CE - 012331000201000032011SENTENCIA20230615114157

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: ERIKA FERNANDA RÚA MARÍN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SUMARIAS Y ARBITRARIAS – Muerte de civiles por parte de integrantes del Grupo Gaula Militar de Antioquia / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES – El militar que suscribió y autorizó la operación táctica aceptó en el proceso penal que los informes de operaciones rendidos por los uniformados no correspondían a la realidad, sino que se trataba de enfrentamientos armados simulados – SENTENCIA PENAL CONDENATORIA POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO - El coronel del Ejército Nacional condenado por el delito de homicidio en persona protegida aceptó que se colocaron armas de fuego al lado de los cuerpos de los civiles para reportarlos como delincuentes dados de baja en combate / SENTENCIA PENAL

protegida aceptó que se colocaron armas de fuego al lado de los cuerpos de los civiles para reportarlos como delincuentes dados de baja en combate / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA PROFERIDA EN CONTRA DE UNO DE LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS – Las providencias proferidas en otro proceso no configuran cosa juzgada frente a los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado; sin embargo, cuando acreditan las circunsta ncias de tiempo, modo y lugar, pueden ser valoradas por el juez contencioso con el fin de obtener certeza respecto de los elementos de la responsabilidad / RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES EN CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANO S - Regla de excepción contemplada en sentencia de unificación jurisprudencial, por tratarse de una grave violación de los Derechos Humanos / MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL - Previo acuerdo con los familiares de las víctimas y sus representantes, la entidad deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y de excusas a los familiares de las víctimas.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2013, por elRadicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

2 Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

2 Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de enero de 2008, en la vereda “San Pablo” del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, integrantes del Grupo Gaula Militar de Antioquia asesinaron en un presunto enfrentamiento armado a tres personas, a quienes reportaron como delincuentes dados de baja en combate.

Los demandantes plantean que la muerte de sus familiares se pr odujo como consecuencia de una ejecución extrajudicial, porque no pertenecían a ningún grupo ilegal y se los llevaron al lugar donde fueron asesinados con engaños, al ofrecerles un supuesto trabajo, para poderlos ultimar y después presentarlos como delincuentes dados de baja en combate.

Por su parte, la entidad demandada alega que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas, porque fueron atacados inicialmente por los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jes ús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño , por lo que tuvieron que reaccionar en legítima defensa, lo cual descartaba la ocurrencia de una ejecución extrajudicial.

II. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

En escrito presentado el 26 de noviembre de 2009 (fls. 86 a 162 c. 1), los señores Erika Fernanda Rúa Marín , quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Juan Camilo García Rúa, María Perpetua Ospina López,

Erika Fernanda Rúa Marín , quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Juan Camilo García Rúa, María Perpetua Ospina López, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Heider Duván Foronda Ospina, Ana Agustina García Ospina, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Ronal Andrés Grisales García, Martha Isabel García Ospina, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Marian Yajaira Toro García, y Angela María García Ospina -primer grupo familiar -; la señora Ana Agustina García Ospina, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Ronal Andrés Grisales García -segundo grupo familiar-; los señores Claudia Patricia Rodríguez, MaríaRadicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

3 Orfilia Ramírez Londoño, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Faisury Ramírez Londoño y Johan David Vélez Ramírez, Leonardo Vélez, P iter Alexander Ramírez Londoño, Diego Fernando Alcalde Ramírez, Dora Yanet Sepúlveda Ramírez y María Yolanda Restrepo Ramíreztercer grupo familiar -, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 a 26 c. 1) , interpusieron demanda en ejercicio de la acción de rep aración directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara

interpusieron demanda en ejercicio de la acción de rep aración directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la muerte de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño, ocurrida el 10 de enero de 2008, en la vereda “San Pablo” del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las siguientes indemnizaciones:

Primer grupo familiar – Víctima José Luis García Ospina

Por concepto de perjuicios morales, se solicitó una suma equivalente a 600 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena que sufrieron como consecuencia de la muerte del señor José Luis García Ospina; por concepto de “daño a la vida de relación”, se reclamó una suma equivalente a 550 s.m.l.m.v., para cada uno de los demandantes, por la alteración que en su entorno social y familiar produjo la muerte de su ser querido.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió para la señora Erika Fernanda Rúa Marín la suma de $56’051.503 y para su hijo Juan Camilo García Rúa la suma de $ 40’807.682, o la sumas superiores que resultaran demostradas en el proceso, por los ingresos dejados de percibir por la ayuda económica que le s proporcionaba su compañero permanente y padre , el señor José Luis García Ospina.

