CE - 012331000200700217011SENTENCIA20230201134253

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA /

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 50001233100020070021701 (61702)

Demandante: RICARDO RODRÍGUEZ CAJAMARCA Demandado: NACIÓN -— FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación de la libertad. Ley 600 de 2000. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA | La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación — Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO Los días 25 y 27 de febrero de 2004, Efraín García Perdomo y Wilson Quiroga Ariza, respectivamente, presentaron denuncia penal contra Ricardo Rodríguez Cajamarca, personero del municipio de La Uribe (Meta), pues consideraron que era auxiliador de las FARC. Por ello, el 16 de junio de 2005, la Fiscalia 8” Especializada de Villavicencio dispuso dar apertura a una instrucción penal en contra del señor Rodríguez Cajamarca y ordenó su captura con fines de indagatoria, pues consideró que era presunto autor de los delitos de rebelión y constreñimiento al sufragante. - En consecuencia, el 2 de julio de 2005, agentes de la Policía Nacional capturaron

que era presunto autor de los delitos de rebelión y constreñimiento al sufragante. - En consecuencia, el 2 de julio de 2005, agentes de la Policía Nacional capturaron al sindicado, quien rindió indagatoria el 6 de julio siguiente ante el referido ente investigador. Posteriormente, el 18 de julio de 2005, la Fiscalía 20 Seccional de Granada se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata. Finalmente, mediante proveído de 25 de septiembre de 2006, la Fiscalía 8”Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca Especializada de Villavicencio precluyó la investigación penal seguida en contra del imputado por in dubio pro reo. El demandante considera que la captura con fines de indagatoria de la que fue objeto devino en injusta, puesto que la. investigación penal adelantada en su contra fue precluida por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos de rebelión y constreñimiento al sufragante.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 19 de julio de 2007, Ricardo Rodríguez Cajamarca, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, la suma de 1.300 SMLMV;

objeto. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, la suma de 1.300 SMLMV; por daño a la vida de relación, la suma de 200 SMLMV, por daño emergente, la suma de $32.538.133; y por lucro cesante, la suma de $35.000.000.- En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que los días 25 y 27 de febrero de 2004, Efraín García Perdomo y Wilson Quiroga Ariza, respectivamente, presentaron denuncia penal contra Ricardo Rodríguez Cajamarca, personero del municipio de La Uribe (Meta), pues consideraron que era auxiliador de las FARC. Sostiene que el 16 de junio de 2005, la Fiscalía 8” Especializada de Villavicencio dispuso dar apertura a una instrucción penal en contra del señor Rodríguez Cajamarca y ordenó su captura con fines de indagatoria, por ser presunto autor de los delitos de rebelión y constreñimiento al sufragante. 1Fl. 1a 12, 146 a 151, C. 2.Radicado: 5000123310002090700217 01 (61702) Demandante; Ricardo Rodríguez Cajamarca Argumenta que el 2 de julio de 2005, agentes de la Policía Nacional capturaron al sindicado y el 6 de julio siguiente, rindió indagatoria: ante el referido ente investigador. Sostuvó que el 18 de julio de 2005, la Fiscalía 20 Seccional de Granada se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento en contra y ordenó su libertad inmediata. Concluye que mediante proveído de 25 de septiembre de 2006, la Fiscalia 8

de imponerle medida de aseguramiento en contra y ordenó su libertad inmediata. Concluye que mediante proveído de 25 de septiembre de 2006, la Fiscalia 8 Especializada de Villavicencio precluyó la investigación penal seguida en contra del imputado por ín dubio pro reo. | El demandante considera que la captura con fines de indagatoria de la que fue objeto devino en injusta, puesto que la investigación penal adelantada en su contra fue precluida por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión de los delitos de rebelión y constreñiimiento al sufragante. Textualmente señala en la demanda: “f[...] es claro, entonces, que el daño así causado se imputa, en forma solidaria, a la Nación Fiscalía General de la Nación Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en relación con las acciones realizadas por la Fiscalía 8? Especializada de Villavicencio, quien me profirió orden de captura [...] que como se dijo en los hechos de este escrito, se produjo bajo meras presunciones y sin tener en cuenta el más mínimo sentido de proporcionalidad, en consideración a informes de policía absolutamente amañados y falsos [...]'?.

