CE - Sentencia 68001233300020230079901
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 68001233300020230079901
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Demandante: JOSÉ ALEXIS RODRÍGUEZ ÁVILA
Demandado: ÉDGAR ALEXIS OLARTE DÍAZ – CONCEJAL DE VÉLEZ
(SANTANDER), PERIODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad para ser concejal por celebración de contrato – artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 17 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por la cual se declaró la nulidad de la elección de Édgar Alexis Olarte Díaz, como concejal de Vélez, periodo constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Díaz, como concejal de Vélez, periodo constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El ciudadano José Alexis Rodríguez Ávila, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral1, consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el acto de elección de Édgar Alexis Olarte Díaz como concejal del municipio de Vélez, periodo constitucional 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON del 1.º de noviembre de 2023 . En el escrito se elevaron las siguientes
pretensiones:
1. Se declare la nulidad del acto de inscripción como candidato al concejo del municipio de Vélez Santander del señor Edgar Alexis Olarte Díaz identificado con C.C. 13956971 por el partido de la U ante la Registradora Nacional del
Estado Civil.
2. Se declare la nulidad del acto administrativo de elección contenido en la declaración de elección Acta de Escrutinio Formulario E 26 CON – del día
1 La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Santander, el 30 de noviembre de 2023, según consta en el documento 3 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 1 DE NOVIEMBRE DE 2023, expedida por la comisión escrutadora municipal de Vélez - Santander elección concejo – elecciones del 31 de octubre de
2023. Por medio del cual declararon electo a Edgar Alexis Olarte Díaz identificado con C.C. 13956971 como conceja l del Municipio de Vélez Santander para el periodo constitucional 2024-2027.
3. Así mismo se profiera la cancelación del LA CREDENCIAL EXPEDIDA LA REGISTRADURÌA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL a Edgar Alexis Olarte Díaz identificado con C.C. 13956971 para el periodo constitucional 2024-2027 en el Municipio de Vélez Santander.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones el H Tribunal declare la elección de los miembros del Concejo de Vélez Santander como corresponda.
5. Que, como consecuencia de lo anterior, el cargo de Concejal del Municipio de Vélez Santander en representación del partido de la U se declare debe ser ocupado por el se ñor José Alexis Rodríguez Ávila identificado con C.C. 13955727 de Vélez según la votación obtenida.
2. Ordenar que se profiera la correspondiente cancelación de la ‘credencial’ que acredite como concejal electo al demandado para el periodo constitucional 2024-2027.
3. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de CONCEJAL del
Municipio de Bugalagrande en representación del PARTIDO DE LA UNIÓN
que acredite como concejal electo al demandado para el periodo constitucional 2024-2027.
3. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de CONCEJAL del Municipio de Bugalagrande en representación del PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE PARTIDO DE LA U sea ocupado por los candidatos que le subsiguió al demandado según votación obtenida (sic).
1.2. Hechos relevantes
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora narró, en
síntesis, los siguientes:
3. Sostuvo que el señor Édgar Alexis Olarte Díaz se inscribió y fue elegido concejal de Vélez por el Partido de La Unión por la Gente «La U», para el periodo
2024-2027.
4. Asimismo, indicó que el demandado fue representante legal de la Asociación de Ganaderos de la Provincia de Vélez «ASOGANAVEL», durante el año 2022, es decir, el año anterior a la elección como concejal de Vélez.
5. Adujo que Édgar Alexis Olarte Díaz, el 16 de diciembre de 2022, suscribió un «convenio de alianza», en calidad de representante legal de ASOGANAVEL, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Vélez y las empresas Veleña de Bocadillos y Bocadillos Mundo Raro, negocio jurídico que, actualmente, se encuentra en ejecución en el municipio de
Vélez.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
negocio jurídico que, actualmente, se encuentra en ejecución en el municipio de Vélez.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
6. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 137, 139 y 275.5 de la Ley 1437 de 2011, 43.3 de la Ley 136 de 1994 y 28 de la Ley 1475 de 2011.
