CE - 012331000200201296011SENTENCIA20231101135152

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296-01 (51959) Actor: ABIMAEL MOSQUERA TUESCA Y OTROS Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS – INAT Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Tema: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA – condena superior a 300 smlmv / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Incumplimiento del deber de mantenimiento del distrito de adecuación de tierras de Manatí / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – está legitimado para reclamar perjuicios quien acredite la condición de usuario del distrito de adecuación de tierras / DAÑO – pérdida de cultivos por inundación de tierras – No se probó. La Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de 8 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO La parte actora estima que el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras es responsable del daño consistente en la inundación de los cultivos de los demandantes, ocasionado por la falta de mantenimiento del distrito de adecuación de tierras de Manatí. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 10 de mayo de 2002 (fls. 1 – 101 c. 1), el señor Abimael Mosquera Tuesca y otros1 presentaron demanda de reparación directa, subsanada el 9 de octubre siguiente

II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 10 de mayo de 2002 (fls. 1 – 101 c. 1), el señor Abimael Mosquera Tuesca y otros1 presentaron demanda de reparación directa, subsanada el 9 de octubre siguiente (fls. 1683 - 1756 c. 9)2, contra el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de 1 Los demandantes corresponden a 283 ciudadanos habitantes de la jurisdicción del municipio de Manatí, Candelaria y Campo de La Cruz (Atlántico). 2 Al subsanar la demanda, el apoderado de la parte actora precisó la calidad en que acudió cada uno de los demandantes y el derecho sustancial que les asistía sobre los predios afectados con la inundación.Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

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los perjuicios causados con “la falla o falta del servicio de la Administración que provocaron las inundaciones en el Municipio de Manatí, por el desbordamiento de los Canales de Drenaje del sur del Atlántico, específicamente la Jurisdicción de Manatí, hecho que causó pérdidas a mis poderdantes (…), como se determinó en la inspección judicial No. 005 del año 2000, con intervención de peritos, practicada por el Juzgado Promiscuo de Manatí”. Por lo anterior, solicitaron como indemnización de perjuicios materiales, la suma global de $2.691’038.000, por concepto del daño emergente y lucro cesante derivado de la pérdida de cultivos en las parcelaciones inundadas. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, los demandantes sostuvieron que en la zona del Atlántico Sur se halla una red de canales de drenaje y estaciones de bombeo que tienen como finalidad que las aguas lluvias desemboquen en el canal del dique, para evitar inundaciones en los municipios de Manatí, Candelaria y Campo de La Cruz (Atlántico). No obstante, a causa de la falta de limpieza de los canales de drenaje y la falla de la estación de bombeo “boquitas” por falta de mantenimiento, durante el invierno que tuvo lugar entre mayo y septiembre del 2000, se produjeron inundaciones en las parcelas de los demandantes, que ocasionaron la pérdida de sus cultivos y les impidió trabajar la tierra por un largo período, como lo reveló la inspección judicial No. 5 practicada como prueba anticipada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Manatí.

La parte actora adujo que el daño es atribuible al INAT (antes Himat) por cuanto abandonó por muchos años el distrito de adecuación de tierras, situación que condujo a que los canales mencionados se llenaran de maleza y sedimentación obstaculizando la circulación de las aguas, de ahí que hubiera incumplido con la obligación de ejercer la prevención, control y protección contra inundaciones en las zonas de los distritos a su cargo, prevista en el artículo 4 del Decreto 1278 de 1994. 2. El trámite de primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto del 23 de enero de 2003 (fls. 1792 - 1799, c. 9), el cual fue notificado en debida forma a la demandada (fl. 1799 reverso, c. 9), quien presentó los siguientes planteamientos de defensa: El INAT se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Indicó que los canales de drenaje sí han recibido el respectivo mantenimiento, a pesar de que los usuariosRadicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

