CE - 012331000200402392011SENTENCIA20230202130058

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 190012331000200402392 01 (56223)

Demandante: NELSON ARTURO IBARRA MORILLO Y OTROS .

Demandado: LA NACIÓN — MINISTERIO DE TRANSPORTE - INVÍAS Tema: Accidente de tránsito. Hueco en la vía. Responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito con ocasión de falta de señalización y mantenimiento de la vía. Niega pretensiones.

Hecho de un tercero. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 12 de enero de 2004, Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena ibarra León y Brenda Tatiana Ibarra León se desplazaban en la vía conocida como Mojarras — Popayán a bordo del vehículo particular de placa ZIS 679 de propiedad del primero de ellos. Estando a la altura - del kilómetro 91 + 200 fueron impactados por una camioneta de servicio público, marca Toyota, de placa SAP 010, que conducía Rodrigo Pérez, quien al esquivar un hueco invadió el carril contrario por el que transitaba Nelson Arturo Ibarra Morillo

• del kilómetro 91 + 200 fueron impactados por una camioneta de servicio público, marca Toyota, de placa SAP 010, que conducía Rodrigo Pérez, quien al esquivar un hueco invadió el carril contrario por el que transitaba Nelson Arturo Ibarra Morillo y su familia. Los'demandantes aducen que el accidente de tránsito se ocasionó por la falta de mantéhimiento y señalización de la vía, lo cual constituye una falla en el servicio imputable la Nación — Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías.Radicado: 190012331000200402392 01 (56223)

Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros

Il ANTECEDENTES

1. Demanda El 9 de julio de 2004, Nelson Arturo Ibarra Morillo y Clara Stella León Veloza, en nombre propio y en representación de Edna Katerin Ibarra León; Clara Lorena Ibarra León, Brenda Tatiana Ibarra León, María Teodomira Morillo Dávila y Marcial Hernando Ibarra Morillo, en nombre propio, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías (en adelante Invías), por los perjuicios ocasionados por las lesiones que sufrieron Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin, Clara Lorena y Brenda Tatiana Ibarra León en un accidente de tránsito.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 500 SMLMV a Nelson Arturo Ibarra Morillo y Brenda Tatiana Ibarra León y 250 SMLMV a Clara Stella León

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 500 SMLMV a Nelson Arturo Ibarra Morillo y Brenda Tatiana Ibarra León y 250 SMLMV a Clara Stella León Veloza, Clara Lorena Ibarra León, Edna Katerin Ibarra León, María Teodomira Morillo Dávila y Marcial Hernando Ibarra Morillo; por daño "a la vida de relación”, la suma de 150 SMLMV a Nelson Arturo Ibarra Morillo y Brenda Tatiana Ibarra León; por daño emergente, la suma de '$54.854.000 a los demandantes; y por lucro cesante, la suma de $236.392.198 a los actores. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 12 de enero de 2004, Nelson Arturo Ibarra Morillo, su esposa, Clara Stella León Veloza, y sus hijas, Edna Katerin, Clara Lorena y Brenda Tatiana Ibarra León, se desplazaban en la vía qué de Pasto conduce a Bogotá, a bordo del vehículo particular de placa ZIS 679 de propiedad del primero de ellos. Sostiene que al pasar por el sitio conocido como “Mojarras” en el kilómetro 91 del “viaducto nacionaf" fueron embestidos por una camioneta marca Toyota de placa SAP 010 que transitaba “en sentido contrario por el mismo viaducto nacional”. 1FL3a16,C. 1.Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros Refiere que el impacto que sufrieron se presentó como consecuencia de la maniobra que realizó el conductor de la camioneta de placa SAP 010, al intentar

Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros Refiere que el impacto que sufrieron se presentó como consecuencia de la maniobra que realizó el conductor de la camioneta de placa SAP 010, al intentar esquivar “un hueco de tamaño descomunal” que se encontraba en el viaducto como consecuencia “de la falta de señalización del mismo por parte de las entidades accionadas”.

Manifiesta que el sitio donde ocurrió el accidente tiene una inclinación que no permitió ver el hueco ubicado en la parte superior de la vía. - Resalta que con ocasión del accidente de tránsito Nelson Arturo Ibarra: Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin lbarra León, Clara Lorena Ibarra León y Brenda Tatiana Ibarra León sufrieron lesiones de gravedad que le dejaron secuelas físicas permanentes. Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Transporte y el Invías son patrimonialmente responsables por las lesiones de Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena Ibarra León y Brenda Tatiana Ibarra León, toda vez que no realizaron labores de mantenimiento y señalización de la vía en la que ocurrió el accidente.

