CE - 010324000201000275001SENTENCIA20231025192112

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación 11001032400020100027500

Referencia: Acción de nulidad

Actor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TESIS: SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA RELATIVA FRENTE AL DECRETO NÚM. 1795 DE 23 DE MAYO DE 2007, EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA DE 7 DE JUNIO DE 2012,

PROFERIDA POR ESTA SECCIÓN DENTRO DEL PROCESO CON NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN 11001032400020070033300, EXCLUSIVAMENTE, RESPECTO DE LOS CARGOS DE VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 69, 76, 77, 121, 150, NUMERAL 7, 189, NUMERAL 11, 257, NUMERAL 3, 267, 287, 298, 371, 372 Y 373 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y 5°, 40, 41, INCISO 2°, 44, 71, 73,

INCISO 2°, Y 86 DE LA LEY 489 DE 1998.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda de nulidad presentada por la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en adelante UNAL, en

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda de nulidad presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en adelante UNAL, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 19841, en adelante CCA, contra el Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007, expedido por el GOBIERNO NACIONAL, por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 27 de diciembre de 20022, el artículo 13 de la Ley 1105 de 13 de

1 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 2 “[…] Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República […]”.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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2 diciembre de 20063 y se adopta el Sistema Único de Información de gestión jurídica del Estado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La UNAL, actuando a través de apoderado judicial , presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, contra el Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007, expedido por el GOBIERNO NACIONAL, por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790, el artículo

84 del CCA, contra el Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007, expedido por el GOBIERNO NACIONAL, por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790, el artículo 13 de la Ley 1105 y se adopta el Sistema Único de Información de gestión jurídica del Estado.

El actor formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRINCIPAL: Es nulo el Decreto 1795 de 23 de mayo de 2007.

SUBSIDIARIA: Son nulos los siguientes apartes del Decreto 1795

de 23 de mayo de 2007:

“El sistema se denominará Litigob, pudiendo el nombre ser modificado por Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia”

El artículo 2°.

El inciso 2° del artículo 3°

El artículo 4°.

El parágrafo del artículo 5° […]”.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, como fundamentos de hecho , que el GOBIERNO NACIONAL excedió la potestad reglamentaria, vulneró la autonomía que

3 “[…] Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones […]”.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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3 constitucionalmente ha sido reconocida a las entidades de derecho público, facult ó a otras entidades públicas para modificar designaciones de sistemas de información e incurrió en una indeterminación, siendo estos los cuatro motivos principales de nulidad del acto acusado.

I.3.- Como disposiciones transgredidas el actor invocó los artículos 69, 76, 77, 121, 150, numeral 7, 189, numeral 11, 257, numeral 3, 267, 287, 298, 371, 372 y 373 de la Constitución Política ; y 5°, 40, 41, inciso 2°, 44, 71, 73, inciso 2°, y 86 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19984. Igualmente, que debido al carácter normativo que se le ha otorgado a los principios generales del derecho , (sentencia de la Sala CVII de la Honorable Corte Suprema de Justicia de 7 de octubre del 2009, expediente 05360 -31-03-001-200300164-01) y del carácter de fuente principal y no auxiliar del derecho que la Corte Constitucional le ha dado a los precedentes judiciales, (sentencia C-836 del 2001 y auto 223 del 16 de agosto del 2006 entre otros), es viable invocar como vulnerados los precedentes constituidos entre muchos otros por las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de marzo de 2004

entre otros), es viable invocar como vulnerados los precedentes constituidos entre muchos otros por las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de marzo de 2004 dentro del expediente “11001-03-25-000-194-00” (sic) , y por la Sección Tercera de la misma corporación el 14 de agosto de 2008 dentro del expediente núm. 16230.

Manifestó que el acto demandado incurrió en las causales de violación de la ley e incompetencia, para lo cual sostuvo que el Presidente de la República, so pretexto de reglamentar los artículos 15 de la Ley

4 “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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4 790 y 13 de la Ley 1105, dispuso de sistemas de información judicial y de litigios y conciliaciones no previstos en ninguna de dichas normas.

Indicó que el artículo 15 de la Ley 790 hace referencia a los pleitos de la Nación, mientras que el demandado Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007 alude a los organismos estatales, “[…]

normas.