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del servicio de drenaje no han pagado la prestación del servicio, cuya deuda colectiva ascendía a una suma de $3.019’721.404, tarifa con la que se financian las labores de mantenimiento, operación y limpieza de los distritos de adecuación de tierras, de conformidad con el Acuerdo 33 de 1990 emanado de la junta directiva del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT). Añadió que el hecho de hallarse maleza en los canales no impedía su normal funcionamiento, porque sus diseños están orientados a que el agua corra dentro de ellos, precisamente, para evitar inundaciones. Sobre este aspecto, explicó que “los canales están diseñados con un borde libre, el cual es igual a una tercera parte de su profundidad, su función es de sedimentarlos, al sobrepasar el límite es crítico, pero está dentro de los parámetros del factor seguridad del diseño”. Por último, señaló que la inundación se debió a un hecho de la naturaleza por las fuertes lluvias presentadas en la región en esa época del año, las cuales resultaban imprevisibles e irresistibles para la entidad, por lo que formuló la excepción de “exoneración de responsabilidad” (fls. 1800 - 1804, c. 1). Concluida la etapa probatoria, el 5 de julio de 2006, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 1882 c. 9). La parte actora reiteró lo esgrimido en el libelo inicial y señaló que no se configuró la causal eximente

de responsabilidad de caso fortuito, dado que la causa del daño fue la omisión en el mantenimiento de los canales de drenaje. Además, indicó que la pasiva no controvirtió el dictamen pericial aportado como prueba anticipada ni durante su práctica ni al momento de contestar la demanda (fls. 1883 – 1889 c. 9). El INAT y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. 3. Sentencia consultada El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 8 de noviembre de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así: Primero. - Declárase a la Nación - Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, patrimonialmente responsable del daño antijurídico causado por la inundación de sus parcelas, de acuerdo a las consideraciones que anteceden. Segundo. - Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación - Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, aRadicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

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cada uno de los demandantes, los valores determinados en la parte considerativa de esta providencia. Tercero.-. Las sumas reconocidas, a título de indemnización de perjuicios materiales, serán ajustadas en los términos del artículo 178 del C.C.A, utilizando la siguiente fórmula: R= RH X ÍNDICE FINAL ÍNDICE INICIAL Donde el valor presente (R), se obtiene multiplicando el valor histórico (RH), que es la suma que deberá pagarse los demandantes, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor l.P.C. certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, entre el I.P.C. vigente en la fecha que ocurrió el suceso. La totalidad de las sumas condenatorias devengarán intereses desde la fecha de ejecutoria del fallo definitivo hasta su cancelación, de acuerdo con lo dispuesto por el quinto inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tal como quedó redactado luego de su declaratoria de exequibilidad parcial hecha mediante sentencia expedida por la Corte Constitucional C-188 de 1999. Cuarto. - Las condenas impuestas se cumplirán y pagarán de conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C.A. (Mod. Art. 60 de la Ley 446 de 1998). Quinto. - Denegar las restantes súplicas de la demanda. Sexto. - Notifíquese personalmente de esta providencia al Ministerio Público por conducto del Procurador Delegado en lo Judicial ante este Tribunal. Séptimo. - En caso de no ser apelada consúltese con el superior. Como sustento de la condena, consideró que el INAT incurrió en una falla del servicio por omisión, en razón a que tenía la obligación de velar continuamente por el mantenimiento de los canales de

Séptimo. - En caso de no ser apelada consúltese con el superior. Como sustento de la condena, consideró que el INAT incurrió en una falla del servicio por omisión, en razón a que tenía la obligación de velar continuamente por el mantenimiento de los canales de drenaje del distrito de riego del sur del departamento del Atlántico (artículo 5, núm. 27 del Decreto 1278 de 1994), función que descuidó durante varios meses, lo que generó su taponamiento y el posterior desbordamiento del agua lluvia hacia las parcelas de los demandantes. Añadió que la entidad no podía eximirse de responsabilidad al aducir que la inundación se debió al anormal invierno presentado en la zona, dado que la limpieza de los canales debió hacerse aun en el evento de no presentarse precipitaciones, por cuanto la topografía de la región facilitaba el represamiento de las aguas, circunstancia que motivó la construcción del sistema de drenaje. Advirtió que si bien se presentaron altos índices de pluviosidad, lo cierto era que el fenómeno natural eran previsible para la entidad, de ahí que se le pudiera exigir la realización de actuaciones adicionales para mitigar sus efectos; además, después de varios meses de ocurrida la emergencia, la entidad tampoco realizó las gestiones necesarias para evacuar el agua represada en el menor tiempo posible, a efectos de permitir la pronta utilización de los terrenos y evitar un mayor impacto a los afectados.Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

