CE - 012331000201002359011SENTENCIA20230327150305

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 05001-23-31-000-2010-02359-01

Demandante: JORGE EDUARDO VALLEJO TORO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y OTROS

Medio de control: ACCIÓN POPULAR

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA

Síntesis del caso: el actor popular demandó a los operadores de telefonía móvil celular, al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Superintendencia de Servicios Públicos por considerar que violan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, los derechos de los consumidores y usuarios dado que, en su criterio , las empresas de telefonía celular cobran ilegalmente por servicios no autorizados o consentidos expresamente por los usuarios ; el tribunal de primera instancia negó la protección solicitada toda vez que no se demostró la vulneración y amenaza invocadas e n la demanda, dado que solamente se acreditó una afectación particular y concreta respecto del actor popular que no permite evidenciar que se lesionó un derecho de naturaleza colectiva. Inconforme con la decisión el actor popular apela para que se revoque la sentencia de primera instancia.

particular y concreta respecto del actor popular que no permite evidenciar que se lesionó un derecho de naturaleza colectiva. Inconforme con la decisión el actor popular apela para que se revoque la sentencia de primera instancia.

Temas: acción popular / Interés jurídico para apelar de una entidad demandada / Derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público , el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, los derechos de los consumidores y usuarios – elementos de configuración – no se demostró su transgresión, violación o amenaza – carga de la prueba – la demostración de una situación particular y concreta no permite dar por establecida la violación o amenaza de los derechos colectivos.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de l 8 de julio de 201 4 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de los servicios públicos y a que su prestación s ea eficiente y oportuna, y el derecho de los consumidores y usuarios invocados por la parte demandante de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. NEGAR el incentivo económico solicitado por el actor popular de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.2

Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01

Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.2

Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01

Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

TERCERO. Sin condena en costas.

CUARTO. Remítase copia de esta sentencia a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO para lo de su cargo (artículo 80 de la Ley 472 de 1998).

QUINTO. Contra la presente providencia procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 en concordancia con el artículo 243 del CPACA.

SEXTO. Por Secretaría, comuníquese la presente sentencia a la entidad demandada.

SÉPTIMO. Reconocer personería a (…) para representar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en los términos del poder conferido en el documento visible a fl. 601 del expediente” (fl. 687 cdno. ppal.).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito del 24 de noviembre de 201 0, el señor Jorge Vallejo Bravo interpuso demanda en ejercicio de la acción popular (fl. 1 a 14 cdno. 1) para que se amparen los derechos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en los literales b), e), j) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, respectivamente y, en consecuencia, se acceda a las siguientes súplicas:

oportuna, y los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en los literales b), e), j) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, respectivamente y, en consecuencia, se acceda a las siguientes súplicas:

Primero. Que se declare que las empresas de telefonía celular, específicamente MOVISTAR, COMCEL Y TIGO violan constantemente los derechos colectivos circunscritos, explícitamente, a la adecuada, fidedigna y leal información que deban brindar al público consumidor de todos los planes y servicios ofrecidos y comercializados a través de su red de servicios (puntos de venta, servicios virtuales, etc.), así como del real costo de sus planes y servicios; inexactitud que genera el engaño a que someten a la comunidad asaltándolos en su buena fe al ofrecerle bienes y servicios a precios (razonables) que al final no resultan siendo tales y sin ponerles en evidencia –siendo deber ineludibley a la vez DERECHO DE TODOS LOS COLOMBIANOS a recibir información verídica, real y concreta de la gran cantidad de costos ocultos que sorpresiva e inconsultamente le cargan a la cuenta del consumidor que finalmente debe proceder a su pago so pena de reporte a centrales de crédito; y en general, a las malas prácticas de manejo comercial por parte de estas empresas que atentan contra la paz y sosiego de todos los colombianos; no solo amenazándoles sino también despojándoles impunemente de su patrimonio. El interés colectivo aquí vulnerado se hace evidente.

Segundo. Que se declare que las emp resas de telefonía celular antes mencionadas, se están enriqueciendo ilegalmente a expensas del3

patrimonio. El interés colectivo aquí vulnerado se hace evidente.