Indicó que el artículo 15 de la Ley 790 hace referencia a los pleitos de la Nación, mientras que el demandado Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007 alude a los organismos estatales, “[…] cualquiera que sea su naturaleza jurídica […]”, con lo cual se pretende hacer obligatoria su observancia por parte de entidades a las cuales la misma Constitución Política dotó de autonomía, dentro de las que pueden citarse las Universidades Públicas, la Comisión Nacional de Televisión, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Contraloría General de la República, las entidades territoriales y el Banco de la República, cuya autonomía proviene de los artículos 69, 76, 77, 150, numeral 7, 267, 287, 298 y 371 de la Carta, al igual que el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, que previó que esos entes están sujetos a regímenes especiales establecidos en la ley, por lo que hubo una indebida intromisión por parte del Ejecutivo.

Sostuvo que también fue violada la regla jurídica derivada de la sentencia proferida por la Secc ión Tercera del Consejo de Estado el 14 de agosto de 2008 dentro del expediente núm. 16230, en la cual se afirmó que las entidades arriba mencionadas tienen potestad reglamentaria, por cuanto son autónomas, lo que quiere decir que no podrían ser reglamentadas por el GOBIERNO NACIONAL, como lo hace el decreto acusado.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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no podrían ser reglamentadas por el GOBIERNO NACIONAL, como lo hace el decreto acusado.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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5 Mencionó que el artículo 13 de la Ley 1105 reemplazó al artículo 25 del Decreto Ley 254 de 21 de febrero de 20005 y determinó obligaciones para los liquidadores de ent idades públicas, sin que se haga relación al establecimiento de un sistema único de información para la gestión jurídica del Estado, por lo cual aparece claro el exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias.

Señaló que l os artículos 3º, inciso 2° , y 5º, parágrafo, del acto acusado, determinan responsabilidades y obligaciones para los apoderados de las entidades públicas, constituyéndolos como responsables directos del reporte oportuno y actualización de los procesos judiciales y concilia ciones en trámite, con lo cual se están determinando obligaciones no previstas por la Ley 80 de 28 de octubre de 19936, además de estarse generando funciones y responsabilidades públicas a particulares, por fuera de lo previsto en la potestad reglamentaria del Presidente, pues las leyes 790 y 1105 hacen referencia a procesos judiciales sin incluir conciliaciones, mientras que el acto cuestionado incluye procedimientos conciliatorios como parte de la obligación de reportar y actualizar por parte de los apoderados externos.

hacen referencia a procesos judiciales sin incluir conciliaciones, mientras que el acto cuestionado incluye procedimientos conciliatorios como parte de la obligación de reportar y actualizar por parte de los apoderados externos.

Anotó que los artículos 1°, parte final, y 4° del Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007 facultan al MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA (hoy MINISTERIO DE JUSTICIA ), para modificarlo, cambiar el nombre del sistema de información y reglamentarlo, determinando la forma de llevar dicha información; y que el acto acusado vulnera la competencia reglamentaria de otros

5 “[…] Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional […]”. 6 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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6 organismos, como el Consejo Superior de la Judicatura y la Junta Directiva del Banco de la República, según lo establecido por los artículos 257, numeral 3, 372 y 373 de la Carta Política, para lo cual menciona la sentencia del Consejo de Estado de 20 de mayo de 1994 (Expediente núm. 5185).

Agregó que no debe desconocerse que el Presidente de la República no puede reglamentar leyes que no ejecuta la administración, como

(Expediente núm. 5185).

Agregó que no debe desconocerse que el Presidente de la República no puede reglamentar leyes que no ejecuta la administración, como se sostuvo el Consejo de Estado en la sentencia proferida el 18 de noviembre de 1999 dentro del expediente núm. 10158, so pena de violar el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, como ocurrió en este caso.

Mencionó que resulta ilegal e inconstitucional determinar una intromisión indebida del MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA (hoy MINISTERIO DE JUSTICIA ), en la actuación de entidades pertenecientes a otros sectores y de contratistas de entes descentralizados, violando el principio de especialidad consagrado en los artículos 5°, 41, inciso 2°, 44 y 73, inciso 2°, de la Ley 489.

Finalmente, comentó que el acto demandado conlleva la violación de la autonomía administrativa y financiera de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, quienes actúan conforme a las normas que los crean o autorizan su funcionamiento y a sus estatutos internos, no pudiendo un decreto reglamentario modificar la actuación de esos entes, por lo que infringió los artículos 71 y 86 de la Ley 489.