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De otro lado, desvirtuó el argumento de que la falta de mantenimiento de los canales se debió a la ausencia de pagos correspondientes a la prestación del servicio de limpieza y drenaje por parte de los campesinos, por estimar que: primero, no se probó dicho incumplimiento y, segundo, porque si bien los pagos constituyen parte de los recursos con los que cuenta el INAT para ejecutar sus obligaciones en la prestación del servicio, lo cierto es que este tenía acción frente a los supuestos deudores y no era procedente la suspensión del servicio público por falta de pago de los beneficiarios, por mandato de la Ley 142 de 1994. Por último, aseguró que la entidad demandada no allegó ningún elemento probatorio que diera cuenta del cumplimiento de su deber de mantenimiento de los canales, puesto que solo se limitó a dejar constancia de la presencia de una retroexcavadora durante la inspección judicial, sin precisar el momento en que inició labores. En consecuencia, condenó al INAT al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente identificados en el dictamen pericial; mientras que negó el reconocimiento de perjuicios por concepto de lucro cesante, por considerar que no se encontraba debidamente probado el período durante el cual los predios permanecieron inundados, ni si la totalidad de las parcelas fueron improductivas durante ese lapso, junto a lo cual, señaló que los demandantes no acreditaron haber padecido un daño moral3. 4. Trámite de la consulta Mediante oficio del 23 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico remitió el expediente tras haber concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fl. 2017, c. ppal.), mismo que esta Corporación admitió en proveído del 5 de septiembre siguiente (fl. 2020, c. ppal.). Seguidamente, la parte accionante presentó escrito de desistimiento del recurso (fl. 2021, c. ppal.), a la

2017, c. ppal.), mismo que esta Corporación admitió en proveído del 5 de septiembre siguiente (fl. 2020, c. ppal.). Seguidamente, la parte accionante presentó escrito de desistimiento del recurso (fl. 2021, c. ppal.), a la vez que la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural formuló apelación adhesiva (fls. 2024 – 2028, c. ppal.). En proveído del 23 de enero de 2015, esta Corporación aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, rechazó la apelación adhesiva y dispuso tramitar el grado jurisdiccional de consulta (fls. 2037 – 2041, c. ppal.).

3 En las pretensiones de la demanda no se solicitó la reparación del daño moral, no obstante, en los fundamentos de hecho se sostuvo que la imposibilidad de trabajar la tierra y la consecuente falta de pago de sus obligaciones con la Caja Agraria había afectado su “estabilidad emocional” – hecho sexto-.Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta 6

Posteriormente, en auto del 19 de junio de 2015, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 2047, c. ppal.) El INAT presentó su escrito para indicar que la causa determinante del daño era atribuible exclusivamente a los demandantes, por cuanto, en su condición de usuarios del distrito de adecuación de tierras del sur del Atlántico no pagaron las tarifas establecidas para el mantenimiento y continua operación de los canales de drenaje, en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 41 de 1993 (fls. 2048 -2051, c. ppal.). Por su parte, la parte actora expuso que no se había cumplido el principio de reparación integral en atención a que no se accedió al reconocimiento de la totalidad de los perjuicios deprecados en la demanda (fls. 2052 – 2057, c. ppal.). El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. Mediante auto del 12 de septiembre de 2023, esta Corporación resolvió tener como sucesor procesal del extinto INAT4 a la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Samai, índice 76). III. CONSIDERACIONES 1. El grado jurisdiccional de consulta En relación con el grado jurisdiccional de consulta, el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, aplicable a este asunto, preveía: Artículo 184.- Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (…). De la norma legal antes transcrita se desprenden los siguientes elementos para la

de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (…). De la norma legal antes transcrita se desprenden los siguientes elementos para la procedencia de la mencionada figura: 1. Que el proceso tenga vocación de doble instancia, en razón de su cuantía; 2. Que la condena impuesta por el a quo en la sentencia, a cargo de una entidad pública, sea superior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales o que

