CE - 010327000202000015001SENTENCIAANTIC20230526094511

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Radicación: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO

Demandados:

LA NACIÓN - MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO Y DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y DE

MINAS Y ENERGÍA.

Temas: Procedimiento aduanero. Término para notificar actos definitivos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, Juan David Barbosa Mariño solicitó la nulidad de las expresiones que a continuación se subrayan, contenidas en los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 1 y 686 y 705 del Decreto 1165 de 20192:

Barbosa Mariño solicitó la nulidad de las expresiones que a continuación se subrayan, contenidas en los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 1 y 686 y 705 del Decreto 1165 de 20192:

“DECRETO 390 DE 2016

ARTÍCULO 588. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO . La autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar, término que se contará así:

1. A partir del día siguiente al vencimiento del término para responder el requerimiento especial aduanero, cuando no hubieren (sic) pruebas que decretar, ni a petición de parte ni de oficio.

2. A partir del día siguiente al de la presentación de la respuesta al requerimiento especial aduanero, donde el interesado renuncie al resto del término que faltare, siempre y cuando no hubieren (sic) nuevas pruebas que decretar, ni a petición de parte, ni de oficio.

3. A partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el periodo probatorio.

El acto administrativo que decide de fondo será motivado y resolverá sobre los demás aspectos a que hubiere lugar, tales como la efectividad de la garantía y la finalización del régimen aduanero, si esto fuere procedente.

1 “2013Por el cual se establece la regulación aduanera”. El decreto fue expedido por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo y de Minas y Energía.

1 “2013Por el cual se establece la regulación aduanera”. El decreto fue expedido por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo y de Minas y Energía. 2 “Por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Le y 1609 de 2013”.. El decreto fue proferido por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y TurismoRadicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo.

[…]

ARTÍCULO 607. TÉRMINO PARA DECIDIR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. El término para decidir el recurso de reconsideración será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a:

1. La recepción del recurso y del expediente por parte del área competente para decidir de fondo, cuando no se haya proferido auto inadmisorio.

2. La ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición admitiendo el recurso de reconsideración.

decidir de fondo, cuando no se haya proferido auto inadmisorio.

2. La ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición admitiendo el recurso de reconsideración.

3. La ratificación por parte del interesado de la actuación del agente oficioso, siempre y cuando la dependencia competente para decidir haya recibido el recurso y el expediente y no se haya proferido auto inadmisorio.

Dicho término se suspenderá por el mismo tiempo que dura el periodo probatorio, contado a partir de la fecha de ejecutoria del auto que decreta las pruebas.

Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo.”.

DECRETO 1165 DE 2019

“Artículo 686. ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE DE FONDO. La autoridad aduanera d ispondrá de cuarenta y cinco (45) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar, término que se contará así:

1. A partir del día siguiente al vencimiento del término para responder el requerimiento especial aduanero, cuando no hubieren (sic) pruebas que decretar, ni a petición de parte ni de oficio.

2. A partir del día siguiente al de la presentación de la respuesta al requerimiento especial aduanero, donde el interesado renuncie al resto del término que faltare, siempre y cuando no hubiere nuevas pruebas que decretar, ni a petición de parte, ni de oficio.

3. A partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el periodo probatorio.

siempre y cuando no hubiere nuevas pruebas que decretar, ni a petición de parte, ni de oficio.

3. A partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el periodo probatorio.

El acto administrativo que decide de fondo será motivado y resolverá sobre los demás aspectos a que hubiere lugar, tales como la efectividad de la garantía y la finalización del régimen aduanero, si esto fuere procedente.

Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo.

[…]”Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Artículo 705. TÉRMINO PARA DECIDIR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. El término para decidir el recurso de reconsideración será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a:

1. La recepción del recurso y del expediente por parte del área competente para decidir de fondo, cuando no se haya proferido auto inadmisorio.

