CE - Sentencia 54001233300020180027301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 54001233300020180027301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCION A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00273-01 (70604)
Actor: JOSÉ MANUEL SANABRIA CAMACHO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD MÉDICO HOSPITALARIA / JURISDICCI ÓN - Fuero de atracción - Posibilidad de que el juez de lo contencioso administrativo conozca sobre pretensiones elevadas contra el Estado y un particular / CONSENTIMIENTO INFORMADO – Elementos para su acreditación.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO La señora Marcia Paola Salazar Criado acudió el 24 de septiembre de 2015 a la Clínica Oftalmológica Peñaranda, institución que le prestó el servicio de salud por autorización y bajo la cobertura de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para tratar un diagnóstico de miopía alta. Como resultado de dicha atención, el 6 de septiembre de 2016 fue sometida a un procedimiento quirúrgico de implantación de
autorización y bajo la cobertura de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para tratar un diagnóstico de miopía alta. Como resultado de dicha atención, el 6 de septiembre de 2016 fue sometida a un procedimiento quirúrgico de implantación de lentes fáquicos; no obstante, la cirugía presentó complicaciones que comprometieron su salud visual, hasta ocasionarle la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo. Según lo planteado en la demanda, dicho resultado fue consecuencia de fallas en la atención médica, omisión en la información sobre los riesgos del procedimiento y desconocimiento de sus antecedentes clínicos,2
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Actor: JOSÉ MANUEL SANABRIA CAMACHO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
especialmente, su diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo II, que había sido identificado desde el año 2011.
ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2018 1, la señora Marcia Paola Salazar Criado y su grupo familiar 2, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional y la Clínica Oftalmológica Peñaranda de Cúcuta , con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños antijurídicos ocasionados a la referida señora, como consecuencia de la pérdida total de visión en su ojo izquierdo,
patrimonialmente responsables por los daños antijurídicos ocasionados a la referida señora, como consecuencia de la pérdida total de visión en su ojo izquierdo, derivada de la mala praxis médica ocurrida el día 6 de septiembre de 2016 durante la realización del procedimiento quirúrgico denominado “Implante de Lente Fáquico AO”, practicado para corregir un diagnóstico de miopía alta3.
1.2. Los hechos que motivaron la demanda fueron los siguientes: En el año 2011, a la señora Marcia Paola Salazar Criado le fue diagnosticada diabetes mellitus tipo II por parte de los profesionales adscritos a la Dirección de Sanidad del Departamento de Policía de Norte de Santander, entidad encargada de la prestación de sus servicios de salud. El 24 de septiembre de 2015, por remisión de la entidad, acudió a la Clínica Oftalmológica Peñaranda por pérdida de agudeza visual. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2015, se le diagnosticó miopía axial alta, ambliopía, degeneración periférica de la retina y diabetes mellitus tipo II, por lo que se recomendó la implantación de lentes fáquicos AO bajo anestesia general. El procedimiento quirúrgico fue realizado el 6 de septiembre de 2016. Durante la cirugía, la paciente presentó un episodio de hipotensión y desvanecimiento, asociado a hiperglicemia, siendo dada de alta con recomendaciones generales. Al
1 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_001DEMANDA(.pdf) NroActua 2. 2 Como demás demandantes figuran: Shaíra Juliana Vergel Salazar , José Manuel Sanabria
1 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_001DEMANDA(.pdf) NroActua 2. 2 Como demás demandantes figuran: Shaíra Juliana Vergel Salazar , José Manuel Sanabria Camacho, Manuel Santiago Sanabria Salazar y Nubia Esther Criado Paredes. 3 Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó, por concepto de lucro cesante, un total de $604.800.000 para la señora Marcia Paola Salazar Criado; por daño a la salud, 100 SMLMV en favor de la referida señora y, por concepto de p erjuicios morales, el equivalente a 100 SMMLV para la víctima principal, 60 SMMLV para Shaíra Juliana Vergel Salazar, 60 SMMLV para José Manuel Sanabria Camacho, 60 SMMLV para Manuel Santiago Sanabria Salazar y 40 SMMLV para Nubia Esther Criado Paredes.3
