CE - Sentencia 73001233300020210040501

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 73001233300020210040501
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 730012333000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado Demandado: Municipio de Prado Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL - Reiteración de los requisitos para su declaratoria de oficio / REGLA DE LA CONGRUENCIA – Las partes no pueden modificar la causa petendi en el recurso de apelación.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La controversia se refiere al presunto incumplimiento de un contrato de obra por parte de la entidad contratante, al no haber provisto las condiciones para su reanudación y ejecución después de haber sido suspendido de mutuo acuerdo.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 31 de agosto de 2023 1, en la que el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió las pretensiones de la demanda presentada el 27 de octubre de 2021 por la Unión Temporal Urbanismo

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 31 de agosto de 2023 1, en la que el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió las pretensiones de la demanda presentada el 27 de octubre de 2021 por la Unión Temporal Urbanismo Prado, integrada por Arboleda Construcciones Ingeniería SAS (99%) y PRODIAC LTDA. (1%)2 (el contratista, la parte actora o demandante), en contra del municipio de Prado, Tolima (la entidad demanda, contratante o el municipio), cuyos fundamentos de hecho y pretensiones se describen a continuación.

1 Archivo PDF del expediente digital “050_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA.” 2 Archivo PDF del expediente digital “005_DemandayAnexos” Página 29.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado

Demandado: Municipio de Prado

Acción: Controversias contractuales

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Hechos

2. Como sustento de sus pretensiones, el demandante indicó que el 3 de abril de 2019 se suscribió entre el municipio y la parte actora el contrato de obra 094 de 2019, con el objeto de realizar obras de urbanismo y redes de servicios públicos en el predio ide ntificado con matrícula inmobiliaria 368 -7903, de propiedad de la entidad contratante, por un valor de $1’932.683.280 conforme a la cláusula sexta del contrato . El plazo inicial de ejecución fue de ocho (8) meses contabilizados desde la suscripción del acta de inicio, instrumento que se formalizó el 5 de junio de

del contrato . El plazo inicial de ejecución fue de ocho (8) meses contabilizados desde la suscripción del acta de inicio, instrumento que se formalizó el 5 de junio de 20193, por lo que su fecha de terminación era el 5 de febrero de 2020.

3. El 22 de noviembre de 2019 el contratista presentó el acta parcial de obra 01 por un valor de $1’061.320.633, y el 24 de diciembre de 2019 presentó el acta parcial 02 por la suma de $288.698.341, las cuales fueron autorizadas para su pago por parte de la entidad contratante.

4. El 31 de enero de 2020, se suscribió acta de suspensión bilateral del contrato4 con el fin de revisar y verificar los ítems, cantidades ejecutadas, las pendientes por ejecutar, los pagos realizados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. El 12 de marzo de 2020 el contratista presentó el acta parcial de obra 03 por valor de $340’010.000, cuyo pago fue autorizado por el interventor de la obra, quedando un saldo por ejecutar de $2 42’654.305.

6. A pesar de que el contratista efectuó diversos requerimientos al municipio para reanudar la ejecución de las obras, a la fecha de presentación de la demanda el contrato seguía suspendido.

Fundamentos de derecho

7. Explicó el demandante que la suspensión no tuvo origen en circunstancias imputables a su responsabilidad y que el municipio no adoptó una decisión oportuna frente al contrato para su continuación o liquidación. Señaló que cumplió sus obligaciones hasta el momento en que fue suspendido. Agregó que si la entidad

imputables a su responsabilidad y que el municipio no adoptó una decisión oportuna frente al contrato para su continuación o liquidación. Señaló que cumplió sus obligaciones hasta el momento en que fue suspendido. Agregó que si la entidad estatal incumple el contrato está obligada a reparar los perjuicios causados.

Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicitó que se declarara el incumplimiento del contrato por parte del municipio y se le ordenara realizar el pago de las actas parciales de obra 1, 2 y 3, cuya sumatoria arrojaba un valor de $781’062.798 (al descontar del acta 1 el valor del anticipo y los pagos parciales

3 Archivo PDF del expediente digital “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 9” página 70-73. 4 Archivo PDF del expediente digital “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 11” página 210.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado

Demandado: Municipio de Prado

Acción: Controversias contractuales

3 efectuados), junto con el monto de $13’157.722 por pérdida de oportunidad al no haber podido ejecutar la totalidad del negocio jurídico, valores que debían ser indexados. Asimismo, solicitó liquidar judicialmente el contrato incluyendo los valores reconocidos a su favor y condenar en costas a la entidad demandada 5.

