CE - 012331000200900272011SENTENCIA20230531105203

Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

Demandantes: Timoleón Pinzón Uribe y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

Demandantes: Timoleón Pinzón Uribe y otros

Demandadas: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. Se confirma la decisión de declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional porque no fue apelada . Se confirma la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se demostró que la medida de aseguramiento fue ilegal. Se modifica la indemnización de perjuicios de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de Descongestión en la que se dispuso:

<<Primero. Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, según se expuso en la parte motiva de esta sentencia.

dispuso:

<<Primero. Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, según se expuso en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Denegar las súplicas de la demanda respecto de la Nación - Ministerio Defensa - Policía Nacional de acuerdo a lo expuesto en la parte de esta providencia.

Tercero. Declarar a la Nación - Fiscalía General de la Nación administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación de la libertad del señor Timoleón Pinzón Uribe, por la razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

Cuarto. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales ocasionados a los demandantes así:

Timoleón Pinzón Uribe (víctima directa)

100 SMLMV

Dioselina Carreño Plata (esposa) 100 SMLMV Nelsy Jackeline Pinzón Carreño (hija) 100 SMLMV Jaime Pinzón Carreño (hijo) 100 SMLMVRadicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

Demandantes: Timoleón Pinzón Uribe y otros

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Myriam Pinzón Carreño (hija) 100 SMLMV Rodolfo Pinzón Uribe (hermano) 50 SMLMV Blanca María Pinzón Uribe (hermana) 50 SMLMV Luz Marina Pinzón Uribe (hermana) 50 SMLMV

Rodolfo Pinzón Uribe (hermano) 50 SMLMV Blanca María Pinzón Uribe (hermana) 50 SMLMV Luz Marina Pinzón Uribe (hermana) 50 SMLMV

Las anteriores sumas serán reconocidas conforme los parámetros establecidos en la parte emotiva de esta sentencia.

Quinto. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante ocasionados al demandante señor Timoleón Pinzón Uribe identificado con CC. 5.796.236 de Zapatoca, la suma VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($24.153.720.71) las sumas reconocidas serán canceladas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176, 177 178 del C.C.A.

Sexto. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente - defensa técnica del proceso penal - a Timoleón Pinzón Uribe identificado con CC. 5.796.236 de Zapatoca en su condición de víctima, la suma de CINCO

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

($5.652.641.49)

Séptimo. Denegar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.

Octavo. Dar cumplimiento a esta providencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

Séptimo. Denegar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.

Octavo. Dar cumplimiento a esta providencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

Noveno. Sin costas en la instancia.

Décimo. En el evento que en que esta decisión no sea apelada, requiere surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante el H. Consejo de Estado, toda vez que la condena en concreto sobrepasa los trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del C.C.A.

Undécimo. Una vez en firme esta providencia, archivar las diligencias previas las anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 25 de mayo de 20171; se corrió traslado para alegar de conclusión el 15 de junio de 2017 2; la Fiscalía y la parte demandante presentaron sus alegatos; la Policía Nacional guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

1 Fl. 449, c – 3. 2 Fl. 451, c – 3.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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I. ANTECEDENTES

2 Fl. 451, c – 3.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 18 de enero de 2008 por Timoleón Pinzón Uribe (víctima directa) y su grupo familiar.3 Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el citado demandante entre el 11 de agosto de 2003 y el 23 de enero de 2006 4, es decir, por un término de dos (2) años, cinco (5) meses y trece (13) días. En el proceso penal se le imputó el delito de rebelión.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) PRIMERA.: Declarar administrativamente y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación; y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de todos los perjuicios morales y materiales y daños causados, sufridos por los demandantes, entre ellos al señor Timole ón Pinzón Uribe, en virtud del daño antijurídico por ellos sufrido y derivado de la ilegal e injusta detención y proceso penal que debió soportar desde el 11 de agosto de 2003, a las nueve (sic) (8.30) de la mañana aproximadamente, en el perímetro urbano (plaza de mercado) hasta el 23 de enero de 2006, día en que

agosto de 2003, a las nueve (sic) (8.30) de la mañana aproximadamente, en el perímetro urbano (plaza de mercado) hasta el 23 de enero de 2006, día en que recobró def initivamente su libertad (…) al haber sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria (…).

SEGUNDA.: Como consecuencia de la anterior declaración condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación; la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, administrativamente responsable por la totalidad de los perjuicios morales, a pagarle a los demandantes, debidamente indexados y como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

Con base a lo anterior condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación; la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha ejecutoria de la sentencia.

1. Para Timole ón Pinzón Uribe, dos mil (2.000g) gramos de oro fino, en su condición de afectado por la privación injusta de la libertad de que fue objeto por un tiempo de VEINTINUEVE (29) meses, que no tenía legalmente porque haber sufrido el daño antijurídico.

2. Para Dioselna (sic) Carreño Plata, dos mil (2.000g) gramos de oro fino, en su condición de cónyuge, del señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un espacio de VEINTINUEVE (29) meses y/o como tercera afectada o damnificado.

condición de cónyuge, del señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un espacio de VEINTINUEVE (29) meses y/o como tercera afectada o damnificado.

3 En el auto admisorio de la demanda el tribunal rechazó la demanda respecto a las señoras Hilda Patricia Uribe y Francisca Pinzón Uribe por indebida representación. 4 Tiempo de la privación de la libertad según las pretensiones de la demanda.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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3. Para Nelsy Jackeline Pinzón Carreño, dos mil (2.000g) gramos de oro fino, en su condición de HIJA del señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un espacio de tiempo de VEINTINUEVE (29) meses y/o como tercero afectado o damnificado.

4. Para Myriam Pinzón Carreño, dos mil ( 2.000g) gramos de oro fino, en su condición de HIJA del señor ciudadano Timole ón Pinzón Uribe quién estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un espacio de VEINTINUEVE (29) meses y/o tercero afectado o damnificado.

5. Para Jaime Pinzón Uribe, dos mil (2.000g) gramos de oro fino, en su condición de HIJO del señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un lapso de tiempo de VEINTINUEVE (29) meses y/o como tercero afectado o significado.

de HIJO del señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un lapso de tiempo de VEINTINUEVE (29) meses y/o como tercero afectado o significado.

6. Para Rodolfo Pinzón Uribe, dos mil (2.000g) gramos de oro fino, en su condición de HERMANO del señor ciudadano Timole ón pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un lapso de tiempo de VEINTINUEVE (29) meses yo como tercero afectado o damnificado.

7. Para Blanca María Pinzón Uribe, Francisca Pinzón Uribe, Hilda Patricia Pinzón Uribe y Luz Marina Pinzón Uribe, a cada uno de ellos la suma de dos mil (2.000g) gramos de oro fino en su condición de HERMANOS del señor Timoleón Pinzón Uribe, quien estuvo privado de la libertad de manera injusta y arbitraria por un lapso de VEINTINUEVE (29) meses y/o como tercero afectado o damnificado.

TERCERA.: Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación; la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a favor del Timole ón Pinzón Uribe Dioselina Carreño Plata, Nelsy Jackeline Pinzón Carreño, Myriam Pinzón Carreño, Jaime Pinzón Carreño, Blan ca María Pinzón Uribe, Francisca Pinzón Uribe, Hilda Patricia Pinzón Uribe, Luz Marina Pinzón Uribe y Rodolfo Pinzón Uribe, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la privación de la libertad del señor ciudadano Timole ón Pinzón Uribe de manera inj usta y arbitraria

Uribe, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la privación de la libertad del señor ciudadano Timole ón Pinzón Uribe de manera inj usta y arbitraria teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación.

1.- El señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, devengado aproximadamente la suma mensual de ochocientos mil pesos ($800.000) M/cte., producto de su actividad de agricultor o trabajador de la agricultura en su finca o parcela.

2.- Días previos a su detención se encontraba laborando en su finca o parcela llamada Villa Banderas y devengaba aproximadamente para su núcleo familiar la suma de 800.000 pesos mensuales, y de la cual se deriva el sustento de su núcleo familiar, integrado por su cónyuge Dioselina Carreño Plata, y sus hijos Myriam Pinzón Carreño, Jaime Pinzón Carreño, y Nelsy Jackeline Pinzón Carreño, quienes residen en el municip io de Zapatoca, y del cual depende económicamente, como se desprende en su diligencia indagatoria, y con su detención se dio un perjuicio de mayor connotación que de entrada le causó un detrimento en su honra y bienes puesto que recibió de manera directa una caída en la relaciones intrafamiliares-sociales y económicas, hizo notorio su daño tanto material como moral.

3.- Para cuantificar los perjuicios materiales se ha tomado como base el valor de los ingresos que ordinariamente producía a su actividad de jornalero o trabajador de la finca o parcela y demás ingresos del señor ciudadano Timole ón Pinzón Uribe, ya que lo producido en su finca o parcela y demás ingresos del señor

los ingresos que ordinariamente producía a su actividad de jornalero o trabajador de la finca o parcela y demás ingresos del señor ciudadano Timole ón Pinzón Uribe, ya que lo producido en su finca o parcela y demás ingresos del señor ciudadano Timoleón Pinzón Uribe, ya que lo producido en su finca en los fines deRadicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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semana es decir los sábados, domingos y lunes festivos vendía en la plaza del pueblo, así como la suma de dinero que por concepto de honorarios, que le fue cancelada en su oportunidad a los profesionales del derecho que adelantaron su defensa técnica y del cual se le adeuda la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) al abogado William Cristancho Duarte por su gestión de defensor técnico.

CUARTA.: La condena será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., y se reconocerá n los intereses legales causados desde la ocurrencia de los hechos hasta cuando se acaba el cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

QUINTA.: Condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación; la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes por separado, a título de daño material (lucro cesante), los intereses comerciales corrientes que se generen dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia y de allí en adelante, intereses moratorios.

De conformidad con el artículo 1653 del C.C., todo pago se imputará primero intereses.

corrientes que se generen dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia y de allí en adelante, intereses moratorios.

De conformidad con el artículo 1653 del C.C., todo pago se imputará primero intereses.

SEXTA.: Condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación; la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las costas procesales y las agencias en derecho que ocasione esta demanda.

Para la liquidación de los perjuicios materiales solicitados se reconocerá a título de lucro cesante el valor que por concepto de ingresos hubiera podido percibir el señor Timole ón Pinzón Uribe durante los VEINTINUEVE (29) meses de privación de la libertad, más 12 meses que demoró en lograr rehacer su vida, teniendo como base para efectuar dicha liquidación el ingreso que devengaba al momento de su captura aumentando en los porcentajes establecidos por el gobierno nacional, como aumento salarial en sus años que duró privado de la libertad que fueron 24 meses 11 días físicos como consta en la certificación expedida por el juzgado tercero penal del circuito de Bucaramanga, dentro de la causa 2004-167.

Para los efectos de las indemnizaciones mencionadas en los numerales que anteceden, la nación colombiana tendrá en cuenta la corrección moneta ria aplicable a las sumas que resultaron a favor del demandante (consolidado y futuro) al momento de la ejecución de los resultados de la demanda. La nación colombiana, ejecutará la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del código contencioso administrativo>>.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

colombiana, ejecutará la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del código contencioso administrativo>>.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El proceso penal empezó por una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el secuestro extorsivo de la señora Esther Reyes Cárdenas, quien fue sacada de su finca ubicada en el municipio de Sabana de Torres – Santander. El secuestro fue perpetrado por miembros del ELN. El demandante Timole ón Pinzón Uribe fue vinculado a la investigación penal de acuerdo con el testimonio de un agente de inteligencia del Ejército Nacional, quien lo señaló como miembro del grupo al margen de la ley.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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3.2.- El 15 de agosto de 2003 el demandante Timole ón Pinzón Uribe fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación.

3.3.- Mediante resolución del 25 de agosto de 2003 la Fiscalía 3ª Delegada ante los jueces Especializados de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante Timoleón Pinzón Uribe, a quien le imputó el delito de rebelión. Esta decisión fue apelada por la defensa del demandante.

3.4.-El 20 de octubre de 2003 la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito de Bucaramanga resolvió el recurso de apelación y cambió la imputación de autor a cómplice del delito de rebelión.

Superior de Distrito de Bucaramanga resolvió el recurso de apelación y cambió la imputación de autor a cómplice del delito de rebelión.

3.5.- El 5 de febrero de 2004 la Fiscalía 31 seccional acusó al demandante Timoleón Pinzón Uribe de ser cómplice del delito de rebelión.

3.6.- El 19 de diciembre de 2005 el Juzgado 3º Penal del Circuito absolvió al demandante Timoleón Pinzón Uribe en aplicación del principio in dubio pro reo.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaci ones relevantes: (i) el demandante Timole ón Pinzón Uribe fue capturado el 15 de agosto de 2003 ; (ii) el 25 de agosto de 2003 la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva; (iii) el 5 de febrero de 2004 la Fiscalía lo acusó formalmente; (iv) el 19 de diciembre de 2005 fue absuelto por el juez Penal del Circuito Especializado.

5.- Según la parte actora, el demandante Timole ón Pinzón Uribe fue privado injustamente de la libertad porque no se pudo demostrar su responsabilidad en el delito imputado.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

6.1.- El demandante Timole ón Pinzón Uribe no pudo obtener ingresos como consecuencia de su detención.

6.2.- Incurrió en los gastos de defensa dentro del proceso penal.

6.3.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque la privación de su libertad ocasionó <<sufrimientos y dolor que durante el largo

6.2.- Incurrió en los gastos de defensa dentro del proceso penal.

6.3.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque la privación de su libertad ocasionó <<sufrimientos y dolor que durante el largo periodo de privación de la libertad que debió soportar el señor Timole ón Pinzón Uribe, como sus familiares>>.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que la medida de aseguramiento no fue injusta y no se configuró una falla en el servicio imputable a la Fiscalía ni se incurrió en un error jurisdiccional inexcusable capaz de comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad. Propuso las excepciones de: (i) inexistencia de la falla en el servicio de administración de justicia; (ii) inexistencia de privación injusta de la libertad : adujo que cuando la medida de detención preventiva se impone para materializar la concurrencia del imputado al proceso y debido a la calidad de las conductas penales , esta no tiene la connotación de privación injusta de la libertad; (iii) inepta demanda en ausencia de falla en la prestación del servicio de administrar justicia al vincular a la investigación penal al accionante y proferir las medidas de provisionalidad y probabilidad dentro de la instrucción penal adelantada en su contra.

8.- La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda. En

al accionante y proferir las medidas de provisionalidad y probabilidad dentro de la instrucción penal adelantada en su contra.

8.- La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda. En su contestación señaló que: (i) de conformidad con la Ley 600 de 2000, la Fiscalía es la encargada de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores; (ii) las actividades desarrolladas por los funcionarios de la Policía Nacional son supervisadas, coordinadas y dirigidas por la Fiscalía General de la Nación, siendo el fiscal el que decide qué actividad debe realizar la Policía Judicial, (iii) la captura que se realiza por causa de una investigación penal no causa un daño antijurídico y menos una responsabilidad administrativa; (iv) la función policial es prevenir el delito y adelantar aquellas averiguaciones e indagaciones que llevan a establecer o concluir la certeza sobre autores de hechos delictivos, como auxiliares de la justicia; sin embargo, la competencia de la Policía Nacional solo llega hasta la detención por flagrancia, por orden judicial o por entrega de elementos incautados y demás material probatorio, pero la valoración de las pruebas y quien profiere órdenes de captura es la Fiscalía General de la Nación.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 19 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de descongestión adoptó las siguiente decisiones:

9.1.- Declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional.

9.2.- Condenó a la Fiscalía General de la Nación porque encontró probado que el demandante Timoleón Pinzón Uribe sufrió un daño especial con ocasión de su

por pasiva de la Policía Nacional.

9.2.- Condenó a la Fiscalía General de la Nación porque encontró probado que el demandante Timoleón Pinzón Uribe sufrió un daño especial con ocasión de su privación de la libertad que se extendió desde el 15 de agosto de 2003 hasta el 21 de abril de 2005.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

Demandantes: Timoleón Pinzón Uribe y otros

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9.3.- En relación con los perjuicios reclamados por la parte actora, el tribunal decidió:

a.- Reparar los perjuicios morales ocasionados a la víctima directa y a sus familiares en las sumas transcritas en la presente providencia.

b.- Indemnizar el lucro cesante. Para su liquidación aplicó la presunción del salario mínimo legal mensual vigente por que la parte actora no acreditó los ingresos del demandante Timole ón Pinzón Uribe, liquidó el 25% adicional de prestaciones sociales y adicionó 8 meses como periodo de reubicación laboral.

c.- Reconoció los perjuicios reclamados a título de daño emergente.

D. Recurso de apelación

10.- La Fiscalía General de la Nación solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda por los siguientes motivos: (i) el tribunal no analizó las pruebas del proceso penal y el juez administrativo no indagó sobre la pertinencia y necesidad de imponer la medida de aseguramiento; (ii) la Fiscalía actuó de conformidad con las obligaciones establecidas en el articulo 250 de l a C.P., la ley y los reglamentos;

el juez administrativo no indagó sobre la pertinencia y necesidad de imponer la medida de aseguramiento; (ii) la Fiscalía actuó de conformidad con las obligaciones establecidas en el articulo 250 de l a C.P., la ley y los reglamentos; (iii) la medida de aseguramiento estuvo fundada en serios elementos probatorios que pudieron ser controvertidos por el demandante en ejercicio de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, dando así cumplimiento a las ritualidades procesales y a los principios rectores que consagra la ley penal; (iv) se configuró el hecho de un tercero porque los testimonios previos y las investigaciones desarrolladas señalaban que demandante Timole ón Pinzón Uribe era miembro de grupos al margen de la ley; (v) no hay lugar al reconocimiento de perjuicios porque el Estado debe investigar las conductas consideradas como delito y tomar acciones contra sus presuntos responsables; (vi) si bien el demandante fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, dicha absolución no da lugar ni permite aludir a una posible detención injusta.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) la sentencia absolutoria, según la constancia allegada, cobró ejecutoria el 23 de enero de 20065 y (ii) la demanda fue interpuesta oportunamente el 18 de enero de 20086.

5 Fl. 119, c – 1.

constancia allegada, cobró ejecutoria el 23 de enero de 20065 y (ii) la demanda fue interpuesta oportunamente el 18 de enero de 20086.

5 Fl. 119, c – 1. 6 Fl.127, c -1.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

Demandantes: Timoleón Pinzón Uribe y otros

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F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

12.- A partir del acta de derechos del capturado 7 y del acta de compromiso de libertad provisional 8, está probado que el demandante Timole ón Pinzón Uribe estuvo privado de la libertad entre el 15 de agosto de 2003 y el 21 de abril de 2005, es decir, por un periodo total de un (1) año, ocho (8) meses y siete (7) días.

13.- Está demostrado que, mediante providencia del 19 de diciembre de 2005 , el Juez Tercero Penal del Circuito lo absolvió en aplicación del principio in dubio pro reo por considerar que no existían pruebas directas para inferir su responsabilidad en el delito imputado.

14.- En esta providencia, la Sala:

14.1.- Confirmará la decisión de declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional porque no fue apelada.

14.2.- Confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se demostró que la medida de aseguramiento fue ilegal debido a que la entidad no contaba con material probatorio que permitiera inferir razonablemente

apelada.

14.2.- Confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se demostró que la medida de aseguramiento fue ilegal debido a que la entidad no contaba con material probatorio que permitiera inferir razonablemente la participación del demandante Timoleón Pinzón Uribe en el secuestro que dio origen a la investigación penal en su contra, ni mucho menos que fuera colaborador del ELN . Adicionalmente, la entidad no justificó la necesidad de la imposición de la medida.

G. Plan de exposición

15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 9. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) las entidades imputadas; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y del hecho exclusivo de un tercero, y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. La ilegalidad de la privación de la libertad

16.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357, y eran los siguientes:

7 Fl. 8, c – 2. 8 Fl. 102, c – 2. 9 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

355, 356 y 357, y eran los siguientes:

7 Fl. 8, c – 2. 8 Fl. 102, c – 2. 9 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.Radicado: 68001-23-31-000-2009-00272-01 (57291)

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16.1.- La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida era necesaria <<para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fug a o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria>> (art. 355).

16.2.- La existencia de <<por lo menos do s indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>> (art. 356).

16.3.- La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 357).

17.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque:

17.1.- La Fiscalía no contaba con dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante Timoleón Pinzón Uribe y

17.2.- La Fiscalía no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento.

1. La inexistencia de dos indicios graves de responsabilidad en contra del demandante

18.- Con la resolución del 25 de agosto 200310 está demostrado que la Fiscalía

17.2.- La Fiscalía no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento.

1. La inexistencia de dos indicios graves de responsabilidad en contra del demandante

18.- Con la resolución del 25 de agosto 200310 está demostrado que la Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante, a quien le imputó el delito de rebelión a título de cómplice. Lo anterior, porque la Fiscalía consideró que el demandante Timoleón Pinzón Uribe era colaborador del ELN.

19.- La medida de aseguramiento tuvo como fundamento los siguientes elementos de convicción:

19.1.- Las interceptaciones de dis