CE - 012331000200700085011SENTENCIA20230201145931

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES '

¡ Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA | Radicación: 700013331000200700085 01 (55145)

Demandante: ROBINSON MIGUEL MARTÍNEZ CHAMORRO Y OTROS Demandado: NACIÓN — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Se acreditó un daño antijurídico imputable al Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Nación — Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 16 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. |. SÍNTESIS DEL CASO El 7 de marzo de 2004, Jaime Alberto Monterroza Cortés presentó denuncia penal en contra de Robinson Miguel Martínez Chamorro, pues consideró que éste era integrante del grupo guerrillero ERP. En la misma fecha, la Fiscalía 10% Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal profirió resolución de apertura de instrucción penal en contra del señor Martínez Chamorro por ser presunto autor del delito de rebelión y ordenó su captura con fines de indagatoria. El mismo día, agentes del DAS y de la Policía Nacional capturaron al procesado. Posteriormente, mediante proveído del 24 de marzo de 2004, la Fiscalía 9

del delito de rebelión y ordenó su captura con fines de indagatoria. El mismo día, agentes del DAS y de la Policía Nacional capturaron al procesado. Posteriormente, mediante proveído del 24 de marzo de 2004, la Fiscalía 9 Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por ser presunto autor del referido delito. El 17 de agosto de 2004, la Fiscalia acusó al señor Robinson Miguel Martínez Chamorro por ser autor de la mencionada conductaRadicado: 70001333100020070008501 (55145) punible. Sin embargo, mediante sentencia del 20 de junio de 2005, el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Corozal absolvió a Robinson Miguel Martínez Chamorro por in dubio pro reo; decisión que fue confirmada mediante providencia del 24 de agosto de 2008, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Robinson Miguel Martinez Chamorro fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de! delito de rebelión.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 22 de junio de 2007, Robinson Miguel Martínez Chamorro, Eirlanis Isabel Ortega Sequeda, en nombre propio y en representación de María Patricia, Yulanis Paola y Daniel Eduardo Martínez Ortega; Nelcy Esther Martínez Oviedo, Geomaris Ester y Osvaldo Rafael Martinez Chamorro; Herlinda María Chamorro Barreto y Mario Ratael Martínez Meriño, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de

Daniel Eduardo Martínez Ortega; Nelcy Esther Martínez Oviedo, Geomaris Ester y Osvaldo Rafael Martinez Chamorro; Herlinda María Chamorro Barreto y Mario Ratael Martínez Meriño, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Robinson Miguel Martínez Chamorro, Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar a cada uno de los demandantes, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV; por “perjuicios extrapatrimoniales por violación: de los derechos fundamentales”, 500 SMLMV; y por perjuicios materiales, la suma que resulte probada en el proceso. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de marzo de 2004, Jaime Alberto Monterroza Cortés presentó denuncia penal contra Robinson Miguel Martínez Chamorro, pues consideró que éste era integrante del grupo guerrillero ERP. 1FI.1a36,C.2, Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (55145) Indica que la Fiscalia 10% Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal profirió resolución de apertura de instrucción penal en contra del señor Martínez Chamorro por ser presunto autor del delito de rebelión y ordenó su capturacon fines de indagatoria. Sostiene que el 7 de marzo de 2004, agentes del DAS y de la Policía Nacional capturaron al procesado. Posteriormente, mediante proveido del 24 de marzo de .

con fines de indagatoria. Sostiene que el 7 de marzo de 2004, agentes del DAS y de la Policía Nacional capturaron al procesado. Posteriormente, mediante proveido del 24 de marzo de . 2004, la Fiscalía 9? Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del imputado por ser presunto autor del referido delito. Argumenta que el 17 de agosto de 2004, la Fiscalia acusó al señor Robinson Miguel Martínez Chamorro por la mencionada conducta punible. Concluye que mediante sentencia del 20 de junio de 2005, el Juzgado 2” Promiscuo del Circuito de Corozal absolvió a Robinson Miguel Martínez Chamorro por in dubio pro reo y ordenó su libertad, resaltando que dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 24 de agosto de 2008, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Robinson Miguel Martínez Chamorro fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de rebelión. Textualmente señalan en la demanda: “[...] éste proceso culminó con sentencia absolutoria debido a la falta de pruebas para decretar la responsabilidad penal solicitada por la Fiscalía, quien por conducto del Fiscal que conocía el asunto, en la audiencia que dio fin al proceso, pidió al juez la absolución del señor Robinson Martínez tras reconocer que ninguno de los testimonios que declararon en contra de los detenidos, lo había reseñado como colaborador de la guerrilla de las FARC

audiencia que dio fin al proceso, pidió al juez la absolución del señor Robinson Martínez tras reconocer que ninguno de los testimonios que declararon en contra de los detenidos, lo había reseñado como colaborador de la guerrilla de las FARC [ o. ]. Con lo cual se acepta abiertamente por el mismo fiscal en la etapa del juicio | | Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (551451 que durante el proceso penal nunca hubo algún indicio que justificar a la detención del señor Robinson Martínez [...] De lo anterior se desprende que hubo una inactividad injustificada del ente acusador [...] que desde la fase de introducción pudo haber solicitado la libertad inmediata del señor Robinson Martínez siendo evidente que no cobraba indicio alguno para detenerlo preventivamente [...] [Lja detención injusta y arbitraria de un miembro de la familia Martínez, produjo ingentes perjuicios morales y materiales”.

