CE - 012331000200600242011SENTENCIA20231006105703

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675) Actor: Víctor Félix Losada Figueroa Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - Legitimación en la causa por activa – daños alegados por poseedor de vehículo automotor – FALLA EN EL SERVICIO – incumplimiento del deber de manejo, custodia y control de bienes incautados dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación – daño imputable al órgano de la instrucción de la instrucción lo que excluye la responsabilidad declarada en contra de la Policía Nacional - CONDENA EN ABSTRACTO – reiteración jurisprudencial.

Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños materiales ocasionados por la “retención y desvalijamiento” de un vehículo automotor sobre el cual el actor ejercía posesión, el cual fue incautado durante un procedimiento de captura en el marco de un proceso adelantado en su contra por el delito de tráfico de estupefacientes.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

cual fue incautado durante un procedimiento de captura en el marco de un proceso adelantado en su contra por el delito de tráfico de estupefacientes.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Caquetá que resolvió la demanda presentada el 6 de abril de 20061 por el señor Víctor Félix Losada Figueroa contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia y el Consejo Nacional de Estupefacientes, con el fin de que se les declare solidaria y patrimonialmente responsables por el referido daño y, en consecuencia, se les obligue a indemnizar los perjuicios materiales indicados en la demanda.

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el demandante narró que el 15 de febrero de 2002, adquirió la posesión real y material del vehículo tipo campero, marca CHEVROLET SAMURAI, de placas BFG 709, a través de contrato de compra venta efectuado con el señor Humberto Peña.

3. Indicó que el 4 de diciembre siguiente, mientras el referido señor se movilizaba en el mentado vehículo por la ciudad de Florencia (Caquetá), fue detenido por la Policía Nacional por la posible comisión del delito tráfico o porte de estupefacientes.

1 Folio 1 del cuaderno 1.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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4. Agregó que la referida autoridad incautó y recibió el vehículo con los elementos que fueron registrados en la respectiva acta de inventario, dentro de los cuales se hallaban el carburador, la caja de cambios y el arranque, entre otros.

5. Posteriormente, en sentencia del 27 de abril de 2004, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Florencia absolvió de responsabilidad penal al procesado y ordenó la entrega definitiva del bien, luego de concluir que no estaba destinado para transporte de sustancias ilícitas.

6. Sostuvo que, pese a ordenarse la entrega definitiva con la referida sentencia, la orden solo vino hacerse efectiva el 25 de agosto de 2004, por cuanto el Consejo Nacional de Estupefacientes se negó a cumplirla.

7. Agregó que cuando el vehículo fue recibido por el señor Losada Figueroa le hacían falta algunos elementos, entre ellos, el carburador, la caja de cambios y el arranque, con los cuales contaba al momento de la incautación, tal como se registró en el acta.

8. Lo anterior, en sentir del demandante, dete rminó la materialización de daños materiales derivados de: i) los ingresos que dejó de producir el vehículo desde el momento de su incautación hasta la fecha de la entrega definitiva -lucro cesante-; ii) el costo de las autopartes y accesorios faltantes del vehículo; y, iii) los gastos de reparación -daño emergente-.

momento de su incautación hasta la fecha de la entrega definitiva -lucro cesante-; ii) el costo de las autopartes y accesorios faltantes del vehículo; y, iii) los gastos de reparación -daño emergente-.

9. Concluyó que dichos daños debían ser indemnizados por las demandadas a título de falla del servicio, dada la omisión frente a la guarda y custodia de dicho vehículo incautado.

La defensa

10. La Nación – Ministerio del Interior y de Justicia propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que dentro de sus competencias no se halla la de administrar o disponer bienes incautados en el marco de procesos relacionados con el narcotráfi co o delitos conexos, función que, en términos de lo previsto en el decreto 2159 de 1992, le corresponde a la Dirección Nacional de Estupefacientes – en adelante DNE-2.

11. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de manera extemporánea, mientras que la Policía Nacional no se pronunció.