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día siguiente, en evolución postoperatoria, se registraron complicaciones visuales y la presencia de secreción corneal e hifema en el ojo izquierdo. En días posteriores, persistieron signos de inflamación, dolor ocular y mala posición del implante. El 30 de octubre de 2016, se informó a la paciente que había complicaciones en la inserción del lente y se indicó su retiro. El 24 de noviembre siguiente, se constató una disminución significativa de visión en
de octubre de 2016, se informó a la paciente que había complicaciones en la inserción del lente y se indicó su retiro. El 24 de noviembre siguiente, se constató una disminución significativa de visión en el ojo izquierdo y, el 21 de febrero de 2018, la Clínica San Diego diagnosticó un daño visual severo, recomendando la extracción urgente del lente intraocular y la realización de un procedimiento adicional por compromiso visual irreversible. Finalmente, el 28 de marzo de 2018, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander determinó que la señora Marcia Paola Salazar Criado tenía una pérdida de capacidad laboral del 38,30 %, producto de un trastorno del cristalino y otras lesiones oculares. Se alegó que las entidades demandadas omitieron información clara y adecuada sobre los riesgos del procedimiento, ignoraron el antecedente médico de diabetes mellitus tipo II y actuaron con negligencia en la valoración, ejecución y seguimiento del tratamiento quirúrgico, lo que derivó en la pérdida de visión de la paciente.
2. La respuesta de las accionadas4 2.1. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda 5. Precisó que en el expediente no reposaba la historia clínica completa que permitiera acreditar el diagnóstico y las circunstancias de atención médica alegadas por los demandantes.
Argumentó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para declarar la responsabilidad administrativa de la Nación debían concurrir tres elementos: la existencia de una falla en la prestación del servicio, la ocurrencia de un daño y la existencia de un nexo causal entre ambos, requisitos que, se afirmó, no se configuraban en el caso.
existencia de una falla en la prestación del servicio, la ocurrencia de un daño y la existencia de un nexo causal entre ambos, requisitos que, se afirmó, no se configuraban en el caso. En ese sentido, sostuvo que no se acreditó una falla en la prestación del servicio por parte de la Policía Nacional, ni la existencia de un vínculo directo entre la
4 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda el 12 de octubre de 2018 (SAMAI, índice 2. Archivo: ED_004ADMISORIO(.pdf) NroActua 2 ), decisión que se notificó de manera electrónica a las demandadas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 5 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_006CONTESTACIONPOLIC(.pdf) NroActua 2.4
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actuación de la institución y el daño; por ello, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no era la entidad llamada a responder por los hechos objeto de la demanda. 2.2. Clínica Oftalmológica Peñaranda también contestó la demanda 6. Señaló que, previo a la intervención quirúrgica realizada a la señora Marcia Paola Salazar Criado, se practicaron todos los exámenes médicos requeridos, cuyos resultados no evidenciaron alteraciones que permitieran deducir la presencia de diabetes
previo a la intervención quirúrgica realizada a la señora Marcia Paola Salazar Criado, se practicaron todos los exámenes médicos requeridos, cuyos resultados no evidenciaron alteraciones que permitieran deducir la presencia de diabetes mellitus tipo II. Adicionalmente, sostuvo que la paciente omitió informar oportunamente sobre dicha condición, lo cual, según indicó, limitó la posibilidad de adoptar medidas adicionales. Afirmó que no se configuró error en el diagnóstico, falla médica, ausencia de diligencia ni pérdida de oportunidad, por cuanto, a su juicio, el actuar del personal médico cumplió con los protocolos exigidos y no existió elemento alguno que permitiera inferir negligencia. Sostuvo que la clínica administró de manera correcta los riesgos inherentes a la actividad médica, cumpliendo con los protocolos clínicos establecidos, por lo que la carga probatoria correspondía a la parte demandante, quien no delimitó con precisión la actuación médica que habría sido inadecuada. Finalmente, destacó que la señora Marcia Paola Salazar Criado suscribió el consentimiento informado previo a la cirugía, aceptando expresamente los riesgos asociados al procedimiento, por lo que la clínica no podía ser considerada responsable por un riesgo médico previamente advertido y consentido.
