CE - Sentencia 66001233300020250009001
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 66001233300020250009001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Radicado: 66001-23-33-000-2025-00090-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 66001-23-33-000-2025-00090-01
Demandante: NATALIA ZULUAGA RESTREPO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la salud
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico contra la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión que accedió a la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 14 de marzo de 20241, la señora Natalia Zuluaga Restrepo, actuando en nombre
de Decisión que accedió a la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 14 de marzo de 20241, la señora Natalia Zuluaga Restrepo, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico con la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo 2 y a «la estabilidad laboral reforzada de una mujer embarazada».
La accionante consider ó vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de l cálculo del Índice de Evacuación Parcial realizado por la autoridad
1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2 Si bien la parte actora indicó que el derecho al trabajo estaba siendo vulnerado, se advierte que el estudio se hará frente al derecho a la salud, que es el que realmente se puede ver comprometido en el caso.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Radicado: 66001-23-33-000-2025-00090-01
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2 accionada al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, en el que le otorgó una puntuación del 79% para el año 2024 , el cual, a su juicio, no corresponde a la realidad.
2 accionada al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, en el que le otorgó una puntuación del 79% para el año 2024 , el cual, a su juicio, no corresponde a la realidad.
Lo anterior tien e injerencia en el desarrollo de sus labores como empleada de carrera del mencionado Despacho, ya que de acuerdo con el Acuerdo PCSJA12151 del 28 de febrero de 2024, una puntuación menor del 80% no permite radicar solicitudes de teletrabajo, lo cual la perjudica en atención a su estado de gravidez.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte ac cionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1. Se ajuste el cálculo del Índice de Evacuación Parcial del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira para el cual laboro actualmente, dado que la cifra reportada del 79% no refleja con precisión su rendimiento, para el efecto, deberán tomarse en cuenta únicamente los procesos ingresados por reparto, y no los que fueron transferidos mediante redistribución, ya que estos últimos no constituyen nuevos ingresos sino la carga de trabajo inicial del Juzgado en mención.
2. De no ser posible lo anterior, solicito se me exonere del requisito contenido en el Literal c del artículo 7 del Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de 2024, «Por el cual se regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial», a efectos de poder tramitar la solicitud de teletrabajo, atendiendo mis condiciones particulares para acceder a este.
3. En el evento en que el fallo de tutela sea posterior a la fecha límite para radicar la
tramitar la solicitud de teletrabajo, atendiendo mis condiciones particulares para acceder a este.
3. En el evento en que el fallo de tutela sea posterior a la fecha límite para radicar la solicitud de teletrabajo, se autorice a la nominadora del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira para dar trámite a las solicitudes de teletrabajo fuera del término inicialmente previsto3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Por medio del Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura creó de manera permanente el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, iniciando formalmente su operación el 22 de abril de 2024.
En desarrollo de tal disposición, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante el Acuerdo CSJRIA24 -0068 del 22 de marzo de 2024, dispuso la redistribución de 725 procesos provenientes de los ocho juzgados civiles municipales de Pereira al nuevo juzgado. Asimismo, de acuerdo con el artículo 3º los procesos redistribuidos debían ser registrados en el sistema SIERJU en la casilla
3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
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3 denominada «ingresos por descongestión», tal como se realizó.
No obstante, en la estadística del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, se sumaron los procesos provenientes de otros juzgados más los ingresos ordinarios por reparto y pese a que fueron evacuados 1087 procesos en el año 2024, el Índice de Evacuación Parcial (IEP) reflejó una estadística del 79%.
Por lo anterior, mediante oficio del 4 de marzo del año en curso, la juez Novena Civil Municipal de Pereira solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura ajustar el cál culo del IEP del año 2024 para el juzgado, dado que la cifra reportada no reflejaba con precisión su rendimiento, pues no se había excluido del ingreso efectivo anual los procesos asignados por redistribución.
Frente a tal petición, el Consejo Superior de la Judicatura le otorgó respuesta el 19 de marzo de 2025 , informando que no se podían modificar ni excluir procesos de las estadísticas.