Por la pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente, se deprecó para la

ayuda económica que le s proporcionaba su compañero permanente y padre , el señor José Luis García Ospina.

Por la pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente, se deprecó para la señora Erika Fernanda R úa Marín la suma de $98’829.707, por el estrés postraumático en el que quedó a raíz de la muerte del señor José Luis García Ospina, lo cual le impidió reemprender su s labores habituales, por falta de concentración y depresión constante.Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

4 Segundo grupo familiar - Víctima Héctor de Jesús Grisales Uribe

Por concepto de perjuicios morales, se solicitó una suma equivalente a 600 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena que sufrieron como consecuencia de la muerte del señor Héctor de Jesús Grisales Uribe; por concepto de “daño a la vida de relación”, se reclamó una suma equivalente a 550 s.m.l.m.v., para cada uno de los demandantes, por la alteración que en su entorno social y familiar produjo la muerte de su ser querido.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió para la señora Ana Agustina García Ospina la suma de $51’589.490 y para su hijo Ronal Andrés Grisales García la suma de $40’681.184, o la sumas superiores que

para la señora Ana Agustina García Ospina la suma de $51’589.490 y para su hijo Ronal Andrés Grisales García la suma de $40’681.184, o la sumas superiores que resultaran demostradas en el proceso, por los ingresos dejados de percibir por la ayuda económica que les proporcionaba su compañero permanente y padre, el señor Héctor de Jesús Grisales Uribe.

Por la pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente, se deprecó para la señora Ana Agustina García Ospina la suma de $97’952.487, por el estrés postraumático en el que quedó a raíz de la muerte del señor Héctor de Jesús Grisales Uribe, lo cual le impidió reemprender su s labores habituales, por falta de concentración y depresión constante.

Tercer grupo familiar – Víctima Carlos Mario Ramírez Londoño

Por concepto de perjuicios morales, se solicitó una suma equivalente a 600 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena q ue sufrieron como consecuencia de la muerte del señor Carlos Mario Ramírez Londoño; por concepto de “daño a la vida de relación”, se reclamó una suma equivalente a 550 s.m.l.m.v., para cada uno de los demandantes, por la alteración que en su entorno social , laboral y familiar produjo la muerte de su ser querido.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió para l a señora Claudia Patricia Rodríguez la suma de $99’574.899 o la suma superior que resultara demostrada en el proceso, por los ingresos dejados de

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió para l a señora Claudia Patricia Rodríguez la suma de $99’574.899 o la suma superior que resultara demostrada en el proceso, por los ingresos dejados de percibir por la ayuda económica que le proporcionaba su compañero permanente, el señor Carlos Mario Ramírez Londoño.Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

5 Por la pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente, se deprecó para la señora Claudia Patricia Rodríguez la suma de $9 4’530.788, por el estrés postraumático en el que quedó a raíz de la muerte del señor Carlos Mario Ramírez Londoño, lo cual le impidió reemprender su s labores habituales, por falta de concentración y depresión constante.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente: Los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño residían en el municipio de “La Virginia”, Risaralda, y en el mes de enero de 2008, cuando se encontraban en un billar, una persona les propuso trabajar en una finca cercana a la ciudad de Medellín, propuesta que aceptaron por la difícil situación económica que atravesaban , sin que desde entonces se volviera a saber de ellos. En el municipio de “La Virginia” empezaron los rumores de que los cadáveres de