Segundo. Que se declare que las emp resas de telefonía celular antes mencionadas, se están enriqueciendo ilegalmente a expensas del3

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

empobrecimiento de sus usuarios que deben proceder a pagar, por unos servicios que no fueron objeto del consentimiento previo, como fuente primera de las obligaciones.

Tercero. Declarar que las entidades del Estado tales como la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS; LA NACIÓN, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO y las que el juzgado oficiosamente resolviere vincular a esta acción, encargadas del control efectivo de las obligaciones por parte de las empresas de telefonía celular, en especial de regular el funcionamiento evitando el abuso en las tarifas y garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos y en especial de los consumidores de este tipo de servicios, no lo están ejerciendo adecuadamente y a cabalidad, como en derecho corresponde, o no están siendo suficientes los esfuerzos encaminados a evitar la defraudación colectiva al ciudadano; al punto que año a año ese mayor valor a facturar (por concepto de servicios NO CONSENTIDOS) se ha venido incrementando impune e injustificadamente (...)

Cuarto. Que se ordene de inmediato a las entidades inv olucradas en la presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO, así como a las

denominadas SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA

Cuarto. Que se ordene de inmediato a las entidades inv olucradas en la presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO, así como a las

denominadas SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA

NACIÓN – MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO, entre otras, a suspender esa mala práctica y a adoptar de forma diligente y oportuna las medidas administrativas, contractuales y legales, que sirvan para que en lo sucesivo, no se pueda cargar por parte de las compañías de telefonía celular, y en especial de las mencionadas MOVIS TAR, COMCEL Y TIGO, ningún servicio, por mínimo que sea, que no haya tenido una EXPLÍCITA ACEPTACIÓN por parte del usuario; aceptación que EN TODO CASO, SIN QUE HAYA LUGAR A EXCEPCIÓN NINGUNA debe ser PREVIA a la elaboración de la factura de venta.

Quinto. Que se ordene de inmediato a las entidades involucradas en la presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO, así como a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA NACIÓN, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES; DEFENSORÍA DEL PUEBLO, entre otras, a tomar las acciones encaminadas a brindar a los usuarios del servicio de telefonía celular TODA LA INFORMACIÓN COMERCIAL EN FORMA CONCRETA, PRECISA Y DETALLADA, que le permita saber con la debida antelación el valor exacto de los servicios que adquiere, esto es la TARIFA DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, así como el contenido también exacto y fiel de los paquetes –o planes - con

debida antelación el valor exacto de los servicios que adquiere, esto es la TARIFA DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, así como el contenido también exacto y fiel de los paquetes –o planes - con discriminación por cada uno de los productos de la cantidad de medida y valor respectivo del producto o servicio a consumir (...) no pudiendo en ningún caso, salvo posterior autorización del usuario, hacerle cargos por servicios que no hayan sido consentidos previamente. Si por alguna circunstancia el usuario se sobrepasare del número de minutos, mensajes, megabytes (mb) y kilobytes (kb) de navegación, etc., convenidos, el valor de cada unidad de medida consumida (adicional) será igual al de su plan básico, no pudiendo ser objeto de ninguna penalidad por el consumo en exceso del plan de cobertura.

Sexto. Que se CONDENE a las entidades de telefonía celular involucradas en la presente acción, MOVISTAR, COMCEL Y TIGO a DEVOLVER los dineros cargados, facturados y pagados A TODOS Y4

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO por los conceptos sobre los cuales no haya habido una autorización previa del servicio cobrado. Para efectos de determinar el valor exacto a RECAUDAR y a DEVOLVER a los usuarios del servicio, se habrá de tomar en cuenta el valor reportado en los balances y estados de resultados, que no correspondan al PLAN BÁSICO COMERCIALIZADO por cada usuario con la respectiva compañía y que se refiera a OTROS COBROS –

DEVOLVER a los usuarios del servicio, se habrá de tomar en cuenta el valor reportado en los balances y estados de resultados, que no correspondan al PLAN BÁSICO COMERCIALIZADO por cada usuario con la respectiva compañía y que se refiera a OTROS COBROS – SERVICIOS ADICIONALES; debidamente reportados en los balances a todas las entidades de vigilancia y control (...).

