CE - 012331000200603238011SENTENCIA20230207150856

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 05001233100020060323800 (50693)

Demandante: JAVIER MARTINEZ PAREJA Y OTROS .

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL Tema: Extralimitación en el uso de la fuerza, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Daño antijurídico no es imputable a entidad demandada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Luis Javier Martínez Pareja reportaba antecedente de cirugía de columna por enfermedad discal con implantación de material de osteosíntesis. El 27 de marzo de 2006, fue abordado por agentes de la policía y dirigido al Comando de Apartadó

(Antioquia) donde fue requisado junto con su vehículo, hallándose un arma de fuego —revólver calibre 38 y de 24 cartuchos de municiónsin permiso de porte o tenencia, por lo cual fue capturado pero opuso resistencia al ingresar a las instalaciones policiales, lo que hizo necesario el uso de la fuerza por parte de los agentes, luego de lo cual reportó un fuerte dolor lumbar por lo cual fue conducido a la Corporación

por lo cual fue capturado pero opuso resistencia al ingresar a las instalaciones policiales, lo que hizo necesario el uso de la fuerza por parte de los agentes, luego de lo cual reportó un fuerte dolor lumbar por lo cual fue conducido a la Corporación Saludcoop Antioquia, donde recibió atención médica y quedó hospitalizado al diagnosticársele embriaguez aguda y trauma dorso lumbar “secundaria a daño de material de osteosíntesis” por ruptura del tornillo pedicular S1 bilateral. Los demandantes consideran que los agentes de policía golpearon inhumana y brutalmente a Luis Javier Martínez Pareja, causándole las lesiones que le provocaron dos cirugías posteriores y finalmente convirtieron su vida en unRadicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros verdadero infierno o calvario, dados los dolores permanentes y las limitaciones físicas que presenta.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 2 de agosto de 2006, Luis Javier Martínez Pareja y Maribel Arcila Oquendo, en nombre propio y en representación de Jineth Martínez Arcila; y Belarmina de Jesús Pareja Velázquez, María Fanny Martínez Pareja, Gloria Elena Martínez Pareja, Emma de Jesús Martínez Pareja, Ángel José Martínez Pareja, Claudia Elcy Martínez Pareja, Martha Cecilia Martínez Pareja y Carlos Didier Martínez Pareja, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de las lesiones ocasionadas a Luis Javier Martínez Pareja el 27 de marzo de 2006.

presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de las lesiones ocasionadas a Luis Javier Martínez Pareja el 27 de marzo de 2006. Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; por daño a la vida de relación, 600 SMLMV para Luis Javier Martínez Pareja, Maribel Arcila Oquendo y Jineth Martínez Arcila; por daño emergente futuro para Luis Javier Martínez Pareja, las sumas de dinero que este deberá gastar en cirugías, gastos clínicos, hospitalizaciones, etc; y por lucro cesante, la suma que será determinada por un perito, tasada inicialmente 200 millones de pesos; En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 25 de junio de 2005, Luis Javier Martínez Pareja fue intervenido quirúrgicamente para corregir dos hernias de disco en la columna vertebral. Indica que la cirugía y recuperación fueron exitosas. Sostiene que el 27 de marzo de 2006, a las 9:30 p.m., cuando se encontraba en el billar El Dorado, del municipio de Apartadó — Antioquia, Martínez Pareja fue persuadido por el agente de la policía Mauricio Payares y el agente de la SIJIN 1 Fl. 1a127,C. 1.Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros Pedro Pablo Barbosa para que los acompañará hasta el comando de la Policía Municipal. Afirma que al llegar a la estación de policía otros dos uniformados requisaron a Luis

Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros Pedro Pablo Barbosa para que los acompañará hasta el comando de la Policía

