CE - Sentencia 70001233300020250001201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 70001233300020250001201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
Accionantes: JUAN FRANCISCO BUELVAS GIL Y OTROS
Accionados: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y OTRO
Tema: Revoca parcialmente – rechaza y declara improcedencia por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. Los señores Juan Francisco Buelvas Gil y otros 1, actuando por medio de apoderada judicial, presentaron acción de cumplimiento en contra del Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) y el departamento de Sucre. Mediante el ejercicio de este medio de control pretenden el acatamiento de «varias normas
apoderada judicial, presentaron acción de cumplimiento en contra del Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) y el departamento de Sucre. Mediante el ejercicio de este medio de control pretenden el acatamiento de «varias normas sustantivas de la ley 57 de 1887 Código Civil; Estatuto Notarial y registro de instrumentos Públicos. Así como algunas normas contenidas en la ley 1682 del 2013, la Ley 388 de 1997, la Ley 9 de 1959, la ley 142 de 1994, la Ley 152 de 1981, que para el asunto tienen su respaldo en lo contemplado en el artículo 13, 30, 58,83 de la Constitución Política».
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas antes señaladas, solicitaron que se ordene a las autoridades accionadas: (i) efectuar a favor de los
1 José Fernando Gil Vivero, Luis Manuel Osorio Gil y Aida de Jesús Gil Osorio.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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accionantes la tradición de «los 60.000 mil metros cuadrados m [á]s 40 metros, de la finca “LA MONTAÑITA”» ; (ii) reconocer la debida «indemnización de que habla la Sentencia C-750 de 2015»; y (iii) legalizar la ocupación permanente que las demandadas vienen ejerciendo en la propiedad referida, mediante «la
habla la Sentencia C-750 de 2015»; y (iii) legalizar la ocupación permanente que las demandadas vienen ejerciendo en la propiedad referida, mediante «la solemnidad de escritura pública y la inscripción en el correspondiente folio de Matrícula Inmobiliaria».
1.2. Hechos y fundamentos de la demanda
3. Los accionantes manifestaron ser los sucesores y legítimos herederos del bien inmueble denominado «La Montañita», ubicado en el municipio de San Juan de Betulia, Sucre, e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n. ° 34228215 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Corozal2, Sucre.
4. Los demandantes indicaron que este predio es utilizado y ocupado parcialmente por una carretera, en una extensión de 60.000 m2 y «40 metros más que se agregaron».
5. De acuerdo con un dictamen pericial realizado el 10 de septiembre de 2007, el valor de la indemnización por la ocupación solo respecto de 60.000 m2 del predio, correspondía a la suma de «$ 2.196.000.00000» 3. Este valor no incluye los otros 40 m2 que fueron ocupados posteriormente, según consta en un acta de inspección ocular llevada a cabo por la Secretaría de Obras Públicas de Sincé, a solicitud de uno de los accionantes.
6. La ocupación habría ocurrido hace 89 años, aproximadamente, cuando el entonces Fondo Vial Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte «ocupó» 37 predios, incluyendo el de los accionantes, para el trazado de carreteras o habilitación de vías del departamento de Sucre. Los predios
entonces Fondo Vial Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte «ocupó» 37 predios, incluyendo el de los accionantes, para el trazado de carreteras o habilitación de vías del departamento de Sucre. Los predios ocupados pasaron al INVIAS y, posteriormente, al ente territorial, mediante el convenio interadministrativo n. ° 0230 de 1995.
7. Los accionantes afirmaron que tal ocupación se realizó sin que se llevara a cabo un proceso de expropiación y sin que se pagara la correspondiente indemnización. Desde entonces, los accionantes han venido solicitando que se
2 Los accionantes indicaron que su condición de sucesores y herederos les fue reconocida judicialmente en la sentencia del 23 de enero de 2017, dictada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal, en el proceso de sucesión identificado con radicado 2016-0102. 3 Este dictamen fue presentado en el proceso ordinario reivindicatorio agrario identificado con radicado 2005-00201-00.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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«se afecte de manera legal el tramo de la carretera ocupado […] cumpliendo con la tradición o traspaso del derecho de dominio».