Textualmente señalaron: “El hecho antijurídico en referencia, es imputable exclusivamente a las entidades accionadas, porque el mismo no se produjo por culpa de la víctima, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, por el contrario, obedeció a la irresponsabilidad de las entidades demandadas en la conservación, mantenimiento y señalización del mencionado viaducto nacional

(...)”

2. Contestaciones

contrario, obedeció a la irresponsabilidad de las entidades demandadas en la conservación, mantenimiento y señalización del mencionado viaducto nacional (...)”

2. Contestaciones El 22 de octubre de 20042, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2 FI, 22a23,C. 1.Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros 2.1. La Nación - Ministerio de Transporte? se opuso a las pretensiones e indicó que no era responsable de las lesiones que sufrieron Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena Ibarra León y Brenda Tatiana lbarra León, porque entre sus funciones no estaba la de mantener y señalizar las vías. Por ello, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de responsabilidad del ente demandado y la genérica. 2.2. El Invias manifestó que no existía prueba que permitiera endilgarle algún tipo de responsabilidad patrimonial, pues la parte actora no probó la existencia del hueco en la vía. Adicionalmente, señaló que para la fecha en que ocurrieron los hechos estaba vigente el contrato No. 253 del 16 de septiembre de 2003 suscrito con el ingeniero Mauricio Andrés Chaparro Rojas para el “mantenimiento de la carretera Mojarras — Piedrasentada — Popayán ruta 25, tramo 2503. Higuerones — Mojarras . ruta 2501 A y variante de Popayán ruta 25CCB”, el cual tenía como objeto mantener

Mojarras — Piedrasentada — Popayán ruta 25, tramo 2503. Higuerones — Mojarras . ruta 2501 A y variante de Popayán ruta 25CCB”, el cual tenía como objeto mantener la vía en condiciones aceptables de funcionalidad. En otras palabras, cumplió con la obligación de conservar la vía en buen estado. 2.3. La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza-, quien fue llamada en garantía por el Invías, se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que de conformidad con las pruebas que obraban en el expediente se podía concluir que los hechos que originaron el daño no fueron responsabilidad de la entidad pública demandada. En cuanto al llamamiento en garantía sostuvo que el objeto de la póliza No. 587 de 2003 era amparar la responsabilidad civil extracontractual imputable a! ingeniero Mauricio Chaparro Rojas durante la ejecución del contrato No. 253-2003. Sin embargo, sostuvo que para afectar la póliza de responsabilidad civil extracontractual 3 FL 32 a 36, C. 1. 4 FI, 42a50, €. 1. 5 Fl. 46 a 54, C. Llamamiento en garantía. $ FL. 36 a 39, C. Llamamiento en garantía. Por auto del 22 de junio de 2005 el Tribunal Administrativo del Cauca aceptó el llamamiento en garantía que el INVÍAS efectuó a Compañía. Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza; Mauricio Andrés Chaparro Rojas y Compañía Central de Seguros S.A. Luego por proveido del 9 de mayo de 2014, se desvinculó de toda la actuación a la llamada en

Fianzas S.A. Confianza; Mauricio Andrés Chaparro Rojas y Compañía Central de Seguros S.A. Luego por proveido del 9 de mayo de 2014, se desvinculó de toda la actuación a la llamada en garantía, Compañía Central de Seguros S.A. (Fl. 340 a 341, C.2.).Radicado: 199012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Árturo Ibarra Morillo y otros tenía que estar acreditado que el siniestro “acaeció en el lugar que se ejecutaba el contrato No. 253-2003 amparado por la aseguradora, situación que no se ha verificado en el presente asunto”. 2.4. Mauricio Andrés Chaparro Rojas”, quien fue llamado en garantía por el Invías, no contestó la demanda ni el llamamiento en garantía.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 9 de diciembre de 2014Y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes?, la Nación — Ministerio de Transporte”, el Invías!! y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza!? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente. 3.2. Mauricio Andrés Chaparro Rojas y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2015 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Transporte. De igual forma, negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el Invias no contribuyó en la materialización del daño de