Municipal. Afirma que al llegar a la estación de policía otros dos uniformados requisaron a Luis Javier Martínez Barbosa y a su vehículo, encontrando un revólver. Al ser interrogado por los policiales sobre la propiedad del arma, Luis Javier Martínez Pareja les contestó “es suyo, o del carro o de la finca”, lo cual causó el enfado de los agentes quienes lo empujaron provocando que cayera y estando en el suelo lo golpearon inhumanamente, momento en el cual salió el mayor Leonardo Tamara Gómez, a quién le pidió ayuda y le contestó que lo iban a interrogar. Indica que Luis Javier Martínez Pareja fue interrogado nuevamente por la propiedad del arma y por la dirección de su residencia, datos que no supo suministrar, por lo cual volvieron a golpearlo, manifestándoles la víctima que hacía 8 meses había sido operado de columna, que sentía un dolor muy intenso y rogando que lo llevarán al hospital. Señala que la ex sargento de la Policía Nacional - María Luna, observó lo sucedido y avisó a Maribel Arcila Oquendo, quien se presentó en el comando de la policía encontrando a Luis Javier Martínez Pareja muy herido y rogándole a los agentes que lo trasladaron al hospital. Asevera que el 28 de marzo de 2006, a las 5 de la mañana, Luis Javier Martínez Pareja fue trasladado a la IPS Saludcoop Antioquia en donde quedó hospitalizado y puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Apartadó, al igual que su vehículo. Informa que la Fiscalía 124 Seccional de Apartadó se desplazó hasta las

Pareja fue trasladado a la IPS Saludcoop Antioquia en donde quedó hospitalizado y puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Apartadó, al igual que su vehículo. Informa que la Fiscalía 124 Seccional de Apartadó se desplazó hasta las instalaciones de la IPS Saludcoop Antioquia, para recibir la declaración de Luis Javier Martínez Pareja, quien fue puesto en libertad, retirándole la vigilancia de la policía, pero abriéndose en su contra investigación por el porte ilegal de arma de fuego, Rad.- 2590. Advierte que el 4 de abril de 2006, Luis Javier Martínez Pareja, dada la seriedad de las lesiones que presentaba en la columna, fue remitido a la clínica Saludcoop de Medellín - nivel 3, donde fue intervenido quirúrgicamente con el fin de cambiarle elRadicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros material de osteosíntesis fracturado por los golpes de los policiales. Allí permaneció hospitalizado durante 20 días, luego de lo cual fue dado de alta con instrucciones de manejo, medicación y órdenes de terapia. Afirma que el 28 de abril de 2006, Luis Javier Martínez Pareja fue nuevamente hospitalizado e intervenido quirúrgicamente, dado que las heridas se habían infectado, por lo que permaneció hospitalizado otros 20 días. | Sostiene que Luis Javier Martínez Pareja no recuperó totalmente su estado de salud, quedó con limitaciones en la marcha y el movimiento general de sus extremidades, todo lo cual le resulta extremadamente doloroso, como también le le. Causa dolor permanecer de pie, sentado o acostado.

salud, quedó con limitaciones en la marcha y el movimiento general de sus extremidades, todo lo cual le resulta extremadamente doloroso, como también le le. Causa dolor permanecer de pie, sentado o acostado. Informa que el 30 de marzo de 2006 la Fiscalía 124 seccional de Apartadó ordenó la entrega del vehículo de propiedad de Luis Javier Martínez Pareja a Maribel Arcila Oquendo. Los demandantes consideran que los agentes de policía golpearon inhumana y brutalmente a Luis Javier Martínez Pareja, causándole las lesiones que le provocaron dos cirugías posteriores y finalmente convirtieron su vida en un verdadero infierno o calvario, dados los dolores permanentes y las limitaciones físicas que presenta.

2. Contestación El 11 de septiembre de 20067, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. El Ministerio de Defensa — Policía Nacional? sostuvo que los agentes actuaron en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de manera legítima, de modo que no había lugar a condenar patrimonialmente al Estado. 2.2. El Ministerio Público guardó silencio. 2 Fl. 129, C. 1. 3 Fl. 134 a 138, C. 1.Radicación: 05001233100020060323800 (50693)

Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 29 de octubre de 2008 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional? señaló que las lesiones del

El 29 de octubre de 2008 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional? señaló que las lesiones del demandante no fueron causadas por los miembros de la institución, sino que obedecieron al actuar violento de Luis Javier Martínez Pareja, al oponerse a su ingreso a la estación policial cuando fue capturado por porte ilegal de armas, de modo que se configuró la culpa exclusiva de la víctima. 3.2. La parte actora? reiteró el dicho de la demanda, agregando la valoración probatoria del material allegado al plenario y argumentando que la víctima al ser retenida por los agentes de policía se encontraba bajo su protección y seguridad. 3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 20 de febrero de 2013” el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que, en aplicación de la probabilidad lógica prevaleciente, lo más factible era que Martínez Pareja había sufrido en manos de los agentes de la fuerza pública una golpiza que determinó su aflicción médica.