2. Contestación El 5 de agosto de 2009, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La NaciónFiscalía General de la Nación? argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque decretó la medida de aseguramiento en contra del procesado en cumplimiento de las prerrogativas sustanciales y formales que le habían sido conferidas. 2.2. La Nación — Rama Judicial argumentó que no ocasionó el daño antijurídico alegado en la demanda, toda vez que fue la Fiscalía General de la Nación quien impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Además, indicó que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de sus facultades

alegado en la demanda, toda vez que fue la Fiscalía General de la Nación quien impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Además, indicó que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de sus facultades constitucionales y legales. Formuló como excepciones las que denominó “falta de identidad entre las demandadas”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “falta de relación causal de los hechos de la demanda”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 26 de mayo de 2011”, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 FL. 186 y 187, C. 2. 3 FL 211a217,C.2. 4 FL 197 a202,C.2 5 Fl, 256, C. 2.

Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (55145) 3.1. La demandante? la Nación - Fiscalía General de la Nación” y la Rama Judicial? reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público conceptuó que debía declararse la responsabilidad patrimonial de ta Nación - Fiscalía General de la Nación en razón a que impuso la medida de aseguramiento en contra del procesado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación procesal penal?.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 16 de marzo de 2015%, el Tribunal Administrativo de Sucre “accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Robinson Miguel Martínez Chamorro

Mediante sentencia del 16 de marzo de 2015%, el Tribunal Administrativo de Sucre “accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Robinson Miguel Martínez Chamorro devino en injusta, toda vez que fue absuelto por in dubio pro reo. Por otra parte, declaró probadas las excepciones propuestas por la Rama Judicial de “falta de identidad entre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial-existencia de capacidad para actuar en procesos judiciales de la Fiscalía General de la Nación y falta de legitimación en la causa por pasiva”, al constatar que la privación de la libertad estuvo determinada únicamente por la actuación de la Fiscalía General de la Nación al proferir la medida aseguramiento y acusar al demandante.

Al efecto sostuvo que: “[...] denota la Sala que la investigación seguida en contra del demandante finiquitó con sentencia absolutoria en aplicación del principio universal de in dubio pro reo, esto es, falta de pruebas suficientes que apuntaran a señalar al demandante como responsable de la comisión del punible del que se le acusó, de manera que el análisis de responsabilidad debe hacerse sobre el título de imputación objetivo con fundamento en el daño especial que sólo requiere la comprobación del daño antijurídico y el nexo que vincula este perjuicio con la $ Fl. 270 a 280, C. 2. 7 Fl. 258 a 265, €. 2. 8 Fl, 266 a 269, C. 2. 9 Fl 282 a 288, C. 2. 10 Fl, 303 a 325, C. P.

Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (55145)

9 Fl 282 a 288, C. 2. 10 Fl, 303 a 325, C. P.

Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (55145) actuación de la administración[...] Así, acreditado el daño ocasionado a la parte actora; el cual se origina en la privación de la libertad de que fue objeto el señor Robinson Miguel Martínez Chamorro desde el día 7 de marzo de 2004 hasta el 23 de junio de 2005, en favor de quien, luego, se profirió sentencia absolutoria y, el nexo causal que deviene de no existir una causal de exoneración de responsabilidad

[-..P. En la parte resolutiva, el a quo condenó exclusivamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 90) SMLMV a Robinson Miguel Martínez Chamorro, María Patricia, Yulanis Paola, Daniel Eduardo Martínez Ortega, Herlinda María Chamorro Barreto y Mario Rafael Martínez Meriño, 45 SMLMV a Nelcy Esther Martínez Oviedo, Geomaris Ester y Osvaldo Rafael Martínez Chamorro; y por lucro cesante, la suma de $10"370.674,55 a Robinson Miguel Martínez Chamorro.

