CE - Sentencia conflicto armado 73001233300020170020201

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia conflicto armado 73001233300020170020201
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)

Actor: LINA JOHANA CACAIS GONZÁLEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL Y

OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS – CADUCIDAD EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO – Los afectados deben gozar de las garantías y el acompañamiento necesario del Estado para el retorno en condiciones de seguridad al lugar del que fueron desplazados – El desplazamiento forzado obliga a este grupo poblacional a enfocarse en superar las situaciones de vulnerabilidad y marginalidad y acceder a las condiciones mínimas de subsistencia; por tanto, en este tipo de casos resulta necesario verificar si los afectados estaban en condiciones reales de demandar al Estado con la asesoría jurídica y los recursos que se requieren para tal efecto / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - Para que el Estado responda por el incumplimiento de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que tenía conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba las víctimas, pues tal conocimiento es

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - Para que el Estado responda por el incumplimiento de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que tenía conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba las víctimas, pues tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades - LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO - Requiere de un criterio de razonabilidad respecto de la previsibilidad, el cual debe partir de un conocimiento de la situación de riesgo particular de las víctimas o del contexto generalizado de violencia de la zona donde ocurrió el desplazamiento / CONDENA EN COSTAS – En la sentencia SU-241 de 2024 la Corte Constitucional estableció que en los casos en los que se ventilan posi bles violaciones a los derechos humanos, especialmente ocurridas en el contexto del conflicto armado, por ser procesos que revisten un interés público, no procede la condena en costas judiciales.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Rosendo Cacais Caleño y su grupo familiar fueron desplazados el 16 de febrero de 2005 de la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, en virtud de las amenazas e intimidaciones de un grupo armado ilegal, posteriormente, intentaronRadicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872)

Actor: Lina Johana Cacais González y otros

amenazas e intimidaciones de un grupo armado ilegal, posteriormente, intentaronRadicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

2 regresar a la finca de su propiedad; sin embargo, fueron nuevamente amenazados, motivo por el cual el 21 de agosto de 2007 tuvieron que desplazarse de manera definitiva. Se solicita la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas, en consideración a que i) las FARC realizó amenazas y hostigamientos en su contra, lo que produjo el desplazamiento forzado, hechos que se produjeron como consecuencia de la muerte de uno de sus familiares y, ii) por cuanto no prestaron la protección necesaria a los actores, a pesar de que su lugar de residencia se encontraba en una zona de conflicto y por combatir a grupos al margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.

II. ANTECEDENTES

1.- La demanda

En escrito presentado el 18 de abril de 2017 (fls. 15 a 25 c. 1), los señores Rosendo Cacais Caleño, María Elsy González Lugo, Diana Patricia Cacais González, Mercedes Cacais González, Lina Johana Cacais González y Francy Judith Cacais González, por conducto de apoderado judicial (fl. 2 c. 1), interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el

ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declara ra patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas en dos ocasiones, la primera el 16 de febrero de 2005 y la segunda el 21 de agosto de 2007.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron por concepto de indemnización de perjuicios morales la suma de $30’000.000, por daño psicológico la suma de $20’000.000, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente la suma de $22’880.000 y en la modalidad de lucro cesante la suma de $485’749.029.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El señor Rosendo Cacais Caleño vivía con su esposa y sus dos hijas en la finca El Paraíso, ubicada en la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, Tolima, lugar en el que se dedicaban a las labores del campo.

El 16 de febrero de 2005, las FARC amenazó al señor Rosendo Cacais Caleño y su núcleo familiar, lo que generó su desplazamiento forzado; posteriormente,Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

3 intentó regresar a su finca; sin embargo, fue nuevamente amenazado, por lo que el

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

3 intentó regresar a su finca; sin embargo, fue nuevamente amenazado, por lo que el 21 de agosto de 2007 fueron desplazados de manera definitiva.

