CE - 012331000201001731011SENTENCIA20231018085959

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 76001233100020100173101(50378)

Demandante: BEATRÍZ EUGENIA LIBREROS GONZÁLEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS

Tema: Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de seguridad y protección. Hecho exclusivo de un tercero. Valor probatorio de las entrevistas, las pruebas allegadas en copia simple y del testigo sospechoso y de oídas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por las partes procesales contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 27 de agosto de 2009, en el trascurso de la audiencia en la que anunció el sentido del fallo condenatorio en contra de un grupo de integrantes de la banda denominada “los del caminito” , la Juez Tercera Penal Especializada de Cali, Beatriz Eugenia Libreros González, fue objeto de amenazas verbales que puso en conocimiento del Juez Quinto Penal Especializado con funciones de Conocimiento, quien , a su vez, informó a la Policía Metropolitana y solicitó el estudio del nivel de riesgo que di o como resultado “ordinario”.

Juez Quinto Penal Especializado con funciones de Conocimiento, quien , a su vez, informó a la Policía Metropolitana y solicitó el estudio del nivel de riesgo que di o como resultado “ordinario”.

El 5 de octubre de 2009, “los del caminito” reiteraron y formalizaron sus amenazas mediante llamadas y mensajes de texto al teléfono celular de la Juez Libreros González, haciéndolas extensivas a su núcleo familiar. En atenc ión a estas amenazas la funcionaria judicial informó a la Administración Judicial, refiriendo la peligrosidad de estas y requiriendo que se prestara protección y seguridad para ella y su familia. La Administración Judicial, nuevamente informó a la Policía Metropolitana de Cali, requirió la asignación de una unidad policial para la seguridad de la Juez Tercera Penal Especializada y la elaboración de un nuevo estudio de2

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Demandante: Beatriz Eugenia Libreros González y Otros

riesgo, asignándole un chaleco antibalas y una camioneta polarizada a la funcionaria judicial.

El 14 de octubre de 2009, a las 5:30 p.m., Beatriz Eugenia Libreros González fue atacada por un sicario que irrumpió en el garaje de su casa de habitación cuando la juez ingresaba en la camioneta polarizada, propinándole un disparo que impactó en el chaleco antibalas y desvió el proyectil que, finalmente, se alojó en la región glútea derecha.

Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional son patrimonialmente responsables por las

derecha.

Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional son patrimonialmente responsables por las lesiones padecidas por Beatriz Eugenia Libreros González, por omisión en el deber de seguridad y protección.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 4 de octubre de 20101, Beatriz Eugenia Libreros González, Juan Pablo Rodríguez Libreros, Gustavo Adolfo Rodríguez Libreros y Aida Nelly González de Libreros , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para que se le s declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con las lesiones sufridas por Beatriz Eugenia Libreros González.

Como pretensiones de su demanda , el extremo activo solicita condenar a la s entidades demandadas a pagar, por daño emergente , a favor de Beatriz Eugenia Libreros González, la suma de $1.300.000 mensuales, por el término de duración del contrato de arrendamiento suscrito por la demandante mientras lograba vender el inmueble en el que ocurrió el atentado ; por daño moral , 200 SMLMV a favor de Beatriz Eugenia Libreros González y 150 SMLMV para cada uno de los demás demandantes; por daño a la vida de relación , 200 SMLMV a favor de Beatriz Eugenia Libreros González y 150 SMLMV para cada uno de los demás demandantes; por daño psicológico , 200 SMLMV a favor de Beatriz Eugenia

demandantes; por daño a la vida de relación , 200 SMLMV a favor de Beatriz Eugenia Libreros González y 150 SMLMV para cada uno de los demás demandantes; por daño psicológico , 200 SMLMV a favor de Beatriz Eugenia Libreros González y 150 SMLMV para cada uno de los demás demandantes; y por

1 Fl. 107 a 127, C. 1.3

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daño al proyecto de vida, 200 SMLMV a favor de Gustavo Adolfo Rodríguez Libreros.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que desde el 1º de julio de 1987 Beatriz Eugenia Libreros González , se desempeñó como Juez Tercera Penal del Circuito de Cali.

Sostiene que el 27 de agosto de 2009 , luego de anunciar el sentido de un fallo condenatorio en contra de los integrantes de la banda delincuencial denominada “los del caminito”, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y homicidio y porte ilegal de armas, en el receso de la audiencia, la juez Beatriz Eugenia Libreros González fue amenazada por los familiares de los procesados.

Indica que el mismo 27 de agosto de 2009, la juez Beatriz Eugenia Libreros González informó sobre las amenazas recibidas al Coordinador de los Jueces Especializados de Cali, para que éste le comunicará a las autoridades competentes.

