CE - Sentencia perspectiva de género 11001031500020250039100

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

Demandante: DMCR y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia ACCIÓN DE TUTELA Radicación 11001-03-15-000-2025-00391-00 Demandante DMCR1 Y OTROS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos especiales de procedibilidad. Medio de control de reparación directa. Responsabilidad del Estado por los hechos de sus agentes. Delitos contra la integridad sexual de una mujer menor de edad. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Enfoque de género en la valoración de las pruebas. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por DMCR y otros de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones Los señores DMCR, VMC, PQC, MSM Y OEMC , por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera

ANTECEDENTES

1. Pretensiones Los señores DMCR, VMC, PQC, MSM Y OEMC , por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por estimar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso e incumplidas las obligaciones del Estado colombiano derivados de los tratados de derechos humanos, espe cialmente, la Convención de Belém do Pará , la Convención sobre los Derechos del Niño y el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Alegaron que la vulneración ius fundamental se concretó en la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida e n el medio de control de reparación directa nro. 11001-33-43-059-2018-00151-00, que revocó la decisión de condena, para negar las pretensiones de la demanda por encontrar acreditada la eximente de responsabilidad de la culpa personal del agente. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «Solicito muy respetuosamente, se le ampare el derecho fundamental invocado por los hoy tutelantes, donde se deje sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia emitida por el Honorable Tribun al Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del radicado 11001334305920180015101, y como consecuencia de ello, ordenar a la misma Corporación, emitir una nueva decisión que contenga una valoración de pruebas e indicios conjunta , flexibilizando las mismas, dentro de los parámetros establecidos por la Honorable Corte Constitucional dentro del Bloque de Constitucionalidad, más concretamente lo consagrado en la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y

indicios conjunta , flexibilizando las mismas, dentro de los parámetros establecidos por la Honorable Corte Constitucional dentro del Bloque de Constitucionalidad, más concretamente lo consagrado en la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCION DE BELEM DO PARA Y

1 El despacho sustanciador ordenó en el auto admisorio de la acción de tutela que se reservara la identidad de las personas que conforman la parte accionante, debido a que el caso analizado g uarda relación con delitos cometidos contra la integridad sexual de una menor de edad. Por lo tanto, podría afectar el derecho a la intimidad de las personas involucradas o propiciar escenarios de discriminación. La anterior decisión se adoptó con fundamento en la Ley 1581 de 2012 y en las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Sentencia T-339 de 2022, auto 150A de 2018 y Auto 026 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-CEDAWen la cual se aplique el enfoque diferencial con perspectiva de género, donde se tenga en cuenta además, el principio pro infans que impone a las autoridades judiciales la obligación de aplicar las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del interés superior del niño, en especial la de dar credibilidad a sus declaraciones y resolver las dudas en su favor»2.

autoridades judiciales la obligación de aplicar las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del interés superior del niño, en especial la de dar credibilidad a sus declaraciones y resolver las dudas en su favor»2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En los antecedentes del proceso ordinario de reparación directa se lee que, el señor YEJ era servidor público de la Policía Nacional y trabajaba en un CAI del municipio de Itagüí (Antioquia). Entabló una relación sentimental con una menor que para el año 2016 tenía 12 años.

Se indica en la demanda que el agente de policía acordó con la menor que mediante engaños, llevara a otras menores de edad a su domicilio, que se ubicaba cerca al CAI donde trabajaba, para abusar de ellas. Fue en ese contexto en el que, en varias oportunidades, la menor condujo a la casa del policía a la niña VMC (accionante en esta tutela), quien para la época de los hechos tenía 11 años. La menor VMC fue abusada en tres ocasiones por el agente de policía en un lapso de 8 meses. En la demanda se lee que, el policía abusó de cinco menores más y que para ello se evadía de su jornada laboral, las ponía en incapacidad de resistir y permanecía con su uniforme para infundirles miedo. También les indicaba que debían guardar silencio, so pena de que le causa daño a ellas o a sus familias. Se mencionó que, el 14 de septiembre de 2016, el policía YEJ fue capturado y, en noviembre de 2017, aceptó su responsabilidad por los hechos po r los que se le investigada y se le impuso una pena de 21 años de prisión.