Se narró que “entre 2005 y 2009 (sic) el conflicto armado interno marcó diferentes municipios del norte y sur del Tolima dejando un sin número de víctimas de diferentes hechos, acaeciendo desafortunadamente a mi cliente uno de esos sucesos cuando el Frente 21 de las FAR C empezó a realizar amenazas y hostigamientos en contra del señor Rosendo Cacais y su familia que finalmente llevó a realizar un desalojo forzado con el fin de proteger su integridad y la de su grupo familiar, hechos que se derivaron posteriormente de la muerte de su cuñado Armando Callejas esposo de su hermana Blanca Nidia Cacais Caleño, quienes fueron objeto de lamentables hechos con motivo a que su hijo se encontraba realizando curso de suboficial en la Policía Nacional y para lo cual estos subversivos tildaban de colaboradores lo que llevó a que se convirtieran en blanco de múltiples violaciones de sus derechos humanos”.

Según la demanda, el Estado incurrió en responsabilidad de tipo indirecto, en dos aspectos, primero, por cuanto no prestó la protección necesaria al señor Rosendo Cacais Caleño y su núcleo familiar, a pesar de que su lugar de residencia se encontraba en un a zona de conflicto -Sur del Tolima - y, segundo, por combatir contra grupos al margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.

Finalmente, argumentó que el desplazamiento no había cesado, porque los

encontraba en un a zona de conflicto -Sur del Tolima - y, segundo, por combatir contra grupos al margen de la ley en áreas ubicadas en medio de la población civil.

Finalmente, argumentó que el desplazamiento no había cesado, porque los afectados no habían podido asentarse en un lugar fijo de residencia que les permitiera estabilizarse económicamente.

2.- Trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, m ediante auto de 29 de agosto de 2017, que se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fl. 84 c. 1).

2.2. El Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y, en síntesis, adujo que no todos los daños sufridos por las personas se podían atribuir automáticamente al Estado, menos aún cuando los afectados no acudieron a alguna brigada o batallón a solicitar protección, sin que pudiera exigírsele lo imposible, en atención a que no tenía conocimiento de que el núcleo familiar era víctima de asedios y amenazas por parte de las FARC.Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

4 Adicionalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y h echo exclusivo de un tercero, teniendo en cuenta que la causa del presunto desplazamiento obedeció a amenazas e intimidaciones perpetradas por

4 Adicionalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y h echo exclusivo de un tercero, teniendo en cuenta que la causa del presunto desplazamiento obedeció a amenazas e intimidaciones perpetradas por el Frente 21 de las FARC que delinquían en el departamento del Tolima (fls. 116 a 125 c. 1).

2.3. La Fiscalía General de la Nación contestó oportunamente la demanda y sostuvo que de los hechos del libelo introductorio y de las pruebas que la parte actora pretendía hacer valer en el proceso, no se evidenciaba cuáles fueron las determinaciones adoptadas por la entidad y que aparentemente comprometían su responsabilidad.

Formuló las siguientes excepciones:

Caducidad, en el entendido de que no se identificó cuándo ni qué tipo de solicitud se elevó a la Fiscalía General de la Nación, en aras de lograr la prestación de algún servicio, de modo que no era posible ajustarse a las reglas para el cómputo de la caducidad.

Inexistencia de los supuestos de la responsabilidad, en atención a que la parte actora no identificó cuál era el hecho generador del daño que se le atribuía a la entidad.

Legitimación en la causa por pasiva, por cuanto brillaba por su ausencia la participación de la Fiscalía General de la Nación en los hechos de la demanda.

Hecho de un tercero, porque de los hechos de la demanda se desprendía que los causantes del daño fueron integrantes del Frente 21 de las FARC (fls. 137 a 148 c. 1).

Al contestar la demanda, la Policía Nacional propuso las siguientes excepciones:

causantes del daño fueron integrantes del Frente 21 de las FARC (fls. 137 a 148 c. 1).