2 En primera instancia, la parte actora solicitó la vinculación de la DNE al proceso como calidad de litisconsorte necesario, pedimento que negó el a quo en auto del 14 de junio de 2011 tras considerar que en ninguno de los hechos de la demanda se mencionó una acción u omisión imputable a esa entidad (folio 176).Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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12. Concluida la fase probatoria3, en sus alegatos de conclusión, la Policía Nacional sostuvo que se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, en tanto que el actor no demostró la calidad de propietario del vehículo incautado. Agregó que, aun cuando en la foliatura reposa un acta de inventario firmada por un funcionario de la Policía Antinarcóticos y un acta de entrega de vehículo, esto no era suficiente para concluir que el automotor en c uestión se hubiese encontrado en custodia de esa entidad, máxime si se tiene en cuenta que luego de la captura del actor se dejó a esta persona y a dicho automotor a órdenes de la Fiscalía, autoridad que debía ejercer la guarda del bien. Añadió que en el acta de entrega del vehículo, el juzgado de conocimiento registró que procedía la entrega ante la negativa de la Subdirección de Bienes de la DNE de hacerlo, circunstancia que confirmaba que la Policía no tuvo la guarda del automotor4.

13. La parte actora rei teró las acusaciones de la demanda, las demás partes guardaron silencio y el Ministerio Público no intervino5.

La decisión recurrida

14. El Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia en los siguientes

términos (se transcribe literal):

“PRIMERO: DECLARAR no probada la objeción por error grave formulada por la Fiscalía General de la Nación, conforme a las razones expuestas en la

términos (se transcribe literal):

“PRIMERO: DECLARAR no probada la objeción por error grave formulada por la Fiscalía General de la Nación, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.

“SEGUNDO: DECLARAR probaba la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación Ministerio del Interior y de Justicia – Consejo Nacional de Estupefacientes, conforme lo antes expuesto.

“TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, causados al señor Víctor Félix por los daños causados al vehículo tipo campero, marca Chevrolet Samurai, modelo 1995, color blanco y de placas BFG-709.

“CUARTO: En consecuencia, CONDENAR en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar al señor Víctor Félix el daño emergente causando derivado de las afectaciones causadas (sic) al vehículo tipo campero, marca Chevrolet Samurai, modelo 1995, color blanco y de placas BFG-709. Este perjuicio deberá liquidarse por incidente, para lo cual deberá inspeccionarse mediante perito idóneo, y verificar el inventario y la

3 El a quo tuvo como prueba los documentos allegados por la parte actora concernientes a las copias, al lado de lo cual decretó el dictamen pericial, el cual se rindió y obra a folios 329 a 337 del cuaderno 3 y los testimonios que se practicaron en audiencia de 3 de julio de 2008 (folios 341 y ss). 4 Folios 196 a 199 del cuaderno 1.

que se practicaron en audiencia de 3 de julio de 2008 (folios 341 y ss). 4 Folios 196 a 199 del cuaderno 1. 5 Folios 201 a 205 del cuaderno 2.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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prueba documental obrante, con el fin de determinar el valor de las piezas y la mano de obra, sin exceder las sumas solicitadas en los numerales b y c de las pretensiones de la demanda.

“QUINTO: DENEGAR las demás súplicas de la demanda”.

15. Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia y del Consejo Nacional de Estupefacientes, dijo que los hechos narrados en la demanda no se enmarcan dentro de las funciones encomendadas a estas entidades y tampoco se observó alguna actuación suya que incidiera en el daño alegado por el actor.

16. En cuanto al fondo de las pretensiones, indicó que el análisi s de responsabilidad debía regirse bajo los supuestos del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivada de la omisión de la custodia de los bienes sujetos a incautación y, sobre esta base, consideró que el material probatorio reveló que el 4 de diciembre de 2002, el vehículo de placas BFG 709 fue retenido por miembros de la Policía Judicial, Unidad Antinarcóticos, durante el procedimiento de

que el 4 de diciembre de 2002, el vehículo de placas BFG 709 fue retenido por miembros de la Policía Judicial, Unidad Antinarcóticos, durante el procedimiento de captura en contra del actor -quien acreditó en ese proceso penal la calidad de poseedorpor la eventual comisión del delito de tráfico, porte o transporte de estupefacientes, autoridad que suscribió un acta de inventario que dio cuenta de las autopartes con las que se recibió el bien.