2. La ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición admitiendo el recurso de reconsideración.

3. La ratificación por parte del interesado de la actuación del agente oficioso,

2. La ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición admitiendo el recurso de reconsideración.

3. La ratificación por parte del interesado de la actuación del agente oficioso, siempre y cuando la dependencia competente para decidir haya recibido el recurso y el expediente y no se haya proferido auto inadmisorio.

Dicho término se suspenderá por el mismo tiempo que dura el periodo probatorio, contado a partir de la fecha de ejecutoria del auto que decreta las pruebas.

Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo.”

El demandante invocó como normas violadas las siguientes 3:

 Artículos 29, 150 y 209, numeral 19, literal c, de la Constitución Política.  Artículo 3, numeral 9 del CPACA .  Artículos 1° y 4° de la Ley 1609 de 2013 -Ley Marco de Aduanas.  Artículo 4°, numerales 4 y 5 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.  Artículo 4° de la Ley 1879 de 2018.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Las expresiones demandadas violan el debido proceso e impiden que se configure el silencio administrativo positivo en materia aduanera .

De acuerdo con los artículos 609 del Decreto 390 de 2016 y 707 del Decreto 1165 de 2019, cuando la autoridad aduanera incumpla los términos previstos para decidir de fondo una actuación administrativa, opera el silencio administrativo positivo en favor de los administrados.

Sin embargo, las disposiciones acusadas establecen que dentro de los términos para

fondo una actuación administrativa, opera el silencio administrativo positivo en favor de los administrados.

Sin embargo, las disposiciones acusadas establecen que dentro de los términos para decidir no debe incluirse el plazo para notificar el acto que decide de fondo la actuación administrativa (liquidación oficial, resolución sanción o un acto que decide el r ecurso de reconsideración).

Así, los actos que deciden de fondo se entienden oportunamente expedidos, aunque no hayan sido puestos en conocimiento del administrado, motivo por el cual no puede predicarse la existencia de un silencio administrativo positivo.

3 Folios 23 a 27, c.p.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx Tanto el artículo 3 numer al 9 del CPACA como el artículo 4 de la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013) establecieron que todas las actuaciones administrativas deben desarrollarse con arreglo, entre otros principios, al de publicidad, lo que permite que los administrados ejerzan su derecho al debido proceso, por ejemplo, mediante el control de la oportunidad con que actuó la administración, máxime si se tiene en cuenta que sóo con la notificación del acto administrativo se puede tener certeza de la

que los administrados ejerzan su derecho al debido proceso, por ejemplo, mediante el control de la oportunidad con que actuó la administración, máxime si se tiene en cuenta que sóo con la notificación del acto administrativo se puede tener certeza de la concreción o no del silencio administrativo positivo.

Por su parte, el artículo 4 numeral 5 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, aprobado por la Ley 1879 de 2018, expresamente señala que: “(…) 5. Nada de lo dispuesto en el presente p árrafo impedirá a un Miembro reconocer el silencio administrativo respecto del recurso o la revisión como una decisión en favor del solicitante de conformidad con sus leyes y reglamentos”.

En consecuencia, Gobierno Nacional no est á facultado para establecer que en los procedimientos aduaneros relacionados con una liquidación oficial, una sanción o la decisión de un recurso de reconsideración, la autoridad no est á limitada temporalmente para notificar tales actos administrativos, puesto que es s ólo con la notificación de los actos que los administrados pueden tener certeza de la concreción o no del silencio administrativo positivo y de la eventual falta de competencia temporal del funcionario que expidió los actos administrativos.