2 En adelante MADR.Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3
7. Para el efecto, manifestó que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad por haber suscrito el convenio de alianza con las entidades antes señaladas, el 16 de diciembre de 2022, es decir, dentro del periodo inhabilitante, razón por la cual se configura la causal de inhabilidad «por su intervención en negocios con entidades tanto del orden nacional, departamental y municipal».
8. Expuso que Édgar Alexis Olarte Díaz omitió informar a las autoridades electorales competentes acerca de la inhabilidad para ser inscrito y elegido concejal de Vélez.
1.4 Contestación de la demanda3
Édgar Alexis Olarte Díaz
9. A t ravés de apoderad o, contestó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:
de Vélez.
1.4 Contestación de la demanda3
Édgar Alexis Olarte Díaz
9. A t ravés de apoderad o, contestó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:
10. En primer término, indicó que se desempeñó como representante legal de ASOGANAVEL hasta el 23 de diciembre de 2022, fecha en la cual la junta directiva aceptó su renuncia.
11. En segundo lugar, explicó que, si bien es cierto, el 16 de diciembre de 2022, en la condición de representante legal de ASOGANAVEL , suscribió un documento denominado «Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas “Convenio de la Alianza”», este no tiene la naturaleza jurídica de ser un contrato ni mucho menos constituye la gestión de un negocio.
12. Adujo que la alianza tiene su origen en el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP), cread o por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desde el año 2002, y se trata de un «documento técnico que describe todos los compromisos de los intervinientes y que además desagrega las actividades específicas que se realizarán durante su ejecución», el cual, por sí solo, no genera obligaciones ni compromete recursos financieros o en especie.
13. Sostuvo que, comoquiera que el documento es de carácter técnico no determina ningún interés propio o de terceros, para lo cual se debe tener en cuenta que el perfeccionamiento y cumplimiento de la alianza se materializa con la firma del contrato de fiducia y la suscripción de las respectivas pólizas, los que, además, fueron firmados el 8 de junio de 2023 por Herleing Quintero Olave, nuevo
del contrato de fiducia y la suscripción de las respectivas pólizas, los que, además, fueron firmados el 8 de junio de 2023 por Herleing Quintero Olave, nuevo representante legal de ASOGANAVEL.
14. Insistió en que en el capítulo 1 de la alianza, en el acápite de definiciones, se precisó que: «este acuerdo no compromete por sí solo recursos financieros y/o en especie, sino que establece el marco de acuerdos que se ajustan al propósito PAAP para que a través del instrumento contrato de fiducia mercantil s e comprometan formalmente los aportes y obligaciones sobre su destinación».
3 Se pone de presente que, si bien se dispuso la notificación de la demanda al Concejo de Vélez, no se allegó escrito alguno por parte de la corporación. Por otro lado, el Consejo Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil no fueron vinculados al proceso.Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
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15. Aseguró que el alcance de la alianza está definido en el numeral 3.3.8.1 del manual operativo, lo que pone de presente que se trata de una guía dirigida a la implementación del modelo de alianzas productivas. Igualmente, adujo que para el perfeccionamiento se requiere de un contrato de fiducia.
manual operativo, lo que pone de presente que se trata de una guía dirigida a la implementación del modelo de alianzas productivas. Igualmente, adujo que para el perfeccionamiento se requiere de un contrato de fiducia.
16. Explicó que se requiere de la contratación de diferentes actores para que se cumpla el objeto de la alianza, que consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de treinta y siete familias que hacen parte de la GANAVEL, a través del incremento de la producción lechera de 3 a 3.6 litros, mediante el mejoramiento de la nutrición de los bovinos.
17. Aclaró que la concreción de la alianza requiere del desarrollo de varias actividades adicionales, las que no se habían materializado para el 29 de octubre de 2023, fecha en la que se realizaron las elecciones para autoridades regionales.
18. Sostuvo que, en el informe del 27 de enero de 2024, dirigido al representante legal de ASOGANAVEL, se describieron las actuaciones desarrolladas, de las que se concluye que, para la fecha de las elecciones, el convenio de alianza aún no había iniciado con la contratación de los profesionales que debían ejecutar las actividades tendientes para el cumplimiento del objetivo.