Por su parte, la señora Natalia Zuluaga Restrepo se desempeña como empleada de carrera que labora en el Despacho en mención, cuenta con 7 meses de embarazo y reside en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, municipio distinto al lugar donde desarrolla sus funciones.
de carrera que labora en el Despacho en mención, cuenta con 7 meses de embarazo y reside en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, municipio distinto al lugar donde desarrolla sus funciones.
El artículo 7 del Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de 2024 4, consagra las condiciones dispuestas para acceder al teletrabajo entre las cuales indica que los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de Evacuación Parcial igual o superior al 80% como requisito para poder acceder al beneficio.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La actora manifestó que la situación en comento generaba un trato desigual e injustificado por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura dado que, se contabilizaron los procesos que fueron asignados de forma extraordinaria por redistribución de carga al juzgado, en lugar de revisar solamente los conocidos por reparto.
De igual forma, señaló que en atención al porcentaje asignado al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira no ha podido radicar su solicitud de teletrabajo, lo cual la perjudica ampliamente debido a su condición de gravidez, pues no puede desplazarse de una ciudad a otra a diario y por recomendación médica debe guardar reposo y no manejar vehículos automotores.
4 «Por el cual se regula la modalidad de teletrabajo de la Rama Judicial».Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
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Asimismo, informó que ha venido disfrutando del teletrabajo, lo cual no le ha impedido cumplir con sus funciones y acudir a sus citas de control prenatal. También señaló que por medio de Resolución CSJRIR25 -166 del 5 de marzo de 2 025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda la autorizó por el término de 1 año residir en un municipio distinto al que desempeña sus labores.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en auto del 17 de marzo de 2025, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante 5 y, como demandad o, al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico6.
Asimismo, ordenó vincular como terceros con interés al Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira 7, al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda 8 y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Risaralda9.
Por otro lado, negó la medida provisional solicitada por la actora, ya que no se advirtió, prima facie , una vulneración o amenaza a las garantías fundamentales, como tampoco un perjuicio irremediable.
Por otro lado, negó la medida provisional solicitada por la actora, ya que no se advirtió, prima facie , una vulneración o amenaza a las garantías fundamentales, como tampoco un perjuicio irremediable.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda
Por medio de informe allegado el 19 de marzo de 2025, el presidente de la corporación adujo que era el Consejo Superior de la Judicatura quien tenía la potestad de fijar los lineamientos y políticas relativas a la Rama Judicial que les aplicaba a los servidores judiciales. Por lo cual, dic has facultades eran ajenas al ente y las pretensiones de la accionante desbordaban sus competencias.
5 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó en los siguientes buzones web: nzuluaga94@hotmail.com y nzuluagr@cendoj.ramajudicial.gov.co. 6 Índice 7 de Samai de primera instancia. Se realizó la notificación por medio de mensaje de datos: udae@cendoj.ramajudicial.gov.co y info@cendoj.ramajudicial.gov.co. 7 Índice 7 de Samai de primera instancia . La notificación se realizó al correo j09cmpalper@cendoj.ramajudicial.gov.co. 8 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación fue realizada en el siguiente correo electrónico: secsaladris@cendoj.ramajudicial.gov.co. 9 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada en el buzón web: dsajpeinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
9 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada en el buzón web: dsajpeinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Radicado: 66001-23-33-000-2025-00090-01
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Expresó que en atención a que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira inició sus labores en el segundo trimestre de 2024, el índice de evacuación parcial debía revisarse teniendo en cuenta dicha situación, la cual fue puesta de presente al Consejo Superior de la Judicatura mediante el oficio CSJRIO25 -0324 del 17 de marzo del 2025.
Explicó que el teletrabajo en sí no era un derecho, sino una prerrogativa, por lo cual no era obligatorio su otorgamiento, de acuerdo al artículo 2 del Acuerdo PCSJA2412151 del 28 de febrero de 2024.