Séptimo. Se incluirán en la CO NDENA ejemplar a imponer, el pago de los intereses de mora a la tasa máxima de ley, (...) desde la fecha del cobro y hasta su devolución o reintegro a cada uno de los usuarios del servicio (...).

Octavo. Si el despacho considera hallarle mérito a esta acción, según el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, CONDENARÁ a las entidades demandadas a cancelar al demandante, a título de incentivo económico por la afectación del derecho colectivo en la subespecie de la protección de la moralidad administrativa y demás derechos colectivos conculcados, el 15% del valor de la afectación a cuantificar y detallar en el decurso de la presente acción (...).

Décimo (sic). Todo pago se imputará en primer lugar a intereses y en último a capital” (fls. 3 a 5 cdno. 1 – negrillas, mayúsculas sostenidas y subrayado del original).

Como fundamentos fácticos de la demanda la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes:

1. En Colombia el uso de las telecomunicaciones es concesionado, es decir, que una empresa de telefonía móvil celular para operar requiere la obtención y pago previo de derechos que la habilitan para funcionar como tal.

siguientes:

1. En Colombia el uso de las telecomunicaciones es concesionado, es decir, que una empresa de telefonía móvil celular para operar requiere la obtención y pago previo de derechos que la habilitan para funcionar como tal.

1. La incorporación al desarrollo tecnológico y de las comunicaciones se ha logrado a través de los planes promovidos y comercia lizados por empresas de telefonía móvil y fija.

1. Las autoridades que ejercen vigilancia y control respecto de la prestación de estos servicios no han hecho nada para evitar los abusos y atropellos que cometen a diario las empresas de telefonía móvil con los usuarios.

1. Las malas prácticas que tienen en común las empresas de telefonía móvil consisten en no brindar a los usuarios ninguna información respecto del costo real de los servicios ofrecidos ni solicitan el consentimiento previo para los adicionales5

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

y, supuestamente, complementarios que nunca hicieron parte de su plan pero, que en la práctica se convierten en el mayor ingreso de la operación en favor de l as empresas telefónicas y a cargo del usuario.

1. Estos servicios adicionales , cuyo costo el usuario ignora porque nunca hicieron parte de su plan ni fueron informados ni consentidos, parten de la base del error de cálculo de usuario que por cualquier circunstancia se excede.

1. Las diferentes formas de engañar a los usuarios consisten en (i) enviar mensajes de texto a través de los cuales se facilita, promueve o patrocina concursos, sorteos, rifas, promociones, participación en encuestas, votaciones e n programas de

1. Las diferentes formas de engañar a los usuarios consisten en (i) enviar mensajes de texto a través de los cuales se facilita, promueve o patrocina concursos, sorteos, rifas, promociones, participación en encuestas, votaciones e n programas de televisión, etc., sin que al usuario se le garantice el derecho a la información sobre el costo o habilitación automática a un determinado servicio adicional al plan contratado; (ii) aplicar planes promocionales para líneas nuevas con lo cual se castiga al cliente fidelizado; (iii) promocionar planes con ventajas que deben ser renovadas por el usuario como planes de amigos, familiares, grupos, etc., los cuales, luego de que caducan , se deshabilitan automáticamente sin informar al cliente, lo que genera altos costos a los usuarios por no renovarlos a tiempo y, (iv) generar cargos cuando el usuario adquirió un aparato de telefonía móvil celular nuevo solo por la manipulación de este y pese a que el plan solo empezaría a correr días después.

