CE - Sentencia 68001233300020150102202

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 68001233300020150102202
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 68001233300020150102202 (71329)

Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Demandado: ABEL SORACÁ AGAMEZ Y OTROS

Tema: Límites al recurso de apelación. Principio de congruencia. La parte demandada solo apeló respecto de la prueba del pago de la condena. Se acreditó el pago. Se configuran costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de febrero de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 3 de octubre de 2012 , el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por “los atropellos sexuales” de que fueron víctimas Sonebia Pinzón Herrera y su menor hija, caus adas por los soldados voluntarios Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago , por lo que

Herrera y su menor hija, caus adas por los soldados voluntarios Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago , por lo que ordenó pagar a las víctimas y a sus familiares perjuicios inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma que pagó una indemnización por concepto de dicha condena, en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago , pues considera que con su actuar

1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.2

Radicado: 68001233300020150102202 (71329)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

doloso incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 4 de septiembre de 20152, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de los soldados Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago , para que se les declarara patrimonialmente responsables del pago de $566.700.000 a Sonebia Pinzón Herrera y otros, el cual se llevó a cabo en cumplimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por el Consejo de Estado.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de noviembre

Herrera y otros, el cual se llevó a cabo en cumplimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por el Consejo de Estado.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de noviembre de 1992 en el municipio de Sabaneta (Santander), los soldados voluntarios Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago adscritos a la brigada móvil No. 2 del Batallón de Contraguerrillas No. 18 Cimarrones, estando evadidos del servicio y con alto grado de alicoramiento, ingresaron de forma violenta a la vivienda de Sonebia Pinzón Herrera , en la cual “encañonaron” a Luis Fernando Martínez “ para luego acceder carnal y violentamente” a la señora Pinzón y realizar actos sexuales abusivos en su hija menor de edad.

Señala que, por esos hechos, el 2 de julio de 1993 , Soneiba Pinzón Herrera y sus familiares presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios de los que habían sido víctimas.

Manifiesta que, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, se declaró administrativa y patrimonialmente

2 Archivo 0002 demanda. Exp. Digital. Samai.3

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

2 Archivo 0002 demanda. Exp. Digital. Samai.3

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por “la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden sufridos por los demandantes a consecuencia de los atropellos sexuales de que fueron víc timas, en presencia del pequeño núcleo familiar, por parte de militares adscritos a la Brigada Móvil No. del Ejército Nacional” y, en consecuencia, se le condenó a pagar perjuicios inmateriales a las víctimas y a sus familiares.

Destaca que Soneiba Pinzó n Herrera y otros presentaron recurso de apelación contra la sentencia del 19 de septiembre de 2002 , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Sostiene que, posteriormente, el Consejo de Estado , mediante sentencia 3 de octubre de 2012, modificó la decisión apelada para actualizar los perjuicios reconocidos en primera instancia.

Atendiendo a que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de los soldados Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago , pues considera que con su actuación “dolosa” incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestación

El 6 de octubre de 2015 3, el Tribunal Administrativo del Santander admitió la

actuación “dolosa” incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestación

El 6 de octubre de 2015 3, el Tribunal Administrativo del Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. Abel Soracá Agamez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago, a través de curadora ad litem4 se opusieron a las pretensiones e indicaron como argume nto central de defensa, que no se probó el pago de la condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, razón por la cual

3 Archivo 0007. Exp. Digital. Samai. 4 Archivo 0040. Exp. Digital. Samai.4

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no podía prosperar el medio de control de repetición. Justamente, refirió que no se aportó prueba que acreditara que los beneficiarios de la decisión judicial recibieron a satisfacción el pago de la misma. Por último , propuso las excepciones de caducidad del medio de control e inepta demanda.

3. Trámite primera instancia

3.1. Mediante auto del 27 de juli o de 2020 5, el Tribunal Administrativo resolvió negativamente las excepciones propuestas por la curadora ad litem de l a parte demandada.

3.2. A través de decisión del 31 de marzo de 2023 6, el Tribunal Administrativo de Santander prescindió de realizar audiencia inicial, realizó el saneamiento del

demandada.

3.2. A través de decisión del 31 de marzo de 2023 6, el Tribunal Administrativo de Santander prescindió de realizar audiencia inicial, realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a determinar si “Hay lugar a repetir en contra de los señores Abel Soracá Agámez, Pedro Ramón Suárez Chía y José Harold Sánchez Buitrago, por el pago que se debió cancelar con ocasión de la condena impuesta al Ministerio de Defensa, por los perjuicios causados en hechos acaecidos 7 de noviembre de 1992 en Sabaneta -jurisdicción del Municipio de Sabana de Torres-”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1 de diciembre de 20237 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional8 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

5 Archivo 0054. Exp. Digital. Samai. 6 Archivo 0054. Exp. Digital. Samai. 7 Archivo 0102. Exp. Digital. Samai. 8 Archivo 0106. Exp. Digital. Samai.5

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4.2. El Ministerio Público9 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que se probaron tanto los requisitos de procedibilidad del medio de control de

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

4.2. El Ministerio Público9 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que se probaron tanto los requisitos de procedibilidad del medio de control de repetición, así como la conducta dolosa de los demandados.

4.3. La parte demandada guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de febrero de 2024 10 el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda, al constatar que los uniformados demandados actuaron con dolo en los hechos acaecidos el 7 de noviembre de 1992 en la vivienda de Sonebia Pinzón Herrera.