19. Añadió que la suscripción de la alianza no produjo una ventaja electoral frente a los demás candidatos al concejo, pues para el momento de la contestación de la demanda, ni los treinta y siete pequeños productores de leche, ni el concejal demandado, habían recibido ningún beneficio económico ni en especie.
1.5. Actuaciones procesales relevantes en la primera instancia
20. Mediante auto del 16 de enero de 202 4, el Tribunal Administrativo de
demandado, habían recibido ningún beneficio económico ni en especie.
1.5. Actuaciones procesales relevantes en la primera instancia
20. Mediante auto del 16 de enero de 202 4, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda4.
21. Por auto del 11 de abril de 20245, se negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado.
22. El 30 de mayo de 2024 6 se aplicó lo dispuesto en los artículos 283, 175 parágrafo 2º y 182 A de la Ley 1437 de 2011, para efectos de dictar sentencia anticipada. Por ello, se decretaron pruebas dentro del asunto y se fijó el litigio en los
siguientes términos:
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la elección como concejal del Municipio de Vélez Santander del se ñor EDGAR ALEXIS
OLARTE DIAZ.
Para ello se deberá establecer si el señor EDGAR ALEXIS OLARTE DIAZ, incurrió en la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, debiendo analizarse si el demandado dentro del año anterior a la elección intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o
4 Índice 6 del expediente digital de primera instancia. 5 Índice 16 ibidem. 6 Índice 25.Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
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1.6. Sentencia de primera instancia
21. Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto de elección demandado , por haberse acreditado la configuración de la causal de inhabilidad del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 . Como fundamento de la decisión expuso, en resumen, lo
siguiente:
22. En forma previa, se refirió al marco normativo y jurisprudencia l de la causal de inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 , modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para lo cual señaló que la norma comprende dos situaciones reprochables, esto es, la relativa a la «gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel» y , por otro lado, la referente a haberse desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado.
haberse desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado.
23. Se refirió a los elementos que estructuran la causal de inhabilidad, para luego señalar el objeto del «Convenio de Alianza (Acuerdo) la Asociación de Ganaderos de la Provincia de Vélez, Veleña de Bocadillos y Fábrica de Bocadillos Mundo Raro, Alcaldía de Vélez, Bioentorno, UNAD, Gobernación de Santander, SENA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR», suscrito el 16 de diciembre de 2022, al igual que la descripción de la alianza, los compromisos que adquirió ASOGANAVEL, el MADR y las entidades acompañantes; las inversiones de la alianza y las fuentes de financiación; la canalización de los recursos, y el valor del incentivo modular, a partir del cual concluyó que se cumplieron todos los elementos de la inhabilidad por gestión de negocios.
24. En cuanto al elemento objetivo de la inhabilidad , sostuvo que se demostró que, el 16 de diciembre de 2022, Édgar Alexis Olarte Díaz , en la condición de representante legal de ASOGANAVEL, suscribió el acuerdo técnico o de alianza con el MADR, el departamento de Santander, la Alcaldía de Vélez y con las
empresas Veleña de Bocadillos y Bocadillos Mundo Raro.
25. Respecto del territorial, sostuvo que el convenio se ejecuta en el municipio de Vélez, territorio en el cual el demandado fue candidato y resultó elegido concejal para el periodo 2024-2027.
25. Respecto del territorial, sostuvo que el convenio se ejecuta en el municipio de Vélez, territorio en el cual el demandado fue candidato y resultó elegido concejal para el periodo 2024-2027.
26. En relación con el temporal, afirmó que el convenio fue suscrito el 16 de diciembre de 2022, esto es, dentro del periodo inhabilitante, que inició desde el 29 de octubre de ese año y se extendió hasta el 29 de octubre de 2023 -un año antes de las elecciones.
27. Para estructurar el elemento subjetivo, indicó que el convenio fue firmado en virtud de la Resolución 121 del 3 de mayo de 2021, por medio de la cual se adoptaDemandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 el Manual Operativo del Proyecto Alianzas Productivas del MADR.