4 En la Resolución 506 del 29 de diciembre de 2006 el gerente liquidador del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras declaró terminado el proceso de liquidación ordenado mediante el Decreto 1291 de 2003.Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta 7

la sentencia se haya proferido en contra de una persona que hubiere sido representada en el proceso judicial por curador ad litem; y, 3. Que la sentencia de primera instancia no hubiese sido apelada. Descendiendo al caso concreto, se observa que resulta procedente el grado jurisdiccional de consulta, dado que la sentencia del 8 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico no fue apelada y se reúnen la totalidad de los presupuestos previstos en el artículo 184 del C.C.A., para que proceda dicha figura -tal como se expondrá en el acápite siguiente-. Finalmente, no sobra agregar que la consulta fue instituida por el legislador como un mecanismo jurídico procesal a favor de la entidad pública condenada en sede de primera instancia. 2. Competencia La Sala es competente para conocer del presente asunto en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, debido a que: i) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en razón a su naturaleza5; ii) la cuantía de la condena supera aquella exigida para el efecto -300 salarios mínimos legales mensuales vigentes6y iii) el fallo no fue apelado por alguna de las partes. 3. Cuestión previa. Validez de algunos medios de prueba aportados al proceso Para sustentar sus pretensiones, la parte actora aportó al proceso copia de las actas de la inspección judicial y del dictamen pericial que fueron practicados a instancias del Juzgado Promiscuo Municipal de Manatí,

Atlántico. Dichos medios de convicción serán tenidos en cuenta por la Sala en razón a que se trata de una prueba solicitada de forma anticipada, que se aportó oportunamente a este proceso, esto es, junto con la demanda, y, además, fue realizada con citación de la entidad demandada, que, de hecho, acudió a su práctica, de conformidad con

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34.985. En dicha providencia se consignó que de conformidad con lo normado en la Ley 270 de 1996, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los casos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. 6 La condena que impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT asciende a $ 2.688’184.000.Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta 8

las formalidades que establece el artículo 300 del C.P.C.7, aplicable al procedimiento administrativo por remisión del artículo 267 del C.C.A. De otro lado, la Sala no le concederá valor probatorio a los documentos aportados por la parte actora ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante memorial del 25 de enero de 2010 (cuaderno 10), consistentes en títulos autenticados de la propiedad, posesión o tenencia de los demandantes, por cuanto dicha prueba no fue decretada por el a quo8. Tampoco se otorgará valor probatorio a las declaraciones extrajuicio aportadas junto con la presentación de la demanda, rendidas ante la Notaría Única de Manatí, las cuales tratan sobre la posesión ejercida por algunos de los demandantes en los predios que resultaron afectados con la inundación. Estas declaraciones no pueden ser valoradas por la Sala y no serán tenidas en cuenta para acreditar la titularidad de la parte actora frente a los inmuebles afectados, ya que su falta de ratificación al interior de este proceso y su recaudo sin presencia de la parte contra las que se pretenden hacer valer, les priva de cualquier valor demostrativo. Estos requisitos formales provienen de una interpretación armónica de las normas procesales civiles aplicables a las declaraciones rendidas fuera de un proceso judicial con el objeto de que sean tenidas en cuenta en el mismo, especialmente las contenidas en los artículos 2299, 29810 y 29911 del Código de Procedimiento Civil. 7 Artículo 300. “Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia

de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento. “Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba. “La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse” 8 Con posterioridad al cierre de la etapa probatoria, en auto del 20 de octubre de 2009, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó oficiar al Archivo Central del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural Incoder, para que remitiera: i) certificación donde constara si a los accionantes les había sido adjudicado algún predio o parcela, por parte del extinto Incora, en jurisdicción del municipio de Manatí, en cuyo caso afirmativo debía indicar el número de la resolución de adjudicación; y, ii) certificación donde constara si los accionantes suscribieron contratos de asignación individual con el antiguo Incora, de parcelas ubicadas en jurisdicción del municipio de Manatí, en cuyo caso afirmativo se indicaría el número del referido contrato (fl. 1891, c. 9). 9 “Artículo 229. Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente

en audiencia, y el juez no la considera necesaria. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. 10 “Artículo 298. Testimonio para fines judiciales. Quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración extraprocesal con citación de la contraparte”. 11 “Artículo 299. Testimonio ante notarios y alcaldes. Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente, los que tengan fines judiciales y no seRadicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