Así las cosas, argumentó que no existía nexo causal entre los hechos objeto de la acción de tutela y el accionar de la entidad, por lo cual resultaba improcedente o en su defecto, se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
A través de memorial del 19 de marzo de 2025, el director en funciones de la unidad expuso que hasta el momento el ente no había resuelto la petición formulada por la
Estadístico
A través de memorial del 19 de marzo de 2025, el director en funciones de la unidad expuso que hasta el momento el ente no había resuelto la petición formulada por la nominadora del juzgado, por lo que no se podía utilizar la acción constitucional como un mecanismo subsidiario cuando no existía una a ctuación u omisión que pudiese ser catalogada como vulneradora de derechos.
Asimismo, refirió que si se pretendía discutir alguna inconformidad frente al Acuerdo PCSJA24-12151, tenía a su disposición el medio de control de nulidad simple, en el cual tamb ién podida solicitar medidas cautelares. Adicionalmente citó varias providencias de la Corte Suprema de Justicia en las que se resolvieron casos similares al presente y se indicó que dicho acto administrativo era de carácter general, impersonal y abstracto , por lo que no podía afectar situaciones jurídicas personales y concretas y su legalidad debía ser discutida por la jurisdicción contenciosa administrativa.
En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción tutelar, en atención a que la parte actora cuenta con otros medios judiciales y no se encuentra demostrada la configuración de un perjuicio irremediable.
1.6.3. Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira
Por medio de contestación del 21 de marzo de 2025, la titular del juzgado indicó que a través de comunicación del 4 de marzo de 2025 le solicitó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico la aclaración del Índice Evacuación Parcial del año
2024. Frente a ello, la entidad contestó que:Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Desarrollo y Análisis Estadístico la aclaración del Índice Evacuación Parcial del año
2024. Frente a ello, la entidad contestó que:Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Radicado: 66001-23-33-000-2025-00090-01
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[…] el cálculo se basó en la información reportada al Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU) y se incluyen todos los ingresos y egresos del año 2024, sin excluir los procesos por redistribución. Según sus registros, el juzgado tuvo 1802 ingresos y 1419 egresos , arrojando un IEP del 79%. Además, precisa que este índice forma parte de los requisitos para el teletrabajo (Acuerdo PCSJA2412151) y se calcula anualmente con corte al 31 de diciembre. La UDAE reitera que no puede modificar ni excluir procesos de las estadísticas.
Manifestó que le asistía razón a la tutelante, pues la situación generaba una desproporción, sin embargo, solicitó que se declarara la improcedencia frente al juzgado por no vulnerar los derechos de la accionante.
Pese a que la Dirección Ejecutiva Seccio nal de Administración Judicial de Risaralda fue notificada en debida forma, guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en sentencia del
Risaralda fue notificada en debida forma, guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en sentencia del 27 de marzo de 2025, accedió a la solicitud de amparo.
Posterior a citar el contenido de los acuerdos PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 202310, PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 202411 y CSJRIA24-068 del 22 de marzo de 202412, señaló que:
[…] las disposiciones citadas no contemplaron ningún tratamiento estadístico especial en cuanto a la distribución y asignación de los procesos con motivo de la creación de juzgados y el procedimiento de redistribución, […] desconociendo con ello el impacto en los ingresos del Despacho y a su vez, en el índice de evacuación, lo cual evidencia un trato desigual que carece de justificación, en tanto no refleja de manera precisa el trabajo del juzgado y difiere del trato que se le da a los otros Juzgados, como los que remiten los procesos, situación que fue evidenciada por el Consejo Seccional de la Judicatura quien la puso de presente dicha realidad ante la Unidad de Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, a través Oficio CSJRIO25-0324 del 17 de marzo de 2025 […].
En consecuencia, adujo que pese a la presunción de legalidad de las disposiciones enunciadas, podían existir situaciones que desbordaban lo regulado y se generaba un trato desigual, como era el caso del cálculo del Índice de Evacu ación Parcial a un juzgado nuevo como el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira.
un trato desigual, como era el caso del cálculo del Índice de Evacu ación Parcial a un juzgado nuevo como el Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira.