5. Recursos de apelación Los días 41! y 61? de mayo de 2015 el extremo activo y la Nación - Fiscalia General de la Nación interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 4 de agosto de 20151 y admitidos el 29 de septiembre de 201511. 5.1. La parte demandante?” solicitó reconocer las pretensiones invocadas frente a Eirlanis Isabel Ortega Sequeda, así como los perjuicios solicitados a título de daño

5.1. La parte demandante?” solicitó reconocer las pretensiones invocadas frente a Eirlanis Isabel Ortega Sequeda, así como los perjuicios solicitados a título de daño emergente y "extra patrimoniales por violación de los derechos fundamentales de los demandantes”. 5.2. La Fiscalía General de la Nación? reiteró que no ocasionó un daño antijuridico a los demandantes, porque sus actuaciones se surtieron en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. 11 Fl, 322a 329. C.P. 2 Fl. 343 a 355, C.P. 13 Fl, 412, CP. 14 Fl, 418, C.P. 15 Fl, 322 a 329. C.P. 16 Fl. 343 a 355, C.P, Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (55145)

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de noviembre de 20157 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante?? y la Nación - Fiscalía General de la Nación?? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Nación — Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio?”,

11. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 16 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la

de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8621 del Código Contencioso Administrativo. 17 Fl, 420, C.P. 18 Fl, 422 a 438, C.P. 1 Fl. 439 a 444, C.P 20 Fl..457, C.P. 21 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas O hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otrosRadicado: 70001333100020070008501 (55145) Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otros En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?? estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables. y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los Órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no

justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público To que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.Radicado: 70001333100020070008501 (55145)

Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otros

1 Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que ta acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la tey y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho, Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la.ocurrencia del fenómeno indicado”.10

Radicado: 70001333100020070008501 (55145) Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad

Radicado: 70001333100020070008501 (55145) Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: ¡) que el proveido del 20 de junio de 2005, mediante el cual se absolvió de responsabilidad penai a Robinson Miguel Martínez Chamorro, quedó ejecutoriado el 8 de julio de 2005, según da cuenta copia auténtica del edicto de notificación, suscrito por el Secretario del Juzgado 2% Promiscuo del Circuito Judicial de Corozal?”; y i) que la demanda se presentó el 22 de junio de 20062,

4. Legitimación en la causa 4.1. Robinson Miguel Martínez Chamorro (víctima), Eirlanis Isabel Ortega Sequeda

(esposa), María Patricia Martínez Ortega (hija), Yulanis Paola Martínez Ortega (hija), Daniel Eduardo Martínez Ortega (hijo), Nelcy Esther Martínez Oviedo (hermana), Geomaris Ester Martínez Chamorro (hermana), Osvaldo Rafael Martínez Chamorro (hermano), Herlinda María Chamorro Barreto (madre) y Mario

(hermana), Geomaris Ester Martínez Chamorro (hermana), Osvaldo Rafael Martínez Chamorro (hermano), Herlinda María Chamorro Barreto (madre) y Mario Rafael Martínez Meriño (padre), están legitimados en la causa por activa ,ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 70001-22-04-002-2004-00309-00%%, según da cuenta copia auténtica de las providencias proferidas en dicha causa penal%%, y los demás conforman su 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622: Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130: Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206, Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 27 Fl. 107 y 108, C.2. 28 FI, 36, C.2. 22C.3aC.6: 30 Fl. 787 a824,C.5.y Fl. 116a145,C.6.

Demandante: Robinson Miguel Martinez Chamorro y otros11

Radicado: 70001333100020070008501 (55145) núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento?! y del registro civil de matrimonio2%. 4.2. La Nación está legitimada en ta causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Nación - Fiscalía Genera! de la Nación y la Rama Judicial, de conformidad. con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección,

4.2. La Nación está legitimada en ta causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Nación - Fiscalía Genera! de la Nación y la Rama Judicial, de conformidad. con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Robinson Miguel Martínez Chamorro y la segunda lo absolvió.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: ¡) si las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura cumplieron con los presupuestos legales, o si estas generaron un daño antijurídico que el Estado deba indemnizar, y li) si el Estado cumplió los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria y para definir la situación jurídica del procesado, o si se prolongó injustificadamente la detención del procesado generando un daño antijurídico que el Estado debe reparar.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 31 FI, 45, 47256, C. 1. 32 Fl 501 a 503, C..P. El 2 de diciembre de 2016, el Despacho tuvo como prueba e! registro civil de matrimonio de Robinson Miguel Martínez Chamorro y Eirlanis Isabel Ortega Sequeda. 33 FL. 500, C.P. 34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420,

Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otros12

33 FL. 500, C.P. 34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420,

Demandante: Robinson Miguel Martínez Chamorro y otros12

Radicado: 70001333100020070008501 (55145) 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991%5 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y li) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal? o que está desprovista de una causa que la justifique?, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con tos criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto%, Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio

atribución en el caso concreto%, Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 35 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 . 37 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2? ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 3% Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386.

Demandante: Robinson Miguel Mar