Contestación de la demanda

9. El Municipio de Prado guardó silencio dentro del término de traslado de la demanda.

Alegatos en primera instancia

Contestación de la demanda

9. El Municipio de Prado guardó silencio dentro del término de traslado de la demanda.

Alegatos en primera instancia

10. Agotado el periodo probatorio 6, la parte actora 7 reiteró los argumentos expuestos en la demanda, mientras que la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda alegando la nulidad absoluta del contrato8.

11. El Ministerio Público rindió concepto 9 indicando que debía declararse la ineficacia del acta de suspensión del 31 de enero de 2020, que el contrato terminó por la expiración del plazo y su incumplimiento por ambas partes, así como ordenar la liquidación judicial del negocio jurídico con el rec onocimiento del pago de las obras ejecutadas y negar las demás pretensiones de la demanda.

5 “PRIMERA: Que se declare judicialmente el incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA, respecto al CONTRATO DE OBRA NO. 094 DE 2019, por negarse a cumplir con sus obligaciones contractuales entre ellas y de manera especial la fijada en la Cláusula Cuarta: Obligaciones Del Municipio; del contrato de obra en mención, toda vez que a la fecha la acá demandada ha incumplido por no permitir la ejecución del objeto contractual e igualmente por la no cancelación y/o pago de sumas de dinero adeudadas a mi cliente, sin existir causa o motivo legal para no cumplir con lo pactado en el contrato. Teniendo en cuenta que mi prohijado cumplió con todas y cada una de las obligaciones y compromisos que se encontraban a su cargo hasta la fecha

existir causa o motivo legal para no cumplir con lo pactado en el contrato. Teniendo en cuenta que mi prohijado cumplió con todas y cada una de las obligaciones y compromisos que se encontraban a su cargo hasta la fecha y de la cuales se encontraban fijadas dentro del contrato objeto de la presente Litis. SEGUNDA: Que en virtud a la declaratoria de incumplimiento se proceda a reconocer y ordenar el pago que el MUNICIPIO DE PRADOTOLIMA, adeuda a la fecha, a mi cliente, en una suma correspondiente a SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C ($794.220.520.oo), pago correspondiente a las actas parciales de obra presentadas por mi cliente - perdida de oportunidad (conforme el informe pericial anexo) TERCERA: Que se condene a la entidad demandada a la indexación o corrección monetaria o ajuste de valor de la anterior pretensión de conformidad con el artículo 187 del CPACA.

CUARTA: Como pretensión autónoma, se disponga a realizar la revisión del contrato de obra No 094 de 2019 y como consecuencia del mismo se proceda a efectuar la liquidación del citado contrato conforme a las pruebas que se allegaron y practicaran dentro del proce so QUINTA: Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas conforme lo dispone el C.P.C.A. (sic) SEXTA: Que la entidad demandada, dará cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso, en términos del art. 192 y s.s. del C.P.C.A (sic)” 6 Se decretaron como medios de prueba solicitados por la parte actora: (i) las documentales aportadas con la demanda; (ii) testimoniales de Andrés Yepes Moncada y Franklin Ricardo Piragua; (iii) los dictámenes periciales

6 Se decretaron como medios de prueba solicitados por la parte actora: (i) las documentales aportadas con la demanda; (ii) testimoniales de Andrés Yepes Moncada y Franklin Ricardo Piragua; (iii) los dictámenes periciales presentados con la demanda elaborado s por la Sociedad Tolimense de Ingenieros a través del Ingeniero Fernando Sánchez Cardozo, y el segundo, por el Economista Antonio Ramos Gaitán. Igualmente (iv) se ofició al Municipio de Prado para que allegara los antecedentes administrativos del contrato. 7 La Unión Temporal presentó sus alegatos en dos escritos, el primero el 17 de agosto de 2022 obrante en el expediente digital archivo “ 38_AGREGARMEMORIAL_ACTORA_ALEGATOS2” y el segundo el 26 de agosto de 2022 archivo. 8 La entidad demandada presentó su escrito el 08 de septiembre de 2022, obrante en el expediente digital archivo “46_AGREGARMEMORIAL_ALEGATOSDECONCLUSI”. 9 Bajo el no. 057 del 08 de septiembre de 2022.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado

Demandado: Municipio de Prado

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4 Fundamentos de la sentencia de primera instancia

12. El Tribunal declaró de oficio la ineficacia del acta de suspensión del 31 de enero de 2020, el incumplimiento recíproco del contrato y procedió con su liquidación, reconociendo a favor del demandante el pago del acta 1, previo descuento del valor entregado en anticipo, de los pagos pa rciales, de la retención en la fuente y de la estampilla procultura y adulto mayor; así como del valor acta 2,

descuento del valor entregado en anticipo, de los pagos pa rciales, de la retención en la fuente y de la estampilla procultura y adulto mayor; así como del valor acta 2, descontando la retención en la fuente. Negó, por otro lado, el pago del acta parcial 3, de los valores por pérdida de oportunidad 10.

13. Como sustento de la decisión, el a quo indicó que la suspensión del contrato de obra no tenía la capacidad de generar los efectos jurídicos pretendidos, en la medida que el acta suscrita para tal fin desconoció lo establecido en la cláusula 14 del aquel y los principios de la contratación estatal, toda vez que: (i) no se acreditó una situación de fuerza mayor, caso fortuito o interés general, debidamente sustentada, que hiciera viable suspender el negocio jurídico; y, (ii) en el acta suscrita no se determinó el plazo o condición que daría lugar a la reanudación de las labores contractuales, por lo que la suspensión quedó indefinida en el tiempo, trasgrediendo el pacto contractual que expresamente exigía fijar en la suspensión acordada entre las partes “la fecha en la cual se reiniciará la prestación del servicio”, desconociendo así el inherente carácter transitorio o temporal de esa figura. En consecuencia, concluyó que el plazo del contrato corrió ininterrumpidamente ante la ineficacia de la suspensión, de manera que el periodo de ocho (8) meses pactado entre las partes venció el 5 de febrero de 2020.

14. Con base en lo anterior, encontró acreditado que el contrato terminó por vencimiento del plazo, que las obras no se ejecutaron en su totalidad por culpa de

venció el 5 de febrero de 2020.

14. Con base en lo anterior, encontró acreditado que el contrato terminó por vencimiento del plazo, que las obras no se ejecutaron en su totalidad por culpa de ambos contratantes, y que el contrato no fue liquidado por lo que procedía definir el balance defini tivo del negocio jurídico, reconociendo a favor del contratista únicamente las obras ejecutadas que no fueron pagadas por la entidad.

10 Primero: DECLARAR la ineficacia del acta de suspensión No. 01 suscrita el 1 de enero de 2020 por las partes del contrato de obra No. 094 de 2019 y en consecuencia declarar que tal vinculo contractual culminó el 5 de febrero de 2020 por finalización del plazo de ejecución pactado, conforme a los planteamientos esbozados en parte considerativa de esta providencia. Segundo: DECLARAR el incumplimiento bilateral del contrato de obra pública No. 094 de 2019 suscrito entre el Municipio de Prado y la Unión Temporal Urbanismo Prado, de acuerdo con lo expuesto en parte motiva de esta providencia. Tercero: DECLARAR judicialmente liquidado el contrato de obra pública No. 094 de 2019 con un saldo a favor de la Unión Temporal Urbanismo Prado por valor de ciento cincuenta y siete millones veintitrés mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($157.023.857), el cual deberá ser cancelado en su integridad por el Municipio de Prado debidamente actualizado desde el día siguiente a la finalización del plazo contractual (6 de febrero de 2020) y hasta cuando quede ejecutoriada esta providencia , tal y como se indicó en parte c onsiderativa. Cuarto: DENEGAR las demás pretensiones de la

siguiente a la finalización del plazo contractual (6 de febrero de 2020) y hasta cuando quede ejecutoriada esta providencia , tal y como se indicó en parte c onsiderativa. Cuarto: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Quinto: Sin condena en costas en la instancia. Sexto: A la presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Séptimo: En aras del acatamiento de este fallo, expídase a la demandante copia con constancia de ser la primera, la cual prestará mérito ejecutivo. Octavo: ORDENAR la devolución de los remanentes que por gastos del proceso consignó la parte demandante, si los hubiere. Noveno: Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado

Demandado: Municipio de Prado

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15. Previo a proceder con la liquidación del contrato, precisó el a quo que no resultaba procedente el reconocimiento de los valores del acta parcial de obra 3 por cuanto no se aportó al expediente, y aunque el dictamen pericial elaborado por la Sociedad de Ingenieros del Tolima aportado por la demandante , hizo referencia a las memorias de cantidades obra de esa acta, estas no fueron anexadas a la experticia, lo que impedía determinar que efectivamente fueron ejecutadas.

Consideró que, tal y como lo indicó la Contraloría Departamental del Tolima 11, el

las memorias de cantidades obra de esa acta, estas no fueron anexadas a la experticia, lo que impedía determinar que efectivamente fueron ejecutadas. Consideró que, tal y como lo indicó la Contraloría Departamental del Tolima 11, el municipio no descontó al contratista el pago de la estampilla pro cultura y adulto mayor consagrada en el Acuerdo 12 del 2014, omisión que no podía ser desatendida en la sentencia, como tampoco los descuentos por concepto de retención en la fuente, tal y como quedó consignado en la cláusula séptima del contrato.

16. Por tanto, determinó que del acta 1 ($1’061.307.002) debía descontarse el valor del anticipo ($579’804.984), de los pagos parciales realizados ($395’000.000), de la retención en la fuente ($74’291.490) y de la estampilla procultura y adulto mayor ($115’962.617); mientras que del acta 2 ($280’404.243) procedía la deducción de la suma correspondiente a la retención en la fuente ($19’628.297), lo que arrojaba un valor final a favor del contratista de $157’023.857.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El recurso de la entidad demandada

17. El municipio solicitó revocar el fallo de primera instancia y en su lugar, declarar la nulidad absoluta del contrato de obra, con fundamento en que a partir del informe de auditoría realizado por la Contraloría Departamental, se encontró acreditado que: (i) hubo una flagrante vulneración al principio de planeación; (ii) se presentó una violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto

del informe de auditoría realizado por la Contraloría Departamental, se encontró acreditado que: (i) hubo una flagrante vulneración al principio de planeación; (ii) se presentó una violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, puesto que el personal encargado de los estudios y diseños también intervino en la ejecución del contrato de obra; y (ii) se presentaron modificaciones irregulares en el negocio jurídico 12 al no contar con las firmas del ordenador del gasto y del supervisor.

El recurso de la parte actora

18. El demandante solicitó modificar o ajustar la sentencia recurrida, con fundamento en que (i) debía reconocerse el pago del acta 3, (ii) no procedía el descuento de la estampilla procultura y adulto mayor, (iii) como tampoco debía asumir responsabilidad alguna con ocasión de la suspensión indefinida del contrato.

De esta forma, debían reconocerse a su favor las multas y la cláusula penal pactadas en el negocio jurídico.

11 Informe Definitivo de Auditoria Modalidad Especial, Archivo PDF “30_AGREGARMEMORIAL_INF_DEF_ESPECIAL_CRE” página 30, Expediente Digital, índice 30, SAMAI, Tribunal. 12 Informe Secretario de Planeación para la vigencia 2020Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

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19. Como sustento de los cargos de apelación, indicó que: (i) el acta parcial de obra 3 sí fue allegada al proceso, la cual fue aprobada por la interventoría, y que la

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19. Como sustento de los cargos de apelación, indicó que: (i) el acta parcial de obra 3 sí fue allegada al proceso, la cual fue aprobada por la interventoría, y que la veracidad de su contenido se encontraba acreditada a partir del dictamen pericial allegado al expediente ; (ii) el importe de la estampilla procultura y adulto mayor ya había sido descontado por la entidad demandada del acta 1, por un valor de $136’254.171; (iii) el contratista no aceptó una suspensión indefinida del negocio jurídico, pues suscribió el acta de suspensión bajo las condiciones dictadas por la entidad con ocasión de la presión ejercida por sus funcionarios, por lo que ante la inexistencia de una responsabilidad compartida, tenía derecho al reconocimiento de las multas y la cláusula penal pecuniaria.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

20. Atendiendo a los motivos de inconformidad de los recurrentes frente a lo decidido en la sentencia de primera instancia, la Sala debe determinar con base en los hechos y pruebas practicadas en el proceso, si: (i) es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de obra conforme a lo solicitado por la entidad demandada; y, (ii) de conformidad con lo alegado por la demandante, se deben reconocer, en la liquidación del contrato, los rubros solicitados, omitiendo descontar el valor de la estampilla procultura y adulto mayor.