3. La respuesta de la llamada en garantía7 3.1. La Previsora S.A., llamada en garantía de la Clínica Oftalmológica Peñaranda, enfocó la defensa en la falta de pruebas que demostraran que el daño alegado ocurrió como consecuencia de una acción u omisión por parte de su asegurada. En lo atinente a los llamamientos, dijo que, en el evento hipotético de una condena en
enfocó la defensa en la falta de pruebas que demostraran que el daño alegado ocurrió como consecuencia de una acción u omisión por parte de su asegurada. En lo atinente a los llamamientos, dijo que, en el evento hipotético de una condena en contra de sus clientes, se debía analizar la validez de los contratos celebrados, su
6 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_009CONTESTACIONCLINI(.pdf) NroActua 2. 7 Por auto del 6 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander admitió el llamamiento formulado por la Clínica Oftalmológica Peñaranda en contra de La Previsora S.A., en virtud de la póliza de seguro de responsabilidad civil No. 1004531 (SAMAI, índice 2. Archivo:
ED_012CUADERNOLLAMADOEN(.pdf) NroActua 2).5
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cobertura, las exclusiones pactadas y las demás consideraciones de orden legal y contractual para definir la obligación de pagar o reembolsar.
4. La sentencia de primera instancia8
4.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 31 de agosto de 2023, negó las pretensiones de la demanda9.
4.2. En primer lugar, precisó que el daño alegado, entendido como la pérdida significativa y permanente de la capacidad visual en el ojo izquierdo de la señora
de agosto de 2023, negó las pretensiones de la demanda9.
4.2. En primer lugar, precisó que el daño alegado, entendido como la pérdida significativa y permanente de la capacidad visual en el ojo izquierdo de la señora Marcia Paola Salazar Criado, se probó con las anotaciones consignadas en las historias clínicas allegadas al expediente y con el “ dictamen de determinación de pérdida de capacidad laboral (…) No. 285/2018 ”, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander. En dicha experticia se estableció que la señora Salazar Criado presentó una disminución funcional por un diagnóstico definitivo de " trastorno del cristalino no especificado " y " otros trastornos especificados del iris y del cuerpo ciliar ", lo que le ocasionó una disminución de su capacidad funcional equivalente al 38,30 %. 4.3. En cuanto al juicio de imputación, el a quo explicó que el daño alegado no le resultaba imputable a ninguno de los integrantes del extremo pasivo: Respecto de la Clínica Oftalmológica Peñaranda, el tribunal de primera instancia consideró que no existían elementos que permitieran atribuirle responsabilidad por el daño alegado. Señaló que, en las consultas preoperatorias y al momento de la valoración i nicial, la señora Marcia Paola Salazar Criado no informó al personal