En relación con la expresión demandada “dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación ”, prevista también en el derogado Decreto 2685 de 1999, la Sección Primera del Consejo de Estado precisó que “[s]i bien, en principio, la norma se refiere al verbo expedir, también lo es que dicha expresión no puede entenderse, en este caso, en su tenor literal, pues es lógico que

que “[s]i bien, en principio, la norma se refiere al verbo expedir, también lo es que dicha expresión no puede entenderse, en este caso, en su tenor literal, pues es lógico que si la Administración no notifica el acto en cuestión dentro del término a que alude el artículo 512 en comento, en últimas, dicho término sería letra muerta y no se configuraría el silencio administrativo positivo, lo que es contrario al espíritu del legislador”. (Sentencia del 29 de septiembre del 2009, Exp. 2003 -00442-01)

En materia tributaria, el término para “resolver” incluye el plazo de la notificación de la decisión, especialmente por cuanto este plazo tiene la vocación de interrumpir el término que corre a favor del contribuyente para que opere, en su favor , el silenc io administrativo positivo . No hay r azón para que en materia aduanera el mismo contribuyente reciba un tratamiento diferente.

Las expresiones demandadas de los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 son nulas, aunque estas normas no se encuentran vigentes.

Los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 fueron derogados por el Decreto 1165 de 2019. Sin embargo, deben anularse por los efectos que pudieron surtir durante su vigencia, en especia l, en lo que se refiere a la imposibilidad de la concreción del silencio administrativo positivo y al control de legalidad en cuanto a la oportunidad de las actuaciones administrativas .

Lo dicho es aplicable respecto a las normas demandadas del Decreto 1165 de 2019 en el evento que al momento de fallar dicho decreto tampoco esté vigente.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Lo dicho es aplicable respecto a las normas demandadas del Decreto 1165 de 2019 en el evento que al momento de fallar dicho decreto tampoco esté vigente.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

COADYUVANCIA

Pedro Enrique Sarmiento Pérez y Andrea Ospina García presentaron escrito de coadyuvancia para controvertir la legalidad de los actos acusados . Sus argumentos se resumen de la siguiente manera:

La falta de notificación de los actos dentro de los términos para decidir viola el debido proceso por cuanto dichos términos son preclusivos.

Si bien la s normas demandadas consagran un plazo para que la administración se pronuncie, dicho término no está d eterminado, pues deja por fuera los términos de notificación, que permiten que se materialice el silencio administrativo positivo.

El incumplimiento de un término en general viola el principio de confianza legítima y genera inseguridad jurídica, pues no se puede exigir el cumplimiento de términos a los usuarios aduaneros, pero ser laxos con el cumplimiento de los términos cuando de la administración se trata4.

En lo que respecta a la configuración del silencio adminis trativo positivo, la diferencia

los usuarios aduaneros, pero ser laxos con el cumplimiento de los términos cuando de la administración se trata4.

En lo que respecta a la configuración del silencio adminis trativo positivo, la diferencia en materia tributaria y aduanera es injustificada . No tiene sentido que en materia tributaria la autoridad deba proferir y notificar el acto administrativo dentro del término establecido, mientras que en el ámbito aduanero la administración no tiene plazo para notificar el acto administrativo , a pesar de que , en ambos casos, e l fin de l silencio administrativo es resolver oportunamente la solicitud del administrado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Minas y Energía solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por las razones que se resumen así 5:

Cuando la norma aduanera establece que dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para notifica r el correspondiente acto administrativo, no se afecta la posibilidad del administrado de determinar con precisión el momento de ocurrencia de un eventual silencio administrativo positivo.

Lo anterior, por cuanto según los artículos 707 del Decreto 1165 de 2019 y 609 del derogado Decreto 390 de 2016 , hay lugar a la ocurrencia del silencio administrativo positivo una vez transcurrido el plazo para expedir el acto administrativo que resuelve de fondo un proceso de fiscalización relativo a la expedición de una liquidación oficial, una sanción, el decomiso, o el recurso de reconsideración, sin que la administración haya expedido el respectivo acto.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos 6:

haya expedido el respectivo acto.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos 6:

4 Citó las sentencias de la Sección de 8 de febrero de 2018, expediente 21111, de 1 de marzo de 2018, expediente 22630, de 15 de marzo de 2018, expediente 22864, de 5 de abril de 2020, expediente 21018 y 19 de abril de 2018, expediente 21761. 5 Fl. 56-63 c.p. 6 Fl. 56-63 c.p.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx Fue mediante el artículo 20 del Decreto 4431 de diciembre 30 de 2004, es decir, seis meses después de los hechos estudiados por el Consejo de Estado en la sentencia invocada por el demandante, que el Presidente de la República modificó el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, incorporando el siguiente parágrafo “Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los artículos 564 y 567 de este decreto".

términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los artículos 564 y 567 de este decreto".

