.033 y 20 de
enfrentar”. Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010. exp. 17.127. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de febrero de 1996. exp. 10.033 y 20 de febrero de 1997, exp. 11.756. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2017, exp. 34.081; sentencia del 31 de mayo de 2013, exp. 20.445. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 30.133. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de abril de 2014. exp. 29.587.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de mayo de 2010, exp. 19.158 y del 14 de julio de 2005, exp. 15.544.12
Expediente no. 54001-23-33-000-2015-00494-01 (62.194) Actor: Sixto Tulio González Rodríguez y otros Medio de control de reparación directa
miembros de la Fuerza Pública a la asunción de riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.
Asimismo, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que en relación con los agentes de la Policía, militares o miembros armados del DAS, ‘el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentra
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