8 El 29 de marzo de 2022 se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en comento (SAMAI, índice 2.
8 El 29 de marzo de 2022 se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en comento (SAMAI, índice 2. Archivos ED_020AUDINI1800273M(.mp4) y ED_021ACTAAUDIENCIAIN). El recaudo probatorio se llevó a cabo según se dejó constancia en audiencia de pruebas del 3 y 24 de mayo de 2022 y, una vez culminada la práctica de pruebas, en la misma diligencia se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en su luga r, se ordenó la presentación de alegatos de conclusión por escrito (SAMAI índice 2. Archivos: ED_029ACTADEAUDIENCIA(.pdf), ED_037REANUDAAUDIENCI(.pdf) y ED_028LINKAUD(.pdf) NroActua 2). En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la demanda ( SAMAI, índice 2. Archivo: ED_040ALEGATOSPARTEACCI(.pdf) NroActua 2). La Policía Nacional, la Clínica Oftalmológica Peñaranda y La Previsora S.A. replicaron sus argumentos de defensa expuestos en sus respectivos escritos y pidieron que se negaran las pretensiones de la demanda (SAMAI, índice 2. Archivos: ED_038ALEGATOSLAPREVISO(.pdf) NroActua 2, ED_039ALEGATOSPOLICIANA(.pdf) NroActua 2 y ED_041ALEGATOSCLINICAOF(.pdf) NroActua 2). 9 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_045SENTENCIA(.pdf) NroActua 2.6
ED_041ALEGATOSCLINICAOF(.pdf) NroActua 2). 9 SAMAI, índice 2. Archivo: ED_045SENTENCIA(.pdf) NroActua 2.6
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médico sobre su condición de diabetes mellitus tipo II, ni refirió antecedentes clínicos relevantes, por lo que los profesionales de la salud no estaban obligados a advertir una patología que no fue declarada. A partir de la historia clínica obrante en el expediente, el tribunal estableció que la valoración médica, la anamnesis y los registros prequirúrgicos fueron diligenciados de manera adecuada y en cumplimiento de los protocolos exigidos. Asimismo, resaltó que los exámenes practicados antes de la cirugí a no arrojaron resultados que evidenciaran la existencia de la enfermedad alegada por la demandante. Adicionalmente, precisó que, incluso si la paciente hubiera informado oportunamente su condición médica, ello no habría impedido la realización de la intervención quirúrgica, pues correspondía al único tratamiento viable para su diagnóstico visual. El trib unal destacó que la señora Salazar Criado suscribió el consentimiento informado previo a la cirugía, documento que contenía información suficiente y detallada sobre los beneficios y riesgos del procedimiento. También advirtió que la paciente recibió atenci ón y seguimiento posterior a la intervención, sin que se evidenciara actuación irregular, negligente o contraria a los protocolos
suficiente y detallada sobre los beneficios y riesgos del procedimiento. También advirtió que la paciente recibió atenci ón y seguimiento posterior a la intervención, sin que se evidenciara actuación irregular, negligente o contraria a los protocolos médicos. Finalmente, consideró relevante que la paciente sufrió una caída días después de la cirugía, hecho que pudo incidir e n la afectación visual que presentó con posterioridad. Por lo anterior, concluyó que no se demostró la existencia de una falla en la prestación del servicio médico imputable a la Clínica Oftalmológica Peñaranda. En relación con la Policía Nacional, el tribunal estableció que la parte demandante no allegó prueba alguna que permitiera atribuirle responsabilidad por los hechos objeto de la demanda. Indicó que no existía en el expediente documento que acreditara un co mportamiento irregular de la Policía Nacional o la desatención de solicitudes presentadas por la señora Marcia Paola Salazar Criado. Añadió que el daño alegado por la demandante correspondía a un riesgo propio del procedimiento quirúrgico consentido y ejecutado por la Clínica Oftalmológica Peñaranda, y que no era imputable a la Policía Nacional. 4.3. No se condenó en costas “en razón a que en la actuación no se observó que la parte demandante hubiera desplegado una conducta temeraria, de conformidad con el Artículo 171 del CPACA”.7
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Actor: JOSÉ MANUEL SANABRIA CAMACHO Y OTROS
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5. El recurso de apelación10
En su recurso de apelación, la parte demandante expresó su desacuerdo con la decisión adoptada en primera instancia, al considerar que el tribunal desconoció los elementos probatorios que acreditaban la existencia de una falla en la prestación del servicio médico por parte de la Clínica Oftalmológica Peñaranda y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Señaló que quedó demostrado que la señora Marcia Paola Salazar Criado sufrió un daño grave en su salud visual como consecuencia directa del procedimiento quirúrgico practicado, afectación que limitó de manera considerable su autonomía y calidad de vida. Respecto de la clínica demandada, sostuvo que los profesionales de la salud omitieron valorar adecuadamente los antecedentes médicos de la paciente, en particular su diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, circunstancia que, a su juicio, incidió de maner a determinante en el resultado adverso de la cirugía. Argumentó que los exámenes preoperatorios se practicaron con una antelación de diez meses a la intervención, sin que se actualizara la información médica relevante ni se advirtiera el estado de salud re al de la paciente al momento de la cirugía. Afirmó, además, que existió falta de comunicación y coordinación entre el personal médico, pues la valoración preoperatoria fue realizada por un galeno distinto al que ejecutó el procedimiento, y que durante el proceso no se garantizó un seguimiento oportuno