El demandante desconoce que , tanto para dar respuesta al requerimiento especial aduanero como para interponer el recurso de reconsideración contra el acto de fondo, la norma establece un término para el administrado de “ quince (15) días hábiles siguientes a su notificación ”, lo cual se enmarca en el pleno acatamiento a los principios fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

Según los artículos 707 del Decreto 1165 de 2019 y 609 del derogado Decreto 390 de 2016, hay lugar a la ocurrencia del silencio administrativo positivo una vez transcurrido el plazo para expedir el acto administrativo que resuelve de fondo un proceso de fiscalización relativo a la expedición de una liquidación oficial, una sanción, el decomiso, o el recur so de reconsideración, sin que la administración haya expedido el respectivo acto.

La no expedición del acto administrativo que decide de fondo puede ser verificada por el administrado, a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo, mediante consulta de la publicación en la página web de la entidad, establecida por el parágrafo del artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, actualmente vigente , y, en su momento, por el parágrafo del artículo 609 del derogado Decreto 390 de 2016.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

Los términos para impugnar las decisiones aduaneras se cuentan, en todos los casos,

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

Los términos para impugnar las decisiones aduaneras se cuentan, en todos los casos, a partir de la notificación del acto en debida forma, de tal suerte que se salvaguardan la garantía del debido proceso y del derecho de defensa .

Con sujeción al artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, solamente hay lugar a la configuración del silencio administrativo positivo, si transcurre el plazo para expedir el acto que resuelve de fondo un proceso de fiscalización sin que la administración haya expedido el respectivo acto.

No se vulnera el principio de publicidad, pues además de la expedición oportuna de l acto, este debe notificarse después, para ser op onible y controvertido por el administrado.

TRÁMITE DEL PROCESO

Con fundamento en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto de 17 de agosto de 2022, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada. Lo anterior, porque el asunto es de puro derecho.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través

www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El demandante guardó silencio en esta etapa del proceso.

Los coadyuvantes reiteraron los argumentos expuestos en su escrito de coadyuvancia.

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda 7.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide si son nulas las expresiones “Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo ”, de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.

En concreto, decide si en materia aduanera, al no incluir el término de notificación de los actos dentro del plazo para decidir de fondo las actuaciones administrativas a que se refieren las normas parcialmente demandadas , se vulneran los derechos a la igualdad y al debido proceso, que incluyen los principios de publicidad y contradicción. Lo anterior, porque, a juicio de la parte actora, si no se notifica en tiempo el a cto

se refieren las normas parcialmente demandadas , se vulneran los derechos a la igualdad y al debido proceso, que incluyen los principios de publicidad y contradicción. Lo anterior, porque, a juicio de la parte actora, si no se notifica en tiempo el a cto definitivo no se podrían configurar el silencio administrativo positivo ni la consiguiente falta de competencia temporal para resolver por parte de la administración.

La Sala accede a las pretensiones de la demanda, según el siguiente análisis:

Sea lo primero precisar que p ese a que las expresiones demandadas de los artículos 588 y 607 del Decreto 390 de 2016 perdieron vigencia porque dicho decreto fue derogado por el Decreto 1165 de 2019, es procedente realizar un pronunciamiento de fondo, pues, aunque dichas normas ya no están produciendo efectos, es factible que a su amparo existan situaciones jurídicas particulares que no se hayan consolidado y que ameriten la reparación del daño o la restauración del derecho que eventualmente se haya afectado durante la vigencia de dichas normas8.

