CE - 012331000200800221012SENTENCIA20230303162137

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓON C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 27001233100020080022101 (55691)

Demandante: PATROCINIO SÁNCHEZ MONTES DE OCA Y OTROS Demandado: NACIÓN — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. No se acreditó el daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación — Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO En fecha indeterminada, la Contraloría General de la República compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara “el indebido manejo de las transferencias por recursos de ingresos corrientes de la Nación” que hiciera el municipio de Quibdó (Chocó). Por ello, el 28 de octubre de 2004, la Fiscalía 4 Seccional de Quibdó citó a rendir indagatoria a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien fuera el alcalde de Quibdó (Chocó), pues consideró que podía ser autor de los delitos de peculado por aplicación oficial diferente y prevaricato por omisión.

quien fuera el alcalde de Quibdó (Chocó), pues consideró que podía ser autor de los delitos de peculado por aplicación oficial diferente y prevaricato por omisión. Posteriormente, el 20 de enero de 2006, la Fiscalía 4? Seccional de Quibdó impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Sánchez Montes de Oca, exclusivamente por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Seguidamente, el 22 de enero de 2006, agentes de la Policía Judicial capturaron a Patrocinio Sánchez Montes de Oca. No obstante, el 3 deRadicado: 27001233 100020080022101 (5569 15

Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros marzo de 2006, el Juzgado 2% Penal del Circuito de Quibdó revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del sindicado, pues “os bienes no salieron del dominio o la esfera de la administración pública”. Finalmente, mediante proveído del 5 de diciembre de 2006, la Fiscalía 4 Seccional de Quibdó precluyó la investigación penal adelantada en contra de Patrocinio Sánchez Montes de Oca por “afipicidad de su conducta”. Los demandantes consideran que la detención de Patrocinio - Sánchez Montes de Oca fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal adelantada en su contra por “atipicidad de su conducta”.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 5 de diciembre de 20081, Patrocinio, Luz María, Odín, Sirle Esther, Orlene, Adalgiza, Yenni Isabel, Siris, Sonny Ubertina, Rosicler, Lucena y Astrid Sánchez

1. Demanda El 5 de diciembre de 20081, Patrocinio, Luz María, Odín, Sirle Esther, Orlene, Adalgiza, Yenni Isabel, Siris, Sonny Ubertina, Rosicler, Lucena y Astrid Sánchez Montes de Oca; Diana Lucero, Martha” y Deivis Yuseth Sánchez Pinilla; Jaime Antonio, Amin de Jesús, Leidy Stella, José Israel, Danny Patricia y Glenis del Carmen Moreno Sánchez; Elizabeth, Celmira, Jafet, Darinson, Luis Ignacio y Marcos Bejarano Sánchez; Persides María y Yanil Hinestroza Sánchez; Matilde y

Juan Arístides Mena Garcia; Zunilda Sánchez Mena, Nemesio Sánchez de González, Alejandra Morales Sánchez; Alejandro y Sebastián Ramírez Sánchez; María Paula y Laura Camila Asprilla Sánchez; Angélica María Gómez Castañeira, Yonny Luddy Sánchez Rentería, Luis Eduardo Trujillo Sánchez, Mady Lorena Mena Herrera, Luisa Isabel Sánchez de Bejarano y Celmira Sánchez Hinestroza, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la: acción de reparación directa, presentaron - demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial por los perjuicios irrogados con ocasión de la privación de ta libertad de la que fue | objeto Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño emergente, la suma de $60.000.000 a Patrocinio Sánchez 1FI 1a20,C. 1.Radicado: 27001233100020080022101 (55691)

accionantes; por daño emergente, la suma de $60.000.000 a Patrocinio Sánchez 1FI 1a20,C. 1.Radicado: 27001233100020080022101 (55691) Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros Montes de Oca; y, por lucro cesante, la suma de $300.000.000 a Patrocinio Sánchez Montes de Oca. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en fecha indeterminada, la Contraloría General de la República compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara “el indebido manejo de las transferencias por recursos de ingresos corrientes de la Nación” que hiciera el municipio de Quibdó (Chocó). | | Señala que por ello, el 28 de octubre de 2004, la Fiscalía 4? Seccional de Quibdó citó a rendir indagatoria'a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien fuera el alcalde de Quibdó (Chocó), pues consideró que podía ser autor de los delitos de peculado por aplicación oficial diferente y prevaricato por omisión. Aduce que el 20 de enero de 2006, la Fiscalia 4? Seccional de Quibdó impuso - medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Sánchez Montes de Oca, exclusivamente por el delito de peculado por apropiación , en favor de terceros. Manifiesta que el 22 de enero de 2006, agentes de la Policía Judicial capturaron a Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Sostiene que en fecha indeterminada, la defensa de Patrocinio Sánchez Montes de Oca solicitó al ente acusador realizar un control de legalidad de la medida de

Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Sostiene que en fecha indeterminada, la defensa de Patrocinio Sánchez Montes de Oca solicitó al ente acusador realizar un control de legalidad de la medida de detención preventiva que había impuesto el 20 de enero de 2006. | Señala que el 3 de marzo de 2006, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Quibdó revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del sindicado, pues “Jos bienes no salieron del dominio o la esfera de la administración pública ”. Finalmente, afirma que mediante proveído del 5 de diciembre de 2006; la Fiscalía 4 Seccional de Quibdó precluyó la investigación penal adelantada en contra de Patrocinio Sánchez Montes de Oca por “atipicidad de su conducta”.Radicado: 27601233 100020080022 01 ( 55691 y - Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y etros Los demandantes consideran que la detención de Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal adelantada en su contra por “afipicidad de su conducta”. Textualmente los demandantes solicitan: “[...] que la Nación — Rama JudicialFiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable por la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados [...] como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto Patrocinio. Sánchez Montes de Oca [...] pues como | bien sentenció la Fiscalia 4? Seccional de Quibdó en Resolución de fecha 5 de - diciembre de 2006, las conductas de este eran atípicas [...] Pese a esta atipicidad,

| bien sentenció la Fiscalia 4? Seccional de Quibdó en Resolución de fecha 5 de - diciembre de 2006, las conductas de este eran atípicas [...] Pese a esta atipicidad, el señor Sánchez Montes de Oca, permaneció por espacio de casí dos meses en las instalaciones de la penitenciaria de Quibdó, desde el 22 de enero al 3 de marzo de 2006 [...]”.

2. Contestaciones El 19 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación? manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le habían sido ' conferidos. 2.2. La Rama Judicial guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 6 de diciembre de 2010, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 Fl, 225, C.1. 3 Fl. 231 a 238, C.1. 4 Fl. 298, C.1.Radicado: 27001233 100020080022101 (35691) 3.1. La Fiscalia General de la Nación? reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. La parte demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. |

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 23 de junio de 2015 el Tribunal Administrativo de Antioquia”

3.2. La parte demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. |

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 23 de junio de 2015 el Tribunal Administrativo de Antioquia” accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue injusta, toda vez que se precluyó la investigación penal seguida.en su contra porque "los supuestos facticos por los cuales se inició el proceso penal no tuvieron lugar”, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, consideró que el daño antijurídico no era imputable a la Rama Judicial, al estimar que ésta no tuvo injerencia en la causación del daño antijurídico alegado por los demandantes.

Al efecto sostuvo que: “f...] de conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, en especial con el reporte de captura de la Fiscalía General de la Nación, la Corporación encuentra que el demandante Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 22 de enero de 2006 hasta el 3 de marzo de ese mismo año, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción y omisión, sín embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante [...]. Así pues, cuando se ha probado que los supuestos facticos por los cuales se inició el proceso penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el' que se comprobó que no puede configurarse el punible de peculado por apropiación a favor de terceros cuando los recursos económicos de una entidad

los cuales se inició el proceso penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el' que se comprobó que no puede configurarse el punible de peculado por apropiación a favor de terceros cuando los recursos económicos de una entidad 5 Fl 299 a 304, C. 1. $ Fl. 397 a 409, C. 2. 7 El Tribunal Administrativo del Chocó remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia en virtud del artículo 18 del Acuerdo No. PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015, por el cual se prorrogan, ajustan y adoptan medidas de descongestión.

Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otrosRadicado: 27001233 100020080022101 (55691) Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros estatal pasan a otra de la misma categoría [...]. Por consiguiente, se impone concluir que el señor Patrocinio Sánchez Montes de Oca no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado como antijurídico [...]. Finalmente, comprobado certeramente en el sub judice que el señor Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue privado de la libertad desde el 22 de enero de 2006 hasta el 3 de marzo de ese mismo año, de manera injusta”, lo que es atribuible a la administración de justicia representada en este caso por la Fiscalía General de la Nación, los presupuestos basilares para declarar la responsabilidad estatal, se encuentran satisfechos, por lo que procede la condena deprecada [...J”.