2. El trámite de primera instancia

Por auto del 1 5 de diciembre de 201 1, el tribunal de primera instancia admitió la demanda y ordenó su notificación a las empresas y entidades demandadas (fls. 69 y 70 cdno. 1); posteriormente, en proveído del 8 de octubre de 2012 (fls. 237 a 240 cdno. 2 ) se integró el contradictorio por pasiva y se vinculó de oficio a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

2.1 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Se opuso a las pretensiones formuladas por el actor, adujo que se debía demostrar

Comunicaciones (CRC).

2.1 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Se opuso a las pretensiones formuladas por el actor, adujo que se debía demostrar jurídica y fácticamente que los hechos expuestos en la acción popular vulneraron6

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

los derechos colectivos de los consumidores y, en especial, la confianza pública que el operador móvil debe cumplir permanentemente; luego, manifestó que el actor popular pretende adelantar una discusión que no corresponde a un derecho colectivo y, por tal razón, su acervo pr obatorio se sustenta en una situación particular y, finalmente, propuso las excepciones de (i) improcedencia de la acción popular, (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva y, (iii) ausencia de pruebas a favor de lo que se alega (fls. 76 a 91 cdno. 1).

2.2 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Alegó en su favor la inexistencia de incumplimiento de los deberes legales o la vulneración por acción u omisión de algún derecho colectivo por parte de la entidad, indicó que la función a asignada por la ley consistía en el control y vigilancia de las empresas y demás sujetos prestadores de servicios públicos domiciliarios dentro de los cuales no estaba comprendido el servicio de telefonía móvil celular, por tanto, no era de su competencia pronunciarse al respecto. Propuso como excepciones las de (i) inexistencia de responsabilidad frente a los hechos planteados , (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva , (iii) inexistencia de violación de derechos

no era de su competencia pronunciarse al respecto. Propuso como excepciones las de (i) inexistencia de responsabilidad frente a los hechos planteados , (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva , (iii) inexistencia de violación de derechos colectivos y, (iv) carencia de material probatorio para la prosperidad de las pretensiones de la acción popular (fls. 97 a 106 cdno.1).

2.3 Telefónica Móviles Colombia SA

Contradijo las súplicas de la demanda con fundamento en la ausencia de sustento jurídico y fáctico de la acción incoada, la improcedencia de est e mecanismo para amparar un interés particular , la inexistencia de la violación del estatuto de protección al consumidor por parte de la empresa y la inexistencia del dañ o e improcedencia del reconocimiento del incentivo económico solicitado por no configurarse los requisitos (fls. 108 a 125 cdno.1).

2.4 Colombia Móvil SA ESP

Formuló como excepciones las de (i) presunción de legalidad de los actos administrativos exped idos por las autoridades administrativas que dieron aval a Colombia Móvil para la prestación del servicio de telefonía móvil celular e7

Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01

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improcedencia de la acción popular para desvirtuarlos ; (ii) caducidad de la acción popular por inexistencia de la amenaza o peligro del derecho o interés colectivo; (iii) improcedencia de la acción popular por carencia de objeto actual; (iv) inexistencia

improcedencia de la acción popular para desvirtuarlos ; (ii) caducidad de la acción popular por inexistencia de la amenaza o peligro del derecho o interés colectivo; (iii) improcedencia de la acción popular por carencia de objeto actual; (iv) inexistencia de daño o amenaza de daño ; (v) existencia de otros mecanismos judiciales para ventilar los reproches individuales del actor popular; (vi) imposibilidad de acceder al incentivo económico pretendido y, (vii) imposibilidad de alegar violación automática de derechos e intereses colectivos como consecuencia inmediata de la violación de normas de publicidad exterior visual (fls. 166 a 194 cdno. 2).

2.5 Comunicación Celular SA (COMCEL SA)

Impugnó las pretensiones de la demanda para lo cual adujo la inexistencia de amenaza o de vulneración a los derechos colectivos invocados, en especial los señalados en la acción popular ; manifestó que la entidad se ha sometido íntegramente a la normativa aplicable, a la Constitución , la ley, los actos administrativos y regulaciones que rigen su actividad empresarial y comercial ; agregó que de las pruebas aportadas por el actor popular no po día inferirse la violación a derechos colectivos sino una afectación particular por la prestación del servicio de telefonía móvil y, por último, propuso como excepciones las de “inexistencia de amenaza o vulneración de un derecho colectivo por parte de COMCEL SA” y “falta de causa para pedir” (fls. 190 a 222 cdno. 2).