Afirma que el 28 de agosto de 2009 el Coordinador de los Jueces Especializados

González informó sobre las amenazas recibidas al Coordinador de los Jueces Especializados de Cali, para que éste le comunicará a las autoridades competentes.

Afirma que el 28 de agosto de 2009 el Coordinador de los Jueces Especializados de Cali le informó la situación “al general Gustavo Adolfo Ricaurte Peña, a la doctora Clara Inés Muñoz Sierra Directora de Administración Judicial y a la doctora Martha Janeth Mancera Directora del Cuerpo Técnico de Investigación CTI.”

Asevera que el 14 de septiembre de 2009, la SIPOL le informó al Coordinador de los Jueces Especializados de Cali que el resultado del estudio de seguridad efectuado a la Juez Tercera Penal de ese circuito arrojó como resultado un nivel ordinario de riesgo, lo cual significaba que no requería escolta.

Manifiesta que el 5 de octubre de 2009, aproximadamente a las 3:45 p.m. , Beatriz Eugenia Libreros González recibió una llamada y dos mensajes de texto amenazantes en contra de su vida y la de uno de sus hijos. Informa que el mismo 5 de octubre de 2009, Beatriz Eugenia Libr eros González comunicó lo anterior al Consejo Seccional de la Judicatura de Cali y a la Presidencia del Tribunal Superior de Cali, quienes le indicaron “que ya habían oficiado al Coronel Bojacá para que se hiciera cargo de la seguridad”.

Sostiene que el 6 de octubre de 2009 , la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali ofició la audiencia de lectura del fallo en contra de los integrantes de la banda4

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ofició la audiencia de lectura del fallo en contra de los integrantes de la banda4

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delincuencial “los del caminito”, fecha en la cual Beatriz Eugenia Libreros González y sus hijos contaron con el servicio de protección de la Policía Nacional.

Expone que el 9 de octubre de 2000, la administración judicial le asignó una camioneta polarizada sin blindaje para su servicio de seguridad, aduciendo que el vehículo blindado estaba dañado.

Explica que el 13 de octubre de 2009, Beatriz Eugenia Libreros González se comunicó con la directora de la administración judicial para insistir en el servicio de protección requerido.

Aduce que el 14 de octubre de 2009 Beatriz Eugenia Libreros González se comunicó con la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Supe rior de la Judicatura para insistir en la prestación del servicio de seguridad y protección.

Advierte que el 14 de octubre de 2009, aproximadamente a las 5:35 p.m., cuando Beatriz Eugenia Libreros González llegaba a su casa, en cuyo antejardín la esperaban su progenitora y sus dos hijos, mientras guardaba en el garaje la camioneta asignada por el Consejo Seccional de la Judicatura y “procedía a bajarse de dicho vehículo, su hijo mayor empezó a gritar que “la van a matar, la van a matar” y en ese momento la doctora Beatriz Eugenia Libreros González vio a un sujeto que le apuntaba con un arma por el lado izquierdo e inmediatamente le puso seguro al

y en ese momento la doctora Beatriz Eugenia Libreros González vio a un sujeto que le apuntaba con un arma por el lado izquierdo e inmediatamente le puso seguro al carro, ya que el sujeto trató de abrir la puerta de ese lado y como no pudo, le dio la vuelta al vehículo por el lado derecho y le apuntó directo a la cabeza, pero cuando iba a accionar el arma la señora madre de la juez o sea la señora Aída Nelly González, empujó al sicario quien perdió la firmeza del arma e hizo que el tiro entrara a través del vidrio frontal o p arabrisas -pues recuérdese que la camioneta no era blindada -, directo hacia la ingle, es decir, le pegó en el borde del chaleco antibala que en ese momento tenía puesto, entrando el proyectil por la ingle y alojándose en la fosa iliaca.

Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional son patrimonialmente responsables por las lesiones padecidas por Beatriz Eugenia Libreros González, por omisión en el deber de seguridad y protección.

Textualmente, el libelo introductorio señala que las entidades demandadas son patrimonialmente responsables porque: “las lesiones sufridas por la doctora Beatriz5

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Demandante: Beatriz Eugenia Libreros González y Otros

Eugenia Libreros González, se produjeron por la falta de protección de las autoridades de policía por el resultado del supuesto estudio de seguridad que hiciera la Policía Metropolitana de Cali, a través de su c omandante coronel Miguel Ángel

Eugenia Libreros González, se produjeron por la falta de protección de las autoridades de policía por el resultado del supuesto estudio de seguridad que hiciera la Policía Metropolitana de Cali, a través de su c omandante coronel Miguel Ángel Bojacá Rojas y que arrojara un nivel ordinario, es decir, que no necesitaba escolta y también a la falta de protección por parte de la administración judicial al negarse asignarle un vehículo blindado, lo que dio como resultado que al ocurrir el atentado contra la vida de la doctora Libreros, esta fuera lesionada. […]”.