Al efecto, sostuvo: “En lo que atañe a la valoración de la conducta de los demandados, conforme la atribución de responsabilidad penal que se estableció en su contra es dable considerar, que el daño antijuridico causado a los demandantes en el proceso identificado con el radicado 68001 -23-15-000-1993-09238-01, fue ocasionado por la actuación dolosa en que incurrieron los aquí demandados, quienes se valieron de las armas que portaban para ingresar arbitrariamente a su residencia y reducirlas con la finalidad de abusar carnalmente de ellas. Como consecuencia de lo expuesto, es dable considerar que, en el presente caso, la condena en materia penal que se le impuso a los demandados como autores de los punibles referidos al acceso carnal violento, dan por acreditado el supuesto establecido por el legislador en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001, para presumir la existencia del dolo como elemento fundamental para que proceda la repetición.”

punibles referidos al acceso carnal violento, dan por acreditado el supuesto establecido por el legislador en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001, para presumir la existencia del dolo como elemento fundamental para que proceda la repetición.”

En la parte resolutiva el a quo condenó a Abel Sorac á Agámez, José Harold Sánchez Buitrago y Pedro Ramón Suárez Chía a pagar cada uno, el equivalente al 33,3% de $566.700.000 “correspondiente al capital que debió sufragar el Ministerio de Defensa a las víctimas del proceso identificado con el radicado 68001 -23-15000-1993-09238-01”.

9 Archivo 0108. Exp. Digital. Samai. 10 Archivo 0110. Exp. Digital. Samai.6

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6. Recurso de apelación

El 19 de marzo de 20 2411, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 30 de abril de 202412 y admitido el 31 de mayo de 202413.

6.1. La curadora ad litem14 de Abel Soracá Agámez, José Harold Sánchez Buitrago y Pedro Ramón Suárez Chía 15, como único argumento de disenso con el fallo recurrido, sostuvo que no estaba probado el pago de la sentencia condenatoria que se profirió contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Textualmente indicó: “No es dable la prosperidad de las pretensiones invocadas por entidad estatal, habida cuenta que no se encuentra acreditado el pago de la

se profirió contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Textualmente indicó: “No es dable la prosperidad de las pretensiones invocadas por entidad estatal, habida cuenta que no se encuentra acreditado el pago de la condena al beneficiario de la misma, e igualmente no existe paz y salvo emitido por la señora Sonebia Pinzón Herrera a título personal ni como representante legal de los menores Marcela Becerra Pinzón, Yurley Paola y Diego Armando Pinzón Herrera y Luis Fernando Martínez Bayona, ni tampoco del apoderado que las representó”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 16, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia17.

11 Archivo 0112 y 0113. Exp. Digital. Samai. 12 Archivo 0115. Exp. Digital. Samai. 13 Archivo 003. Exp. Digital – apelación sentencia. Samai. 14 Archivo 0112 y 0113. Exp. Digital. Samai. 15 Archivo 0112 y 0113. Exp. Digital. Samai. 16 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 17 Samai, índice 0003.7

Radicado: 68001233300020150102202 (71329)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

7.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional18, reiteró los argumentos de la demanda. De hecho, enfatizó que el pago de la condena estaba probado con el certificado que expidió del tesorero de esa entidad.

7.2. El Ministerio Público19 rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, dado que estaban acreditados todos l os presupuestos del medio de control de repetición, incluso la actuación dolosa de los demandados.

7.3. La parte demandada guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares

conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimie nto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 20 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200121.

18 Samai, índice 0011. 19 Samai, índice 0012. 20 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamient o en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesore ro o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 21 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.”8

pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 21 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.”8

Radicado: 68001233300020150102202 (71329)

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En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto po r la parte demandada contra la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 22, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 23, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 24, la pretensión de repetición es aquel instrumento procesal de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Abel Soracá Agámez, José Harold Sánchez Buitrago y Pedro Ramón

conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Abel Soracá Agámez, José Harold Sánchez Buitrago y Pedro Ramón Suárez Chía patrimonialmente responsables del pago de $566.700.000 realizado en cumplimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2012, proferida por el Consejo de Estado.

22 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $566.700.000 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2015 el SMLMV ascendía a la suma de $644.350, de ahí que 5 00 SMLMV correspondían a $322.175.000. 23 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 24 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.9

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.9

Radicado: 68001233300020150102202 (71329)

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3. Vigencia del medio de control

Si bien el Tribunal Administrativo de Santander resolvió la excepción de caducidad del medio de control propuesta por la parte demandada, en el sentido de indicar que dicho fenómeno no se configuró, en tanto la demanda se presentó dentro de los dos años que otorga la ley para hacerlo , resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal25.

Con el propósito de ot orgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 26, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del dere cho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

25 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

25 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguien te: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, com o se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 27, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y

que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más

27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien d entro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

solidificar el concepto de derechos adquiridos 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 29 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.11

Radicado: 68001233300020150102202 (71329)

sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.11

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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

allá del tiempo concedido por la ley proce sal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 201230, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)31. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incide ntes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incid entes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)32, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados33.

No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA 34, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “ régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se sup edita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al

anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “ régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se sup edita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.

30 La demanda de repetición se presentó el 4 de septiembre de 2015. 31 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la pr

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