CE - Sentencia conflicto armado 25000232600020120053702

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia conflicto armado 25000232600020120053702
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000232600020120053702 (61919)

Demandante: TERESA DEL SOCORRO ISAZA DE ECHEVERRY Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por el holocausto del Palacio de Justicia ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Toma armada al Palacio de Justicia por parte del M -19. Retoma del lugar por parte de las fuerzas militares. Muerte de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Falla del servicio por omisión en el deber de seguridad y protección, así como por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Graves violaciones a los DDHH y al DIH. Valor probatorio de los informes oficiales. Obligacion es indemnizatorias del mando y miembros del M-19 frente a las víctimas. Aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concurrencia de causas en la producción del daño objeto de indemnización.

Ausencia de costas en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción de

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.

I. SINTESIS DEL CASO

El 6 de noviembre de 1985 miembros del grupo subversivo “Movimiento 19 de abril” (en adelante el “M-19”), i rrumpieron de forma violenta y armada al Palacio de Justicia de Bogotá, tomando como rehenes a cientos de personas, entre ellas, a Jorge Alberto Echeverry Correa, entonces magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La fuerza pública respondió a la arremetida con un operativo de retoma, durante el cual se produjo un enfrentamientoRadicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

2 armado con los perpetradores y como consecuencia de dicha confrontación y del intercambio de proyectiles de un lado y del otro, se desató un incendio que consumió gran parte de la edificación, circunstancias en la que hallaron la muerte o desaparecieron un centenar de personas en esos demenciales hechos , entre quienes se encontraba el señor Echeverry Correa.

Una vez finalizaron las hostilidades , Echeverry Correa fue reportado por las autoridades como fallecido y los que aparentemente eran sus restos calcinados fueron entregados a sus familiares. No obstante lo anterior, el 5 de octubre de 2017, la Fiscalía 1º Delegada ante la Corte Suprema de Justicia declaró “persona

fueron entregados a sus familiares. No obstante lo anterior, el 5 de octubre de 2017, la Fiscalía 1º Delegada ante la Corte Suprema de Justicia declaró “persona desaparecida al doctor Jorge Alberto Echeverry Correa ”, pues los restos que previamente habían sido entregados a sus consanguíneos, en realidad correspondían a los de Bernardo Beltrán Hernández. Finalmente, el 10 de diciembre de 2018, se inscribió el registro civil de defunción de Jorge Alberto “Echeverri” Correa, en el que se tuvo como fecha de su defunción el 7 de noviembre de 1985.

Las demandantes consideran que la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa es atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, a título de falla del servicio, porque: i) “[…] las autoridades de la República de Colombia conocían de las amenazas que se cernían contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no hicieron todo lo que estaba bajo sus posibilidades y responsabilidades para prestarles la debida protección” y ii) “[…] en la retoma del Palacio de Justicia [que se efectuó] sin tener en cuenta la seguridad ni la preservación de la vida e integridad personal de los civiles quienes eran rehenes dentro de la edificación”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de marzo de 20121, Teresa del Socorro Isaza de Echeverry, Gabriela Jiménez Echeverri, María Paz Montoya Echeverry, Cristina María Echeverri 2 Isaza y, Laura

1 Fl. 1 a 32, C. 1. y 156 a 198, C.2. Mediante memorial del 16 de diciembre de 2013, la demanda fue reformada. 2 Aunque algunas de las demandantes aparecen en el registro civil con el apellido “Echeverri”, aparentemente ello se debió a un error mecanográfico, pues el real corresponde a “Echeverry”. EnRadicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

3 y Juliana Echeverry Isaza, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional (en adelante el “Ministerio de Defensa”), para que se le declar e patrimonialmente responsable por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, ocurrida el 7 de noviembre de 1985 durante los hechos del holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá.

Como pretensiones, las accionantes solicita ron condenar a la entidad demandada a pagar, a cada una de ellas, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por “alteración grave a las condiciones de existencia ”, 100 SMLMV; y por lucro cesante, las sumas de $3.446.000.000 para Teresa del Socorro Isaza de Echeverry, $655.000.000 para Laura Echeverry Isaza, $467.000.000 para Juliana Echeverry Isaza y $384.000.000 para Cristina María Echeverry Isaza.

