CE - 012331000200800525011SENTENCIA20230201124029

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA |

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 410012331000200800525 01 (57781)

Demandante: JAVIER ROA SALAZAR Y OTROS Demandado: NACIÓN -— RAMA JUDICIAL Y OTROS Tema: Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de administración de justicia. Sanción disciplinaria de abogado.

Caducidad de la acción. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 25 de mayo de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 21 de mayo de 2004 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila declaró responsable al abogado Javier Roa Salazar por “transgredir en concurso material de faltas disciplinarias” el deber social de contribuir legalmente en la recta y cumplida administración de justicia y, por lo tanto, le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses.

Posteriormente, mediante sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de consulta, revocó parcialmente la providencia del 21 de mayo de 2004 en el sentido de absolver a

Posteriormente, mediante sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de consulta, revocó parcialmente la providencia del 21 de mayo de 2004 en el sentido de absolver a Javier Roa Salazar de algunas de las faltas disciplinarias y disminuir la sanción a dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión. En fecha indeterminada, Javier Roa Salazar presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila para que se le ampararan los derechos al debido proceso y defensa que le habían sido conculcados por la indebida notificación de la sentencia proferida el 21 de mayo |Radicado: 410012331000200800525 01. (57781) Demandante: Javier Koa Salazar y otros de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Mediante sentencia de tutela del 15 de julio de 2005 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila amparó el derecho de defensa de Javier Roa Salazar y ordenó que, en el término de “48 horas”, la sentencia proferida el 21 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila se le notificara en debida forma. El 26 de julio de 2005 Javier Roa Salazar presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Posteriormente, el 31 de mayo de

sentencia dictada el 21 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Posteriormente, el 31 de mayo de 2006 solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretar la prescripción de la investigación “disciplinaria. Finalmente, mediante decisión del 1” de junio de 2006 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretó “la cesación del procedimiento en favor del abogado Javier Roa Salazar, por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria”. La parte actora considera que existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Nación — Rama Judicial, pues no se le notificó en debida forma una providencia judicial que lo sancionaba disciplinariamente y lo suspendió del ejercicio de su profesión.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 19 de mayo de 20081, Javier Roa Salazar, en nombre propio y en representación de sus hijas Adriana Eugenia Roa Carvajal, María Alejandra Roa Carvajal y Estefanía Roa Carvajal, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Rama Judicial, con ocasión de los perjuicios causados por la imposición de una sanción disciplinaria contra el abogado Javier Roa Salazar "en abierta violación al debido proceso y derecho de defensa”.

1Fl.1a14,C.2.Radicado: 410012331000200800525 01 (57781) Demandante: Javier Roa Salazar y otros Como pretensiones se solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por

1Fl.1a14,C.2.Radicado: 410012331000200800525 01 (57781) Demandante: Javier Roa Salazar y otros Como pretensiones se solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales 100 SMLMV a cada uno de los actores; y, por concepto de perjuicios materiales, la suma que se acredite en el proceso a favor de Javier Roa Salazar. En apoyo de las pretensiones, el extremo activo afirma que el 24 de mayo de 2001 el señor Tiberio Anacona González presentó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila una queja disciplinaria contra el abogado Javier Roa Salazar, por presuntas irregularidades que este último cometió durante la representación judicial de la cooperativa Coomeva en el trámite de un proceso ejecutivo de mínima cuantía promovido contra Aurelio Anacona González y los codeudores Tiberio Anacona González y José Abelardo Peña Gaitán. Refiere que mediante providencia del 21 de mayo de 2004 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila declaró responsable al abogado Javier Roa Salazar por “transgredir en concurso material de faltas disciplinarias” el deber social de contribuir legalmente en la recta y cumplida administración de justicia “sancionada en los numerales 1”, 3 y 4 del artículo 52 del Decreto 196 de 1971”, y lo suspendió por el término de tres meses del ejercicio de la profesión. Alega que mediante sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de consulta, revocó

de la profesión. Alega que mediante sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de consulta, revocó parcialmente la providencia del 21 de mayo de 2004 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila en el sentido de absolver a Javier Roa Salazar de las faltas contenidas en los numerales 1” y 3? del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 y disminuir la sanción a dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión. Señala que el fallo del 21 de mayo de 2004 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila no le fue notificado en debida forma al señor Roa Salazar, razón por la que se enteró de la sanción disciplinaria cuando “le fue comunicada la sanción impuesta en el grado de consulta”.Radicado: 410012331000200800525 01 (57781) Demandante: javier Roa Salazar y otros Resalta que en fecha indeterminada, Javier Roa Salazar presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila para que se le ampararan los derechos al debido proceso y defensa que le habían sido conculcados por la indebida notificación de una providencia judicial. Sostiene que mediante sentencia de tutela del 15 de julio de 2005 la “Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila” amparó el derecho de defensa de Javier Roa Salazar y, en consecuencia,

Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila” amparó el derecho de defensa de Javier Roa Salazar y, en consecuencia, ordenó que, en el término de 48 horas, le fuera notificada la sentencia proferida el 21 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Indica que el 21 de julio de 2005 se notificó a Javier Roa Salazar la sentencia proferida el 21 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Aduce que el 26 de julio de 2005 Javier Roa Salazar presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Posteriormente, el 31 de mayo de 2006 solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretar la prescripción de la investigación disciplinaria. Manifiesta que mediante decisión del 1 de junio de 2006 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretó “la cesación del procedimiento en favor del abogado Javier Roa Salazar, por haber operado la | prescripción de la acción disciplinaria”. Concluye la parte actora que existe un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Nación — Rama Judicial — Consejo Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que le generó graves perjuicios económicos que no estaba en la obligación de soportar, pues no

administración de justicia por parte de la Nación — Rama Judicial — Consejo Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que le generó graves perjuicios económicos que no estaba en la obligación de soportar, pues no se le notificó en debida forma una providencia judicial que lo sancionaba disciplinariamente y lo suspendió del ejercicio de su profesión.Radicado: 410012331000200800525 01 (57781)

Demandante: Javier Roa Salazar y otros

2. Contestaciones El 26 de febrero de 2009? el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación — Rama Judicial? se opuso a las pretensiones e indicó que no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues las actuaciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se surtieron conforme a la Constitución Política y la ley. Finalmente, propuso la excepción de inexistencia de perjuicios y la innominada.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 15 de julio de 2015 el Tribunal Administrativo del Huila corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. . 3.1. La parte demandante? y la Nación — Rama Judicial? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación de esta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público” solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que “no se dan los presupuestos jurisprudenciales y legales establecidos

expuestos en la demanda y la contestación de esta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público” solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que “no se dan los presupuestos jurisprudenciales y legales establecidos en la Ley 270 de 1996 para que se pueda endilgar responsabilidad estatal”, toda vez que los pronunciamientos del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y del Consejo Superior de la Judicatura “fueron expedidos bajo las normas legales y constitucionales” vigentes para la época de los hechos. 2 Fl, 93 a 95, C.2. 3 FF, 122 a 129, C.2. 4 Fl, 249, C. 1. $ Fl. 251 a 255, C. 1. € Fl, 256 a 260, C. 1. 7Fl. 267 a 273, C. 1.Ú L A A Radicado: 410012331000200800525 01. (57781)

Demandante: Javier Roa Salazar y otros"

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 25 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al constatar que existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que la providencia del 21 de mayo de 2004 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila no le fue notificada a Javier Roa Salazar en debida forma y con ello se le conculcaron los derechos fundamentales de defensa y debido proceso.

Al respecto, indicó que: “[...] Para la Sala no existe duda que la notificación de la sentencia de primera instancia al sancionado Javier Roa Salazar no fue realizada

Salazar en debida forma y con ello se le conculcaron los derechos fundamentales de defensa y debido proceso. Al respecto, indicó que: “[...] Para la Sala no existe duda que la notificación de la sentencia de primera instancia al sancionado Javier Roa Salazar no fue realizada en la forma legal que correspondía, pues a pesar de que se retiró el oficio de citación, este no fue entregado al disciplinado ni se envió a la dirección de notificación, y por ello, al no existir certeza de haberse notificado en debida forma tal decisión, fue la razón por la cual prosperó la tutela interpuesta por el ahora demandante y de allí, la orden de rectificar la actuación surtida, procediéndose a notificar nuevamente la sentencia para que el actor tuviera la oportunidad de interponer los recursos del caso. (...) Conforme a lo anterior, para la Sala es claro "que se le cercenó el derecho de defensa y el debido proceso al actor, y que de ellos se derivó sin duda, una afectación a los derechos subjetivos o patrimoniales del mismo, pues a raíz de esa decisión, que a la postre fue dejada sin efectos con el fallo de tutela al no haberse notificado en debida forma; el demandante cumplió efectivamente la sanción de suspensión del ejercicio profesional como abogado durante dos meses, en los que pudo habérsele impedido desempeñar sus labores como cotidianas como abogado titulado o truncado los encargos profesionales que estuviere ejecutando en ese período, los cuales deben ser objeto de indemnización [...]. En la parte resolutiva el a quo condenó en abstracto a la Rama Judicial a pagar a Javier Roa Salazar el lucro cesante que acredite en trámite incidental.

estuviere ejecutando en ese período, los cuales deben ser objeto de indemnización [...]. En la parte resolutiva el a quo condenó en abstracto a la Rama Judicial a pagar a Javier Roa Salazar el lucro cesante que acredite en trámite incidental. 8 Fl 276 a 290, C. Ppal.Radicado: 410012331900200800525 01 (57781)