En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios. morales, 35 SMLMV a Patrocinio

En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios. morales, 35 SMLMV a Patrocinio Sánchez Montes de Oca y Luz María Montes de Oca de Sánchez, y 17,5 SMLMV a Sirle Esther Sánchez Montes de Oca, Orlene Sánchez Montes de Oca, Adalgisa María Sánchez Montes de Oca, Yenny Isabel Sánchez Montes de Oca, Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, Sonny Ubertina Sánchez Montes de Oca, Rosicler María Sánchez Montes de Oca, Astrid Sánchez Montes de Oca, Yonny Luddy Sánchez Rentería, Diana Lucero Sánchez Pinilla, Martha Sánchez Pinilla y Deivis Yuseth Sánchez Pinilla; y por lucro cesante, la suma de $1.101.246 a Patrocinio Sánchez Montes de Oca. 5, Recurso de apelación El 15 de julio de 2015$, la Nación — Fiscalia General de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 22 de septiembre 2015% y admitido el 24 de noviembre de 201510, 5.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación?! manifestó que su actuar estuvo amparado en las disposiciones sustanciales y formales que regían el procedimiento penal. Además, indicó que la privación de la libertad era una carga que el procesado $ Fl 413a416,C.2. 9 Fl, 440 a441,C.2. 10 F/, 447, C.2. 1 Fl. 413 a416, C. 2.Radicado: 2700 233 100020080023101 (55691) Demandante: Par ocinio Sánchez Montes de Oca y otros >

10 F/, 447, C.2. 1 Fl. 413 a416, C. 2.Radicado: 2700 233 100020080023101 (55691) Demandante: Par ocinio Sánchez Montes de Oca y otros > debía soportar, porque existian indicios graves de responsabilidad penal que daban cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito de peculado por apropiación: a favor de terceros.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia os El 26 de enero de 20161? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Fiscalia General de la Nación! reiteró los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia. - | + 6.2. La parte demandante, la Rama Judicia! y el Ministerio Público guardaron “a silencio?,

Il. CONSIDERACIONES '

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra' la sentencia del 23 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. o e

2. Acción procedente «A z La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier. otra actuación

12 Fl, 449, C. 2. | | OS | 13 FL 450 a 454,02. . o a a 14 Fl, 463, C. 2. | | |Radicado: 27001233 100020080022 101 (55691) Demandante: Patrocimo Sánchez Montes de Ova y otros estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 865 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?”, ofrecer estabilidad del 15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?”, ofrecer estabilidad del 15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. ” 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, :en-uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalménte a que la

17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalménte a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar elRadicado: 27001233 100020080022101 (55691) Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y Garantías a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jurel$ que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jurel$ que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. ejercicio del derecho de acción, y si bien límita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes fienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en fiermpo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararta de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [sfi el actor deja transcurrir los plazos fijados

procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [sfi el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una Garantías para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicado: 17001233100020080022101 (55091) Demandante: Patrocimo Sánchez, Montes de Oca y otros El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que preciuye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado,

de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que preciuye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?", . " En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 5 de diciembre de 20061, mediante el cual se precluyó la investigación penal seguida en contra de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quedó ejecutoriado el 15 de diciembre de 20062, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000; y ¡¡) que la demanda se presentó el 5 de diciembre de 20082. 20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622: Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 21 Fl. 107 a 113,C. 1. 22 Ello es así, toda vez que la última notificación, del proveido del 5 de diciembre de 2006 se efectuó el 12 de diciembre de 2006. Fl. 113, C. 1.

21 Fl. 107 a 113,C. 1. 22 Ello es así, toda vez que la última notificación, del proveido del 5 de diciembre de 2006 se efectuó el 12 de diciembre de 2006. Fl. 113, C. 1. 23 Ley 600 de 2000. Articulo 187. “Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas sino se han interpuesto los recursos legalmente procedentes [...]”. 24FI.1220,C. 1.Radicado: 27001233 100020080022101 (35691)

Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros

4. Legitimación en la causa 4.1. Patrocinio Sánchez Montes de Oca (víctima), Luz María Montes de Oca de Sánchez (madre), Sirle Esther Sánchez Montes de Oca (hermana), Orlene Sánchez Montes de Oca (hermana), Adalgisa María Sánchez Montes de Oca (hermana), Yenny Isabel Sánchez Montes de Oca (hermana), Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca (hermana), Sonny Ubertina Sánchez Montes de Oca (hermana), Rosicler María Sánchez Montes de Oca (hermana), Astrid Sánchez Montes de Oca