2.6 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Precisó que para el caso materia de análisis la entidad contaba con facultades

2.6 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Precisó que para el caso materia de análisis la entidad contaba con facultades específicas en relación con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, además , que correspondía a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones señalar el régimen de protección de los usuarios de estos servicios y a la Superintendencia de Industria y Comercio hacer efectiva dicha protección.

Puntualizó que el deber de información a los consumidores era responsabilidad de los operadores móviles y que no se registró queja o reclamación presentada por el hoy accionante en relación con los hechos esgrimidos en el texto de la demanda (fls. 256 a 261 cdno. 2).8

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2.7 La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

Refutó la prosperidad de las súplicas de la demanda ya que ni por acción ni por omisión vulneró los derechos o intereses colectivos invocados en la demanda, por el contrario, indicó que en ejercicio de sus facultades legales expidió un régimen de protección de los usuarios especialmente respecto de la prohibición expresa en cabeza de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de imponer servicios que no hayan sido aceptados y consentidos expresamente por sus usuarios.

Afirmó que a los proveedores de servicios de comunicaciones tenían la obligación de informar a los usuarios acerca de las condiciones de prestación de los servicios, derechos, obligaciones y las tarifas que resultaran aplicables y, por lo tanto, el

usuarios.

Afirmó que a los proveedores de servicios de comunicaciones tenían la obligación de informar a los usuarios acerca de las condiciones de prestación de los servicios, derechos, obligaciones y las tarifas que resultaran aplicables y, por lo tanto, el proveedor de servicios de comunicaciones no podía exigir el cobro p or contenidos o aplicaciones que no hubiesen sido aceptados expresamente por el usuario que celebró el contrato.

De igual manera, indicó que no tenía competencias de vigilancia y control sobre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de allí que no podía adelantar investigaciones de ninguna índole ni imponer sanciones a los proveedores por incumplimiento de la regulación (fls. 291 a 303 cdno. 2).

3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de l 8 de julio de 2014 (fls. 674 a 687 cdno. ppal.) negó las súplicas de la demanda , con base en el siguiente razonamiento:

1. La situación que motivó al actor a presentar la acción popular obedeció a una reclamación presentada por él mismo en contra de Movistar ya que no fue informado, de manera previa al momento de celebrar un contrato de telefonía móvil celular, del costo de los “servicios extras o adicionales”, dinero que fue devuelto al señor Jorge Eduardo Vallejo Toro luego de realizada la correspondiente reclamación.9

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

1. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) allegó al expediente un

Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

1. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) allegó al expediente un informe sobre “el deber de inf ormación, plan tarifario, deficiencia en la calidad de atención al usuario, improcedencia de cobros y publicidad engañosa” en relación con los operadores de telefonía celular; de los datos proporcionados se desprende

lo siguiente:

a) Las empresas de servicios de telefonía móvil celular han incurrido en infracciones al ordenamiento de las telecomunicaciones.

b) La SIC ha adelantado las actuaciones correspondientes para la protección de los derechos de los usuarios y de esta forma controlar la conducta in adecuada de las compañías de telefonía móvil celular, de conformidad con las potestades y facultades contenidas en el Decreto 1900 de 1990.

1. Además, l os informes y los documentos aportados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunic aciones (Min Tic) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) demuestran que no se encuentra probada la supuesta omisión alegada en la demanda en relación con la falta de control por parte de las autoridades en relación con comportamientos abusivos o violatorios de derechos colectivos por parte de las empresas de telefonía móvil; contrario sensu, está probado que se han adoptado las medidas necesarias para informar a los usuarios de los trámites y quejas que pueden adelantar ante las autoridades competentes para la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios.

1. Dentro de las pruebas aportadas al proceso, se encuentran las reclamaciones y multas impuestas a las compañías de telefonía móvil celular en el año 2012 por

competentes para la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios.