28. Destacó que el convenio de alianza es un documento que se limita a establecer los acuerdos vinculantes del objeto común de las partes, el cual consiste en hacer llegar a los pequeños productores rurales asociados los incentivos o subvenciones establecidas en el Decreto 1071 de 2015.
29. Mencionó que el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) es una propuesta empresarial de estructuración de subproyectos productivos participativos sostenibles y de política sectorial, dirigid o a la producción de nuevas relaciones
29. Mencionó que el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) es una propuesta empresarial de estructuración de subproyectos productivos participativos sostenibles y de política sectorial, dirigid o a la producción de nuevas relaciones económicas y sociales en el campo, para contribuir al desarrollo regional sobre las bases de convivencia y paz.
30. Anotó que Édgar Alexis Olarte Díaz, al suscribir el convenio, actuó en representación de los beneficiarios de este, conformado por treinta y siete familias ubicadas en diecisiete veredas integradas por ciento dieciocho personas, razón por la cual encontró acreditado el elemento subjetivo de la inhabilidad por gestión de negocios, ya que el negocio jurídico se celebró a título oneroso. Frente al punto, aseguró que el hecho de que el contrato se haya suscrito con una entidad sin ánimo de lucro y en la modalidad de convenio de alianza, no significa que no haya reportado ventajas económicas a GANAVEL.
31. Por ello, se configuró la inhabilidad por «gestión o celebración de negocios» en el periodo inhabilitante, razón por la cual declaró la nulidad parcial del acto de elección acusado y ordenó la cancelación de la credencial de Édgar Alexis Olarte Díaz como concejal de Vélez, periodo 2024-2027.
1.8. El recurso de apelación
32. El demandado interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:
33. Manifestó que el Tribunal Administrativo de Santander efectuó una valoración inadecuada de la naturaleza jurídica del convenio de alianza, a partir del cual se
primera instancia, con fundamento en lo siguiente:
33. Manifestó que el Tribunal Administrativo de Santander efectuó una valoración inadecuada de la naturaleza jurídica del convenio de alianza, a partir del cual se configuró la inhabilidad, pues este no se trató de un contrato estatal, requisito indispensable para ese efecto.
34. Consideró que el juez de primera instancia se limitó a hacer unas transcripciones del contenido del documento, sin que hubiera estudiado los requisitos esenciales o accidentales, y omitió el hecho de q ue no comprende obligaciones bilaterales ni onerosas, así como tampoco advirtió que los firmantes no son contratistas sino beneficiarios de una política pública.
35. Enfatizó en que el convenio no reportó beneficio particular propio o en favor de un tercero. Sin embargo, para el tribunal se reputó una ventaja económica o extrapatrimonial, en forma objetiva, sin que esta se hubiera demostrado.
36. Precisó que no se distinguió entre las nociones de convenio y contrato, y si bien el Consejo de Estado ha señalado que conceptualmente no existe diferencia, ello no implica que sean idénticos en cuanto a su naturaleza y efectos.Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
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37. Señaló que los convenios, contrario a los contratos, no tienen ánimo de lucro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7
37. Señaló que los convenios, contrario a los contratos, no tienen ánimo de lucro y, en el caso concreto, no se ejecutó una prestación a cambio de un precio, lo cual es característico de los contratos estatales.
38. En su criterio, desde el punto de vista sustancial, en los convenios confluyen intereses con el fin de satisfacer una necesidad de interés público, lo que difiere de la naturaleza conmutativa de los contratos estatales.
39. Indicó que los montos señalados en la sentencia no se concretaron con el convenio, toda vez que iban a ser percibidos a través de un contrato de fiducia, es decir, se trató de un negocio jurídico que sí permitía poner en marcha las inversiones del PAAP, el cual no fue suscrito por el demandado.
40. Expresó que el convenio no tiene las características y elementos del contrato estatal o de un negocio que estructure la inhabilidad endilgada, sino que se trató de un documento para materializar una política pública por parte del MADR.
41. Para el efecto, mencionó que en el numeral 1.1 del convenio se define el convenio como un «documento técnico que describe compromisos», es decir que no se pactan obligaciones de manera bilateral, requisito necesario para los contratos. Ello pone de presente que es un documento meramente descriptivo.