8. Finalmente, manifestaron que la acción de cumplimiento es el único medio con el que cuentan los demandantes para lograr la tradición y el pago
la tradición o traspaso del derecho de dominio».
8. Finalmente, manifestaron que la acción de cumplimiento es el único medio con el que cuentan los demandantes para lograr la tradición y el pago correspondiente. Ello, habida cuenta de que (i) los medios de control de reparación directa y controversias contr actuales no tendrían el alcance de ordenarle al Estado proceder con la transferencia de la propiedad del inmueble de los actores; ( ii) tales medios de control están sometidos al término de caducidad, y, a su juicio, la tradición «es una obligación que no e stá sujeta a caducidad»; (iii) los accionantes han promovido acciones reivindicatorias fictas, procesos divisorios y acciones de tutela, sin que hayan logrado el reconocimiento de sus pretensiones.
1.3. Actuaciones procesales
9. Mediante auto de 5 de febrero de 20254, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda. En consecuencia, ordenó notificar personalmente al INVIAS y al departamento de Sucre. Así mismo, dispuso la notificación del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.4. Intervenciones
10. El INVIAS solicitó que se declare la improcedencia de la acción, por las
siguientes tres razones:
11. Primero, los accionantes no agotaron el requisito de procedencia de constitución en renuencia. Al respecto, indicó que, aun cuando la parte demandante sí presentó una solicitud «enmarcada dentro de la ley 393 de 1997», en esa comunicación no se indicó cuál es la norma específica sobre la que recae la renuencia.
12. Segundo, la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad. La entidad
en esa comunicación no se indicó cuál es la norma específica sobre la que recae la renuencia.
12. Segundo, la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad. La entidad afirmó que los actores cuentan con el medio de control de reparación directa para reclamar la indemnización de los perjuicios que, a juicio de la parte demandante, fueron ocasionados por «la afectación o delimitación al derecho de propiedad por la reglamentación de los usos del suelo».
4 Corregido mediante auto del 6 de febrero de 2025.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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13. Tercero, el INVIAS no se encuentra legitimado en la causa por pasiva. La demandada manifestó que el predio «La Montañita» se encuentra a cargo del departamento de Sucre, en virtud del convenio interadministrativo n. ° 0230 de 1995, que transfirió las carreteras secundarias al departamento de Sucre.
14. El departamento de Sucre, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
15. La parte accionante allegó memorial de alegato de conclusión5, pese a que esta etapa procesal no forma parte del trámite de la acción de cumplimiento.
1.5. Fallo de primera instancia
16. El 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia
esta etapa procesal no forma parte del trámite de la acción de cumplimiento.
1.5. Fallo de primera instancia
16. El 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia en la que declaró la improcedencia de la acción, con fundamento en los
siguientes argumentos:
17. Primero, la acción de cumplimiento no procede para declarar la ocupación permanente de un bien y tampoco para solicitar la indemnización de perjuicios correspondiente. Esto, por cuanto esas son pretensiones relacionadas con el reconocimiento de derechos particulares e inciertos, que deben ser decididas por el juez contencioso en el marco de un proceso de reparación directa.
18. Segundo, las normas que se alegan como incumplidas no prevén un mandato imperativo e inobjetable. Al respecto, citó jurisprudencia de esta Sección, en la cual se ha hecho énfasis en que, cuando las normas cuyo cumplimiento se demanda no contienen un deber, las pretensiones del medio de control no pueden prosperar.
1.6. Impugnación
19. La parte actora solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Expuso dos motivos de inconformidad en contra de la sentencia del a quo.
20. El primero alude a una pretendida indebida motivación de la providencia, puesto que esta «parece más bien un auto de rechazo de la demanda de cumplimiento», que no analizó la tesis expuesta en la demanda ni las pruebas anexadas.
5 Ver Samai, índice 0012.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro
cumplimiento», que no analizó la tesis expuesta en la demanda ni las pruebas anexadas.