Al contestar la demanda, la Policía Nacional propuso las siguientes excepciones:

Falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la Policía Nacional no tuvo requerimiento previo mediante el cual se le hubiera puesto en su conocimiento las extorsiones o amenazas por parte de grupos armados ilegales que originaron el presunto desplazamiento.Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

5 Ausencia de nexo causal, porque no obraba prueba en el proceso indicativa de que se le avisó oportunamente a la Policía Nacional sobre amenazas de desplazamiento del grupo familiar demandante.

Ausencia de una actuación indebida de la entidad, porque no conocía que el grupo demandante era víctima de extorsiones y amenazas que generaron el desplazamiento (fls. 149 a 162 c. 1).

3. Audiencia inicial

El 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial, oportunidad en la que se resolvieron las excepciones propuestas. Posteriormente, se fijó el litigio en los siguientes términos:

Con la enunciación de los fundamentos fácticos tanto de la parte demandante como de la parte demandada, el Magistrado indicó que el objeto del proceso es hacer claridad sobre las circunstancias previas al desplazamiento y establecer si realmente ocupaban u na zona del territorio colombiano donde

como de la parte demandada, el Magistrado indicó que el objeto del proceso es hacer claridad sobre las circunstancias previas al desplazamiento y establecer si realmente ocupaban u na zona del territorio colombiano donde afirman se dedicaban a la explotación agropecuaria.

Sin embargo, para llegar a la solución de esta problemática, es necesario desde el punto de vista fáctico determinar: i) cuál era el nivel de productividad de renta de generación de ingresos en esa actividad, ii) establecer si los aquí demandantes activaron o no la actuación de la fuerza pública, si solicitaron su intervención para ser protegidos y evitar el desplazamiento o el hecho de que en esta zona del municipio de Chaparral fuera notoria (sic) entre la fuerza pública y la insurgencia hace que fuera in necesaria la activación de la fuerza pública.

Desde el punto de vista jurídico habrá de determinarse si los eventuales daños que hubiesen podido sufrir los aquí demandantes, son imputables o no la Fuerza Pública aquí convocada o son consecuencia exclusiva del actuar de un tercero en este caso de la insurgencia.

Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de concertación entre las partes, y se profirió decisión en relación con las solicitudes probatorias elevadas (fls. 199 a 204 c. 1).

El 30 de enero de 2019, se adelantó la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y se corrió traslado las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto (fls. 241 a 244 c. 1).

181 de la Ley 1437 de 2011 y se corrió traslado las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto (fls. 241 a 244 c. 1).

3.1. Los demandantes sostuvieron que la prueba testimonial recepcionada en el proceso demostraba que el motivo del desplazamiento consistió en las amenazas y extorsiones de que fueron objeto por parte del Frente 21 de las FARC y por laRadicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

6 muerte de uno de sus familiares, quien tenía un hijo que era miembro de la Fuerza Pública (fls. 263 a 264 c. 1).

3.2. El Ejército Nacional reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en la configuración de la causal excluyente de responsabilidad del hecho de un tercero, además los demandantes no dieron aviso sobre las amenazas y extorsiones a las tropas que desarrollaban operaciones de control territorial y restablecimiento del orden público en la zona donde manifestaron que fueron desplazados (fls. 245 a 249 c. 1).

3.3. La Policía Nacional adujo que la parte actora no logró probar la falla en el servicio atribuida en la demanda , porque no se demostró que hubiera interpuesto denuncia o solicitado medidas de protección por las amenazas de que era objeto de parte de un grupo armado ilegal (fls. 250 a 261 c. 1).

servicio atribuida en la demanda , porque no se demostró que hubiera interpuesto denuncia o solicitado medidas de protección por las amenazas de que era objeto de parte de un grupo armado ilegal (fls. 250 a 261 c. 1).

3.5. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4.- Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a la anterior conclusión, consideró que se encontraba acreditado que los demandantes ostentaban la calidad de víctimas de desplazamiento y se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 1 de octubre de 2007, excepto Diana Patricia Cacais y Mercedes Cacais González, por lo que frente a ellos no podía tenerse como acreditado el daño.