(hermana), Yonny Luddy Sánchez Rentería (hermana), Diana Lucero Sánchez Pinilla (nermana), Martha Sánchez Pinilla (hermana), Deivis Yuseth Sánchez Pinilla (hermano), Alejandro Ramirez Sánchez (sobrino), Sebastián Ramírez Sánchez (sobrino), Juan Arístides Mena García (tío), Zunilda Sánchez Mena (tía), Celmira Sánchez Hinestroza (tía), Jaime Antonio Moreno Sánchez (primo), Ámin de Jesús

(sobrino), Juan Arístides Mena García (tío), Zunilda Sánchez Mena (tía), Celmira Sánchez Hinestroza (tía), Jaime Antonio Moreno Sánchez (primo), Ámin de Jesús Moreno Sánchez (primo), José Israel Moreno Sánchez (primo), Elizabeth Bejarano Sánchez (prima), Celmira Bejarano Sánchez (prima), Leidy Stella Moreno Sánchez (prima), Mady Lorena Mena Herrera (prima), Danny Patricia Moreno Sánchez (prima), Darinzon Bejarano Sánchez (primo), Luis Ignacio Bejarano Sánchez (primo), Luisa Isabel Sánchez de Bejarano (prima), Marcos Bejarano Sánchez (primo), Jafet Bejarano Sánchez (primo), Yanila Isabel Hinestroza Sánchez (prima), Luz Enith Hinestroza Sánchez (prima), Persides María Hinestroza Sánchez (prima) y Hidalida Hinestroza Sánchez (prima), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal identificado con el número de radicado 138732, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 5 de diciembre de 2006 dictada por la Fiscalia 4? Seccional de Quibdó?5, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento”. 4.2. Angélica María Gómez Castañeira está legitimada en la causa por activa como compañera permanente de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, pues los 25 FL 1072 113,C. 1. 26 Fl 124 a 162, C. 1.Radicado: 27001233 100020080022101 (55691)

Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros

25 FL 1072 113,C. 1. 26 Fl 124 a 162, C. 1.Radicado: 27001233 100020080022101 (55691) Demandante: Patrocinio Sánchez Montes de Oca y otros testimonios de Edwin Moya Blandón” y Jorge Renan Prado Perea?, dan cuenta que tiene dicha calidad??. 4.3. Odín Sánchez Montes de Oca, Lucena Sánchez Montes de Oca, Glenis del Carmen Moreno Sánchez, Matilde Mena García, Nemesio Sánchez de González, Alejandra Morales Sánchez, María Paula Asprilla Sánchez, Laura Camila Asprilla Sánchez y Luis Eduardo Trujillo Sánchez no están legitimados en la causa por activa, pues no acreditaron tener un vínculo familiar con Patrocinio Sánchez Montes de Oca o ser terceros perjudicados en el proceso por tener interés en las resultas del mismo. 44 La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente. representada por la Fiscalia General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección%, puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, le impuso medida de «aseguramiento y posteriormente, precluyó la investigación penal adelantada en contra del procesado, y la segunda revocó la medida precautelar impuesta en su contra.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si esta generó un daño antijurídico que el Estado deba resarcir; 11) si la actuación de la Fiscalía General de

presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si esta generó un daño antijurídico que el Estado deba resarcir; 11) si la actuación de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura del sindicado cumplió con los presupuestos legales 27 Fl, 163, C. 1. En el testimonio rendido el 8 de septiembre de 2010 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Edwin Moya Blandón manifestó: “f...] conozco de vista, trato, amistad y comunicación a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, desde hace unos 20 años, por los momentos que hemos podido compartir conocí a la señora Angelica María Gómez, hace 7 años, y en estos momentos soy el conductor de ella, que es la primera dama [...J”. 28 Fl. 164, C. 1. En el testimonio rendido el 8 de septiembre de 2010 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Jorge Renan Prado Perea manifestó: “[...] conozco de vista, trato y comunicación a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, desde hace unos 20 años, durante el cual hemos cultivado excelente amistad e igualmente manifiesto que conozco de vista, trato y comunicación a su pareja, compañera permanente, Angelica Maria Gómez, desde hace unos 7 años [...]”. 22 Al respecto ver: Corte Constitucional. Sentencias C-985 de 2005, C-521 de 2007, entre otras. 30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 2