Cauca declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Transporte. De igual forma, negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el Invias no contribuyó en la materialización del daño de manera activa o pasiva. Al efecto la sentencia referida sostuvo que: “[...] Lo anterior, quedó evidenciado en el proceso penal que se adelantó por el accidente de tránsito que originó la presente demanda y en el cual fue condenado uno de los conductores de los vehículos 7 FL 46 a 54, €. Llamamiento en garantía. 8 FI. 356, C. 2. 2 Fl. 371 a-382, C. 2. 10 FL 127 a131,C. 1. 11 FI, 359 a 370, C. 2. 12 Fl. 383 a 386, C. 2. 13 FL, 390 a 398, C. Ppal.Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros involucrados en el accidente — Rodolfo Pérez Sandoval-, toda vez que se afirma, fue el comportamiento imprudente desplegado por el citado, la causa determinante del suceso aquel, infringiendo el deber objetivo de cuidado que le era exigible legalmente, decidió realizar la maniobra de invadir el carril contrario para evadir un obstáculo (hueco) que se encontraba en la vía, cuando según las características de la vía y del hueco.mismo, había suficiente espacio en el carril por donde transitaba que le permitía sobrepasarto sin que fuera necesario realizar la maniobra indicada. (...) En ese orden de ídeas, el origen determinante del accidente, no puede ser atribuible al actuar de la

hueco.mismo, había suficiente espacio en el carril por donde transitaba que le permitía sobrepasarto sin que fuera necesario realizar la maniobra indicada. (...) En ese orden de ídeas, el origen determinante del accidente, no puede ser atribuible al actuar de la administración pues sí bien no hay prueba de que existiera alguna señal que advirtiera de la existencia del hueco en la vía, el acervo probatorio permite establecer que no fue dicho obstáculo la causa determinante del accidente sino que se repite, fue la conducta imprudente de uno de los conductores de los vehículos involucrados en los hechos de invadir el carril contrario la que originó dicho accidente. De esta manera, la Sala encuentra que no se configura la responsabilidad del Estado pues no se evidencia que hubiere sido una actuación de la administración, la causa eficiente del daño demandado [...]”.

5. Recurso de apelación El 1” de octubre de 2015 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 30 de octubre de 201515 y admitido el 22 de febrero de 2016. 5.1. El extremo activo?” indicó que el a quo no valoró adecuadamente los elementos materiales probatorios, pues las pruebas documentales daban cuenta de la existencia del daño y de la imputación de este al Invías por la falta de conservación, mantenimiento y señalización de la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito. 14 Fl, 403 a 410, €. Ppal.

15 Fl. 412, C. Ppal. 18 Fl. 417; C. Ppal. 17 Fl. 403 a 410, C. Ppal.Radicado: 190012331000200402392 01 (56225)

Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros

15 Fl. 412, C. Ppal. 18 Fl. 417; C. Ppal. 17 Fl. 403 a 410, C. Ppal.Radicado: 190012331000200402392 01 (56225)

Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 5 de abril de 201618 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante!? y el Invias? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente. 6.2. La Nación — Ministerio de Transporte, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.

Confianza, Mauricio Andrés Chaparro Rojas y el Ministerio Público guardaron silencio?!.

III. CONSIDERACIONES

4. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación?, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A. |

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 18 FI, 419, C. Ppal. 18 Fl. 431 a 437, C. Ppal. 20 Fl, 420 a 430, C. Ppal.

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 18 FI, 419, C. Ppal. 18 Fl. 431 a 437, C. Ppal. 20 Fl, 420 a 430, C. Ppal. 21 FI. 438, C. Ppal. 22 La pretensión mayor es de $236.392.198 por concepto de lucro cesante, lo cual es superior a 500 SMLMY ($179.000.000) del año en que la demanda se presentó (2004).Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el ' artículo 86% del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño ocasionado por la Nación — Ministerio de Transporte y el Invías.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. ce El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

las situaciones que se encontraban pendientes de solución. ce El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del 23 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 2 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico, En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricciónRadicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otras derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?”, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”. . 26 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que ho admite renuncia, y el juez debe declararia de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

admite renuncia, y el juez debe declararia de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 27 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [sji el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar fa demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 12 de enero de 2004 ocurrió el accidente en el que resultaron lesionados Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna

teniendo en cuenta: i) que el 12 de enero de 2004 ocurrió el accidente en el que resultaron lesionados Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena Ibarra León y Brenda Tatiana Ibarra León y li) que el 9 de julio de 2004 se presentó la demanda, esto es, dentro del término de dos (2) años que disponía la ley procesal vigente.