aceptaron por la difícil situación económica que atravesaban , sin que desde entonces se volviera a saber de ellos. En el municipio de “La Virginia” empezaron los rumores de que los cadáveres de los tres amigos se encontraban en la morgue d e Medellín, por lo que l a señora María Orfilia Ramírez Londoño, madre de Carlos Mario Ramírez Londoño, se desplazó hasta esa ciudad a corroborar esa información. La señora María Orfilia Ramírez Londoño confirmó que los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño efectivamente habían muerto el 11 de enero de 2008 en un enfrentamiento armado con efectivos del Ejército Nacional, en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, los cuales habían sido reportados como integrantes de un grupo emergente al servicio del narcotráfico , situación que comunicó a los familiares de las otras víctimas. Según la demanda, la muerte de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño se produjo como consecuencia de una actuación arbitraria de integrantes del Grupo Gaula del Ejército Nacional, porque no se demostró que las víctimas los agredieron, pues no pertenecían a ningún grupo ilegal, sino que se los llevaron con engaños, al ofrecerles un supuesto trabajo, para poderlos ultimar y después presentarlos como delincuentes dados de baja en combate. Finalmente, se sostuvo que los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño no se dedicaban al momento deRadicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Finalmente, se sostuvo que los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño no se dedicaban al momento deRadicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

6 los hechos al desarrollo de actividades delictivas y, por el contrario, fueron asesinados en un estado de total indefensión , lo cual constituía una ejecución extrajudicial.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 27 de enero de 2010, que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fl. 164 c. 1).

El Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y, en síntesis, argumentó que se desconocía n las circunstancias de tiempo, modo y lugar e n que ocurrieron los hechos, pero que en el transcurso del proceso se demostraría su ausencia de responsabilidad por la configuración de la causal eximente de culpa exclusiva de las víctimas (fls. 168 a 177 c. 1).

El 13 de julio de 2010, el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 28 de mayo de 2012, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 184 a 185 c. 1; 400 c. 2).

y, mediante auto del 28 de mayo de 2012, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 184 a 185 c. 1; 400 c. 2).

La parte demandante, luego de referirse a los hechos materia del proceso y al acervo probatorio recaudado, manifestó que se demostró que las víctimas fueron ultimadas por miembros del Ejército Nacional, a quienes hicieron pasar como delincuentes dados de baja en un combate; sin embargo, no portaban armas de fuego, ni tenían vínculo alguno con grupos al margen de la ley, lo cual constituía una ejecución extrajudicial, a lo que debía agregarse que ninguno residía en el lugar donde fueron asesinados (fls. 426 a 450 c. 1).

El Ejército Nacional adujo que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta de la configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas, porque el grupo ilegal al que pertenecían agredió a la tropa en el momento en el que desarrollaban una operación militar, lo que generó la reacción inmediata y legítima de los uniformados para proteger su vida e integridad personal (fls. 404 a 415 c. 2).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

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3. La sentencia de primera instancia

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3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.

Después de hacer una valoración de las pruebas obrantes en el proceso, señaló que el 11 de enero de 2008, en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, integrantes del Grupo Gaula Militar Antioquia reportaron que dieron de baja a tres sujetos sin identificar integrantes de las BACRIM -Bandas Emergentes y Bandas Criminales-, quienes después del reconocimiento de sus familiares y del respectivo cotejo dactiloscópico fueron identificados como José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño.

Una vez verificado el daño reclamado en la demanda, consideró que no resultaba imputable a la entidad accionada, porque con fundamento en la prueba de análisis de residuos de disparo en mano, concluyó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas, en atención a que estaba demostrado que dispararon las armas de fuego encontradas al lado de sus cadáveres en contra de los uniformados del Grupo Gaula , razón que provocó que hicieran uso de sus armas de dotación oficial para defenderse del ataque de que fueron objeto (fls. 472 a 491 c. ppal).

4. El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante impugnó la decisión de primera

fueron objeto (fls. 472 a 491 c. ppal).

4. El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante impugnó la decisión de primera instancia, porque el a quo consideró que las víctimas dispararon inicialmente las armas que se encontraron al lado de sus cadáveres, porque dos de ellos figuraban como reinsertados de las AUC , cuando precisamente esa condición y su conocimiento en armas les permitía abstenerse de iniciar un combate teniendo en cuenta que el Ejército Nacional tenía ventaja sobre ellos.