además, que existió falta de comunicación y coordinación entre el personal médico, pues la valoración preoperatoria fue realizada por un galeno distinto al que ejecutó el procedimiento, y que durante el proceso no se garantizó un seguimiento oportuno ni eficaz. Cuestionó que el tribunal hubiera restado importancia a estos hechos y reprochó que se atribuyera la pérdida visual a una caída sufrida por la paciente después de la cirugía, afirmación que calificó como infundada y carente de respaldo médico. En cuanto a la Policía Nacional, la parte apelante manifestó que, tras la operación y las consecuencias adversas en la salud de la paciente, la Dirección de Sanidad se abstuvo de remitirla a un centro médico distinto a la Clínica Peñaranda, a pesar de las dificultades e inconformidades presentadas, lo cual acreditaba la configuración de una conducta omisiva. En ese sentido, añadió que, para obtener atención médica en una institución diferente, fue necesario acudir a una acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales.
10 El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación el 19 de enero de 2024 (SAMAI, índice 4). No hubo lugar a dar traslado para alegar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247-5 del del CPACA -modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021-.8
Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00273-01 (70604)
Actor: JOSÉ MANUEL SANABRIA CAMACHO Y OTROS
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Finalmente, la parte actora reiteró que las secuelas visuales y el menoscabo en la calidad de vida de la señora Salazar Criado persistían, y que dichos efectos fueron el resultado de una atención médica inadecuada, en la que se desconocieron los protocolos clínicos exigidos para su tratamiento.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
1.1. En virtud del numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 201111, los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa en los que la cuantía exceda de 500 SMMLV 12, cuya apelación le corresponde tramitarla al Consejo de Estado, según el artículo 150 ejusdem13.
1.2. En el presente asunto la parte demandante solicitó, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, un total de $604’800.000, en favor de la señora Marcia Paola Salazar Criado , suma que para la fecha de presentación de la demanda era superior a 500 SMMLV 14, de ahí que el conocimiento en primera instancia le correspondiera al a quo.
2. Fuero de atracción
2.1. En atención al fuero de atracción15, a esta jurisdicción le corresponde fallar las pretensiones promovidas frente a los sujetos de derecho privado cuando se les
11 Régimen procesal aplicable a la demanda radicada el 6 de septiembre de 2016. 12 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
11 Régimen procesal aplicable a la demanda radicada el 6 de septiembre de 2016. 12 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) “6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 13“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”. 14 Para el año 2018 SMMLV era de $781,242 suma que al multiplicarse por 500 da como resultado $390’621.000. 15 “El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública (...) en conjunto con otras entidades o incluso con particulares (…), por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto (…). Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia le correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera -Jurisdicción Contenciosa Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas. Para que se pueda aplicar el fuero de atracción, se requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas. Para que se pueda aplicar el fuero de atracción, se requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 18 de junio de 2015, expediente 51.714, M.P. Hernán Andrade Rincón; además: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 1° de marzo de 2018, expediente 43.269, y del 28 de agosto de 2019, expediente 52603).9
Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00273-01 (70604)
Actor: JOSÉ MANUEL SANABRIA CAMACHO Y OTROS
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demande en forma concomitante con una entidad pública. Para lo anterior, se requiere que los hechos en los que se sustenten las imputaciones formuladas en contra del ente estatal y el particular sean los mismos 16 y tengan la misma fuente, dado que se parte de la existencia bien sea de un litisconsorcio necesario por pasiva17 o de una concausalidad 18, en virtud de la cual los dos sujetos eventualmente contribuyeron con su conducta a generar el daño y, por ende, son responsables de los perjuicios causados19.