42. Por otro lado, afirmó que los participantes del convenio no tienen la condición de contratistas, de manera que no concurren todos los elementos esenciales para la existencia del contrato (artículos 1501 del Código Civil y 998 del Código de
Comercio).
42. Por otro lado, afirmó que los participantes del convenio no tienen la condición de contratistas, de manera que no concurren todos los elementos esenciales para la existencia del contrato (artículos 1501 del Código Civil y 998 del Código de
Comercio).
43. Acotó que en el numeral 2.2, en cuanto a la descripción de la alianza, se definió a ASOGANAVEL como una organización sin ánimo de lucro que representa a los beneficiarios del convenio, de acuerdo con los estatutos de aquella, lo que pone de presente que la organización era un beneficiario de una política pública del
MADR.
44. Expresó que el convenio no era oneroso, aspecto que no fue analizado por el tribunal.
45. Indicó que no se materializó el elemento objetivo , toda vez que el legislador no previó la suscripción de «acuerdos técnicos» o «acuerdos de alianza» como inhabilidad. Por lo tanto, en atención a la interpretación restrictiva del régimen de inhabilidades, debió analizarse que en este caso no hubo la celebración de un contrato estatal.
46. Adujo que el tribunal no explicó por qué encontró demostrado el elemento subjetivo, pues solo se limitó a señalar que el convenio fue oneroso, por lo que realizó una negación indefinida para tener por cierta la existencia de beneficios económicos en favor de terceros.
1.9. Actuación procesal en segunda instancia
47. Mediante auto del 18 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de laDemandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso de apelación ; (ii) ordenó a la secretaría de la Sección correr traslado a la parte contraria por el término de 3 días; (iii) igualmente que, una vez vencido el plazo anterior, permaneciera el expediente en Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran alegatos de conclusión y (iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público con el fin de que rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.
1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.10.1. Demandante
48. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.
1.10.2. Demandado
49. No allegó escrito de alegaciones finales.
1.11. Concepto del Ministerio Público
50. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
51. La S ección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 17 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo d e Santander, de
51. La S ección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 17 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo d e Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 7 y 152 numeral 7, literal a) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, en
7 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 8 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto po pular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 , modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024, de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
52. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en el recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida del 17 de septiembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la nulidad parcial del acto de elección.
53. Para el efecto, se debe establecer si acreditaron o no todos los elementos para la configuración de la causal de inhabilidad endilgada, por cuanto, en criterio del
que declaró la nulidad parcial del acto de elección.
53. Para el efecto, se debe establecer si acreditaron o no todos los elementos para la configuración de la causal de inhabilidad endilgada, por cuanto, en criterio del demandado, el tribunal no analizó en debida forma la naturaleza jurídica del documento denom inado «convenio de la alianza», el cual no corresponde a un contrato estatal.
54. Por lo anterior, consideró el demandado que el tribunal omitió que, por el hecho de que se trata de un documento técnico que describe compromisos, es claro que no se pactaron obligaciones de manera bilateral y, en esa medida, no existió conmutatividad ni onerosidad.
2.3. Generalidades de las inhabilidades
55. Según lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta 9, los derechos fundamentales a elegir y ser elegido y de acce so al desempeño de funciones y cargos públicos, previstos en el artículo 40 de la Constitución Política, no tienen el carácter de absolutos, de manera que la propia norma constitucional y la ley prevén unas restricciones al ejercicio de tales prerrogativas, con el fin de garantizar el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, como ocurre tratándose de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.
56. La Corte Constitucional ha justificado la institución del régimen de inhabilidades porque busca «impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público».10
que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público».10
57. En similar sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha entendido respecto de las restricciones a los derechos políticos que «el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda,
9 Sobre el particular ver entre otros: auto de 4 de mayo de 2017 Rad. 11001-03-28-000-2017-0001100, C.P. Rocío Araujo Oñate, auto de 30 de junio de 2016 , Rad. 85001-23-33-000-2016-00063-01 Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; a
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