1. Dentro de las pruebas aportadas al proceso, se encuentran las reclamaciones y multas impuestas a las compañías de telefonía móvil celular en el año 2012 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por cobrar contenidos y aplicaciones de carácter publicitario y/o comercial sin el consentimiento de los usuarios, lo cual evidencia las actuaciones de inspección, vigilancia y control desplegadas por la autoridad competente.

1. No se logró acreditar la acción u omisión concreta que hubiese producido un daño a los derechos e intereses colectivos invocados, lo cual habría puesto en evidencia la necesidad de expedir una orden a expensas de las accionadas con el fin de que10

Expediente no. 05001-23-31-000-2010-02359-01

Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

cesen su inadecuado actuar, pues, resulta improcedente impartir órdenes en el fallo con fundamento en una situación abstracta que no permite identificar elementos suficientes para acreditar un daño o amenaza a un derecho o interés colectivo.

1. El nexo de causalidad entre la acción u omisión de las demandadas con el presunto daño a los intereses colectivos invocados tampoco se demostró, pues, no se logró identificar, con la descripción contenida en la demanda y las pruebas existentes, situaciones concretas en las que a un colectivo de usuarios del servicio de telefonía móvil celular les haya sido sum inistrada información incorrecta de los planes o servicios respectivos.

1. Finalmente, no resulta procedente el reconocimiento del incentivo porque la Ley

existentes, situaciones concretas en las que a un colectivo de usuarios del servicio de telefonía móvil celular les haya sido sum inistrada información incorrecta de los planes o servicios respectivos.

1. Finalmente, no resulta procedente el reconocimiento del incentivo porque la Ley 1425 de 2010 derogó ese estímulo económico.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 689 a 692 cdn o. ppal.) el cual fue concedido por auto del 28 de julio de 2014 (fl. 693 cdno. ppal.) y admitido por esta Corporación a través de proveído del 7 de noviembre de 2014 (fl. 699 cdno. ppal.).

Los motivos en los que se sustentó el recurso de apelación son los siguientes:

1. La insuficiencia probatoria es atribuible al despacho sustanciador del proceso, ya que fue este quien se abstuvo de decretar algunas pruebas que hubiesen podido demostrar esos “otros cobros” y/o “servicios adicionales” no autorizados por los usuarios, a pesar de haberse interpuesto recurso de reposición contra la decisión que denegó esos medios de convicción.

1. Los abusos de las compañías de telefonía móvil celular en Colombia constituyen hechos notorios, relevantes, continuos, permanentes, gravosos, etc, contra los usuarios, los cuales han ocurrido a diario.

1. En la demanda se indicaron más de quince conductas que generaron cobros, recargos, extensiones, adiciones y/o complementos de servicios, todos estos por11

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular

recargos, extensiones, adiciones y/o complementos de servicios, todos estos por11

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Actor: Jorge Eduardo Vallejo Toro Acción popular Apelación de sentencia

imprecisión en la definición de los contenidos consentidos por los usuarios, sin que las empresas demostraran la imposibilidad de que no se hubiese podido facturar lo que previamente se aceptó por los usuarios.

1. La conducta de cobrar por contenidos y aplicaciones sin el consentimiento de los usuarios persiste con independencia a la imposición de multas por parte de la SIC; se demostró que se obtienen mejores utilidades con este tipo de prácticas ilegales, al margen del monto de las sanciones que se aplican.

1. Se demostró el abuso sistemático de la posición dominante de las empresas de telefonía móvil con las graves multas que l es fueron impuestas por cobrar única y exclusivamente contenidos y aplicaciones sin la previa aceptación o consentimiento de sus usuarios.

6. La actuación de segunda instancia

Mediante auto del 20 de marzo de 201 5 (fl. 701 cdno. ppal.) se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto.

6.1 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)

Reiteró lo manifestado en anteriores oportunidades procesales e insistió en que la acción popular instaurada solo buscaba obtener un beneficio de carácter particular, sin