Asimismo, como medida de reparación no pecuniaria, solicitaron que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional a pedir perdón a las víctimas e instruir al personal

Isaza y $384.000.000 para Cristina María Echeverry Isaza.

Asimismo, como medida de reparación no pecuniaria, solicitaron que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional a pedir perdón a las víctimas e instruir al personal de la fuerza pública sobre el respeto a los derechos humanos de los rehenes o secuestrados en las operaciones militares de rescate.

Para sustentar sus pretensiones, la parte demandante afirma que aproximadamente a las 11:35 horas del 6 de noviembre de 1985, miembros del grupo subversivo M19, incursionaron violentamente en el Palacio de Justicia de Bogotá, tomando como rehenes a cientos de personas, ent re ellas, Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Concluye que, como respuesta a lo anterior, la fuerza pública arremetió con una operación de retoma en cuya confrontación con los insurgentes se produjo un incendio y con ello la muerte y desaparición de varios de los ciudadanos que allí estaban retenidos3.

todo caso, el parentesco entre las demandantes y la víctima directa se acreditó por las razones que se expondrán en el capítulo de legitimación en la causa. 3 Con posterioridad a la presentación de la demanda ocurrieron los siguientes hechos: i) el 5 de octubre de 2017, la Fiscalía 1º Delegada ante la Corte Suprema de Justicia declaró “persona desaparecida al doctor Jorge Alberto Echeverry Correa” pues, sorprendentemente, los restos que previamente fueron entregados a sus consanguíneos, en realidad, correspondían a los de Bernardo

desaparecida al doctor Jorge Alberto Echeverry Correa” pues, sorprendentemente, los restos que previamente fueron entregados a sus consanguíneos, en realidad, correspondían a los de Bernardo Beltrán Hernández; y ii) el 10 de diciembre de 2018 se inscribió nuevamente el registro civil deRadicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

4 La parte demandante estima que el Ministerio de Defensa es patrimonialmente responsable por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, pues afirma que ello se debió a que i) “[…] las autoridades de la República de Colombia conocían de las amenazas que se cernían contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no hicieron todo lo que estaba bajo sus posibilidades y responsabilidades para prestarles la debida protección” y ii) “[…] en la retoma del Palacio de Justicia [que se efectuó] sin tener en cuenta la seguridad ni la preservación de la vida e integridad personal de los civiles quienes eran rehenes dentro de la edificación”.

2. Contestación

El 2 de mayo de 2012 4, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda “por haber operado el fenómeno de la caducidad”. Dicha decisión fue recurrida por la parte demandante5.

Posteriormente, mediante auto del 17 de septiembre de 20136, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la precitada decisión y, en su lugar, ordenó admitir la demanda y notificar a la entidad accionada y al ministerio público.

la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la precitada decisión y, en su lugar, ordenó admitir la demanda y notificar a la entidad accionada y al ministerio público.

2.1. El Ministerio de Defensa 7 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño reclam ado no le era imputable, toda vez que adelantó sus actuaciones en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le han sido conferidas. Adicionalmente la demandada formuló como excepción la de caducidad de la acción.

A su turno, solicitó vincular como litisconsorte necesario o como tercero con interés directo a la Policía Nacional8. No obstante, mediante auto del 11 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó la referida solicitud porque, a su

defunción de Jorge Alberto “Echeverri” Correa ante la Notaría 10 del Círculo de Bogotá, en el que se tuvo como fecha de su defunción el 7 de noviembre de 1985.

4 Fl. 38 a 41, C.2. 5 Fl. 42 a 65, C.2. 6 Fl. 74 a 126, C.2. 7 Fl. 132 a 145 y 220 a 232, C.2. 8 Fl. 175 a 176, C.1.Radicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

5 juicio, la institución policial carecía de personería jurídica propia y formaba parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa9.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

5 juicio, la institución policial carecía de personería jurídica propia y formaba parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa9.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de julio de 2017 10 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante11 reiteró lo expuesto en el escrito de la demanda. Insistió, además, que los hechos que motivaron la muerte del exservidor judicial configuraron un delito de lesa humanidad. Asimismo, afirmó que todos los perjuicios estaban acreditados, aunque la jurisprudencia hubiera variado su denominación.