Al efecto, sostuvo que: “[...] utilizando la herramienta antes descrita [probabilidad lógica prevaleciente] la reflexión lógica sería la siguiente: Más probable que no. Es más probable que la golpiza que sufrió el señor Martínez Pareja a manos de los agentes de la fuerza pública determinó su aflicción médica, por cuanto las inferencias lógicas antes elaboradas apuntan de manera convergente a la conclusión según la cual, siendo una persona que se encontraba en buenas

agentes de la fuerza pública determinó su aflicción médica, por cuanto las inferencias lógicas antes elaboradas apuntan de manera convergente a la conclusión según la cual, siendo una persona que se encontraba en buenas condiciones físicas con antelación a ese hecho y, además, al ser sometido a una 4 Fl, 895, C. 2. 5 FI. 896 a 899, C.2. 6 FI. 900 a 915, C.2. 7 Fl. 917 a 957, C.Ppal.Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros fuerza brutal sobre su espalda, la misma colapsó, máxime si se tiene en cuenta que había sido objeto de reconstrucción médica. interpretarlo de manera contraria es irracional. Prevalencia relativa. existen dos hipótesis probables: la primera, definida por los medios directos e indirectos de prueba que establece la falla de la administración por la comisión de un procedimiento violento e ilegal; y la segunda, confrontada como la tesis que se elaboró oficialmente apegada a la idea de que el forcejeo fue menor y sin violencia extrema, esta colegiatura debe escoger la primera, pues aparte de estar fundada en la prueba recogida dentro del proceso y en las inferencias razonables de que ella dimanan no presenta la ambivalencia y la ambigúedad de la segunda. En consecuencia, superado el test de la probabilidad lógica prevaleciente, es irrefutable, conforme a los parámetros racionales en él contenidos, determinar que en efecto existe una conexión irrefutable entre los golpes que fueron propinados al señor Martínez Pareja por los miembros del destacamento de policía del municipio de Apartadó, y las lesiones y consecuencias

contenidos, determinar que en efecto existe una conexión irrefutable entre los golpes que fueron propinados al señor Martínez Pareja por los miembros del destacamento de policía del municipio de Apartadó, y las lesiones y consecuencias que sobre su humanidad se evidenciaron luego de ese atroz hecho.” En la parte resolutiva el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por perjuicios morales, la suma de 80 SMLMV a Luis Javier Martínez Pareja, 40 SMLMV a Maribel Arcila Oquendo, Belarmina de Jesús Pareja Velázquez y Jineth Martínez Pareja, y 20 SMLMV a María Fanny Martínez Pareja, Gloria Elena Martínez Pareja, Emma de Jesús Martínez Pareja, Ángel José Martínez Pareja, Claudia Elcy Martínez Pareja, Martha Cecilia Martínez Pareja y Carlos Didier Martínez Pareja; por perjuicios a la salud, 100 SMLMV a Luis Javier Martínez Pareja; y por lucro cesante “pasado y futuro”, las sumas de $22.023.572,08 y $36.452.191,96 a Luis Javier Martínez Pareja.