2. Contestación

El 29 de octubre de 20102, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Rama Judicial3 manifestó que no hubo falla en el servicio por parte de esta entidad, por el contrario , los funcionarios judiciales ejercieron todas las actuaciones a que había lugar para proteger a la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali, Beatriz Eugenia Libreros González. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 4 consideró que las lesiones padecidas por la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali, Beatriz Eugenia Libreros González, fueron consecuencia del hecho de un tercero, que perpetró el atentado, sin que existiera falla en el servicio de la entidad policial.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 20 de noviembre de 20125 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 20 de noviembre de 20125 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El extremo activo 6 reiteró la responsabilidad de las entidades demandadas frente a las lesiones padecidas por la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali, Beatriz Eugenia Libreros González, anotando que en los hechos participó un miembro activo de la Policía Nacional, que formaba pa rte de la banda delincuencial “ los del caminito”.

2 Fl. 131 a 133, C. 1. 3 Fl. 142 a 147, C. 1. 4 Fl. 166 a 167, C.1. 5 Fl. 189, C. 1. 6 Fl. 211 a 219, C. 1.6

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Demandante: Beatriz Eugenia Libreros González y Otros

3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional 7 reiteró la configuración del hecho del tercero como causa exclusiva en la concreción de las lesiones padecidas por la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali, Beatriz Eugenia Libreros González, sin que se evidencie una falla en el servicio por parte de la entidad policial.

3.3. La Nación - Rama Judicial8 ratificó su solicitud de declarar probada la falta de la causa por pasiva y el hecho del tercero como causa exclusiva del daño.

3.4. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

la causa por pasiva y el hecho del tercero como causa exclusiva del daño.

3.4. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de marzo de 2013 9, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la responsabilidad patrimonial de las demandadas, al evidenciar que el daño antijurídico les era imputable porque incurrieron en falla por omisión en el servicio de protección y seguridad de la demandante y de su grupo familiar, pues conociendo la situación de peligro en que se encontraba la funcionaria judicial , su nivel de riesgo fue catalogado como “ordinario”, por lo que se le asignaron medidas insuficientes, inadecuadas e ineficaces.

Al efecto, sostuvo que: “la calificación del riesgo por parte de la Policía Nacional fue inadecuada por la naturaleza del mismo y por la calidad de la función que desempeñaba, al momento de los hechos la funcionaria demandante, por lo tanto incurre en falla del servicio. […] Luego, es dable colegir, que se presentó una omisión por parte de la entidad demandada, al no brindarle de manera adecuada la protección personal que la señora Beatriz Eugenia Libreros González y su familia requerían ya que era ella quien debió proferir la sent encia condenatoria en contra de miembros del grupo delictivo denominado “los del caminito”, producto de la cual había sido amenazada, situación que la conllevó a ser víctima de un atentado contra su vida, el cual concluyó con una herida en su pierna derech a. […] la señora jueza solicitó expresamente una especial protección, además, existían los elementos de juicio que le permitían a la demandada inferir que la jueza Beatriz Eugenia Libreros

su vida, el cual concluyó con una herida en su pierna derech a. […] la señora jueza solicitó expresamente una especial protección, además, existían los elementos de juicio que le permitían a la demandada inferir que la jueza Beatriz Eugenia Libreros se encontraba en un particular estado de peligro en razón a su cargo, pues en esas circunstancias, al proferir el referido fallo, el atentado contra su vida se constituía en

7 Fl. 199 a 210, C.1. 8 Fl. 220 a, C.1. 9 Fl. 261 a 277, C. PPAL.7

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un hecho previsible correspondiéndole disponer medidas de seguridad especiales a su favor y de su familia […] Ahora bien, respecto a la imputabilidad que le asiste a la demandada Nación -Rama Judicial, esta Sala concluye que, en el sub judice, ciertamente aparece demostrada la existencia de una obligación legal a cargo de la entidad demandada, esto es, la de brindar protección especial a l a jueza prenombrada, la cual, de haberse proporcionado de manera adecuada y acorde a los requerimientos propios de la actividad peligrosa que desempeñaba como funcionaria, posteriormente habría podido evitar el daño, es decir, la herida con proyectil en su pierna derecha. La entidad accionada conocía de las amenazas verbales y escritas […] pues como se ha señalado reiteradamente aquella había solicitado medidas de seguridad pertinentes y necesarias con el fin de protegerla a ella y a su familia; frente a lo cual la entidad solicitó por escrito […] a la Policía