17. Precisó que, a pesar de que obró el oficio 59/GKUJU -UIPOJ en el cual, al parecer, el vehículo se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, no obró prueba indicativa de que esa entrega se hizo ni de las condiciones en las que esto ocurrió, de allí que no se allegó elemento del que pudiera inferirse que el bien dejó de estar bajo la custodia de la Policía Nacional y bajo la guarda del órgano de la instrucción.

18. Agregó que, aun cuando en la constancia emitida por la secretaria del Juzgado Penal Especializado de Florencia el 31 de marzo de 2004 se señaló que el Coordinador de la Unidad Judicial Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitó que el vehículo en cuestión “el cual se encontraba bajo su custodia en el parqueadero Bruselas” fuera trasladado a las bodegas de la DNE, lo cierto era que se desconoció si dicho traslado se realizó y las condiciones en las que se encontraba el bien entre el traslado de un parqueadero a otro.

19. Puntualizó que, en cumplimiento de la sentencia del 27 de abril de 2004, en la cual se absolvió de responsabilidad al actor y se ordenó la devolución del vehículo,

el traslado de un parqueadero a otro.

19. Puntualizó que, en cumplimiento de la sentencia del 27 de abril de 2004, en la cual se absolvió de responsabilidad al actor y se ordenó la devolución del vehículo, el juzgado penal de conocimiento emitió el oficio 326 de 7 de mayo de 2004 en el que solicitó a la DNE proceder a la entrega definitiva, lo que reiteró en oficio 446 de 30 de junio siguiente; sin embargo, esa orden solo vino hacerse efectiva el 25 de agosto de ese año por intermedio del juzgado, dada la negativa la DNE de proceder a ello, oportun idad en la cual se suscribió un acta de devolución en la que seRadicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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evidenció que el bien incautado no contaba con algunas autopartes y accesorios que tenía al momento de la incautación – la batería, el carburador, una exploradora, un parasol, una cruceta, lla ves de switch, una llanta, un rin, una caja de cambios, arranque, un espejo retrovisor y un parlante.

20. Lo anterior, según el a quo, llevó a determinar que desde el momento de la incautación 4 de diciembre de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2004, el vehículo en mención se mantuvo bajo la custodia de la entidad que dispuso la práctica de la

incautación 4 de diciembre de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2004, el vehículo en mención se mantuvo bajo la custodia de la entidad que dispuso la práctica de la medida, esto es, de la Policía Nacional, Unidad Antinarcóticos, custodia que le imponía el deber de conservación en el estado en que se encontraba en el momento de la rete nción, salvo el deterioro natural, sin que ese deterioro incluyera el desvalijamiento, de allí que consideró que el daño sufrido por el actor con causa esta afectación era fáctica y jurídicamente imputable a esa autoridad, a título de falla del servicio, por omisión de los deberes de guarda y custodia.

21. Resaltó que, si bien habría lugar a declarar una responsabilidad solidaria con la DNE por no expedir actas de inventarios sobre las condiciones del vehículo cuando le fue remitido, lo cierto era que esto res ultaba improcedente, pues esa dirección no fue demandada.

22. Al lado de lo anterior, precisó que el actor tenía que soportar el daño consistente en la privación de la posesión, uso y goce del vehículo como consecuencia de la inmovilización por cuenta de la incautación, ello en virtud del desarrollo normal en que se dio la investigación penal.

23. Frente a la indemnización de perjuicios, no accedió al reconocimiento del lucro cesante, en tanto que no obró prueba de la explotación económica del vehículo para el momento de la incautación o que fuera objeto de arrendamiento y si bien se demostró que el actor se dedicaba a la compra y venta de ganado, los elementos de convicción no conducen a considerar que el vehículo se empleaba como medio para estos fines.

para el momento de la incautación o que fuera objeto de arrendamiento y si bien se demostró que el actor se dedicaba a la compra y venta de ganado, los elementos de convicción no conducen a considerar que el vehículo se empleaba como medio para estos fines.