En cuanto a la imputación, puntualizó que no había pruebas que permitieran acreditar que existía un conocimiento generalizado de la situación de orden público en la zona y lo que se desprendía del oficio 1562 de 14 de marzo de 2018 era que se desarrollaron operaciones militares en el área general del municipio de Chaparral contra las FARC, sin que se demostrara a través de otros medios de prueba la notoria situación de amenazas, actos o ataques terroristas en el sector donde se originó el desplazamiento for zado, luego la sola presencia de los grupos armados ilegales no resultaba suficiente para lograr la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas.Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros

entidades demandadas.Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

7 Bajo el mismo hilo argumentativo, razonó que no obraban pruebas que acreditaran que las demandadas tuvieron conocimiento de las amenazas que recibieron los demandantes o que se hubiera realizado una denuncia efectiva, así mismo no se logró evidenciar alguna solicitud de protección para que las autoridades tomaran las medidas tendientes a garantizar la vida e integridad de los actores.

Para reforzar su posición, argumentó que tampoco existían pruebas contundentes que demostraran que la vereda “El Moral”, jurisdicción del municipio de Chaparral, era objeto de constantes ataques subversivos o actos terroristas para la época en que ocurrió el desplazamiento forzado.

Con base en los anteriores argumentos, concluyó que el daño fue producto del hecho exclusivo de un tercero y que no existían pruebas para determinar que las demandadas tenían conocimiento previo de las amenazas y extorsiones sufridas por los demandantes, s in que la presencia de grupos armados ilegales resultara suficiente para declarar la responsabilidad del Estado (fls. 265 a 274 c. ppal).

5El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y como sustento manifestó que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había un conocimiento generalizado de la situación de orden público en la zona y de que el municipio de Chaparral se había visto afectado

apelación y como sustento manifestó que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había un conocimiento generalizado de la situación de orden público en la zona y de que el municipio de Chaparral se había visto afectado por grupos subversivos, además se pudo comprobar que el señor Rosendo Cacais el 15 de septiembre de 2011 informó a la Fiscalía Seccional de Chaparral que en el año 2005 fue víctima de desplazamiento forzado, declaración que aunque se rindió después de los hechos, había que entender que el miedo y la zozobra no lo permitieron en ese momento.

De otro lado, hizo énfasis en que abandonar su finca fue un hecho notorio para los habitantes de la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, además de que dicho evento fue puesto en conocimiento del personero municipal, quien certificó que los actores se fueron de la vereda por las amenazas constantes recibidas, motivo por el cual la Fuerza Pública tuvo pleno conocimiento del hecho ocurrido y la situación de vulnerabilidad y aun así ignoró la obligación constitucional de protección que le correspondía (fls. 285 a 302 c. ppal).Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

8 6El trámite en segunda instancia

6.1. En proveído del 10 de octubre de 2019, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto y, por auto del 7 de febrero de 2020, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto

apelación interpuesto y, por auto del 7 de febrero de 2020, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 328; 335 c. ppal).

6.2 En esa oportunidad procesal, la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso (fls. 341 a 352 c ppal).

6.3. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez que no se logró acreditar que las demandadas tuvieran conocimiento de las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado del grupo familiar demandante y no se probó que el hecho era previsible, en razón a las especiales circunstancias que se vivían en el momento.

Explicó que, aunque se aceptara que la Fuerza Pública podía tener un conocimiento general de la violencia existente en Chaparral, de ello no se desprendía que supieran del problema concreto de violencia que tenían los demandantes (fls. 367 a 378 c ppal).

6.4. La parte demandante y las entidades demandadas, Ejército Nacional y Policía Nacional, guardaron silencio en esta etapa procesal.