I.4.- A través de auto de 2 de diciembre de 2022, el Despacho sustanciador ordenó desvincular del proceso al MINISTERIO DELNúmero único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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sustanciador ordenó desvincular del proceso al MINISTERIO DELNúmero único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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7 INTERIOR y vinculó, como parte demandada, al GOBIERNO NACIONAL, conformado por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , así como a la

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

I.4.1.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO contestó la demanda con escrito en el que propuso la excepción de cosa juzgada como quiera que, mediante sentencia de 7 de junio de 2012, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de proceso con número único de radicación 11001032400020070033300, fue resuelta una demanda de nulidad contra el mismo Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007, por idénticos hechos, cargos y pretensiones, por lo que solicita estarse a lo resuelto en dicha providencia.

I.4.2.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA contestó la demanda con escrito mediante el cual se opuso a la pr osperidad de las pretensiones, para lo cual propuso las excepciones que denominó “inexistencia de violación de normas superiores ”, “indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República y de la Presidencia de la

pretensiones, para lo cual propuso las excepciones que denominó “inexistencia de violación de normas superiores ”, “indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República y de la Presidencia de la República”, e “innominada”.

Indicó que las normas demandadas guardan correspondencia con el orden constitucional y legal, en tanto procuran la efectiva realización de los cometidos estatales y los objetivos planteados por el legislador, a través del fortalecimiento de la defensa legal de la Nación, para contar con mejores herramientas al momento de gestionar la valoración de los pasivos contingentes, otorgando un mayor cuidado a los recursos públicos estatales.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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Sostuvo que al tenor de lo establecido en el artículo 149 del CCA, al igual que la norma actual del artículo 159 del CPACA, en concordancia con lo previsto en el artículo 115 Constitucional, los actos administrativos del Gobierno Nacional deben ser defendidos por el ministro y/o por el director de departamento administrativo responsable de su expedición que conforme a sus funciones ostente la capacidad de representación judicial en torno a la respectiva materia.

Manifestó que conforme lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la providencia de 14 de marzo de 2002 (Expediente núm. 12076), la representación judicial de la Nación, entendida como la

materia.

Manifestó que conforme lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la providencia de 14 de marzo de 2002 (Expediente núm. 12076), la representación judicial de la Nación, entendida como la autorización para ocupar la posición de demandante o demandada en la relación jurídico procesal, depende de la competencia que le otorga la ley al órgano o dependencia a quien de manera específica se atribuya la materia o acto objeto de juzgamiento , planteamiento reiterado en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por esa misma Sección, en el radicado núm. 250 -002-32-6-000-199713930-01 (Expediente 19933)7.

De igual forma señaló que el artículo 15 de la Ley 790 expresamente dispuso el deber del Gobierno Nacional de fortalecer la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia, para que dicha cartera desarrollara dentro de sus func iones las de prevención del daño antijurídico, en defensa de los intereses litigiosos del Estado, así como las de coordinación, seguimiento y control de las actividades de los apoderados que defienden al Estado

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente núm. 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933).Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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9 en las entidades del orden nacional mediante la implementación de un Sistema Integral de Información que de forma transversal alerte sobre el eventual riesgo judicial del Estado.

Comentó que tampoco es cierto que las normas acusadas contraríen el orden legal dispuesto en materia de contratación estatal frente a los apoderados que colaboran en el ejercicio de la defensa judicial de la Nación, en tanto es sabido que éstos en su calidad de colaboradores del Estado están llamados a presentar informes y demás que requiera la entidad estatal ; y que, además, el citado artículo 15 expresamente determinó que debían efectuarse labores de “[…] seguimiento y control de las actividades de los apoderados que defienden al Estado en las entidades del orden nacional […]”, lo cual solo es posible si se cuenta con herramientas apropiadas que lo permitan.

Manifestó que con fundamento en las facultades ordinarias del Decreto 200 de 2003, el Presidente de la República y el entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA ostentaban las facultades para establecer criterios de información y hacer seguimiento a las políticas en materia judicial y evaluar sus resultados, aún más si se tiene en cuenta que también las entidades territoriales y autónomas disponen de los recursos del PGN para la realización de los cometidos estatales.

Finalmente, puso de presente que el principio de autonomía territorial, al igual que la autonomía universitaria, no son absolutos por cuanto se encuentran sujetos al principio de Estado Unitario y de

realización de los cometidos estatales.

Finalmente, puso de presente que el principio de autonomía territorial, al igual que la autonomía universitaria, no son absolutos por cuanto se encuentran sujetos al principio de Estado Unitario y de colaboración armónica que debe existir para la realización de los cometidos del Estado.Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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10 I.4.3.- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO contestó la demanda mediante escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque carecen de fundamento fáctico, probatorio y legal, para lo cual sostuvo que en el presente caso no existió la extralimitación que adujo el actor en la demanda, ya que las normas acusadas le otorgaron funciones a la Dirección de Defensa Judicial de la Nació n del MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA para defender los intereses litigiosos del Estado, entre ellas la implementación y consolidación de un sistema integral de información que de manera transversal alerte sobre las eventualidades judiciales a que se expone el Estado , siendo este sistema una herramienta que ha logrado ser bastante útil para la medición de información que permita desarrollar políticas de prevención en materia de daño antijurídico.

Adujo que dentro de los objetivos planteados con la cr eación de la Ley 790, se incluyó la gestión por resultados con el fin de mejorar la

medición de información que permita desarrollar políticas de prevención en materia de daño antijurídico.

Adujo que dentro de los objetivos planteados con la cr eación de la Ley 790, se incluyó la gestión por resultados con el fin de mejorar la productividad y permitir la evaluación en el cumplimiento de las funciones en el ejercicio de la función pública, además del establecimiento de criterios gerenciales para e l desarrollo en la gestión pública lo cual solo se logra con la adecuada medición de la información para la gestión de resultados y la implementación de estrategias de mejoramiento; y que, para el presente caso, en materia litigiosa, se vio reflejado en la implementación del sistema LITIGOB siendo ésta la primera herramienta utilizada para la medición de la litigiosidad del Estado, la cual otorgó las bases para desarrollar políticas para la prevención del daño antijurídico.

Indicó que el Estado está conformado por las Ramas del Poder Público y por las entidades autónomas que, a su vez, hacen parte de laNúmero único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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11 estructura de la administración pública, la cual no está conformada solamente por las entidades de la Rama Ejecutiva como erradamente lo ve el actor, siendo viable la reglamentación de normas como la aquí demandada, ramas que abarquen la totalidad de las entidades que conforman el Estado, ya que, como se señaló en precedencia, el

lo ve el actor, siendo viable la reglamentación de normas como la aquí demandada, ramas que abarquen la totalidad de las entidades que conforman el Estado, ya que, como se señaló en precedencia, el artículo 209 Constitucional faculta a las autoridades administrativas para actuar de manera coordinada para el cumplimiento de los fines del Estado.

Agregó que al ser parte del Estado colombiano, la Universidad Nacional de Colombia es destinataria del objetivo de la Ley que sustenta el Decreto acusado, cuyo objetivo primordial es la defensa de los intereses litigiosos del Estado como un todo, razón por la que considera que el Presidente de la República actuó en el marco de sus competencias al reglamentar una Ley que dispuso medidas para fortalecer la defensa jurídica del Estado, sin que por el hecho de aducir la violación de normas que establecen autonomía e independencia, sin ningún tipo de sustento de orden legal, sea suficiente para lograr su demostración.

Señaló que el decreto demandado no modifica en modo alguno la Ley 80, sino que establece principios frente a los cuales las entidades deben estructurar las obligaciones particulares del contratista según el objeto contractual y, a su vez, al contratista, -de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5º de la misma ley-, le asiste el deber de colaborar con las entidades en lo que se requiera para cumplir de la mejor forma el objeto del contrato.

Alegó que de la lectura de los artículos 1 º y 4 º del decreto demandado, no puede interpretarse que el Presidente esté delegandoNúmero único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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demandado, no puede interpretarse que el Presidente esté delegandoNúmero único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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12 o facultando al Ministerio para reglamentar las disposiciones contenidas en aquel; y que, como es apenas lógico, cuando se crea un sistema los usuarios deben contar con un manual que los guíe para su correcto uso, lo cual está en cabeza de la entidad encargada de su funcionamiento, por lo que la modificación en el nombre no constituye un cambio en la reglamentación.