5 Ver Samai, índice 0012.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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21. El segundo concierne al indebido entendimiento de las pretensiones de la demanda. Los demandantes indicaron que esta no tiene por objeto que se declare la ocupación ni que se pague la indemnización correspondiente. Su finalidad es el «pago del precio que corresponde al traspaso de la propiedad que no se ha legalizado a través de los instrumentos mecanismos existentes en Colombia. Por eso se viene hablando de tradición». Concluyó este argumento afirmando que el Estado tiene el deber de «procurar la legalización de la titulación de los inmuebles públicos».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por la parte demandante en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1506 y 1527 de la Ley 1437 de 2011, así como en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20198, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20198, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política, cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone dete rminada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia p or los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 7 Artículo 152: Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. […] 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro d e ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplim iento.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.
25. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual
permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).
(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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26. En caso de que no se acredite el cumplimiento de la constitución en renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de improcedencia del medio de control.
renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de improcedencia del medio de control.
27. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a lo s cuales se haya dirigido la acción (artículos 5 y 6). Y, a partir de ello, determinar el cumplimiento o incumplimiento de la norma.
Del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las pretensiones formuladas.
2.3. De la renuencia
28. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
29. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
30. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
30. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.
4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto) 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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31. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
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31. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y , para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exig ir el cumplimiento de normas con fuerza material
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exig ir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos13. (Negrillas fuera de texto).
32. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia. 13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP. 2003-00724. M.P.: Darío Quiñones PinillaDemandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
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33. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»14.
34. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado este requisito de procedibilidad solo parcialmente. Esto, comoquiera que (i) solo el señor Buelvas Gil presentó las solicitudes de constitución en renuencia y (ii) el requerimiento previo no se realizó respecto de todas las normas que cuyo cumplimiento se solicita en la demanda.
35. Tras revisar las pruebas allegadas al proceso, la Sala advierte que, en efecto, existen peticiones elevadas a las autoridades demandas, en las que se hace referencia a la constitución en renuencia prevista en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997. Estos oficios fueron presentados físicamente al INVIAS y al departamento de Sucre. Y, pese que algunos no cuentan con constancia de radicación, los actores allegaron las siguientes peticiones y respuestas de las
autoridades demandadas, que pueden resumirse así:
(i) Petición sin fecha y sin constancia de radicación, en la que se pide al INVIAS el cumplimiento de varias normas, con el fin de que se legalice la ocupación permanente del inmueble «La Montañita».
(ii) Oficio 2023S -VBOG-027900, de 23 de diciembre de 2023, en e l que el INVIAS dio respuesta a la petición presentada el 29 de noviembre de 2023,
permanente del inmueble «La Montañita».
(ii) Oficio 2023S -VBOG-027900, de 23 de diciembre de 2023, en e l que el INVIAS dio respuesta a la petición presentada el 29 de noviembre de 2023, «enmarcada dentro de la Ley 393 de 1997». En esta oportunidad, la autoridad le indicó al solicitante que era necesario que aclarara y especificara cuál es la norma cuyo cumplimiento exigió.
(iii) Memorial de respuesta al requerimiento realizado mediante el oficio 2023SVBOG-027900.
(iv) Oficio 2023S-VBOG-033961, de 31 de diciembre de 2023, mediante el cual el INVIAS remitió al departamento de Sucre una solicitud presentada por el señor Juan Francisco Buelvas Gil.
(v) Petición presentada el 19 de febrero de 2024, con radicado 721959870402, y cuyo asunto es «escrito de constitución en renuencia» , en el que fueron anexados los escritos presentados al INVIAS.
14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
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(vi) Oficio 800-11-03/SI-0427, del 7 de marzo de 2024, por medio del cual la gobernación de Sucre da respuesta a «derecho de petición – PQRDS721959870402 – Renuencia».
(vii) Petición radicada el 3 de abril de 2024 en la gobernación de Sucre, cuyo asunto indica «Derecho de Petición y Constitución de Renuencia – PQRDS – 721959870402. Relación de normas vulneradas».