La nulidad del contrato de obra aducida por la entidad demandada

21. La Sala anticipa que resolverá desfavorablemente la pretendida declaratoria de nulidad absoluta del negocio jurídico, en tanto éste corresponde un argumento

La nulidad del contrato de obra aducida por la entidad demandada

21. La Sala anticipa que resolverá desfavorablemente la pretendida declaratoria de nulidad absoluta del negocio jurídico, en tanto éste corresponde un argumento nuevo que no fue allegado como pretensión ni alegado como medio exceptivo.

Tampoco se cumplen los requisito s para su declaratoria oficiosa.

22. La Subsección ha reiterado 13 que si bien, en aras de proteger el orden jurídico, la ley confiere al juez el poder inquisitivo de declarar de oficio la nulidad absoluta de los contratos 14, en la medida que se activa aun sin petición de parte e incluso en contra de los intereses de los contratantes, esa facultad, que a la vez es un deber, debe ejercerse bajo los estrictos lineamientos que la misma ley imponey la jurisprudencia desarrollaen garantía de la seguridad jurídica 15.

13 Al respecto pueden verse las sentencias del 6 de febrero de 2019 (Exp. 61270), del 21 de mayo de 2021 (Exp. 57822), del 30 de julio de 2021 (Exp. 48.957) y del 19 de abril de 2024 (Exp. 66616). 14 Artículos 1742 del Código Civil, 45 de la Ley 80 de 1993 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 57822.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado

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Exp. 57822.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

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23. Concordante con lo anterior, son tres los requisitos16 que deben reunirse para declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un negocio jurídico: (i) que el vicio que estructura la causal de nulidad sea palmario o surja de bulto; (ii) que el contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones; y, (iii) que al proceso hayan concurrido las partes del contrato o sus causahabientes 17. En relación con el primero de estos requisitos, la Sala ha indicado 18 que el vicio debe ser apreciable a simple vista, es decir, debe ser tan palmario que no requiera de un mayor esfuerzo para ser evidenciado, ni implique para ello realizar juicios de valor sobre aspectos que no estén contenidos en el mismo acto o contrato viciado; sin embargo, frente a esto último ha advertido también que la ley precisa que el juez está facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “ cuando esté plenamente demostrada en el proceso ”19, asunto que resalta los componentes del contrato estatal, y por ende, las particularidades del mismo a la luz de la valoración de los elementos de su existencia y validez, porque aunque algunos rasgos son similares a los del contrato civil o comercial, aquél tiene una dimensión igualmente diversa debido a la funcionalidad de la herramienta convencional de cara al logro de los fines y cometidos que con él se persiguen.

24. Al abordar este análisis, se debe observar de manera reforzada el principio

diversa debido a la funcionalidad de la herramienta convencional de cara al logro de los fines y cometidos que con él se persiguen.

24. Al abordar este análisis, se debe observar de manera reforzada el principio de conservación de los contratos. Esto significa que el contrato está llamado a ejecutarse pues por esa vía se cumplen los fines de la contratación estatal que se confunden con los del Estado. Además, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación 20, la de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de

16 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1742 del Código Civil, conforme al cual: “La nulidad absoluta (…) Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.”. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de febrero de 2019. Exp. 61.720. C.P. Marta Nubia Velásquez. De conformidad con el artículo 1742 del Código Civil, “ La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato” 18 Ídem. 19 “La jurisprudencia del Consejo de Estado acerca de la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del contrato no puede ser entendida en el sentido de haber instalado una facultad omnímoda para fallar extra petita, en caso de la evidencia de cualquier viola ción legal. Lo correcto es entender que la jurisdicción en materia de controversias contractuales ha establecido la posibilidad de reubicar la pretensión dentro del contexto fáctico que se evidenció en el plenario y de aplicar la ley pertinente, con independencia de la forma y el tenor literal en