3.2. El Ministerio de Defensa12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Cuestionó, además, la falta de legitimación en la causa por activa de “Gabriela Jiménez Echeverri Isaza y María Paz Montoya Echeverry”. Por último, insistió que el daño reclamado no le era imputable porque este produjo por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, y que las medidas de satisfacción solicitadas eran improcedentes.

3.3. El ministerio público13 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la demanda, porque en este caso se configuraron la totalidad de elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 2018 14, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probad a la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha

Mediante sentencia del 28 de febrero de 2018 14, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probad a la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció el hecho lesivo y aquella en la que se presentó la demanda. En

9 Fl. 253 a 256, C. 1. 10 Fl. 493, C.2. 11 Fl. 503 a 516, C.2. 12 Fl. 494 a 502, C.2. 13 Fl. 528 a 552, C.2. 14 Fl. 566 a 577, C.1.Radicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

6 sustento, afirmó que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, pues la demanda fue radicada después del término preclusivo dispuesto por el legislador.

De otro lado, descartó que el presente caso pudiera catalogarse como delito de lesa humanidad, porque no se trató de una ejecución extrajudicial ni de una desaparición forzada atribuible a la fuerza pública.

Al efecto, sobre el particular sostuvo que: “[…] si bien, la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa acaeció al interior del Palacio de Justicia de Bogotá, no asume en relación de la Nación – Ministerio de Defensa, como ejecución extrajudicial a diferencia de otras muertes presentadas en esos cruentos episodios del 06 y 07 de noviembre de 1985 y tampoco fue antecedida de desaparición

extrajudicial a diferencia de otras muertes presentadas en esos cruentos episodios del 06 y 07 de noviembre de 1985 y tampoco fue antecedida de desaparición forzada, como se dio con otras víctimas. Por consiguiente, el sub -lite, no se encuentra dentro de la ca tegoría de delito de lesa humanidad en consecuencia, el término de caducidad de la pretensión indemnizatoria contra la Nación – Ministerio de Defensa, es para quienes acreditan como sus parientes, el perentorio y preclusivo, de dos (2) años, contado a part ir de que se tuvo conocimiento de su fallecimiento, no siendo de recibo para esta Sala de Decisión, la tesis de la activa de configuración de un delito de lesa humanidad, por cuanto es cierto solo respecto del accionar del grupo guerrillero M-19, no de la aquí accionada, y por ende, no es de recibo el argumento de la imprescriptibilidad o aplicación de la regla de inoperancia de la caducidad”.

6. Recurso de apelación

El 9 de abril de 201815 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 13 de junio de siguiente16 y admitido el 13 de agosto de l mismo año17.

6.1. La recurrente 18 fundamentó su apelación, específicamente, en cuatro (4) consideraciones, a saber:

15 Fl. 579 a 603, C.1. 16 Fl. 605, C.1. 17 Fl. 608, C.1. 18 Fl. 579 a 603, C.1.Radicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

7

17 Fl. 608, C.1. 18 Fl. 579 a 603, C.1.Radicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

7 En primera medida, sostuvo que el tribunal inobservó una circunstancia especial y sobreviniente, pues los restos óseos que se presumía que eran de Jorge Alberto Echeverry Correa, en realidad correspondían a los de Bernardo Beltrán Hernández. Afirmó que dicha situación fue advertida por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia desde el 5 de octubre de 2017 y que ello fue informado de forma oportuna al despacho sustanciador.

En segundo lugar, afirmó que la decisión recurrida desconoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado el holocausto del Palacio de Justicia como un delito de lesa humanidad y que, respecto esos hechos, se ha reconocido responsabilidad al Estado colombiano.