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4. Oportunidad de la acción De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. Asimismo, en eventos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación u omisión que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo tal acción u omisión, sino desde que el afectado tuvo conocimiento de la concreción del daño o desde que este se manifiesta, dependiendo de las circunstancias particulares de cada juicio12. En el presente asunto, el daño alegado por la parte demandante y del cual pretende obtener la indemnización de perjuicios consiste en la pérdida de cultivos en los predios pertenecientes al distrito de adecuación de tierras de Manatí, derivada de las inundaciones producidas durante el período invernal que tuvo lugar entre mayo y septiembre del 2000. Revisado el caudal probatorio traído al proceso, se constata que si bien las comunicaciones del 17 de junio de 2000 (fls. 574 - 575, c. 5)13 y 28 de agosto de 2000 (fl. 572 - 573, c. 5)14 suscritas por el ciudadano José Antonio Escorcia Cera y el alcalde del municipio de Manatí, señor Evaristo Olivero Pimienta, son indicativas de

la producción de una inundación anterior – desde julio de 1999en ese mismo sector, lo cierto es que también dan cuenta de la ejecución de labores para evacuar el agua de los predios para rehabilitar la tierra en esa oportunidad y de la producción de una segunda inundación a partir de mayo del 2000, fecha que se identifica en la inspección judicial (fls. 411 – 440 y 450 – 463, c. 3), el dictamen pericial (cuaderno pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin”. 12 Consejo de Estado, sentencia del 7 de mayo de 2008, exp. 16.922, C.P.: Ruth Stella Correa. 13 “El año pasado se encontraban inundadas (desde el mes de julio del 99) aproximadamente 5000 hectáreas y con algunos esfuerzos a través de insistencias permanentes en la Gobernación del Departamento se logró o alcanzó hacer la evacuación de las aguas a finales del mes de marzo del 2000. Cuando ya se empezaba a rehabilitar las tierras destruidas por esa inclemente inundación anterior (ejecutando las labores con esfuerzos propios consistentes en la siembra de pastos, rehabilitación de viviendas, reconstrucción de cercas y otras), se viene nuevamente otra inundación en el mes de mayo de 2000, la cual nos impidió el aprovechamiento de nuestros esfuerzos (…)” 14 “Ante la irresponsabilidad y la negligencia del

INAT para ayudarnos a resolver la situación crítica y catastrófica que vive nuestro municipio por la no puesta en marcha, por deterioro del sistema de bombeo de la subestación, de Boquita los campesinos de nuestro municipio y los pequeños ganaderos durante doce meses han permanecido bajo el agua convirtiendo a Manatí en una miseria después de haber sido éste un emporio agrícola (…)”Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

10 4) y los testimonios obrantes en el plenario (fls. 1849 – 1855, c. 9), como el inicio de la inundación causante de los daños que se reclaman en la presente acción. Además, dicha fecha –mayo del 2000coincide con el incremento de las precipitaciones registradas por el IDEAM en la estación pluviométrica instalada en la escuela Normal Superior de Manatí, durante ese año (fl. 544, c. 4):

En ese sentido, al tenerse como hecho conocido que los efectos de la omisión que se le imputa a la demandada se evidenciaron a partir de mayo del 2000, fecha en que inició la inundación que destruyó los cultivos de los demandantes, se tiene que el plazo para demandar vencía inicialmente en mayo de 2002. Sin embargo, comoquiera que los demandantes presentaron solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en mayo de 200115 y que el término para presentar la demanda solo se entiende suspendido hasta por tres meses cuando la constancia del agotamiento se haya expedido después16, se tiene 15 Como obra en la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad expedido el 24 de enero de 2002 por la Procuraduría Judicial No. 15 ante el Tribunal Administrativo del Atlántico (fl. 102, c. 1). 16 Artículo 21 de la Ley 640 de 2001. “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que seRadicación número: 08001-23-31-000-2002-01296 01 (51959) Actor: Abimael Mosquera y otros Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta 11

que el término para contabilizar la caducidad se reanudó en agosto de 2001, por lo que los demandantes podían presentar la demanda hasta agosto de 2002. Así, como la demanda se radicó el 10 de mayo anterior, se concluye que la acción se ejerció oportunamente. 5. Legitimación en la causa 5.1. Demandantes La legitimación en la causa por activa es la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación jurídica, formular demandas o reclamar un daño, en razón a que ostenta la titularidad del bien jurídico vulnerado. Por regla general, tratándose de reclamos sobre bienes inmuebles, quien tiene el interés jurídico para demandar será aquel que acredite ser propietario, poseedor o tenedor del bien, y alegue una indemnización por los daños causados. Así mismo, atendiendo a la específica imputación for