verbales y escritas […] pues como se ha señalado reiteradamente aquella había solicitado medidas de seguridad pertinentes y necesarias con el fin de protegerla a ella y a su familia; frente a lo cual la entidad solicitó por escrito […] a la Policía Metropolitana de Cali “se considere la viabilidad de ubicar un miembro de la Policía Nacional al servicio de la (sic) Beatriz Eugenia Libreros para asegurar la vida y la integridad de esta funcionaria pública”, como actuación anterior a la fecha de la ocurrencia del atentado, además; se le suministró una camioneta polarizada, sin conductor a su disposición, medida que no es acorde a la situación de riesgo inminente de naturaleza extraordinaria en la que se encontraba la juez, y que de ninguna manera la protegió cuando se materializaron las amenazas contra su vida, omitiendo la Nación - Rama Judicial por completo las funciones administrativas establecidas para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y para el Director Seccional de la Rama Judicial, en los artículos 84.25 y 103.9 de la Ley 270 de 1996 […]”

Así, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a las entidades demandadas a pagar: por daño moral, 50 SMLMV para la lesionada, 40 SMLMV para su progenitora y 30 SMLMV para cada uno de sus hijos; y por daño a la salud 20 SMLMV para cada uno de los demandantes, denegando las demás pretensiones indemnizatorias.

5. Recurso de apelación

El 27 de noviembre de 2013 y el 2 de diciembre de 2012, la parte demandada y la parte actora interpusieron sendos recursos de apelación , los cuales fueron

indemnizatorias.

5. Recurso de apelación

El 27 de noviembre de 2013 y el 2 de diciembre de 2012, la parte demandada y la parte actora interpusieron sendos recursos de apelación , los cuales fueron concedidos el 31 de enero de 201410 y admitidos el 21 de abril del mismo año11.

10 Fl. 321 a 322, C. Ppal. 11 Fl. 326, C. Ppal.8

Radicación: 76001233100020100173101(50378)

Demandante: Beatriz Eugenia Libreros González y Otros

5.1. La parte actora12 consideró que los perjuicios no quedaron totalmente reparados y solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales denegados en primera instancia y aumentar los valores reconocidos por daño moral y daño a la salud.

5.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional13 sostuvo que en el plenario no se acreditó actuación irregular alguna de esta entidad, que haga imputable el daño antijurídico.

5.3. La Rama Judicial 14 reiteró que la administración judicial realizó todas las gestiones correspondientes para la protección de la doctora Beatriz Eugenia Libreros González, de manera que, en su sentir, la condena impuesta en contra de esta entidad no era procedente.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 19 de agosto de 201415 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional16 reiteró lo expuesto en instancias anteriores.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional16 reiteró lo expuesto en instancias anteriores.

6.2. La parte demandante , la Rama Judicial y el Ministerio Público guard aron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la suma de las pretensiones de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la

12 Fl. 282 a 289, C. Ppal. 13 Fl. 261 a 273, C. Ppal. 14 Fl. 296 a 301, C. Ppal. 15 Fl. 333, C. Ppal. 16 Fl. 334 a 339, C. Ppal.9

Radicación: 76001233100020100173101(50378)

Demandante: Beatriz Eugenia Libreros González y Otros

acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación17, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo.

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación, Rama Judicial y al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por la omisión del servicio de seguridad y protección.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes , ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislado r, apuntando a la protección del interés general 19, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

17 La la suma de pretensiones de la demanda se estima en 1250 SMLMV, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó. 18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su c arácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

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razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orde n público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orde n público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 20, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entie nde como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más

20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán l a posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no

tiempo, perderán l a posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la con ducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 22 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen11

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allá del tiempo concedido por la ley procesal, si gnifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acae cimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo , teniendo en cuenta: i) que las lesiones de Beatriz Eugenia Libreros González tuvieron ocurrencia el 14 de octubre de 2009 (hechos probados 7.1.15. y 7.1.16.);

teniendo en cuenta: i) que las lesiones de Beatriz Eugenia Libreros González tuvieron ocurrencia el 14 de octubre de 2009 (hechos probados 7.1.15. y 7.1.16.); ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de abril de 2010, la cual se declaró fallida el 6 de julio de 201023; y iii) que la demanda se presentó el 4 de octubre de 2010, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal , corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

4.1. Beatriz Eugenia Libre