2. Contestación El 6 de abril de 2010%, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2 FI, 149C. 2. 3 FL 98 y 99, C. 2.Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación argumentó que sus actuaciones se

3 FL 98 y 99, C. 2.Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación argumentó que sus actuaciones se surtieron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le habían sido conferidas. En efecto, advirtió que la orden de captura se adoptó con fundamento en el informe de inteligencia del uniformado de la Policia Nacional Aníbal Sierra Ramírez que permitía establecer, preliminarmente, la participación del imputado en la comisión de tas conductas investigadas. 2.2. La Nación — Misterio de Defensa Nacional - Policía Nacional? argumentó que el hecho lesivo alegado por el extremo activo no le era imputable, pues actuó en cumplimiento de una orden emitida por autoridad judicial. 2.3. La Nación — Misterio de Defensa Nacional — Ejército Nacional” arg umentó que no participó en la investigación ni en la captura del procesado. Por ello, solicitó declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 22 de abril de 20148, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La Nación - Fiscalia General de la Nación? y el Misterio de Defensa NacionalPolicía Nacional reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. El demandante!!, la Nación — Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional!? y el Ministerio Público?3 guardaron silencio. 4 Fl. 125a 133,0.2. 5 Fl, 134 a 136, C. 2.

3.2. El demandante!!, la Nación — Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional!? y el Ministerio Público?3 guardaron silencio. 4 Fl. 125a 133,0.2. 5 Fl, 134 a 136, C. 2. $ Mediante auto de 6 de abril de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta se ordenó vincular a la Nación — Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

7Fl.113a115,C.2. $ FL 318, C. 1. 2 FL 347 a354,C.1. .. 19 Fl, 341 a 346, C. 1. 11 FI 374,C.1. 12 F, 374,C. 1.

13F1,374,C.4..Radicado: 500012331000200700217 01 (61702)

Demandante: Ricardo Rodríguez Cajámarca

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 25 de enero de 2018, el Tribuna! Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Ricardo Rodríguez Cajamarca fue injusta, toda vez que se precluyó la investigación penal seguida en su contra y este era uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, el a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio Defensa NacionalPolicia Nacional y Ejército Nacional, al constatar que no tuvieron injerencia en la causación del daño antijurídico alegado por el extremo activo.

Al efecto sostuvo que: “[...] Se recuerda en primera medida, que en casos como

Policia Nacional y Ejército Nacional, al constatar que no tuvieron injerencia en la causación del daño antijurídico alegado por el extremo activo.

Al efecto sostuvo que: “[...] Se recuerda en primera medida, que en casos como éste, donde se demanda la privación de la libertad de un ciudadano que culminó con preclusión porque el hecho no lo cometió, debe evaluarse bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, cuyo título de imputación es el daño especial, en el que no es necesario probar la culpa del agente del Estado, sino que a la parte demandante sólo le corresponde demostrar el daño antijurídico y el nexo causal [...] Probada como está la limitación injusta del derecho a la libertad, la Sala concluye que el daño antijurídlico que se le reclama es imputable fáctica y jurídicamente a la Nación.-- Fiscalía General de la Nación, como quiera que la investigación se dio bajo el procedimiento de la Ley 600 del 2000 según la cual la acción penal se ejercía por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de instrucción, y en el asunto se observa (sic) fue quien profirió la decisión que vinculó al demandante y ordenó de

(sic) detención [...] [L]a investigación en la cual se vio inmerso el señor Ricardo Rodríguez Cajamarca, tiene origen en las declaraciones recepcionadas por el Comandante de la Estación de Policía del Municipio de Uribe, así como también en los resultados obtenidos en la “operación neblina, adelantada por el Departamento de Policía del Meta en cuyo informe se señala al demandante como una de las personas que estaba vinculadas con el grupo ilegal de las FARC, se debe destacar que la Fiscalía General de la Nación por intermedio del Fiscal de conocimiento gue

de Policía del Meta en cuyo informe se señala al demandante como una de las personas que estaba vinculadas con el grupo ilegal de las FARC, se debe destacar que la Fiscalía General de la Nación por intermedio del Fiscal de conocimiento gue 14 Fl. 416 a 429, C. P.Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca decide librar orden de captura para llevar a cabo la diligencia de indagatoria con el único argumento que al parecer los indicados pertenecían un (sic) grupo ilegal y no se presentarían de manera voluntaria a la diligencia presumiendo de entrada el funcionario instructor que el demandante incumpliria con su deber de colaboración con la justicia”. En la parte resolutiva, el a quo condenó exclusivamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a Ricardo Rodríguez Cajamarca, por perjuicios morales, 15 SMLMV; por bienes constitucionalmente protegidos, 70 SMLMV: por lucro cesante, la suma de $5.790.703; y por daño emergente, $30"141.843.