7.- Mediante auto de 11 de febrero de 2025, se dio la oportunidad a la parte demandante de que exponga los motivos por los cuales no le fue posible acudir ante la jurisdicción en el término legal, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos narrados en la demanda, oportunidad en la que guardó silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la

hechos narrados en la demanda, oportunidad en la que guardó silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con el artículo 147 del CPACA, por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía 1, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excede los

1 En el acápite de la estimación razonada de la cuantía se solicitó por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $485’749.029.Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

9 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (18 de abril de 2017)2.

2.- La caducidad de la acción

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos –16 de febrero de 2005 y 21 de agosto de 2007-, estaba vigente el artículo 136 del Decreto 01 de 19843, que establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u omisión al que se atribuye el daño, en este caso, determinado por el desplazamiento forzado de los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la demanda, por la omisión del Estado de velar por la protección de sus asociados.

Es importante resaltar que esta Sección Tercera de esta Corporación unificó su jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y “cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad

declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado, por acción u omisión, tuvo injerencia en tales hechos y que

2 A la fecha de presentación de la demanda equivalían a $368’858.500. 3 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> “(…) “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad aj ena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

10 le era imputable el daño, pues es a partir de ese momento que surge el interés para ejercer el derecho de acción, además de que debía tenerse en cuenta la configuración de algún supuesto objetivo que le impidiera el acceso material a la jurisdicción.

De acuerdo con lo relatado en la demanda, el señor Rosendo Cacais Caleño vivía con su esposa y sus dos hijas en la finca El Paraíso, ubicada en la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, Tolima, lugar del que fueron desplazados en dos

con su esposa y sus dos hijas en la finca El Paraíso, ubicada en la vereda “El Moral” del municipio de Chaparral, Tolima, lugar del que fueron desplazados en dos ocasiones, la primera el 16 de febrero de 2005 y la segunda el 21 de agosto de 2007.

En el expediente reposan unas certificaciones expedidas el 16 de febrero de 2005 y el 21 de agosto de 2007 por el personero municipal y el secretario general y de gobierno del municipio de Chaparral, mediante las cuales se informó que Rosendo Cacais manife stó que se desplazaba con su núcleo familiar del municipio de Chaparral por razones de orden público y amenazas de muerte (fls. 10 y 12 c. 1).

En los términos de la sentencia de unificación de la Sección Tercera, se tiene que esos mismos días los demandantes advirtieron la posibilidad de imputar responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que desde esa fecha conocieron la omisión de la s autoridades en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, pues conforme a la imputación, fue la inactividad del Estado para adoptar medidas de protección a favor de los demandantes ante las amenazas y hostigamientos de las FARC en contra del señor Ro sendo Cacais y su grupo familiar, lo que finalmente llevó al desplazamiento forzado.

Según esta perspectiva, el término de caducidad se vencía a más tardar el 21 de agosto de 2007; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 15 de noviembre de 2016 y la demanda se presentó el 18 de abril de 2017, cuando el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.

15 de noviembre de 2016 y la demanda se presentó el 18 de abril de 2017, cuando el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.

Se debe precisar que no se está contabilizando el término de caducidad desde que inicia el desplazamiento, como si se tratara de un daño instantáneo, pues se trata claramente de un daño continuado frente al cual el término de caducidad de computa desde que verifica su cesación, la referida sentencia de unificación se tiene en cuenta porque la demandada se edificó en la omisión de las autoridades en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, la cual en sus precisos términos sería conocida los mismos día por los afectados, habida cuenta de que, según laRadicación número: 73001-23-33-000-2017-00202-01 (64872) Actor: Lina Johana Cacais González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

11 demanda, fue precisamente esa omisión del Estado ante las amenazas de las FARC lo que produjo el desplazamiento forzado del grupo familiar demandante.

Ahora bien, en los casos en que el daño alegado es producto de delitos de carácter continuado, como ocurre con el desplazamiento, desaparición forzada o secuestro, el término de 2 años previsto en la ley sólo podrá computarse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en que el daño se prolonga en el tiempo4. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:

En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho,

prolonga en el tiempo4. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:

En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa’, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la

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