Demandante: Javier Roa Salazar y otros

5. Recurso de apelación El 72 y 2110 de junio de 2016, la parte actora y la Nación — Rama Judicial interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los recursos fueron concedidos el 3 de agosto de 20161? y admitidos el 8 de septiembre de 201612. 5.1. La parte demandante? solicitó liquidar en concreto los perjuicios materiales, toda vez que las pruebas documentales y el dictamen pericial daban cuenta del monto exacto de los perjuicios materiales que se le causaron a Javier Roa Salazar con la suspensión del ejercicio de su profesión de abogado. 5.2. La Nación — Rama Judicial', luego de reiterar los argumentos de la contestación de la demanda, solicitó revocar la sentencia recurrida y en su lugar ser exonerada de responsabilidad patrimonial y administrativa. Para ello, indicó que la sanción disciplinaria que el Consejo Superior de la Judicatura impuso al actor no fue revocada, sino que el trámite terminó por prescripción de la acción disciplinaria.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de octubre de 20161 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de octubre de 20161 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Los demandantes, la Nación — Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

Ill. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación 9 Fl, 294 a 304, C. Ppal. 10 FI. 305 a 306, C. Ppal. 11 FI. 311 a 312, C. Ppal. 12 Fl, 318, C. Ppal. 13 Fl, 294 a 304, C. Ppal. 14 FL 305 a 308, C. Ppal. 15 FL. 323, C. Ppal.Radicado: 410012331000200800525 01 (57781) Demandante: Javier Roa Salazar y otros interpuestos por las partes en contra de la sentencia del 25 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 73 de la Ley 270 de 1996 y con tos artículos 129 y 132 numeral 6 del

Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 861% del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 861% del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción. 16 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”s O Radicado: 410012331000200800525 01 (57781)

Demandante: Javier Roa Salazar y otros

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida . justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida . justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico, En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el tegistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.10

Radicado: 410012331000200800525 01 (57781) Demandante: Javier Roa Salazar y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

Demandante: Javier Roa Salazar y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure' que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?”, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene del defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción»en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso ¡jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [sji el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin-que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.11

Radicado: 410012331000200800525 01 (57781)

pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.11

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Demandante: Javier Roa Salazar y otros

6. Caso concreto En el sub lite el demandante pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Nación — Rama Judicial por incurrir en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al no notificar en debida forma a Javier Roa Salazar una providencia judicial que lo sancionaba disciplinariamente y lo suspendió por cuatro meses del ejercicio de su profesión.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no. 6.1. Hechos probados 6.1.1. Está probado que el 24 de mayo de 2001 Tiberio Anacona González presentó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, queja disciplinaria contra el abogado Javier Roa Salazar por presuntas irregularidades que este último cometió durante la representación judicial de Coomeva en el trámite de un proceso ejecutivo de minima cuantía promovido contra Aurelio Anacona González y los codeudores Tiberio Anacona González y José Abelardo Peña Gaitán, según da cuenta copia de la referida queja?!. 6.1.2. Está acreditado que mediante providencia del 21 de mayo de 2004 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila declaró responsable al abogado Javier Roa Salazar por “transgredir en concurso material

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila declaró responsable al abogado Javier Roa Salazar por “transgredir en concurso material de faltas disciplinarias” el deber social de contribuir legalmente en la recta y cumplida administración de justicia “sancionada en los numerales 1”, 3” y 4” del artículo 52 del Decreto 196 de 1971”, y lo suspendió del ejercicio de la profesión de abogado por el término de tres meses, según da cuenta copia del referido fallo??. 6.1.3. Se demostró que mediante sentencia del 2 de marzo de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de consulta, revocó parcialmente la providencia del 21 de mayo de 2004 proferida por 21 FI. 206 a209, C.7, 22 Fl, 493 a517,C.9,12

Radicado: 410012331000200800525 01 (57781) Demandante: Javier Roa Salazar y otros la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila en el sentido de absolver a Javier Roa Salazar de las faltas contenidas en los numerales 1” y 3 del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 y disminuir la sanción a dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión. De ello, da cuenta copia de la mencionada providencia”. 6.1.4. Consta que mediante fallo de tutela del 15 de julio de 2005 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila amparó el derecho fundamental de defensa de Javier Roa Salazar y ordenó

Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila amparó el derecho fundamental de defensa de Javier Roa Salazar y ordenó que en el término de 48 horas se le notificara la providencia del 21 de mayo de 2004 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila que le impuso una sanción disciplinaria, según da cuenta de la mencionada decisión”, cuyo fundamentos fueron los siguientes: “Si bien es cierto que el citado oficio fue entregado a quien se dice ser el asistente del abogado inculpado, también lo es que la entrega del mismo no se hizo en la dirección señalada dentro del proceso. Podríamos pensar que efectivamente la persona a quien el citador de la Sala entregó aquél es el asistente del inculpado. Sin embargo, no existe un elemento de juicio que nos permita sostener con claridad y suficiencia, como lo indica el citador de la Sala, que esa persona se haya acreditado como su asistente para recibir los oficios o citaciones que se produjeran en el proceso. Entendemos perfectamente que el citador obró, con su proceder, de buena fe en la creencia que aquél le hiciera conocer el oficio citatorio al inculpado ante el conocimiento objetivo o material que tenía de que era el colaborador de aquél. Es cierto que al inculpado se le notificó la sentencia sancionatoria proferida en primera instancia por el sistema de edicto con los req