24. En torno al daño emergente por concepto del valor de los elementos faltantes y del costo de la mano de obra por instalación, dijo que no si bien junto con el dictamen pericial fueron aportadas tres cotizaciones, el perito no hizo una valoración que permitiera inferir el desmejoramiento en las condiciones en las que se encontraba el vehículo a fin de determinar la verdadera afectación reclamada, de allí que no tuvo en cuenta las conclusiones del dictamen para efectos de establecer el quantum indemnizatorio.

25. Así, con miras a liquidar el monto de la condena por tales perjuicios, emitió condena en abstracto para que, mediante trámite incidental, se acreditara el valor comercial de las piezas faltantes del vehículo marca CHEVROLET SAMURAI, modelo 1995, al momento de su incautación -4 de diciembre de 2002-, atendiendoRadicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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para ello la depreciación que sufren estos bienes por su uso normal, el estado en el que, según el acta de inventario de esa fecha, se encontraba el bien, valor que, definido, deberá ser indexado tenien do en cuenta los índices de consumidor

para ello la depreciación que sufren estos bienes por su uso normal, el estado en el que, según el acta de inventario de esa fecha, se encontraba el bien, valor que, definido, deberá ser indexado tenien do en cuenta los índices de consumidor vigentes para la fecha que se resuelva el incidente y la de la incautación6.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación de los recursos de apelación

26. La Policía Nacional pidió revocar la condena en su contra, puesto que pese a que se acreditó el daño, esto es, la afectación del pluricitado vehículo con causa en la pérdida de algunas autopartes y accesorios, el mismo no le resultaba imputable, en la medida en que su actuación culminó cuando dejó el bien a disposición de la autoridad competente, es decir, de la Fiscalía General de la Nación, quien asumió el deber de guarda y custodia del mismo.

27. Consideró que la Policía Nacional actuó en cumplimiento del deber legal que le correspondía en atención a lo previsto en la Ley 600 de 2000, de allí que recibida la información por parte de una fuente humana que sugería que el señor Losada Figueroa se movilizaba en compañía de otros sujetos con sustancias alucinógenas, procedió a su captura y a la inmovilización del vehículo en el que se transportaba, luego de lo cual, a través de oficio 59/GRUJU -UIPOJ del 5 de diciembre de 2002, dejó las personas capturadas y los vehículos incautados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

28. Finalmente, sostuvo que el actor debió probar la calidad de propietario del

dejó las personas capturadas y los vehículos incautados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

28. Finalmente, sostuvo que el actor debió probar la calidad de propietario del vehículo automotor, so pena de que ello repercuta en la falta de legitimación en la causa para actuar, calidad que debía demostrar con documentos idóneos para t al propósito.

29. Por lo anterior, dijo que no se le puede atribuir ninguna responsabilidad, pues su actuación se ajustó a la normativa procesal penal frente a la incautación del cuestionado bien, el cual dejó a órdenes de la autoridad competente, esto es, de l órgano de la instrucción, autoridad que asumió la guarda y conservación del vehículo7.

30. La parte actora apeló parcialmente la decisión, con el fin de que se le reconozca el lucro cesante solicitado, puesto que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la imposibilidad de disposición de bienes comporta una lesión patrimonial por afectación del uso y goce de los mismos, por manera que, como lo indicó la prueba pericial, durante el tiempo en que el vehículo permaneció inmovilizado -620 díasel actor tuvo que recurrir a otros medios de transporte para sus desplazamientos diarios y para el desarrollo de su actividad comercial.

6 Folios 264 a 276 del cuaderno principal. 7 Folios 281 a 288 del cuaderno principal.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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31. Al lado de esto, solicitó revocar la condena en abstracto para que se calculara el quantum indemnizatorio por daño emerg ente, en la medida en que el dictamen pericial dio cuenta del valor de las autopartes y de los accesorios y los costos de instalación8.