Se mencionó que, el 14 de septiembre de 2016, el policía YEJ fue capturado y, en noviembre de 2017, aceptó su responsabilidad por los hechos po r los que se le investigada y se le impuso una pena de 21 años de prisión. 2.2. Con ocasión a lo anterior, la menor VMC y sus familiares promovieron el medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional para que se declarara su responsabilidad patrimonial y administrativa por los abusos contra la integridad sexual de los que fue víctima la menor a manos de un patrullero de la Policía Nacional. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que condenara a la entidad a pagar los perjuicios extrapatrimoniales solicitados en la demanda. 2.3. Del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 27 de marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que declaró l a responsabilidad de la Policía Nacional por el daño antijurídico ocasionado a VMC y a su núcleo familiar. En consecuencia, la condenó a pagar los daños morales y la afectación a los bienes convencional y constitucionalmente protegidos, de acuerdo con lo probado. Como fundamento de su determinación, la juez manifestó que se acreditó el daño antijurídico sufrido por la menor VMC, víctima de delitos sexuales cometidos por un agente de la Policía Nacional en el año 2016. Aunque no se probó el vínculo directo con el servicio, sí se estableció una relación indirecta, al haberse prevalido el agresor de su investidura y autoridad policial para

cometidos por un agente de la Policía Nacional en el año 2016. Aunque no se probó el vínculo directo con el servicio, sí se estableció una relación indirecta, al haberse prevalido el agresor de su investidura y autoridad policial para ganarse la confianza de la víctima, intimidarla y cometer los delitos contra su integridad sexual. La autoridad judicial in firió la relación indirecta a partir del relato de la víctima donde refirió que lo veía uniformado cerca de su casa y del colegio, así como de la intimidación que sufrió incluida la amenaza a su familia,

2 Página 32 de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co también consignada en su historia clínica. Agregó qu e la verdad sobre la intimidación adquiere respaldo en la prueba trasladada de una víctima diferente, quien fue amenazada por el mismo agente. Adicional a lo anterior, consideró que se configuró una falla en el servicio por omisión al deber de vigilancia y control institucional, lo que permitió la reiteración de las conductas delictivas durante varios meses, en claro desconocimiento de los deberes previstos en la Ley 62 de 1993. El proceso fue radicado con el número 11001-33-43-059-2018-00151-00. 2.4. La Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara la decisión de condena y, en su lugar, se negaran las pretensiones

2.4. La Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara la decisión de condena y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda porque los hechos delictivos en que presuntamente incurrió el patrullero se enmarcan en actuaciones que desarrolló en su ámbito personal, bajo su responsabilidad y en ejercicio de su autodeterminación. Sin embargo, no se acreditó ni existe vínculo entre el hecho delictivo y el servicio de policía encomendado al agente. Por lo tanto, alega que se concre tó la causal excluyente de responsabilidad de la culpa personal del agente. La institución agregó que las actuaciones del ex agente no fueron desplegadas estando en ejercicio de sus funciones ni utilizó las instalaciones policiales para sus cometidos, por lo que consideró que el daño alegado no era atribuible a la Policía Nacional. 2.5. El 28 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia, para negar las pretensio nes de la demanda por considerar acreditada la eximente de responsabilidad del hecho personal del agente. Como fundamento de su decisión manifestó que las pruebas del proceso no dan cuenta de que el agresor se hubiera prevalido de su condición de patrullero de la policía para cometer los delitos contra la integridad sexual de la menor VMC. Tampoco halló demostrada la falla en el servicio que comprometiera la responsabilidad de la institución porque las pruebas del proceso sugerían que los crímenes se comet ieron cuando el agente no estaba en servicio y en su domicilio particular. Finalmente, precisó que la sola condición de policía del agresor no genera la