4. Legitimación en la causa 4.1. Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena Ibarra León, Brenda Tatiana Ibarra León son las personas sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, porque está acreditado que fueron las personas que sufrieron lesiones por accidente de tránsito?, 4.2. María Teodomira Morillo Dávila, quien demanda en calidad de madre de Nelson Arturo Ibarra Morillo, no está legitimada en la causa por activa porque no demostró con un medio de prueba idóneo el parentesco con la víctima. En efecto, la señora Morillo Dávila aportó la partida de bautizo expedida el 23 de febrero de 1977 por la diócesis de Ipiales en donde consta que el 17 de abril de 1948 fue bautizado Nelson Arturo Ibarra Morillo??, 28 Fl. 163 a 174, C. Pruebas 1. Reposan dictámenes de lesiones personales e incapacidad de Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena Ibarra León,

28 Fl. 163 a 174, C. Pruebas 1. Reposan dictámenes de lesiones personales e incapacidad de Nelson Arturo Ibarra Morillo, Clara Stella León Veloza, Edna Katerin Ibarra León, Clara Lorena Ibarra León, Brenda Tatiana Ibarra León, rendidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses — Regional Bogotá. 29 F|, 298, C. Caratula roja.11

Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros Al respecto, esta Subsección debe precisar que el Decreto 1260 de 1970% dispuso, entre otras cosas, que el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción es el único documento que posee la idoneidad legal para demostrar este atributo de la personalidad?! Ahora bien, la aplicación de esta regla probatoria depende del año de nacimiento de la persona que pretende acreditar su estado civil, esto es, las personas nacidas antes de 1938% tienen la posibilidad de probar su estado civil con las respectivas certificaciones expedidas por los párrocos pertenecientes a la Iglesia Católica??. De manera concreta, la Sección Tercera de esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos: “En vigencia del artículo 347 del C.C., y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la iglesia se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del

las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del regístro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1.938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias: Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento. De conformidad con lo anterior, se tiene que María Teodomira Morillo Dávila no acreditó el parentesco con la victima y tampoco demostró tener calidad de tercera dammnificada, pues no aportó medio probatorio alguno del que se pueda inferir la relación afectiva con las víctimas. 30 "Por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”. Articulo 105 “Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de (sic) 1933, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, O con certificados expedidos con base en los mismos. (...)”. 31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Rad.: 65001. 32 Artículo 18 de la Ley 92 de 1938: “A partir de la vigencia de la presente Ley solo tendrán el carácter

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Rad.: 65001. 32 Artículo 18 de la Ley 92 de 1938: “A partir de la vigencia de la presente Ley solo tendrán el carácter de pruebas principales, del estado civil respecio de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente Ley”. 3 Ibidem. 34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Rad.: 16.694; sentencia del 9 de febrero de 2011 Rad.: 19.352; y, sentencia del 6 de julio de 2020 Rad.: 58454.12

Radicado: 190012331000200402392 01 (56223) Demandante: Nelson Arturo Ibarra Morillo y otros 4.3. Marcial Hernando Ibarra Morillo no está legitimado en la causa por activa porque no acreditó ser víctima del accidente de tránsito, no probó el parentesco con las víctimas y tampoco demostró el interés que le asiste para reclamar en este asunto. 4.4. El Instituto Nacional de Vías (Invías)% está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito, conocida como “Mojarras — Popayán”, es de carácter nacional y su mantenimiento, mejoramiento y conservación está cargo de dicha entidad pública, según consta en la copia del contrato No. 253 celebrado entre el Invías y el contratista, Mauricio Andrés Chaparro Rojas, con el objeto de llevar a cabo el “mantenimiento de la carretera

conservación está cargo de dicha entidad pública, según consta en la copia del contrato No. 253 celebrado entre el Invías y el contratista, Mauricio Andrés Chaparro Rojas, con el objeto de llevar a cabo el “mantenimiento de la carretera Mojarras — Piedrasentada — Popayán, ruta 25 tramo 2503; Higuerones — Mojarras, ruta 2501A y variant