32. En sede de alegaciones, la Fiscalía General de la Nación manifestó su conformidad con la sentencia de instancia, en tanto que, como lo sostuvo el a quo, desde el momento de su incautación 4 de diciembre de 2002 el vehículo permaneció bajo la guarda y custodia de la Policía Nacional, Unidad Antinarcóticos, de allí que los daños derivados por su desvalijamiento no le resultan imputables.

33. Agregó que, a pesar de la existencia de un oficio en el cual la Policía afirmó que dejó a su disposición el vehículo, lo concreto era que ello no tuvo la entidad para comprometer su responsabilidad, pues no se conoce si esa entrega en realidad se hizo o las condiciones en las que ello ocurrió9.

34. La parte actora insistió en los argumentos de su apelación10, las demás partes guardaron silencio y el Ministerio Público no intervino.

III. CONSIDERACIONES

35. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos interpuestos.

36. Con carácter previo conviene pronunciase sobre la legitimación en la causa por

III. CONSIDERACIONES

35. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver los recursos interpuestos.

36. Con carácter previo conviene pronunciase sobre la legitimación en la causa por activa, cuestión que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, debe analizarse con miras a emitir una decisión de mérito, razón que, aunque suficiente, no desconoce que este aspecto fue cuestionado por la Policía Nacional en sede del recurso de apelación que se analiza.

37. Dicho esto, se tiene que la legitimación en la causa por activa, en sentido material, se presenta cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en este y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio; en otras palabras, es titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcido11.

38. En el sub lite, el actor alegó la calidad del poseedor real y material del vehículo de placas BFG 709 y, en tal condición, deprecó la reparación de daños materiales derivados de las afectaciones que tuvo ese vehículo por cuenta de la incautación que pesó sobre el mismo.

8 Folios 294 a 303 del cuaderno principal. 9 Folios 327 a 333 del cuaderno principal. 10 Folios 344 a 346 del cuaderno principal. 11 Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2018, expediente 39786.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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39. Al respecto, ha de señalarse que, de conformidad con el artículo 762 del Código Civil, la posesión “ es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”.

40. Según la doctrina 12 y la jurisprudencia civilistas 13, la anterior disposición establece dos presupuestos de la posesión. El primero es de carácter material

(corpus) y consiste en la detentación física del bien sobre el cual se ejerce la posesión, por sí o por otra persona. El segundo, es de naturaleza subjetiva (animus) y estriba en la intención manifiesta y la verdadera convicción de ser dueño del bien. Este último elemento marca la diferencia fundamental entre poses ión y tenencia, instituciones jurídicas no solamente disímiles sino excluyentes, debido a que el artículo 775 del Código Civil establece que es un mero tenedor quien “tiene una cosa reconociendo dominio ajeno”.

41. Si bien, bajo la comprensión tradicional, la posesión es entendida como una simple relación física de una persona con una cosa, la jurisprudencia la concibe como un efectivo derecho 14 -inclusive, de estipe fundamental 15que goza de especial protección por el ordenamiento jurídico; así, por ejemplo, l a misma es

simple relación física de una persona con una cosa, la jurisprudencia la concibe como un efectivo derecho 14 -inclusive, de estipe fundamental 15que goza de especial protección por el ordenamiento jurídico; así, por ejemplo, l a misma es

12 VALENCIA ZEA, Arturo. La Posesión, 3ª edición, Temis, Bogotá, 1983, p. 67; VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Editorial Temis. Bogotá. 2000. Págs. 127 y 128. 13 «Si la posesión material, por tanto, es equívoca o ambigua, no puede fundar una declaración de pertenencia, por las consecuencias que semejante decisión comporta, pues de aceptarse la ambigüedad llevaría a admitir que el ordenamiento permite alterar el derecho de dominio, así respecto de la relación posesoria medie la duda o dosis de incertidumbre. Por esto, para hablar de desposesión del dueño y privación de su derecho, el contacto material de la cosa con quien pretende serlo, aduciendo real o presuntamente “animus domini rem sibi habendi”, requiere que sea cierto y claro, sin resquicio para la zozobra; que la posesión sea pública, pacífica e ininterrumpida». Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de noviembre de 2017, radicación núm. 73268-31-03-002-2011-00145-01. 14 En este sentido, la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de mayo de 1939 señaló: “Que la posesión y el dominio son instituciones jurídicas distintas, de impos ible confusión, no