responsabilidad de la institución porque las pruebas del proceso sugerían que los crímenes se comet ieron cuando el agente no estaba en servicio y en su domicilio particular. Finalmente, precisó que la sola condición de policía del agresor no genera la responsabilidad institucional, sino que debe demostrarse una relación directa entre la prestación el s ervicio y el daño antijurídico producido, lo que, a juicio de esta autoridad, no se acreditó en el caso particular. 2.6. La anterior decisión registró salvamento de voto de la magistrada Beatriz Galvis Bustos. Fundamentó su disenso en que, de la versión de la víctima y de las anotaciones de la historia clínica, deriva que la menor conocía de la condición de policía de su agresor. De acuerdo con ello, aunque esta calidad no fuera invocada expresamente por él en los encuentros, encontró razonable concluir que, durante la comisión de los hechos, la coacción y amenazas ejercidas por el agente adquirían una especial connotación, dado el poder persuasivo que implicaba su pertenencia a la Policía Nacional.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte accionante alegó la concreción de un defecto fáctico en su dimensión negativa, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió pruebas relevantes del expediente a efectos de decidir la demanda en la que se cuestionó la responsabilidad de la Policía Nacional por los actos d e violencia sexual cometido por uno de sus agentes contra varias menores de edad. DijoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que existían pruebas que acreditaban que el uniformado se valió de su condición de autoridad para intimidar y abusar de sus víctimas, como su uniforme, arma de dotación y el hecho de que se ausentó del servicio para cometer estos actos. Advirtió que el tribunal no valoró de forma integral el material probatorio, que comprendía las sentencias penales, los testimonios, informes psicológicos y documentos administrativos. En su consideración, la autoridad judicial accionada basó su decisión en argumentos aislados, como el hecho de que el patrullero no expresó su condición de policía al momento de amenazar a la menor y que no se acreditó que estuviera en servicio cuando perpetró los ilícitos. Sin embargo, destacaron que en el expediente constan actuaciones judiciales previas en las que se establecen que el patrullero portaba arma de dotación y uniforme y que al menos en una ocasión se ausentó de su turno para cometer el acto sexual contra la menor VMC. Finalmente, en el escrito de tutela se llama la atención en el salvamento de voto de una magistrada del tribunal quien consideró que en el expediente obraban los medios de convicción suficientes para declarar la responsabilidad de la entidad demandada. En esa medida, advirtió que la valoración probatoria en el caso concreto exigía un enfoque reforzado de protección a la infancia.

3.2. De otra parte, la parte accionante acusó que la sentencia del 28 de noviembre de 2024 incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial que

3.2. De otra parte, la parte accionante acusó que la sentencia del 28 de noviembre de 2024 incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial que establece la protección a la mujer y a la niña contra cualquier tipo de violencia y, particularmente, la de violencia de género. Destacó que la Corte Constitucional ha desarrollado una sólida jurisprudencia, amparada en el bloque de constitucionalidad, que incorpora tratados internacionales como la CEDAW 3, la Convención Belém do Pará y otros instrumentos internacionales con fuerza vinculante. En su consideración, el tribunal accionado desconoció estos lineamientos al no valorar las pruebas con enfoque de género, a pesar de que conoció de un caso de violencia sexual ejercida por un agente del Estado contra una menor de edad. En particular acusó desconocida la sentencia T -093 de 2019, en donde la Corte definió la violencia contra la mujer como una forma de discriminación que requiere un enfoque judicial con perspectiva de género. Así como la sentencia T -012 de 2016 en la que se fijaron parámetros específicos para aplicar el enfoque de género, entre ellos, evitar estereotipos, analizar las pruebas de manera conjunta y flexibilizar la carga probatoria. Finalmente, reforzó la existencia del defecto fáctico alegado con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, proceso nro. 11001-03-15-000-201503406-00, donde se tuteló el derecho al debido proceso de los accionantes porque los jueces de instancia no valoraron las pruebas con enfoque de género.

4. Trámite impartido e intervenciones

03406-00, donde se tuteló el derecho al debido proceso de los accionantes porque los jueces de instancia no valoraron las pruebas con enfoque de género.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 30 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela presentada por DMCR, VMC, PQC Y OEMC quien actúa en su nombre y en representación de su hijo menor MSM, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administra tivo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A.