36. Lo anterior, permite a la Sala tener por acreditado que la parte actora sí requirió previamente a las autoridades demandadas para que acataran las normas señaladas en tales documentos.
37. Sin embargo, el análisis detallado de esas solicitudes y sus respuestas da cuenta de que el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia no se satisfizo plenamente, por las siguientes dos razones:
38. Primero, de los cuatro accionantes15, solo el señor Juan Francisco Buelvas Gil presentó las solicitudes de constitución en renuencia. Ciertamente, tanto las peticiones como las respuestas de las entidades demandantes fueron presentadas y dirigidas exclusivamente al señor Buelvas Gil. No existe en el expediente prueba alguna que permita colegir que los otros tres accionantes también agotaron el requisito de renuencia.
39. Segundo, no todas las disposiciones cuyo cumplimiento se solicita en la demanda fueron incluidas en los respectivos requerimientos previos de cumplimiento y el actor tampoco especificó las normas, como se observa a
continuación:
39. Segundo, no todas las disposiciones cuyo cumplimiento se solicita en la demanda fueron incluidas en los respectivos requerimientos previos de cumplimiento y el actor tampoco especificó las normas, como se observa a
continuación:
Demanda
- Constitución Política: arts. 13, 30, 58 y 83. • Código Civil: arts. 740, 743, 749, 756, 758, 759, 760, 879, 897 y 899. • Ley 40 de 1932: arts. 22 y 25. • «Ley 152 de 1981»16 • Ley 9 de 1989: arts. 14, 21 y 50. • Ley 142 de 1994 • Ley 388 de 1997: arts. 8, 36, 37, 38, 48, 49, 67, 68, 11617, 135 y 133. • Ley 1437 de 2011: art. 191. • Ley 1682 de 2012: arts. 20, 21, 26 y 38.
15 Juan Francisco Buelvas Gil, José Fernando Gil Vivero, Luis Manuel Osorio Gil y Aida de Jesús Gil Osorio. 16 Esta norma no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. 17 El accionante se refirió al artículo 160, pero el contenido de la disposición transcrita es el del artículo 116.Demandantes: Juan Francisco Buelvas Gil y otros Demandados: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y otro Radicación: 70001-23-33-000-2025-00012-01
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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- Decreto 1250 de 1979: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91.
Así mismo, la parte actora se refirió a sentencias de la Corte Constitucional, un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , así como a dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Peticiones elevadas al
INVIAS
- Constitución Política: 13, 30, 58, 83 y 209. • Código Civil: arts. 740, 743, 749, 756, 758, 759, 760, 879, 897 y 899. • Ley 40 de 1932: arts. 22 y 25. • Ley 56 de 1981 • Ley 9 de 1989: 14, 21 y 50. • Ley 142 de 1994: arts. 33 y 57. • Ley 388 de 1997: 2, 8, 36, 37, 38, 48, 49, 67, 68, 11618, 125 y 133. • Ley 1579 de 2012 • Ley 1682 de 2013: 20, 21, 26 y 38. • Decreto 1250 de 1970: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91. • Decreto 960 de 1970
- Decreto 1250 de 1970: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91. • Decreto 960 de 1970
Así mismo, la parte actora se refirió a sentencias de la Corte Constitucional, un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como a dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Petición elevada a la gobernación de Sucre
- Constitución Política: arts. 34 y 58. • Código Civil: arts.740, 743, 749, 756, 758, 759, 760, 879, 897 y 899. • Ley 40 de 1932: arts. 22 y 25. • Ley 9 de 1989: arts. 14, 21 y 50. • Ley 388 de 1997: 8, 36, 37, 38, 48, 49, 67, 11619, 125 y 133. • Ley 1437 de 2011: art. 191. • Ley 1579 de 2012 • Ley 1682 de 2013: 20, 21, 26 y 38. • Decreto 1250 de 1970: arts. 2, 7, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 76, 79 y 91. • Decreto 960 de 1970
40. De lo anterior se advierte lo siguiente:
(i) En lo que respecta a las leyes 157
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