14 En este sentido, la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de mayo de 1939 señaló: “Que la posesión y el dominio son instituciones jurídicas distintas, de impos ible confusión, no obstante lo cual aquella es susceptible de presentarse como un reflejo de ésta. Que en tal sentido la posesión es un derecho auxiliar para el dueño de la cosa o es un derecho provisional para el que no es dueño de ella, pero puede estar en vías de serlo. Que en la primera hipótesis, la posesión manifiesta la realidad del dominio. Mediante el ejercicio de ella se revela la propiedad como existiendo materialmente y no en forma abstracta o aparente. Que en la segunda hipótesis, la posesión e s un derecho provisional para el no propietario, derecho que se origina en la presunción de dominio que la acompaña. Que se explica esta presunción porque el dominio no es un simple título desnudo sino que comprende también el derecho a poseer, como si se dijera el derecho a los emolumentos o a los tributos de la propiedad. Y es provisional por cuanto cede siempre ante el derecho de dominio”. 15 La Corte Constitucional en sentencia del 12 de agosto de 1992 concibió la posesión como derecho fundamental al señalar que “[L]a posesión resulta ser un poder de hecho jurídicamente relevante que por su naturaleza puede ser instrumento efectivo de acceso a la propiedad y como tal guarda con este último derecho una conexidad de efectos sociales muy saludables que no pu eden ignorarse […]. Por todo lo anterior no es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental […]. Además, la ontología y especificidad de la relación posesoria y de sus consecuencias económicas y sociales son de tal

infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental […]. Además, la ontología y especificidad de la relación posesoria y de sus consecuencias económicas y sociales son de tal relevancia en el seno de la comunidad y para el logro de sus fines, que esta Corte reconoce que la posesión tiene, igualmente entidad autónoma de tales características y relevancia que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho constitucional fundamental de carácter económico y social”.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00242-01 (64.675)

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pasible de ser transmitida a los herederos (art. 778 CC) 16; quien ejerza posesión cuenta con la acción policiva (artículo 127 del Código Nacional de Policía) y tiene la posibilidad de ejercer las acciones posesorias (art. 972 y ss, CC); y, de prolongarse en el tiempo, da lugar a adquirir el derecho de dominio (art. 2532 idem).

42. En el plano procesal, no basta con alegar la condición de poseedor al momento de acudir a un proceso judicial, sino que es necesario probarla, pues lo que se pretende es l a reparación de los perjuicios derivados de la lesión a ese derecho protegido por el ordenamiento jurídico; así, la doctrina ha precisado que, si bien la voluntad es un elemento que no puede ser percibido de forma directa, por no ser físico, “la exteriorización de la voluntad es susceptible de ser conocida; esa es, por

protegido por el ordenamiento jurídico; así, la doctrina ha precisado que, si bien la voluntad es un elemento que no puede ser percibido de forma directa, por no ser físico, “la exteriorización de la voluntad es susceptible de ser conocida; esa es, por consiguiente, la voluntad susceptible de prueba, de comprobación”.

43. En esta misma línea, esta Corporación ha determinado que “en el derecho colombiano la posesión demanda acreditar actos materiales”17, que no son otros que los contenidos en el artículo 981 del Código Civil, esto es, “hechos positivos de aquellos que solo da [el] derecho el dominio”. Tales actos se deben acreditar con “medios probatorios que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil tiene por establecidos, y adicionalmente, de las presunciones legales susceptibles de ser desvirtuadas, que el Código Civil consagra”18.

44. Tratándose de vehículos automotores, los actos de señor y dueño pueden comprender acciones como el pag o de impuestos, la suscripción de la póliza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito -requerida para transitar por el territorio nacional19o de otro tipo de pólizas que amparen riesgos relacionados con