3 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la MujerRadicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicional a lo anterior, se vinculó, en calidad de terceros con interés, a los señores JDJCG, JJCR, MLCR, MYCR, LAMC, BAMC, GLMC, SJRL, LMRL, ALRL, MDRRL, CMRL, SCR, YQM, IEM, JAR, KRL y DRL , quienes actuaron como accionantes dentro del proceso de reparación directa, al Ministerio Público y al Juzgado 59 Administrativo de Bogotá, autoridad que dictó sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa nro. 11001-33-43-059-2018-00151-00/01. En el proveído también se adoptaron las medidas para restringir el acceso a la información y para reservar la identidad de los accionantes considerando que el asunto analizado puede comprometer su derecho a la intimidad.

En el proveído también se adoptaron las medidas para restringir el acceso a la información y para reservar la identidad de los accionantes considerando que el asunto analizado puede comprometer su derecho a la intimidad. 4.2. En memorial del 5 de febrero de 2025, el apoderado de la parte actora informó el fallecimiento del señor JDJCG y adjunto copia del registro civil de defunción correspondiente. 4.3. El 11 de febrero de 2025, el juez 59 Administrativo de Bogotá informó que revisó el expediente ordinario de reparación directa para surtir la notificación encomendada, pero solo encontró el correo electrónico del abogado de los demandantes y ninguna información de contacto de sus poderdantes. En consecuencia, solicitó la colaboración del abogado pa ra cumplir con la orden impartida quien informó que estaba gestionando el canal para poder surtir la notificación pendiente. De acuerdo con lo anterior, dijo que estaba a la espera de que se aportara la información necesaria para poder cumplir con el oficio del auto admisorio de la acción de tutela. Con relación a los cargos de la acción de tutela, aclaró que se dirigen exclusivamente contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Respecto de su fallo en la primera instancia, dijo que declaró la responsabilidad de la Policía Nacional por la conducta del patrullero que abuso de una menor, con fundamento en un análisis razonable y conjunto de las pruebas del proceso, estudio en el que se aplicó enfoque de género. Como la tutela no cuestiona la decisión emitida por su despacho, sino la revocatoria hecha por el tribunal en la segunda instancia, pidió que se declare la improcedencia de la acción frente a ese juzgado.

género. Como la tutela no cuestiona la decisión emitida por su despacho, sino la revocatoria hecha por el tribunal en la segunda instancia, pidió que se declare la improcedencia de la acción frente a ese juzgado. Finalmente, relacionó el enlace web para acceder al expediente digitalizado del proceso ordinario. 4.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente de la decisión, solicitó que se decla re la improcedencia de la acción de tutela porque no supera el presupuesto de relevancia constitucional debido a que lo que pretende la parte actora es convertir el amparo en una tercera instancia para continuar el debate probatorio debidamente clausurado por los jueces naturales de la causa. De manera subsidiaria, el magistrado se pronunció sobre el fondo del asunto. En primera medida presentó varias aclaraciones, así: a) la demanda buscaba condenar a la Policía Nacional, no al agresor por los delitos come tidos contra la menor; b) la parte actora alegó en la demanda que el patrullero utilizó su rol de policía para cometer los abusos y atemorizar a la menor ; c) la entidad demandada alegó la culpa personal del agente como eximente de responsabilidad, por lo que esa fue la pauta que orientó el análisis de la segunda instancia ; d) el tribunal concluyó, a partir de la valoración de las pruebas, que no se acreditó la responsabilidad de la Policía Nacional; e) la Sala reconoce la gravedad del delito y los reprocha, pero no encontró probadoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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Sala reconoce la gravedad del delito y los reprocha, pero no encontró probadoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el vínculo entre el cargo del patrullero y los abusos, por lo que declaró que la causa del daño fue la culpa personal del agente y no de la institución. Precisado lo anterior, argumentó que no incurrió en defecto fáctico porque, contrario a lo indicado en la tutela, el tribunal valoró la totalidad del acervo probatorio y estudió cada uno de los supuestos de responsabilidad que se imputaron a la entidad demandada. Otra cuestión es que la valoración integral de las pruebas del proceso condujera a conclusiones probatorias que no favorecieron a los demandantes debido a que no se encontró acreditada la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional. Advirtió que en la sentencia acusada se reconoció que está probado en el proceso que el agresor se valió de su condición de policía para cometer delitos sexuales contra otras menores, pero que tal circunstancia no se probó respecto del caso particular de la menor VMC. Igual conclusión se expuso al analizar el fallo emitido en el proceso disciplinario contra el agresor. También aclaró que el hecho de que el agresor evadió su puesto para cometer el delito se desvirtuó con la investigació n disciplinaria, donde la autoridad concluye que los hechos ocurrieron mientras el patrullero estaba en franquicia y en su residencia, no en funciones oficiales.