En tercera medida, indicó que el fallo cuestionado no valoró adecuadamente las pruebas del proceso que establecían que: i) el 6 de noviembre de 19 85, Jorge Alberto Echeverry Correa estaba presente en el Palacio de Justicia de Bogotá; ii) la fuerza pública conocía de las amenazas de las que habían sido víctimas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; iii) la omisión de las autoridades frente a su obligación de impedir el resultado dañino, que constituía y tenía la connotación de un delito de lesa humanidad; y iv) existían f allas en el servicio de la administración frente a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, así como

a su obligación de impedir el resultado dañino, que constituía y tenía la connotación de un delito de lesa humanidad; y iv) existían f allas en el servicio de la administración frente a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, así como en la retoma de dicha sede judicial por las fuerzas armadas.

Agregó, en cuarto lugar, que el a quo ignoró que en decisiones precedentes, el Consejo de Estado había declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, al constatar que la fuerza pública incurrió en la fallas del servicio endilgadas en la demanda.

7. Auto de pruebas en segunda instancia

Mediante auto del 14 de enero de 2019 19, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado decretó como pruebas en segunda instancia: i) “oficiar a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que se sirva remitir con destino a esta Corporación, copia auténtica de la Resolución No.

19 Fl. 615 a 616, C.5.Radicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

8 12 proferida el 5 de octubre de 2017, dentro del radicado 13739; al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que envíe el informe pericial del caso No. 2016010100000000030 elaborado por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de fecha 1º de septiembre de 2017” y ii) “oficiar

No. 2016010100000000030 elaborado por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de fecha 1º de septiembre de 2017” y ii) “oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, conforme a lo peticionado, ‘envíe certificación con destino a este proceso en la que se informe si esa entidad ha tomado algu na decisión respecto del registro de defunción correspondiente al señor Jorge Alberto Echeverry Correa, de fecha 12 de noviembre de 1985 de la Notaría 13 del Circuito de Bogotá, cuyo original reposa en el libro 67 folio 459 A”20.

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de junio de 2019 21 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

8.1. La parte demandante22 y el Ministerio de Defensa 23 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la instancia anterior, respectivamente.

8.2. El ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia24

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía de la demanda25

20 Las pruebas referidas se decretaron con fundamento en el memorial del 31 de agosto de 2018, presentado por el apoderado judicial de los demandantes (Fl. 609 a 612, C.5.). 21 Fl. 643, C.1. 22 Fl. 6444 a 658, C.5. 23 Fl. 659 a 668, C.5.

presentado por el apoderado judicial de los demandantes (Fl. 609 a 612, C.5.). 21 Fl. 643, C.1. 22 Fl. 6444 a 658, C.5. 23 Fl. 659 a 668, C.5. 24 Mediante auto del 28 de octubre de 2025, se declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado William Barrera Muñoz en virtud de la causal prevista en el numeral 9 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil – Índice No. 62, SAMAI – Consejo de Estado. 25 “Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.Radicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

9 supera la exigida para que un proceso adelantando en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8626 del Código Contencioso Administrativo.

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8626 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al Ministerio de Defensa.

3. Vigencia de la acción

En el proceso se discute la caducidad de la acción que fue declarada en la sentencia objeto de apelación, de manera que resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto, además de ser uno de los cargos del recurso de apelación, se trata de un presupuesto procesal indispensable27.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella. Para los efectos aquí contemplados, c uando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Parágrafo. Cuando la cuantía esté expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tend rá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.” 26 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tend rá en cuenta aquel que se encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.” 26 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trab ajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 27 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguien te: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácterRadicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

10 Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico por la indefinición en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general28, estableció unos términos razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, para el ejercicio de las acciones

interés general28, estableció unos términos razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, para el ejercicio de las acciones judiciales, hoy medios de control, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 29, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que est as causas que se llevan a la jurisdicción puedan ser discutidas indefinidamente.

de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó

plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 29 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al intere sado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridosRadicado: 25000232600020120053702 (61919) Demandante: Teresa del Socorro Isaza de Echeverry y otros

11 La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de ple no derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes i ndistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure30 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer

la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure30 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 31, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Esta concepción que implica entender este instituto procesal como un límite temporal, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del ac

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...