7 Índice 17 de SAMAI. 8 Sentencias del 23 de septiembre de 2021, Exp. 25240, C.P. Milton Chaves García; 29 de abril de 2021, Exp. 25056, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; Sentencia del 8 de marzo de 2019. Exp. 22290, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 14 de noviembre de 2019, Exp. 20930, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 23 de

enero de 2014, Exp. 18841, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 20 de noviembre de 2014, Exp. 18943, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, 28 de mayo de 2015, Exp. 21116 y del 19 de abril de 2018, Exp. 21176, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Auto del 9 de diciembre de 2019, Exp. 20498, CP: Milton Chaves García.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx Naturaleza y alcance de los Decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019 que desarrollan la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013). Reiteración jurisprudencial 9 EL artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política establece las leyes marco1 como aquellas normas generales que señalan los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para reglamentar materias específicas, como el crédito público, el comercio exterior, el régimen cambiario, la modificación de aranceles, tarifas y demás disposiciones aduaneras , el mercado finan ciero, bursátil y asegurador, o el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos .

público, el comercio exterior, el régimen cambiario, la modificación de aranceles, tarifas y demás disposiciones aduaneras , el mercado finan ciero, bursátil y asegurador, o el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos . La generalidad que caracteriza las leyes marco, por la naturaleza de las materias que son su objeto, por tratarse de asuntos cambiantes y de carácter técnico, jus tifica la facultad y competencia del Gobierno Nacional, para regularlas de manera ágil, a fin de que no pierdan su razón de ser. Por es a razón, las leyes marco suponen una distribución de competencias entre el legislativo y el ejecutivo. Al primero le corresponde determinar, por medio de la ley, las pautas generales para que las enunciadas materias sean reguladas . Y, el segundo debe precisar y completar esas disposiciones legales mediante decretos (actos administrativos), lo que lleva a señalar que las leyes marco cobran sentido mediante la actividad normativa que realiza el ejecutivo.

La Ley 1609 de 2013, ley marco de aduanas , se ocupó de dictar normas y principios generales a los cuales debía sujetarse el Gobierno Nacional para establecer el régimen aduanero, dentro de los cuales se encuentra el principio de publicidad. Y en ejercicio de la competencia concurrente que tiene el ejecutivo para desarrollar las pautas generales previstas en la citada ley marco, los Decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019, regularon el procedimiento aduanero y, dentro de este, en lo que interesa a este asunto, los términos para decidir de fondo las actuaciones aduaneras y el silencio administrativo positivo.

Notificación de los actos administrativos. Principio de publicidad.

asunto, los términos para decidir de fondo las actuaciones aduaneras y el silencio administrativo positivo.

Notificación de los actos administrativos. Principio de publicidad.

Por regla general, e l proceso de elaboración de un acto administrativo supone el cumplimiento de dos etapas: la de la decisión y la de la exteriorización. En esta última fase se encuentra el deber de publicidad del acto administrativo, a efectos de su vigencia y oponibilidad. La inoponibilidad del acto administrativo no deriva, pues, del contenido del mismo ni de la actuación administrativa previa a la decisión -pues ello se refiere a la validez-. La inoponibilidad aparece en la etapa posterior, durante la cual la administración tiene el deber de publicar y notificar el acto, según el caso, conforme a los artículos 43 y 44 CCA (hoy artículos 6510 y ss del CPACA)11.

La notificación de los actos administrativos es un elemento esencial del debido proceso, pues busca proteger el derecho de defensa y contradicción, además de garantizar que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados

9 Sentencia del 24 de mayo de 2018, Exp. 21144, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, s entencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. 34909 C.P. Guillermo Sánchez Luque.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Juan David Barbosa Mariño

FALLO

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx para que puedan controvertirlas a través de los recursos en vía administrativa y judicial, según sea el caso12.

En virtud del principio de publicidad, consagrado en los artículos 209 de la C.P , 3 del CPACA y 4 de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013, la administración debe dar a a conocer sus decisiones, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso, en especial, el derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos por la Ley.

Este requisito de publicidad es un presupuesto de efi cacia u oponibilidad, fre