el delito se desvirtuó con la investigació n disciplinaria, donde la autoridad concluye que los hechos ocurrieron mientras el patrullero estaba en franquicia y en su residencia, no en funciones oficiales. Relativo al alegato de haber soslayado la declaración de otra víctima que demostraría el modo de operar del agresor, el magistrado recordó que sí valoró esa prueba, pero no consideró válido trasladar los hechos ocurridos en otro caso para respaldar el que ahora se analiza, ya que fueron escenarios fácticos desarrollados en diferentes circunstancias. En relación con el estado emocional de la menor víctima, indicó que tuvo en cuenta la historia clínica, pero al no encontrar acreditada la responsabilidad de la institución, no profundizó en el análisis del daño psicológico. De otra parte, en lo que r efiere al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que no ha desconocido el precedente constitucional sobre la protección de mujeres y niñas frente a la violencia de género, puesto que en la sentencia no avala, justifica ni minimiza la violencia de la que fue víctima la menor. El tribunal se centró en resolver, de acuerdo con el recurso de apelación, si la Policía Nacional debía responder institucionalmente o, si por el contrario, se configuró la eximente de responsabilidad de la culpa personal del agente. Reconoce que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada, en los casos de violencia de género debe flexibilizarse la carga de la prueba, pero advirtió que aquello no implica dar por probados hechos sin llegar a un mínimo grado de conve ncimiento, conforme a las reglas de la sana crítica. En esa

casos de violencia de género debe flexibilizarse la carga de la prueba, pero advirtió que aquello no implica dar por probados hechos sin llegar a un mínimo grado de conve ncimiento, conforme a las reglas de la sana crítica. En esa línea, advirtió que de los indicios deben derivarse hechos acreditados, pero en este caso, después de valorar las pruebas del proceso no fue posible alcanzar el grado de convencimiento para imputar el daño a la entidad demandada. Finalmente, manifestó que el hecho de que otra Subsección hubiere declarado la responsabilidad del Estado en un caso similar no obliga a emitir una conclusión idéntica, pues los hechos y pruebas fueron diferentes. En el o tro proceso se acreditó que el agresor usó su investidura oficial para cometer el delito. 4.5. La Nación, Ministerio de Defensa , Policía Nacional , por conducto de asesora del Área Jurídica de la Secretaría General, argumentó que la sentencia acusada contiene e l estudio de todas las pruebas del proceso de reparación directa a partir de las cuales la autoridad judicial concluyó,Radicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co razonablemente, que no se acreditó que el agresor se hubiera prevalido de su condición de agente de la Policía para cometer los abusos que se le atribuyen. Por lo tanto, concluyó válidamente que los crímenes sexuales perpetrados por el patrullero no se cometieron durante la prestación del servicio. De otro lado, manifestó que la acción de tutela era improcedente porque no se

Por lo tanto, concluyó válidamente que los crímenes sexuales perpetrados por el patrullero no se cometieron durante la prestación del servicio. De otro lado, manifestó que la acción de tutela era improcedente porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela en un caso que fue debidamente decidido en las instancias del proceso ordinario. También consideró que la tutela no supera el presupuesto de subsidiariedad porque la parte actora no promovió el recurso extraordinario de revisión para acusar la indebida valoración de las pruebas del proceso. 4.6. En auto del 4 de marzo de 2024, el despacho ponente ordenó que se surtiera la notificación pendiente de los siguientes terceros JJCR, MLCR, LAMC, BAMC, GLMC, SJRL, LMRL, ALRL, MDRRL, SCR, YQM, IEM y JAR, a través de la dirección de correo electrónico indicada por ellos para esa gestión. Respecto de los señores KRL, DRL, MYCR y CMRL, se encomendó a la señora DMCR que, de ser posible, los enterara de la existencia de esta acción de tutela y de la opción que les asiste de intervenir en ella.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando s e interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucio nal y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos un o de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos

5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00391-00

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