controversias contractuales ha establecido la posibilidad de reubicar la pretensión dentro del contexto fáctico que se evidenció en el plenario y de aplicar la ley pertinente, con independencia de la forma y el tenor literal en que la causa haya sido expuesta por las partes. Es decir, se reconoce la potestad para decidir sobre la violación de la ley imperativa y decretar la nulidad del contrato, aunque no haya sido invocada en el proceso, sin embargo, en caso alguno puede desconocerse el derecho constitucional al debido proceso. De lo anterior se concluye que le está vedado al Juez apartarse de lo que demuestren las pruebas expuestas en el plenario, esto es, que sigue siendo un elemento ‘s ine qua non’ que existan las pruebas de la causal de nulidad y que hayan estado expuestas a la oportunidad de su contradicción, aunque las partes hayan guardado silencio sobre ello”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2019. Exp. 61.270. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. La cita original es de la sentencia del 18 de abril de 2016, Exp. 30.682 dictada por la misma Sala. 20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 24.809.Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)

Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado

Demandado: Municipio de Prado

Acción: Controversias contractuales

8 Justicia21 y la doctrina 22, las normas que regulan las causales de nulidad absoluta son de interpretación restrictiva y deben estar consagradas expresamente en la ley

Demandado: Municipio de Prado

Acción: Controversias contractuales

8 Justicia21 y la doctrina 22, las normas que regulan las causales de nulidad absoluta son de interpretación restrictiva y deben estar consagradas expresamente en la ley -se les atribuye un principio de tipicidad rígida -23, dado que representan límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad.

25. Con fundamento en lo acordado por las partes, los antecedentes administrativos y las pruebas recaudadas, la Sala observa que el negocio jurídico objeto de controversia corresponde a un contrato de obra pública 24, sin que se advierta de forma palmaria un vicio que configure alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en las normas del derecho privado o en el artículo 44 la Ley 80 de 199325, conforme pasa a explicarse.

26. El contrato 094 de 2019 fue el resultado de un proceso de selección desarrollado bajo las normas de la contratación pública, precedido de una consultoría y unos estudios previos que definieron su viabilidad técnica 26, donde oportunamente fueron publicados en el portal electrónico de contratación pública

21 “De suyo esta categoría atañe a materias del ius cogens, orden público social, económico o político, moralidad, ética colectiva o buenas costumbres, restringen o cercenan la libertad en atención a la importancia de la materia e intereses regulados, son taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva y excluyen analogía legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de su estructura existencial (esentialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad

legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de su estructura existencial (esentialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad de estipulación a propósito (naturalia negotia) y lo estipulado expressis verbis en concreto (accidentalia negotia), que “se expresa en los contratos” (artículo 1603 C.C.) o “pactado expresamente en ellos” (art. 861 C .Co.), y debe confrontarse con la disciplina jurídica del acto y las normas legales cogentes, dispositivas o supletorias, a punto que la contrariedad del ius cogens, el derecho imperativo y el orden público, entraña la invalidez absoluta”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de marzo de 2012, M.P. William Namén Vargas, Exp. 2001-0026. 22 “Prácticamente, solo el siguiente criterio nos permite distinguir la nulidad absoluta de la relativa: las nulidades absolutas son de interpretación restrictiva; la regla general es la nulidad relativa. Por lo tanto, debemos precisar las fuentes de la nulida d absoluta, y después podremos decir que las nulidades que no sean absolutas son relativas” Arturo Valencia Zea, Álvaro Ortiz Monsalve, Tomo I, Parte General y Personas , 17 edición, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2011, p. 637. 23 “La invalidez del negocio jurídico proyectada en la nulidad absoluta y relativa, rectius, anulabilidad, ostenta tipicidad legal rígida (pas de nullité sans texte), presupone texto, norma o precepto legal previo y expreso, al

23 “La invalidez del negocio jurídico proyectada en la nulidad absoluta y relativa, rectius, anulabilidad, ostenta tipicidad legal rígida (pas de nullité sans texte), presupone texto, norma o precepto legal previo y expreso, al corresponder exclusivamente a la ley establecer su disciplina, causas y efectos […]” Corte Suprema de Justicia,

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