CE - 012331000200700703011SENTENCIA20230416210612

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 68001233100020070070301 (42430)

Demandante: LUDWING MAYORGA MEDINA

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES — DIAN : Tema: Privación de la libertad. Ley 600 de 2000. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 18 de abril de 2000, el Jefe del Grupo Interno de la DIAN presentó denuncia penal - contra Ludwing Mayorga Medina, representante legal de la. Comercializadora Nacional de Tubos y Láminas Ltda., afirmando que había presentado las declaraciones de retención en la fuente de septiembre y octubre de 1998, sin realizar el pago correspondiente. Dicho proceso correspondió por reparto a la Fiscalía 4? Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bucaramanga y se tramitó con el número de radicado 2000-00250-01.

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2002, el Juzgado 1 Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a Ludwing Mayorga Medina a pena de prisión de 18

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2002, el Juzgado 1 Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a Ludwing Mayorga Medina a pena de prisión de 18 meses por el delito de omisión de agente retenedor. El 30 de octubre de 2004, agentes de la Policía Nacional capturaron al sentenciado. Luego, el 2 noviembre siguiente, la DIAN informó al Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga que los días 26 de junio de 2001 y 10 de julio de 2002, .Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina el contribuyente había pagado la obligación tributaria. Por ello, mediante providencia del 4 de noviembre de 2004, el citado Juzgado de Ejecución de Penas ordenó su libertad. Finalmente, mediante proveído del 11 de abril de 2007, la Sala Penal del - Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos la decisión acusada y cesó el procedimiento por. extinción de la acción penal seguida contra Ludwing. Mayorga Medina, al constatar que el contribuyente había acreditado el cumplimiento de la obligación tributaria. El demandante considera que la privación de la libertad de la que fue objeto fue injusta, porque la DIAN omitió informar al Juzgado 1? Penal del Circuito de Bucaramanga el pago y consecuente extinción de la obligación tributaria.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 10 de diciembre de 2007, Ludwing Mayorga Medina, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 10 de diciembre de 2007, Ludwing Mayorga Medina, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar a por perjuicios morales, la suma de $276.734.000; y por lucro cesante, la suma de $26.134.000. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 18 de abril de 2000, el Jefe del Grupo Interno de la DIAN presentó denuncia penal contra Ludwing Mayorga Medina, representante legal de la Comercializadora Nacional de Tubos y Láminas Ltda., afirmando que había presentado las declaraciones de retención en la fuente de septiembre y octubre de 1998, sin realizar el pago correspondiente. Indica que dicho proceso correspondió por reparto a la Fiscalía 4? Delegada Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bucaramanga y se tramitó con el Í número de radicado 2000-00250-01. 1FI, 36, €. 1.Radicado; 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mavorga Medina Señala que, mediante providencia del 18 de diciembre de 2002, el Juzgado 1 Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a Ludwing Mayorga Medina a pena de prisión de 18 meses por el delito de omisión de' agente retenedor. Asimismo, en la mencionada providencia el Juzgado referido concedió el subrogado penal de la

del Circuito de Bucaramanga condenó a Ludwing Mayorga Medina a pena de prisión de 18 meses por el delito de omisión de' agente retenedor. Asimismo, en la mencionada providencia el Juzgado referido concedió el subrogado penal de la suspensión condicional de ejecución de la pena. Aduce que mediante proveído del 17 de mayo de 2004, el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga revocó el subrogado penal referido y ordenó la ejecución de la pena en establecimiento carcelario, al evidenciar que el señor Mayorga Medina no había comparecido dentro de los 90 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria con el fin de suscribir el acta compromisoria. Argumenta que el 30 de octubre de 2004, agentes de la Policía Nacional capturaron al sentenciado. : Afirma que el 2 noviembre siguiente, la DIAN informó al Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga que los días 26 de junio de 2001 y 10 de julio de 2002, el contribuyente había pagado la obligación tributaria. Sostiene que, mediante providencia del 4 de noviembre de 2004, el citado Juzgado de Ejecución de Penas otorgó el subrogado penal de la suspensión condicional de ejecución de la pena al sentenciado y, en consecuencia, ordenó su libertad. Manifiesta que, en fecha indeterminada, el apoderado judicial del señor Mayorga Medina interpuso acción de revisión contra la sentencia del 18 de diciembre de 2002, proferida por el Juzgado 1? Penal del Circuito de Bucaramanga, considerando

Manifiesta que, en fecha indeterminada, el apoderado judicial del señor Mayorga Medina interpuso acción de revisión contra la sentencia del 18 de diciembre de 2002, proferida por el Juzgado 1? Penal del Circuito de Bucaramanga, considerando que la acción penal se había extinguido por el pago de la obligación tributaria. Afirma que, mediante proveído del 11 de abril de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos la decisión acusada y cesó el procedimiento por extinción de la acción penal seguida contra Ludwing MayorgaRadicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina Medina, al constatar que el contribuyente había acreditado el cumplimiento de la obligación tributaria. El demandante considera que la privación de la libertad de la que fue objeto fue injusta, porque la DIAN omitió informar al Juzgado 1% Penal delCircuito de Bucaramanga el pago y consecuente la extinción de la obligación tributaria. Textualmente en el libelo introductorio se demanda a la DIAN por: “[...] los daños y perjuicios ocasionados con la detención cumplida [...] y luego otorgada su libertad mediante fianza, y por haberse producido la condena [...], estando canceladas las obligaciones por las cuales se denunció a Mayorga Medina, por parte de la DIAN [...], entidad que fue negligente en informar al Juzgado [...] del depósito y a consecuencia de tal conducta se indujo en error que devino en la privación de la libertad indicada [...J”.