10 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional». 11 «Por el cual se regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial». 12 Redistribución de procesos.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
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7 Con el fin de soportar el dicho, citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal13 donde se estudió una situación fáctica y jurídica similar y se concluyó que resultaba inequitativo exigir a los juzgados creados recientemente una tasa de producción bruta superior a la de los demás, imponiéndoles como consecuencia la imposibilidad de acc eder al teletrabajo, por lo que se declaró la excepción de inconstitucionalidad de la disposición.
En particular frente a la señora Zuluaga Restrepo se manifestó que, con ocasión de su estado de embarazo, se le debía dar tratamiento de sujeto de especial protección constitucional, máxime si se tenía en cuenta la valoración médica aportada en la que se recomendaba no conducir vehículos por riesgo de parto, atendiendo a que
su estado de embarazo, se le debía dar tratamiento de sujeto de especial protección constitucional, máxime si se tenía en cuenta la valoración médica aportada en la que se recomendaba no conducir vehículos por riesgo de parto, atendiendo a que la actora residía en una ciudad distinta a la que laboraba.
Así las cosas, el juez constitucional de primera instancia advirtió que se debían tomar medidas urgentes con el fin de salvaguardar la vida de la madre y del nasciturus, pues si bien se reconocía que el teletrabajo era una prerrogativa y no un derecho, indicó que la Corte Const itucional14 ha utilizado dicha medida para proteger a personas que tuvieran un estado particular de salud.
Por lo tanto, se decidió inaplicar por inconstitucionalidad el porcentaje del 80% del Índice de Evacuación Parcial establecido en el literal C del artículo 7° del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, por el término de 2 meses o hasta tanto se realizara el trámite de autorización del teletrabajo . De igual forma, se ordenó expedir un acto administrativo en el que se dispusiera que la se ñora Zuluaga Restrepo al ser sujeto de especial protección sería beneficiaria de la medida del teletrabajo desde su lugar de habitación ubicado en el municipio de Cartago.
Asimismo, se le ordenó a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de 72 horas posteriores a la notificación del fallo, procediera a recalcular el IEP del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira «[…] excluyendo los procesos repartidos a esos despachos en virtud de
Superior de la Judicatura que, en el término de 72 horas posteriores a la notificación del fallo, procediera a recalcular el IEP del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira «[…] excluyendo los procesos repartidos a esos despachos en virtud de redistribución de cargas, conforme con la tesis contenida en la providencia dictada por la
H. Corte Suprema de Justicia, ya reseñada y trascrita en esta sentencia».
Consecuente a lo anterior, ordenó que, si se cumplían los requisitos dispuestos en el acuerdo del 28 de febrero de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura debía habilitar la plataforma para que la actora radicara la solicitud de teletrabajo, que posteriormente sería tramita por la nominadora.
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Gerardo Barbosa Castillo, Sentencia STP6631-2024 del 30.04.24. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 2016 y T-265 de 2024.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
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8 Puso de presente que «[L]as decisiones que se despachan para nada implica una intromisión en las competencias de las demás unidades de la Rama Judicial, incluyendo juzgado o la unidad de estadística, como quiera que la falta de regulación para el caso como
8 Puso de presente que «[L]as decisiones que se despachan para nada implica una intromisión en las competencias de las demás unidades de la Rama Judicial, incluyendo juzgado o la unidad de estadística, como quiera que la falta de regulación para el caso como el que ocupa la Sala es evidente, aunado a que para nada deja por fuera de consideración que el teletrabajo no es un beneficio en sí mismo, y que si bien el umbral mínimo para la procedencia del este, es una medida administrativa en aras del eficiente rendimiento de los juzgados, para el caso concreto su aplicación se hace injusta, violatoria del derecho a la igualdad y no tiene en cuenta parámetros de discriminación positiva».
Por último, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que , en uso de sus competencias, al regular el teletrabajo en la Rama Judicial, contempl ara o t uviera en cuenta la situaciones excepcionales o singulares que se pueden presentar en la realidad, como las indicadas en la providencia.
1.8. Impugnación
1.8.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Con documento radicado por medio del aplicativo Samai el 28 de marzo de 202515, la parte demandada impugnó el fallo de primera instancia . Al respecto manifestó que se realizó un análisis indebido del requisito de subsidiariedad, ya que la facultad de controvertir el resultado del cálculo del IEP no est aba sujeta al nominador del Despacho, sino a cualquier miembro de este, por lo que no se encontraba cumplida dicha condición de la acción de tutela , pues ante la notificación del resultado era procedente el recurso de reposición.
Despacho, sino a cualquier miembro de este, por lo que no se encontraba cumplida dicha condición de la acción de tutela , pues ante la notificación del resultado era procedente el recurso de reposición.
Asimismo, refirió que la respuesta que se le otorgó a la solicitud realizada por la jueza Novena Civil Municipal de Pereira el 19 de marzo de 20 25 constituía un acto administrativo que podía ser recurrido ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Por otra parte, indicó que la parte actora no se manifestó de forma concreta sobre la causación de un perjuicio irremediable, pues si bien el tel etrabajo se encontraba reglamentado en el Acuerdo PCSJA24 -12151 del 28 de febrero de 2024 , este era un acto de carácter general, impersonal y abstracto, por lo cual no podía lesionar por sí solos derechos de índole particular.
Respecto al precedente judicial utilizado como fundamento de la decisión objeto de impugnación, señaló que la providencia de la Corte Suprema de Justicia quedó sin efectos por la indebida conformación del contradictorio y, en la nueva sentencia se
15 Notificado el 28 de marzo de 2025.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
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9 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que no era aplicable un sustento inexistente.
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9 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que no era aplicable un sustento inexistente.
Así las cosas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional, en atención al incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
1.9. Actuaciones posteriores al fallo de primera instancia
En documento del 1º de abril del año en curso, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico presentó solicitud de nulidad al considerar que e l a quo no tuvo e n cuenta la contestación a la presente acción tutelar allegada el 19 de marzo de 2025.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en auto del 27 de marzo de 2025, consideró que el informe no fue remitido en tiempo y, por lo tanto, no fue relacionado en el fallo, no obstante, explicó que dicha situación no tenía la virtualidad de generar una nulidad, pues «[…] la falta de contradicción o valoración de una prueba no vicia el proce dimiento, ni la decisión; ya que, eventualmente lo que puede generar es la revocatoria de la providencia por parte del superior».
De igual forma, expuso que observado el memorial, la decisión de amparo no hubiese sido diferente, dado que «[…] el diagnóstico médico que recomienda evitar movilizarse en vehículos, la posibilidad de realizar las funciones a través de la modalidad de tele trabajo y su condición de sujeto especial de protección constitucional, hacían procedente la tutela de los derechos fundamentales conculcados con el fin de evitar un perjuicio irremediable».
En consecuencia, adujo que no se encontraba una irregularidad p rocesal que
procedente la tutela de los derechos fundamentales conculcados con el fin de evitar un perjuicio irremediable».
En consecuencia, adujo que no se encontraba una irregularidad p rocesal que debiera ser san eada, razón por la que negó la solicitud de nulidad y concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico contra la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.Demandante: Natalia Zuluaga Restrepo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico Radicado: 66001-23-33-000-2025-00090-01
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10 2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de marzo de 202 5 del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de marzo de 202 5 del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
- ¿El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico vulneró el derecho a la igualdad al calcular erróneamente el Índice de Evacuación Parcial del Juzgado Noveno Civil Municipal de Pereira, al contabilizar los procesos ingresados por redistribución, así como por reparto? • ¿Puede la señora Natalia Zuluaga Restrepo acceder a la medida de teletrabajo en atención a su estado de embarazo y en protección de su derecho a la salud?
Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela ; (ii) sujetos de especial protección constitucional; (iii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso administrativo; (iv) subsidiariedad y, (v) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991. La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial d e los
el Decreto 2591 de 1991. La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha
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