En ese sentido, al juez le corresponde determinar la naturaleza y la fuente de la responsabilidad imputada a cada sujeto, con el fin de evitar que la jurisdicción que debe conocer el asunto sea alterada, de manera temeraria20, sino que, en efecto, la
En ese sentido, al juez le corresponde determinar la naturaleza y la fuente de la responsabilidad imputada a cada sujeto, con el fin de evitar que la jurisdicción que debe conocer el asunto sea alterada, de manera temeraria20, sino que, en efecto, la autoridad judicial que conozca del proceso sea la habilitada para tal fin21.
Dada la garantía del juez natural, del derecho a que un asunto sea definido de acuerdo con la normativa previamente definida y del carácter de orden público de las normas que rigen la jurisdicción, la aplicación del fuero de atracción debe ser excepcional, porque la modificación de las autoridades legalmente facultadas para conocer de una controversia no pueden quedar al arbitrio de las partes, máxime cuando cada una de las jurisdicciones que se encuentran establecidas en el ordenamiento jurídico, verbigracia, la ordinaria o de lo contencioso administrativo, tienen acciones y procesos propios que atienden a la naturaleza sustancial de los asuntos que han sido puestos bajo su consideración.
16 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 1° de junio de 2020, expediente 52.337. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 19 de mayo de 2005, expediente 25000-23-27-000-2002-90106-01(AP), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 22 de marzo de 2017, expediente 38.958; 11 de abril de 2019, expediente 45205; 25 de julio de 2019, expediente
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 22 de marzo de 2017, expediente 38.958; 11 de abril de 2019, expediente 45205; 25 de julio de 2019, expediente 51.687; 28 de agosto de 2019, expediente 52.603; 12 de diciembre del 2019, expediente 45.978, M.P. María Adriana Marín. 19 El criterio del fuero de atracción ha sido adoptado por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Entre las providencias en las que inicialmente se delimitó su alcance y se analizó la concausalidad se encuentran las proferidas el 10 de septiembre de 1993, el 12 y el 28 de octubre de 1993, expedientes 8549, 8148 y 8043, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta y Carlos Betancur Jaramillo 20 Así lo ha sostenido de tiempo atrás esta Corporación: “no se puede manejar con ligereza conceptual, ni con valoración descuidada de la realidad fáctica, pues se corre el riesgo de desnaturalizar la jurisdicción, ya que bastaría buscar un centro de imputación jurídica, de cuyos hechos, actos y omisiones conozca la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, para que justicia ordinaria sea relevada, sin causa, motivo o razón, del conocimiento de los asuntos que le están asignados por la ley” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 1994, M.P. Julio César Uribe Acosta). 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 19 de julio de
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 1994, M.P. Julio César Uribe Acosta). 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 19 de julio de 2006, expediente 30.836, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.10
Radicación número: 54001-23-33-000-2018-00273-01 (70604)
Actor: JOSÉ MANUEL SANABRIA CAMACHO Y OTROS
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Con todo, el fuero de atracción implica la modificación de la jurisdicción, pero no el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas contra los particulares, toda vez que, al margen de que el proceso lo conozca el juez de lo contencioso administrativo, no se les aplican las reglas de la responsabilidad del Estado, sino las del derecho privado22, al punto de que les resultan vinculantes los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia. 2.3. En el caso bajo estudio se advierte que las imputaciones formu
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