2. Contestación El 23 de enero de 2008? el Tribunal Administrativo de Santander admitió la

consecuencia de tal conducta se indujo en error que devino en la privación de la libertad indicada [...J”.

2. Contestación El 23 de enero de 2008? el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN$ argumentó que no ocasionó un daño antijurídico al demandante, porque presentó la denuncia penal encumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Como excepciones formuló las que denominó “inepta demanda por falta de legitimidad subjetiva” y “ausencia de culpa del ente demandado”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 18 de noviembre de 2009, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 FL 49y50,C.4. . ona 3 Fl. 54a76,C.1. 4 Fl 96, C. 1.Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina 3.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. El extremo activo y el Ministerio Público guardaron silenciof.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 28 de julio de 2011”, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la DIAN no fue la entidad que ocasionó la privación de la libertad de la que fue objeto Ludwing Mayorga

Medina.

Al efecto sostuvo que: “[...] Sin embargo, de las pretensiones y los hechos expuestos

que ocasionó la privación de la libertad de la que fue objeto Ludwing Mayorga Medina.

Al efecto sostuvo que: “[...] Sin embargo, de las pretensiones y los hechos expuestos en la demanda, se observa que el hecho por el cual se generó la privación de la libertad no es otro que la condena impuesta al accionante y posterior orden de captura, con base en la misma, decisiones tomadas por los Juzgados que tenían el conocimiento del proceso en las respectivas instancias, y no la supuesta omisión de la [...] DIAN quien no está legitimada para tomar ese tipo de decisiones pues no es sino el simple recaudador de impuestos y aduanas de la Nación [...J”.

5. Recurso de apelación El 11 de agosto de 20118, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 16 de septiembre de 2011 y admitido el 21 de noviembre de 201110. 5.1. El extremo activo?? argumentó que el daño antijurídico devino de las actuaciones adelantadas por la DIAN, pues dicha entidad no informó oportunamente al Juzgado 1?

Penal del Circuito de Bucaramanga que el señor Mayorga Medina había pagado las 5 F1142a 156, C. 1. $ FL, 157, C. 1. 7 FI. 158 a 162, C. P. 8 FI, 165,C.P. 2 FI. 172,C.P. FL 178, C.P. 1 Fl. 165 a 170, C.P.Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina declaraciones de retención en la fuente correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 1998.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Demandante: Ludwing Mayorga Medina declaraciones de retención en la fuente correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 1998.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 16 de enero de 20121? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El demandante?? y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y la contestación de la demanda, respectivamente. 6.2. El Ministerio Público guardó silencio?5.

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuésto contra la sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo. 12 Fl. 180, C.P. 13 Fl. 181 y 182, C.P. 14 Fl. 183 a 188, C.P. 15 Fl, 195, C.P, 18 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o laRadicado: 68001233100020070070301 (42430)

18 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o laRadicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente atribuible a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor

ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesara para la estabilidad def derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?%, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenéce

20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenéce inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantia para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en

carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveido del 11 de abril de 2007, por medio del cual cesó el procedimiento por extinción de la acción penal seguida en contra de Ludwing Mayorga Medina, quedó ejecutoriado ese mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 20002; y ii) que la demanda se presentó el 10 de diciembre de 20072.

4. Legitimación en la causa 4.1. Ludwing Mayorga Medina está legitimado en la causa por activa, ya que fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 6800131-04-004-01-2000-00250-01, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta copia auténtica de las providencias proferidas en dicha causa penal?. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622: Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 22 “Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de nofificadas sino se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación,

después de nofificadas sino se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (...).” 23 Fl, 46, €. 1. 20.2.10 Radicado; 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina 4.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN está legitimada en la causa por pasiva, pues, según la demanda, fue la entidad que ocasionó la privación de la libertad de la que fue objeto Ludwing Mayorga Medina, ya que omitió informar al Juzgado 1” Penal del Circuito de Bucaramanga del pago de la obligación tributaria por la cual fue condenado el 18 de diciembre de 2002, por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Bucaramanga.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ocasionó un daño antijurídico a Ludwing Mayorga Medina, porque no informó al Juez Penal que lo procesaba por el delito de omisión de agente retenedor, del pago de la obligación tributaria que este realizó.

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para

generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y li) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la 25 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos.que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno-de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.11

Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina ley o el derecho, que contraría el orden legal? o que está desprovista de una causa que la justifique??, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida??, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para

patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto? Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó en la Ley 270 de 1996 la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente: “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por fos daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”. 26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 27 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Angel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial 5.4.1975. Pág.90. 28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 22 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386.12

Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ladwing Mayorga Medina sn La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad”.

En cuanto a esta última, esto. es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, consagró que: “Articulo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente - de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación32 en particutar, por lo que en aplicación del principio jura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la

de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación32 en particutar, por lo que en aplicación del principio jura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar. sintonia con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la | solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba 4 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996. 32 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.13

Radicado: 68001233100020070070301 (42430) Demandante: Ludwing Mayorga Medina la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenid