CE - 012331000200900309011SENTENCIASENTENCIA20230323174216

Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646)

Actor Javier Jesús Barceló de la Hoz

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Javier Jesús Barceló de la Hoz y otros Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por la Administración de Justicia.

Subtema 1: Marco de juzgamialto del juez de primera y segunda instancia. Subtema 2: Principio de congruencia Subtema 3: Error jurisdiccional. Subtema 4: Ejercicio oportuno ele la acción. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el 31 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Javier Jesús Barceló de la Hoz fue vinculado a un proceso penal, por estar sindicado de haber cometido, en diciembre del año 1991, el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, regulado en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980.

La Fiscalía 265 de Bogotá de la Unidad de Investigaciones Especiales, el 18 de

de los requisitos legales, regulado en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980. La Fiscalía 265 de Bogotá de la Unidad de Investigaciones Especiales, el 18 de enero de 1993, impuso medida de aseguramiento en contra del señor Barceló de la Hoz, consistente en prestar caución prendaria por una suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). El Juzgado Promiscuo del Circuito de Soledad (Atlánt co), el 28 de febrero de 2001, absolvió al señor Barceló de la Hoz de los cargos por los que fue procesado. La parte actora demanda al Estado, porque considera que padeció un daño antijurídico como consecuencia de la aludida medida de aseguramiento. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Javier Jesús Barceló de la Hoz, Emma Isabel Díaz Abdo, Silvana Rosa Barceló Díaz, Fernando Rafael Barceló Díaz, Javier Andrés Barceló Díaz, Linda Susana Barceló Díaz, Bertha Isabel de la Hoz Cantillo, Marina Isabel Barceló de la Hoz, Juana Bautista Barceló de la Hoz, Mirian del Socorro Barceló de la Hoz, Fernando Javier Barceló de la Hoz, Héctor José Barceló de la Hoz, Jorge Eliecer Barceló de la Hoz y Jesúa José Barceló de la Hoz presentaron, el 28 de febrero de 2003, demanda en ejercicio de la acción de reparación directal. Los actores pretenden que esta Jurisdii.tión dicte sentencia en la que declare responsable a la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, por los perjuicios I Demanda. Folios 1 a 15. Cuaderno 1.

pretenden que esta Jurisdii.tión dicte sentencia en la que declare responsable a la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, por los perjuicios I Demanda. Folios 1 a 15. Cuaderno 1. 1Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Actor: Javier Jesús Barceló de la Hoz ocasionados como consecuencia "de la medida de aseguramiento de que (sic) fue objeto JAVIER JESÚS BARCELC) DE LA HOZ, que seie dictó dentro de la injusta investigación y/o proceso penal adelantada (sic) por la Fiscalía General de la Nación (...) en su contra" 2 . 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demandas. Notificado el auto admisorio 4 y corridos los traslados de ley, el apoderado de la Nación — Rama Judicial presentó escrito de contestación a la demandas. La demandada se opuso a las súplicas de la parte actora y propuso la excepción "indebida legitimación por pasiva", en la medida en que, en su criterio, los hechos y pretensiones de la demanda se centran única y exclusivamente en las actiaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Consideró, además, que la Judicatura no incurrió en un comportamiento injusto, toda vez que había indicios serios de la participación del señor Barceló de la Hoz en el delito investigado. Piqr otro lado, solicitó que se llamara en garantía a Enrique Jiménez Benavides, quien, en su condición de Fiscal 265 de la Unidad de Investigaciones Especial, adelantó la investigación penal en contra del señor Barceló de la Hoz.

llamara en garantía a Enrique Jiménez Benavides, quien, en su condición de Fiscal 265 de la Unidad de Investigaciones Especial, adelantó la investigación penal en contra del señor Barceló de la Hoz. El apoderado de la Nación — Fiscalía General de la Neción también contestó la demandas, en el sentido de indicar que la Fiscalía, en, ejercicio de las facultades que la ley y la Constitución le han atribuido, impuso mejiida de aseguramiento en contra del señor Barceló de la Hoz. Además, consideró que en el caso objeto de estudio era inaplicable un régimen objetivo de responsábilidad del Estado, habida cuenta de que el señor Barceló de la Hoz fue absuelto Si aplicación del principio in dubio pro reo. Manifestó que no es necesario, al momento de imponer una medida de aseguramiento, contar con los medios de prueba suficientes para proferir una sentencia condenatoria. Por los motivos expuestos, el démandado concluyó que no estaban presentes los presupuestos para que el juez administrativo lo declare responsable del daño invocado en la demanda. El Tribunal, con fundamento en reglas de competencia, remitió el expediente a la oficina judicial de Barranquilla el 8 de septiembre de 2006 7 , para su correspondiente reparto ante los jueces administrativos. Esta controversia fue asignada al Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla, que, el 15 de abril de 2008 8 , no accedió al llamamiento de garantía requerido por la Nación — Rama Judicial. En providencia posterior 8 , el mismo juzgado ordenó la apertura del periodo probatorio, decretó la práctica de un dictamen pericial y dispuso que se • tuviera como prueba los documentos allegados con la demanda.

posterior 8 , el mismo juzgado ordenó la apertura del periodo probatorio, decretó la práctica de un dictamen pericial y dispuso que se • tuviera como prueba los documentos allegados con la demanda. Con base en un pronunciamiento judicial de esta Colegiátura, el Juzgado, el 30 de octubre de 2008' 0 , remitió el expediente de este proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico. Avocado el conocimiento de este asunto", el Tribunal declaró la 2 'bid. Folio 2. Cuaderno 1. 3 Auto admisorio. Folios 32 y 33. Cuaderno 1. 4 Notificación del auto admisorio. Folio 33. Cuaderno 1. Contestación a la demanda de la Nación — Rama Judicial. Folios 34 a 39. Cuaderno 1. Contestación a la demanda de la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 47 a 56. Cuaderno 1. 7 Auto que remitió el expediente a la oficina de reparto de los jueces administrativos. Folios 88 y 89. Cuaderno 1. Auto que resolvió el llamamiento en garantía. Folio 103. Cuaderno 1. 9 Auto que ordenó la apertura del periodo de pruebas. Folio 105. Cuadernó 1. 1 ° Auto ordenó la remisión del expediente. Folios 120 y 121. Cuaderno 1. 11 Auto proferido el 5 de septiembre de 2012. Folio 154. Cuaderno 1. 2Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Actor: Javier Jesús Barceló de la Hoz finalización del periodo probatorio y, luego, corrió trasiadol 2 a las partes para que

2Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Actor: Javier Jesús Barceló de la Hoz finalización del periodo probatorio y, luego, corrió trasiadol 2 a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, como en efecto ocurrió 13 ; y al Ministerio Público para que emitiera concepto, aunque este guardó silencio. 2.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Atlántico, con sentencia proferida el 31 de agosto de 2015, negó las pretensiones de la demanda. El juez de primera instancia consideró que la controversia debía resolverse a partir del análisis de las tres hipótesis en las que esta jurisdicción puede encontrar responsable al Estado por la actividad del aparato judicial, estas son, (i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; (ii) el error jurisdiccional; y (iii) la privación injusta de la libertad. En cuanto al primer supuesto, afirmó que los actores no demostraron la manera en la que una actuación administrativa o secretarial de la jurisdicción ordinaria le causó un daño. Asimismo, destacó la inaplicabilidad de esta hipótesis, bajo la consideración de que en el expediente se encuentran documentos que dan cuenta únicamente de una decisión en la que una autoridad judicial impuso una medida de aseguramiento. Precisó que la falla en el servicio es el régimen de responsabilidad del Estado para los conflictos jurídicos por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Respecto del segundo evento, coligió que como el Juzgado Promiscuo de Soledad revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Barceló de la Hoz, en este caso no estaba satisfecho el presupuesto para la

justicia. Respecto del segundo evento, coligió que como el Juzgado Promiscuo de Soledad revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Barceló de la Hoz, en este caso no estaba satisfecho el presupuesto para la configuración del error jurisdiccional, previsto en el numeral 2 del artículo 67 de la Ley 270 de 1996. Frente a la última hipótesis, indicó que era válido declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, en aquellas circunstancias en las que la víctima directa no hubiera padecido una medida de reclusión en un centro carcelario, sin embargo, para que ello suceda, es menester la presencia de otro tipo de lesión sobre el derecho a la libertad, que, por cierto, en el sub lite no estaba acreditada, según el a quo. Por otra parte, adujo que no hay un medio de convicción que revele el menoscabo sufrido por el señor Barceló de la Hoz en su ejercicio profesional, con motivo de la referida medida de aseguramiento. Finalmente, desestimó el dictamen pericial rendido en este contencioso, debido a que la liquidación de los perjuicios establecida por el perito no está soportada en algún registro o documento contable, sino en declaraciones extra juicio que no fueron ratificadas en el proceso. 2.4. El recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación", con la pretensión de que esta Corporación revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, acceda a las súplicas de la demanda. Como argumentos de inconformidad frente a la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, el apelante sostuvo que Javier Jesús Barceló de la Hoz y sus familiares fueron afectados en su honra y buen nombre,

súplicas de la demanda. Como argumentos de inconformidad frente a la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, el apelante sostuvo que Javier Jesús Barceló de la Hoz y sus familiares fueron afectados en su honra y buen nombre, con las notas periodísticas que informaron la investigación penal a la que ya se ha hecho mención. Afirmó también, que las razones de la decisión del Juzgado Promiscuo de Soledad revelan que las actuaciones de la Fiscalía fueron injustas. Manifestó que la medida de aseguramiento que impuso el ente investigador, por un lado, estuvo sustentada en suposiciones e interpretaciones erróneas de los medios probatorios, y, por el otro, causó un daño de tal magnitud que la víctima 12 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 241. Cuaderno 1. 13 Alegatos de conclusión de la Nación — Rama Judicial. Folios 242 a 256. Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 259 a 268, Alegatos de conclusión de la Nación — Fiscalía General de la Nación. Folios 269 a 290. Todos en el cuaderno 1. 14 Recurso de apelación. Folios 343 a 348. Cuaderno 1. 3Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Actor: Javier Jesús flareeló de la Hoz directa entró en un estado de desasosiego, depresión e inseguridad. Indicó que esta controversia debía ser estudiada a partir de un régimen objetivo de responsabilidad del Estado, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Consideró que, con el dictamen pericial rendido en este litigio acreditó los perjuicios materiales por concepto de daño emergente, por lo que aquel debió

responsabilidad del Estado, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Consideró que, con el dictamen pericial rendido en este litigio acreditó los perjuicios materiales por concepto de daño emergente, por lo que aquel debió ser valorado por el fallador de primer grado. Finalmente, precisó que las pretensiones de la demanda no se centran en el resarcimiento de los perjuicios causados por una privación injusta de la libertad, sino por la dilación injustificada en el actuar de la administración de justicia, que mantuvo al señor Barceló de la Hoz atado a un proceso judicial por un lapso superior a ocho años. 2.5. El trámite procesal relevante de segunda instarTia Esta Corporación, por medio de auto del 20 de abril de 2016 15 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En piovidencia posterior", corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos dé conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo. La Nación — Fiscalía General de la Nación, en sus alegaciones conclusivas 17 , sostuvo que en el caso objeto de estudio no se satisfacen los requisitos para que proceda la responsabilidad patrimonial del Estado por un error jurisdiccional. También expresó que la privación injusta de la libertad no fue el título de imputación invocado en la demanda. Añadió que la parte demandante incumplió la carga que le asistía de, demostrar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. A su turno, la parte demandante" reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. El Ministerio Público y la Nación — Rama Judicial guardaron silencio 19 .

III. CONSIDERACIONES

funcionamiento de la administración de justicia. A su turno, la parte demandante" reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. El Ministerio Público y la Nación — Rama Judicial guardaron silencio 19 .

III. CONSIDERACIONES 3.1. Marco de juzgamiento de la controversia objeto de estudio Revisada la demanda, esta Subsección observa que en algunos apartes los demandantes mencionaron el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia 2 °, no obstante, de los acápites de pretensiones 21 , de 15 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 354. Cuaderno principal. 16 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 356. Cuaderno principal. 17 Alegatos de conclusión de la Fiscalía General de la Nación. Folios 357 a 374. Cuaderno principal. 18 Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 377 a 380. Cuaderno principal. 19 Constancia secretarial. Folio 375. Cuaderno principal. 20 "Con relación a la responsabilidad de la Administración de justicia por los hechos de esta demanda, es claro que de los mismos se desprende responsabilidad objetiva por parte del Estado, conforme a los Artículos 2, 21 y 90 de la Constitución Política y el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, quo facultad a quien haya sufrido daños antijurídicos por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, para demanda al Estado la reparación de los perjuicios recibidos. La responsabilidad objetiva y directa del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en este caso, se encuentra regulada por las siguientes normas.

reparación de los perjuicios recibidos. La responsabilidad objetiva y directa del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en este caso, se encuentra regulada por las siguientes normas. (...) Con su actuación los servidores públicos que profirieron tales medidaá, actuaron ligeramente, ocasionando daños antijurídicos a mi poderdante y dando lugar a funcionamiento defectuoso de la justicia". Folio 6. Cuaderno 1. 21 "Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN -RAMA JUDICIALFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios morales y materiales causados (. ..) con ocasión de la medida de aseguramiento de que fue objeto JAVIER JESÚS BARCELó DE LA HOZ (...) Que la NACIÓNRAMA JUDICIAL -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es responsable de los perjuicios materiales y subjetivos causados (sic) sus hermanos (...) como consecuencia de la medida dé aseguramiento que se dictó (...). Que como consecuencia de las declaraciones anteriores la entidad pública demandada pagará por concepto de lucro cesante y daño emergente a JAVIER JESÚS BARCELó DE LA HOZ, los valores que se discriminan en la sección "Estimación razonada de la cuantía", como perjuicios cauáados en el lapso comprendido entre el 18 de enero de 1993 (medida de aseguramiento) hasta el 28 de febrero de 2001 (absolución), periodo en el que los accionantes sufrieron, por decisión de la Nación — Fiscalía General de la Nación, las consecuencias de la medida de aseguramiento que recayó sobre JAVIER JESÚS BARCELD DE LA HOZ Demanda. (negrilla dentro y fuera del texto). Folios 1 y 2. Cuaderno principal.

de la medida de aseguramiento que recayó sobre JAVIER JESÚS BARCELD DE LA HOZ Demanda. (negrilla dentro y fuera del texto). Folios 1 y 2. Cuaderno principal. 4Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Actor: Javier Jesús Barceló de la Hoz hechos 22 y de fundamentos de derecho 23 se desprende que la causa del daño del que los actores procuran sea reparado, radica única y exclusivamente en la resolución expedida por la Fiscalía 265 del Circuito de Bogotá, Adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de la Nación, que impuso medida de aseguramiento en contra de Javier Jesús Barceló de la Hoz, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En ese sentido, el marco de juzgamiento que debía seguir el juez de primera instancia, se encontraba en definir el posible error jurisdiccional en el que incurrió el ente investigador", al dictar la referida providencia judicial. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico, además de estudiar el daño derivado del error jurisdiccional, analizó los probables menoscabos que se hubieren producido a la víctima directa y cuya fuente de origen residiera en un defectuoso funcionamientó de la administración de justicia y en una privación injusta de la libertad. De este proceder se valió la parte demandante para precisar, en el recurso de apelación, que la demanda de reparación directa no perseguía la indemnización de los perjuicios producidos por una privación injusta de la libertad, sino por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ocasionado

recurso de apelación, que la demanda de reparación directa no perseguía la indemnización de los perjuicios producidos por una privación injusta de la libertad, sino por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ocasionado por la dilación injustificada ,del proceso penal adelantado en contra del señor Barceló de la Hoz 25 ; daño que, por lo ya expuesto, no fue motivo de protesta por los actores en el escrito de demanda." Es del caso recordar que esta Sección ha considerado de manera pacífica, en primer lugar, que los jueces carecen por completo de facultades para variar la causa petendi que la parte actora narra en la demanda, es decir, que los procesos que se

Es del caso recordar que esta Sección ha considerado de manera pacífica, en primer lugar, que los jueces carecen por completo de facultades para variar la causa petendi que la parte actora narra en la demanda, es decir, que los procesos que se 22 "5. Desde el mismo momento en que se dictó la medida de aseguramiento en contra de JAVIER JESÚS BARCELó DE LA HOZ, la angustia personal y familiar se desató enormemente, pues con semejante sindicación, ampliamente publicitada por los medios de comunicación, se sometió a mi poderdante y familiares, al descredito público, afectándoseles en su honra y dignidad personal y a una permanente inestabilidad económica, emocional y familiar. (...) 8. Como consecuencia de estos acontecimientos, el señor JAVER JESÚS BARCELÓ DE LA HOZ, y después de haberse ordenado indagatoria y dictado la medida de aseguramiento, por parte de la Fiscalía, entro en un estado de desasosiego, depresión e inseguridad (...). 9. Como se observa el señor JAVIER JESÚS BARCEL6 DE LA HOZ, estuvo cobijado con esa medida durante el lapso de ocho (8) años un (1) mes sin poder laborar con tranquilidad y permanecer cesante por más de cuatro (4) años. Sus gastos de manutención y los relacionados con su defensa llevar a sus hermanos (...) a contribuir económicamente con la familiar BARCELÓ DIAL 10. Mi representado y su núcleo familiar fue dura y moralmente afectado, durante el tiempo en que estuvo vigente la medida de aseguramiento y por el despliegue publicitario realizado por los medios de comunicación a nivel local y nacional". Demanda. Folios 4 y 5. Cuaderno 1.

23 "Por los hechos aquí enunciados, la Nación — Rama Judicial — Fiscalía General de la Nación (...) incurrieron en responsabilidad directa por la medida aseguramiento dictada a mi poderdante JAVIER JESÚS BARCEL6 DE LA HOZ, a que fue sometido por más de ocho (8) años y cuando con tal decisión jurisdiccional le ocasionaron daños de orden material y moral (...) No cabe duda que (...) los servidores públicos que intervinieron para dictar su medida de aseguramiento, actuaron con ligereza basados en suposiciones e interpretaciones erróneas de los medios probatorios" Folios 6 y 7. Cuaderno 1.

24 Corte Constitucional. Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. "[„ debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica [...1. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico. Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacia la autonomía funcional del juez [. ..]. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subietiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda. que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse iudicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio". (subrayado fuera de texto). 25 "Como se ha venido manifestando en el presente caso mi patrocinado permaneció atado a un proceso penal por más de ocho años, actuación que sufrió una dilación injustificada, por lo que es procedente la reparación de los perjuicios sufridos ante la inexistencia al derecho de acceder a una justicia rápida y eficaz". Folio 348. Cuaderno principal.

5Radicado: 08001-23-31-000-2009-00309-01 (56646) Actor Javier Jesús Barceló de la Hoz tramitan ante esta jurisdicción deberán ser resueltos con base en los antecedentes tácticos descritos en la demanda 26 y en los medios de prueba regular y oportunamente allegados al plenario 27 ; y, en segundo lugar, que ni los alegatos de conclusión ni el recurso de apelación se constituyen como oportunidades procesales procedentes para que la parte actora modifique la causa petendi de la demanda", ni siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, ya que ello implicaría una transgresión al derecho de contradicción y defensa de la parte contraria 29 . Con base en lo anterior, es claro que en el presente asunto: (i) el juez de primera instancia se extralimitó en sus funciones al estudiar de fondo daños que no fueron planteados en la demanda, lo que transgrede el principio`de congruencia" y vulnera el derecho fundamental al debido proceso y a la defenáa de la contraparte 31 ; y (ii) que los actores trataron de modificar de manera indebida la causa petendi expuesta en la demanda, al incluir en el recurso de apelación el daño por una probable dilación injustificada del proceso penal adelantado en cóntra del señor Barceló de la Hoz. En consecuencia, la Sala considera que el marco de juzgamiento al que debía sujetarse el Tribunal de primer grado fue transgredido, por lo que únicamente se continuara el estudio de mérito respecto de la posible ocurrencia de un error jurisdiccional, y no de la privación injusta de la;libertad o del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. 3.2. Problema jurídico

se continuara el estudio de mérito respecto de la posible ocurrencia de un error jurisdiccional, y no de la privación injusta de la;libertad o del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. 3.2. Problema jurídico Precisado lo anterior, a la Sala, tras verificar el presupuesto procesal de la competencia, le corresponde resolver el siguiente prbblema jurídico: ¿La parte actora presentó la demanda dentro del término legal Rara promover la acción de reparación directa por daños cuya fuente se encuentra en la actividad judicial, específicamente, en un error jurisdiccional contenido en una providencia que impuso una medida de aseguramiento en contra de Javier Jesús Barceló de la Hoz, en el trámite de un proceso penal que cursaba en su contra? 28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de febrero de 1999, exp. S-123. "[...] los hechos son la causa petendi de la demanda, en cuanto cdnfiguran la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el ptinto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto del debate durante el proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la"demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia". 27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de mayo de 2019, exp. 44799.

debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia". 27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de mayo de 2019, exp. 44799. 28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 1996, exp. 8422. "La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la fésponsabitidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. F...] Cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya citie, por una parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios exceptivos estarián enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra parte, en atención a que ésta jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condéna al pago de los perjuicios". 28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 195, exp. S-123. 33 Código de Procedimiento Civil. "Artículo 305. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las

33 Código de Procedimiento Civil. "Artículo 305. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. [...]". 31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 16941, fundamento jurídico 3.1. Reiterado en la sentencia de la Subsección C del 1° de julio de 2015, rexp. 34587. 6Radicado: 08001-23-31-000-2009-0030941 (56646) Actor: Javier Jesús Barceló de la Hoz En el evento de que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, y esté satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación en la causa, está Subsección adelantará el respectivo ' juicio de responsabilidad del Estado; y, si resulta procedente, verificará el mérito que las pruebas del expediente tienen para acreditar los perjuicios que se hubieren causados. 3.3. Hechos probados relevantes para la resolución del problema jurídico enunciado Las copias de los documentos simples que respaldan los hechos que se relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en este contencioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos". 3.3.1. El Alcalde del municipio de Soledad, Rodrigo Edison Martínez Rodríguez, el 9 de octubre de 1992 ,33 solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigara procesos contractuales celebrados por administraciones anteriores, en especial, los

9 de octubre de 1992 ,33 solicitó a la Fiscalía General de la Nación que in