Manifiesta que tal como quedó establecido en el decreto acusado, sus disposiciones se proyectaron pa ra ser ejecutadas por la administración, siendo el MINISTERIO DE INTERIOR Y DEL DERECHO y el MINISTERIO DE COMUNICACIONES , los responsables del control y guarda de la información recopilada; y que no obstante, con la posterior creación de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO , dicho manejo y ejecución se trasladó a esta entidad, sin que ello haya significado una transgresión a las normas vigentes.

Recalcó que el Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007 no tiene vicios por falsa motivación porque los fundamentos de hecho y de derecho incorporado s fueron expuestos de manera clara, publicitada y con fundamento en la legalidad, y cumplió objetivamente con el ordenamiento jurídico colombiano.

II.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

de derecho incorporado s fueron expuestos de manera clara, publicitada y con fundamento en la legalidad, y cumplió objetivamente con el ordenamiento jurídico colombiano.

II.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El traslado otorgado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 210 del CCA para que las partes y el Ministerio Público alegaran de conclusión, fue descorrido así:Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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13 II.1.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, con escritos de 13 y 14 de abril de 2023, respectivamente, presentaron alegatos de conclusión en los que ratificaron lo manifestado en sus contestaciones para oponerse a las pretensiones de la demanda.

II.2.- El MINISTERIO PÚBLICO , con escrito de 17 de abril d e 2023, suscribió concepto de fondo dentro del presente proceso en el que solicitó la declaración del fenómeno de cosa juzgada por haberse resuelto la nulidad del Decreto núm. 1795 de 23 de mayo de 2007 mediante sentencia de 7 de junio de 2012 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de proceso con número único de radicación 11001032400020070033300 , ello en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales.

Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de proceso con número único de radicación 11001032400020070033300 , ello en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1.- Acto demandado

El acto acusado es del siguiente tenor:

“[…] DECRETO 1795 DE 2007

(mayo 23)

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Unico de Información para la gestión jurídica del Estado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,Número único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

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CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley 790 de 2002 asignó competencia al Ministerio del Interior y de Justicia para administrar un sistema de información sobre la actividad litigiosa del Estado;

Que el Documento Conpes 3250 de 2003, líneas de acción para el fortalecimiento de la defensa legal de la Nación y para la valoración de pasivos contingentes, en cuyo desarrollo se expidió la Directiva

información sobre la actividad litigiosa del Estado;

Que el Documento Conpes 3250 de 2003, líneas de acción para el fortalecimiento de la defensa legal de la Nación y para la valoración de pasivos contingentes, en cuyo desarrollo se expidió la Directiva Presidencial 01 de 2004, sentó las bases de lo que debería ser el sistema de información de la actividad litigiosa del Estado;

Que es importante que toda la información de la actividad litigiosa del Estado se vea reflejada en el sistema único de información litigiosa que debe por ley administrar el Ministerio del Interior y de Justicia;

Que el sistema de información debe garantizar la centralización y unificación de las cifras de la actividad litigiosa del Estado y en general de la gestión jurídica que desarrollan las entidades de la administración pública, mediante la adopción de medidas que garanticen la actualización permanente y uso adecuado de la información,

Ver la Circular del Min. Interior - Dirección de Defensa Jurídica del Estado 158 de 2008, Ver las Circulares del Min. Interior - Dirección de Defensa Jurídica del Estado 139 y 222 de 2009

DECRETA:

Artículo 1°. Del Sistema Único de Información de gestión jurídica del Estado. El sistema de información de la actividad litigiosa y de la gestión jurídica del Estado creado por la Ley 790 de 2002, y cuya definición técnica y administración general está a cargo de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia, será el sistema único de recaudo y administración de la información relacionada con la actividad litigiosa, interna e interna cional, del Estado. El sistema se denominará Litigob, pudiendo el nombre ser modificado por

Interior y de Justicia, será el sistema único de recaudo y administración de la información relacionada con la actividad litigiosa, interna e interna cional, del Estado. El sistema se denominará Litigob, pudiendo el nombre ser modificado por resolución del Ministerio del Interior y de Justicia.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El Sistema de Información Litigob deberá ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

Parágrafo 1°. El Ministerio del Interior y de Justicia determinará cuáles entidades públicas de los órdenes departamental, distrital yNúmero único de radicación 11001 03 24 000 2010 00275 00

Actora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

15 para los municipios capitales de departamento, así como para los entes descentral