Por último, cuestionó la decisión del a quo porque no tuvo en cuenta que, independientemente de la calidad de desmovilizados, existió un uso desproporcionado de las armas de fuego en contra de las víctimas (fls. 493 a 505 c. ppal).Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

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5. El trámite en segunda instancia

El 2 9 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió la apelación interpuesta (fl. 506 c. ppal). El recurso fue admitido por esta Corporación el 2 8 de marzo de 2014 (fls. 51 0 a 5 11 c. ppal). Posteriormente, el 2 de ma yo siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 513 c. ppal).

siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 513 c. ppal).

Las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo de la presente acción (fls. 514 a 515; 516 a 527 c. ppal). El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

El 28 de julio de 2016, se resolvió tener como prueba la sentencia de 19 de enero de 2016, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante l a cual condenó al coronel del Ejército Nacional Robinson Javier González como responsable de la conducta punible de homicidio en persona protegida en contra de 32 civiles, entre ell os, de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño (fls. 593 a 596 c. ppal)1.

De la anterior prueba se corrió traslado a las partes, sin que hicieran pronunciamiento alguno (fl. 597 c. ppal).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Antioquia , de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía, según lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el artículo 20 del C.P.C, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales

a la cuantía, según lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el artículo 20 del C.P.C, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda (26 de noviembre

1 Se explicó que la parte demandante no estaba aportando una prueba nueva, si no complementando las piezas procesales inicialmente remitidas por el juez penal de conocimiento, en cumplimiento al auto por el cual fue decretada una prueba en primera instancia .Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

9 de 2009)2, para que un proceso de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acontecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en el daño que se alega sufrido por la parte demandante con ocasión de la muerte de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús

En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en el daño que se alega sufrido por la parte demandante con ocasión de la muerte de los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño, en hechos ocurridos el 10 de enero de 2008, en la vereda “San Pablo” del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia.

Así las cosas, el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa vencía el 11 de enero de 2010 y, como quiera que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de octubre de 2009 (fls. 83 a 85 c. 1) y la demanda el 26 de noviembre de 2009 (fls. 86 a 162 c. 1), se impone concluir que se formuló en tiempo oportuno.

3. La legitimación en la causa

3.1. Primer grupo demandante – Víctima José Luis García Ospina

La presente demanda de reparación directa fue interpuesta por los señores Erika Fernanda Rúa Marín, Juan Camilo García Rúa, María Perpetua Ospina López, Heider Duván Foronda Ospina, Ana Agustina García Ospina, Ronal Andrés Grisales García, Martha Isabel Ga rcía Ospina, Marian Yajaira Toro García y Angela María García Ospina.

2 Por concepto de perjuicios morales, se solicitó una suma equivalente a 600 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, y por concepto de “daño a la vida de relación”, se reclamó una suma

García Ospina.

2 Por concepto de perjuicios morales, se solicitó una suma equivalente a 600 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, y por concepto de “daño a la vida de relación”, se reclamó una suma equivalente a 550 s.m.l.m.v., para cada uno de los demandantes.Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

10 En el expediente obra el registro civil de nacimiento del señor José Luis García Ospina (fl. 30 c. 1), en el que figura como su madre la señora María Perpetua Ospina López.

Se encuentra en el plenario el registro civil de nacimiento del menor Juan Camilo García Rúa (fl. 34 c. 1), en el que se evidencia que su padre era el señor José Luis García Ospina.

En el plenario se cuenta con l os registros civiles de nacimiento de los señores Heider Duván Foronda Ospina (fl. 36 c. 1), Ana Agustina García Ospina (fl. 39 c. 1), Martha Isabel García Ospina (fl. 38 c. 1) y Angela María García Ospina (fl. 41 c. 1), en los que se evidencia que su madre también es la señora María Perpetua Ospina López y, por tanto, se trata de los hermanos de la víctima.

En el expediente milita el registro civil de nacimiento del menor Ronal Andrés Grisales García (fl. 40 c. 1), en el que se aprecia que su madre es la señora Ana

López y, por tanto, se trata de los hermanos de la víctima.

En el expediente milita el registro civil de nacimiento del menor Ronal Andrés Grisales García (fl. 40 c. 1), en el que se aprecia que su madre es la señora Ana Agustina García Ospina; p or tanto, se concluye que se trata del sobrino de la víctima.

Del plenario probatorio hace parte el registro civil de nacimiento de la menor Marian Yajaira Toro García (fl. 40 c. 1), en el que figura como su madre la señora Martha Isabel García Ospina; por tanto, se colige que se trata del sobrino de la víctima.

La señora Erika Fernanda Rúa Marín acudió al proceso en calidad de compañera permanente de la víctima , condición que demostr ó con las declaraciones de las señoras Blanca Inés Marín y Nelly Rodríguez.

El 4 de octubre de 2011, ante juez comisionado, rindió su declaración en el presente proceso la señora Blanca Inés Marín, suegra del señor José Luis García Ospina, quien manifestó que “conocí a José Luis García Ospina, mi yerno, antes de que viviera con mi hija Erika Fernanda Rúa Marín y tres años que vivió con mi hija, o sea lo conocí durante aproximadamente cuatro años (…) José Luis vivía con nosotros en Galicia, ya tenía un niño con Erika.

Al ser interrogad a por el tiempo que convivió con la señor a Erika Fernanda Rúa Marín, contestó que “vivieron juntos tres años, más los que estuvieron de novios”

nosotros en Galicia, ya tenía un niño con Erika.

Al ser interrogad a por el tiempo que convivió con la señor a Erika Fernanda Rúa Marín, contestó que “vivieron juntos tres años, más los que estuvieron de novios” (…) eran una pareja que se quería y estaban felices con el bebé” y agregó queRadicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

11 “moralmente ella se afectó mucho, por la falta de él, ella lloraba mucho, e lla se apegó mucho al niño con la muerte de José Luis” (fls. 391 a 394 c. 2).

El 12 de abril de 2011, ante juzgado comisionado, rindió su declaración en el presente proceso la señora Nelly Rodríguez, vecina del grupo familiar demandante, quien al ser preguntada sobre si conocía alguna dificultad que afrontara la señora Erika Fernanda Rúa por la muerte de su compañero permanente, el señor José Luis García Ospina, respondió “que a raíz de su muerte a la muchacha le ha tocado trabajar para velar por su bebé” (fls. 271 a 274 c. 1).

Como se puede apreciar, la señora Blanca Inés Marín, suegra de la víctima, suministró datos relacionados sobre el tiempo de convivencia, su relación sentimental y la afectación moral que padeció esta demandante por la falta de su compañero permanente, el señor José Luis García Ospina.

suministró datos relacionados sobre el tiempo de convivencia, su relación sentimental y la afectación moral que padeció esta demandante por la falta de su compañero permanente, el señor José Luis García Ospina.

Por su parte, la señora Nelly Rodríguez, en razón de su relación de vecindad, reconoció que el señor José Luis García Ospina era el compañero permanente de esta demandante y que ella se vio obligada a trabajar a raíz de su muerte.

Las pruebas de índole testimonial que se vienen de relacionar y analizar, permiten concluir que, para la fecha en la que murió el señor José Luis García Ospina , su compañera permanente era la señora Erika Fernanda Rúa Marín ; por tanto, esta demandante cuenta con legitimación en la causa por activa.

3.2. Segundo grupo demandante – Víctima Héctor de Jesús Grisales Uribe

La presente demanda de reparación directa fue interpuesta por l a señora Ana Agustina García Ospina y el menor Ronal Andrés Grisales García.

Obra en el plenario el registro civil de nacimiento del menor Ronal Andrés Grisales García (fl. 12 c. 1), en el que figuran como sus padres los señores Héctor de Jesús Grisales Uribe y Ana Agustina García Ospina.

La señora Ana Agustina García Ospina acudió al proceso en calidad de compañera permanente de la víctima, condición que demostró con las declaraciones de las señoras María Edith Vinasco, Nelly Rodríguez y Blanca Inés Marín.

En efecto, el 11 de abril de 2011, ante juzgado comisionado, rindió su declaración

señoras María Edith Vinasco, Nelly Rodríguez y Blanca Inés Marín.

En efecto, el 11 de abril de 2011, ante juzgado comisionado, rindió su declaración en el presente proceso la señora María Edith Vinasco, amiga de la víctima, quienRadicación número: 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115)

Actor: Erika Fernanda Rúa Marín y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

12 manifestó que “Héctor vivía con Ana, que era la esposa de él” (…) “él vivía con Ana aquí en la vari