5. Recurso de apelación El 13 de febrero de 20185, la Nación — Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 24 de abril de 2018 y admitido el 13 de agosto de 2018", 5.1. La Nación — Fiscalía General de la Nación? consideró que no se configuró un daño antijurídico, pues si bien el sindicado fue capturado con fines de indagatoria, lo cierto es que no se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su contra.

daño antijurídico, pues si bien el sindicado fue capturado con fines de indagatoria, lo cierto es que no se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su contra.

Al efecto sostuvo: “[...] [Eja Fiscalía se abstuvo de decretar medida aseguramiento en contra de Ricardo Rodríguez Cajamarca demandante, cuando encontró que no existía prueba mínima que condujera a la producción de una detención preventiva, [...] lo que realizó la entidad fue una captura, que genera por parte de la Fiscalía la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado, por lo que el sindicado debía esperar los resultados de la etapa de instrucción [...] no le corresponde a los actores derecho (sic) para reclamar condena a la Fiscalía por esía finalización del proceso en tanto que nunca hubo detención preventiva, sólo rs A AS 15 FJ, 430 a 447, CP. 16 Fl, 457, CP. 17 Fl 462, C.P. 18 FL 430 a 447, C.P.Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca existió captura, que no puede ser equiparada a una medida aseguramiento detención preventiva”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 18 de septiembre de 20181? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación”? reiteró los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y en el recurso de apelación. 6.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio Defensa Nacional - Policía Nacional, Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio?”.

en el trámite de primera instancia y en el recurso de apelación. 6.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio Defensa Nacional - Policía Nacional, Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio?”.

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86? del Código Contencioso Administrativo. 18 Fl. 465, C.P. 20 Fl 439 a: 444, C.P 21 FI, 490, C.P. 22 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otraRadicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y a la Nación - Ministerio Defensa Nacional - Policia Nacional.

3. Vigencia de la acción

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y a la Nación - Ministerio Defensa Nacional - Policia Nacional.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades. legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia.procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, 6 cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución juridico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución juridico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso-a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente aque la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaría a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.Radicado: 500012331000200700217 01 (61702)

Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca

acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaría a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos, Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia”, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a

potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación 25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararta de oficio cuando verifique fa conducta inactiva del sujeto procesal! llamado a interponer determinada acción judicial”. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... fs]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. t10

Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?”. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 25 de septiembre de 2006, mediante el cual se precluyó la investigación de Ricardo Rodríguez Cajamarca, quedó ejecutoriado el 13 de octubre de 2006, según da cuenta copia auténtica del oficio sin fecha suscrito por el Asistente de Fiscal IV de la Fiscalia 20 Seccional de Granada?; y ii) que la demanda se presentó el 19 de julio de 2007?.

4. Legitimación en la causa

por el Asistente de Fiscal IV de la Fiscalia 20 Seccional de Granada?; y ii) que la demanda se presentó el 19 de julio de 2007?.

4. Legitimación en la causa 4.1. Ricardo Rodríguez Cajamarca está legitimado en la causa por activa, ya que fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 3494, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta copia auténtica de las providencias proferidas en dicha causa penal%, 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130: Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716, 28 FL 386, C.1. El oficio suscrito estableció que desde el 10 de octubre de 2006 comenzaba a correr el término de ejecutoria de 3 dias: f...] octubre 10 de 1006. A partir de la fecha comienza correr los tres días de ejecutoria de la Resolución fecha septiembre 25 de 2006. Vencido estos el 12 de los cursante a las 18:00 horas, conste [...] 29 FL 12,C. 2. 3 C.3aC. 14.11 -Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional y la Fiscalia

Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional y la Fiscalia General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que agentes de la primera fueron quienes capturaron a Ricardo Rodríguez Cajamarca y la segunda ordenó su captura con fines de indagatoria. 4.3. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional, por cuanto dicha institución no realizó la captura de

Ricardo Rodríguez Cajamarca.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: ¡) si las actuaciones de la Fiscalía General de laNación en punto de la captura cumplieron con los presupuestos legales, o si estas generaron un daño antijurídico que el Estado deba indemnizar; y ii) si el Estado cumplió los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria y para definir la situación jurídica del procesado, o si se prolongó injustificadamente la detención del procesado generando un daño antijurídico que el Estado debe reparar.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420. ,12

Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

20420. ,12

Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ¡i) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida?, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto?” Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 32 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 32 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000, Rad.: 11945 %4 Cfr. De Cupis. Adriano, Teoria General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499: Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 36 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386,13

Radicado: 500012331000200700217 01 (61702) Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó en la Ley'270 de

Demandante: Ricardo Rodríguez Cajamarca 6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la lib