5. Recurso de apelación El 15 de marzo de 2013, la Nación — Ministerio de Defensa - Policía Nacional interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido el 11 de febrero de 20148 y admitido el 5 de mayo de 2014?. 8 Fl. 980, C.Ppal. 9 Fl. 984, C. Ppal.Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros 5.1. La recurrente? consideró que las consideraciones del fallo a quo aparecían

9 Fl. 984, C. Ppal.Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros 5.1. La recurrente? consideró que las consideraciones del fallo a quo aparecían como simple presunción, de modo que no estaba probada la falla en el servicio, ni siquiera de manera indiciaria, así como tampoco se encontraban acreditados los perjuicios reconocidos en primera instancia.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 1? de julio de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Los demandantes?? alegaron que el a quo no escatimó en el análisis y fundamentación para proferir la sentencia condenatoria, recabando sobre la existencia probatoria de los elementos que configuraban la falla en el servicio. 6.2. El Ministerio de Defensa — Policía Nacional!? alegó que no había elemento de juicio que indicara que el daño reclamado era imputable a la institución. 6.3. El Ministerio Público guardó silencio!.

11. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación!5, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132, numeral 6 del Código Contencioso Administrativo. 10 Fl. 961 a 965, C. Ppal.

de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación!5, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132, numeral 6 del Código Contencioso Administrativo. 10 Fl. 961 a 965, C. Ppal. 11 FL 986, C. Ppal. 12 Fl, 987 a 994, C. Ppal. 13 Fl, 995 a 998, C. Ppal. 14 FL. 105, C. Ppal. 15 La pretensión mayor de la demanda corresponde a los perjuicios por daño a la vida relación, estimado en la suma de 600 SMLMV, lo cual es superior a 500 SMLMV.Radicación: 05001233100020060323800 (50693)

Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8616 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. 16 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?$, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure!? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?%, cuya consecuencia, por demandar más 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso ¡ure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “...[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a

potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: ¡) que las lesiones padecidas por Luis Javier Martínez Pareja tuvieron lugar el 27 de marzo de 2006 (hecho probado 7.1.5); y ii) que la demanda se presentó el 2 de agosto de 2006, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.

4. Legitimación en la causa

4.1. Luis Javier Martínez Pareja (víctima), Maribel Arcila Oquendo (compañera permanente, Jineth Martínez Arcila (hija), Belarmina de Jesús Pareja Velázquez (madre), María Fanny Martínez Pareja (hermana), Gloria Elena Martínez Pareja (hermana), Emma de Jesús Martínez Pareja (hermana), Ángel José Martínez Pareja (hermano), Claudia Elcy Martínez Pareja (hermana), Martha Cecilia Martínez Pareja (hermana) y Carlos Didier Martínez Pareja (hermano), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a que el primero es la víctima directa de las lesiones alegadas como daño antijurídico y los demandantes restantes conformaban su

que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a que el primero es la víctima directa de las lesiones alegadas como daño antijurídico y los demandantes restantes conformaban su núcleo familiar, según dan cuenta las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento?! y los testimonios de Guillermo Alberto Ocampo”, María del Carmen Luna Jiménez”, Joana Xiomara Restrepo Gallego? y Guillermo León Sánchez?", quienes coinciden en señalar a Maribel Arcila Ocampo como compañera permanente de Luis Javier Martínez Pareja. 21 Fl. 1a12,C.1. 22 Fl, 495 a 496, C.1., 2 Fl, 497 a 498, C.1. 24 Fl, 498 a 499, C.1. 25 Fl. 500, C.1. 10Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa — Policía Nacional, pues en la demanda se alega que miembros del Comando de Policía de Apartadó — Antioquia lesionaron a Luis Javier Martínez Pareja.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si las lesiones padecidas por Luis Javier Martínez Pareja son atribuibles a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional, por extralimitación en el uso de la fuerza.

6. Solución al problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el régimen de responsabilidad del

extralimitación en el uso de la fuerza.

6. Solución al problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el régimen de responsabilidad del Estado por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y el hecho o culpa exclusiva de la víctima 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991? consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ¡¡) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho?””, que contraría el orden legal?? o que está desprovista de una 26 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 28 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2? ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 11Radicación: 05001233100020060323800 (50693)

Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros

Sarrión. 2? ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 11Radicación: 05001233100020060323800 (50693) Demandante: Luis Javier Martínez Pareja y otros causa que la justifique??, resultado que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida%, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución jurídica y fáctica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto??. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Dentro del marco Constitucional, la protección y seguridad de los ciudadanos encuentra su fundamento en